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En la cuenca baja del río San Juan, en el sur del Chocó colombiano, la emergencia no llega por un solo frente. La guerra entre el ELN y el Clan del Golfo —librada ahora con drones cargados de explosivos—, los desplazamientos forzados y las secuelas del terremoto del 10 de agosto se superponen sobre las 72 comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan). El resultado: 652 familias confinadas, cerca de 3000 personas, y una respuesta estatal que llega tarde, incompleta o simplemente no llega.
Un territorio sitiado por tres emergencias
Acadesan agrupa a 72 comunidades afrodescendientes distribuidas en cinco municipios chocoanos —Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan— y en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario del país que cuenta con un esquema de protección colectiva integral aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), un dato que dice mucho sobre el nivel de riesgo histórico de esta región de humedales y selva húmeda.
Ese riesgo se disparó el lunes 10 de agosto de 2026. A las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio chocoano de San José del Palmar y unos 103 kilómetros de profundidad, sacudió buena parte del occidente colombiano, según el Servicio Geológico Colombiano. El Gobierno declaró situación de desastre nacional; con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Solo durante el primer día se registraron 47 réplicas, de magnitudes entre 1.4 y 4.8, localizadas justamente en San José del Palmar y Sipí.
Pero mientras el país miraba hacia Pereira y Cali, donde se concentró buena parte de las víctimas mortales, en el San Juan ocurría algo distinto: los grupos armados aprovecharon el desconcierto para reacomodar su disputa territorial.
Los drones cambian la guerra en el río
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ese mismo 10 de agosto presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad de San Agustín, en Sipí, donde permanecieron tres días restringiendo la movilidad e impidiendo las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de las que depende la subsistencia local.
Los combates entre esa estructura y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron después a otras zonas del territorio colectivo de Acadesan y a áreas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante inédito para estas comunidades: el uso de aeronaves no tripuladas equipadas con artefactos explosivos improvisados. El 23 de agosto, uno de esos dispositivos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, zona rural de Sipí: dejó tres civiles heridos —dos hombres y una mujer— y provocó el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón. Días después, otras 90 familias abandonaron sus casas por los mismos hechos.
El balance preliminar de la Defensoría es elocuente: 652 familias, unas 3000 personas, permanecen confinadas en Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo (Sipí) y en Torrá, Cajón y Santa Bárbara (Nóvita). El temor a la contaminación del territorio con minas antipersonal y las restricciones impuestas por los armados mantienen a esa población atrapada. La entidad advierte además que los confinamientos siguen activos en Alto y Bajo Baudó y que existe riesgo inminente de nuevos desplazamientos en Juradó, Nuquí y Bojayá.
En el municipio de Sipí, que también sufrió un vendaval tras el sismo, los pobladores describen la suma de calamidades como una cadena de plagas. El 28 de agosto, la Alcaldía de Istmina recibió a más de 40 familias en un albergue: huían, esta vez, no del terremoto sino de la guerra.
El censo que nadie hizo
A la violencia se suma una falla estructural: nadie sabe con precisión cuántos damnificados hay. Mauricio Parra Bayona, asesor de Acadesan, ha explicado que el consejo comunitario carece de recursos para recorrer su propio territorio y verificar daños. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dijo a Mongabay Latam. Ante el vacío oficial, comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó terminaron levantando su propio censo de afectados, mientras con la UNGRD apenas se lograba un primer acercamiento técnico para unificar formatos.
Los reportes parciales dan una idea del daño: en Nóvita resultaron afectados cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos; su alcalde, Alberto Williams Rivas, reportó al Gobierno Nacional unas 2447 familias afectadas. En el Medio San Juan —Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma— Acadesan contabilizó al menos 71 viviendas averiadas, además de daños agravados por las lluvias.
Quienes lograron salir tampoco encontraron alivio. «En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos», relató Parra. La Defensoría, por su parte, reconoce que persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso seguro de la oferta institucional humanitaria, y ha pedido al Gobierno nacional, a la Gobernación del Chocó y a las alcaldías activar de inmediato las rutas de atención, con alimentación, salud, protección y alojamiento temporal.
Una emisora contra el silencio
Frente al aislamiento, Acadesan respondió con comunicación. El miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM). El montaje de torres y transmisores significó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, que aspira a convertir la emisora en el canal central de alertas tempranas ante emergencias, información comunitaria y resistencia cultural.
No es un detalle menor en un departamento donde, según el DANE (2021), el 78.9 % de la población se reconoce como negra, mulata o afrodescendiente y el 16 % como indígena, y donde el silencio informativo ha sido durante décadas el aliado silencioso de la violencia. En el San Juan, hoy, una frecuencia de radio es también una forma de defensa territorial.
Generado por Claude Opus 5 search
