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En la histórica ciudad de Granada, el mes de septiembre marca tradicionalmente un periodo de intensa actividad religiosa. Las festividades en honor a la patrona, la Virgen de las Angustias, y los cultos vinculados al Cristo de San Agustín, configuran un calendario donde la fe toma las calles. Sin embargo, en los últimos años, y muy especialmente en este mes de septiembre de 2026, estas celebraciones se han convertido en el epicentro de un profundo debate social y político. La fricción entre el arraigo de las tradiciones católicas y la defensa de la aconfesionalidad del Estado ha vuelto a encenderse, protagonizando titulares y comunicados cruzados entre instituciones públicas y colectivos defensores del laicismo.
El punto álgido de esta controversia tuvo lugar ayer, 14 de septiembre, cuando el centro de Granada fue escenario de una multitudinaria procesión extraordinaria de rogativas. El objetivo de este acto solemne, convocado por la Iglesia local, era pedir la intercesión divina del Cristo de San Agustín, conocido como el Sagrado Protector de la ciudad, para que cesen los recientes y preocupantes seísmos que han sacudido la provincia. Durante más de una hora, la Catedral de Granada acogió una eucaristía oficiada por el arzobispo, José María Gil Tamayo, quien en su homilía aseguró que, al mirar al Cristo, los granadinos no deben sentir miedo ante los temblores de tierra, sino «confianza».
La imagen procesionó en un imponente silencio, roto únicamente por el sonido de las campanas y el acompañamiento del grupo vocal Mágnum Ensemble. No obstante, lo que ha desencadenado las críticas más severas no es la celebración religiosa en sí misma, protegida por la libertad de culto, sino la activa y destacada participación de las máximas autoridades civiles y militares en el acto. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), acudió en calidad de regidora para renovar el voto perpetuo de acción de gracias de la ciudad, una tradición que se remonta al año 1679 tras la remisión de una grave epidemia de peste. En su intervención, la alcaldesa apeló a esa protección histórica, señalando que, en numerosas ocasiones de peligro, la ciudad ha sabido buscar el favor divino.
Ante este panorama, la asociación Granada Laica, sección territorial de Europa Laica, respaldada por medios y plataformas sociales como laotraandalucia.com, ha emitido un contundente comunicado en el que denuncia lo que califican como el «septiembre confesional» de las instituciones. El colectivo exige el fin inmediato de lo que consideran una «sumisión» política, militar e incluso «sísmica» a los dictados de la Iglesia católica. En su manifiesto, muestran su más enérgico rechazo ante el «secuestro confesional del espacio y la agenda pública» por parte del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y diversos estamentos de las Fuerzas Armadas.
Para los defensores del laicismo, resulta «intolerable» el desfile de autoridades públicas con sus medallas, bandas, uniformes y bastones de mando en actos estrictamente eclesiásticos. La organización ha llegado a referirse a las comitivas oficiales de estos días como la «lista de la vergüenza confesional», argumentando que la presencia de cargos públicos en calidad de representantes del Estado supone una vulneración flagrante del principio constitucional de aconfesionalidad recogido en el artículo 16 de la Constitución Española. «Pueden hacer lo que quieran a título personal, pero no como cargos públicos», declaran desde la asociación, insistiendo en que la mezcla de símbolos de la soberanía civil o del ejército con desfiles de fe es propia de un nacionalcatolicismo que, aseguran, debería estar felizmente superado en una democracia moderna.
Uno de los aspectos que más indignación ha generado entre los colectivos críticos es la justificación de la procesión de ayer. Granada Laica ha tachado de «sinsentido» y de «anacronismo inútil» el hecho de encomendar la sismicidad de la provincia a «rogativas medievales». Para la asociación, la respuesta institucional ante los fenómenos sísmicos de la región está adquiriendo un carácter «mágico» que choca frontalmente con la razón científica y el progreso.
En un giro que los críticos han descrito como profundamente paradójico, los mismos seísmos por los que ayer se rezaba han causado daños estructurales recientes en el camarín de la Basílica de la Virgen de las Angustias. Estos desperfectos, de hecho, han obligado a modificar excepcionalmente el escenario de la Ofrenda Floral y la Novena de este año, forzando el traslado preventivo de la imagen de la patrona a la Catedral. Aprovechando esta circunstancia, desde Granada Laica han subrayado la ironía de la situación: «Es grotesco que gobernantes y militares vinculen la seguridad ciudadana al fervor religioso cuando los propios templos dependen de los ingenieros civiles del Estado para evitar daños mayores».
El debate va más allá de un mero desencuentro protocolario. Detrás de estas críticas subyace una reclamación estructural sobre cómo se gestiona el patrimonio, el espacio público y la financiación en España. Las asociaciones laicas reclaman que, en lugar de destinar recursos directos o indirectos —como el despliegue de seguridad, cortes de tráfico y limpieza— a macroeventos religiosos bajo el paraguas institucional, las administraciones deberían centrar sus esfuerzos en fomentar la investigación sismológica, mejorar la prevención civil y aumentar los presupuestos de la educación pública.
Por su parte, quienes defienden la presencia de las autoridades en estos actos argumentan que la Semana Santa, las procesiones patronales y los votos históricos trascienden el ámbito estrictamente religioso para convertirse en elementos intrínsecos de la identidad cultural, histórica y antropológica de Granada. Desde esta perspectiva, los representantes públicos asisten a las procesiones como garantes y acompañantes de una tradición popular que moviliza a decenas de miles de ciudadanos, generando además un innegable impacto económico y social en la región.
El «septiembre confesional» granadino refleja, en definitiva, la compleja coexistencia de dos visiones de la sociedad. Por un lado, una parte de la ciudadanía y sus representantes abrazan con naturalidad la herencia de ritos ancestrales como refugio y símbolo de identidad comunitaria frente a las adversidades naturales. Por el otro, un sector laico y civil cada vez más vocal exige que las instituciones del siglo XXI corten el cordón umbilical que las une a la Iglesia, reclamando que el Estado reserve sus plegarias para el ámbito privado y deposite su fe pública, exclusivamente, en la ciencia, la prevención y la neutralidad democrática.
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