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La Plaza de la Cruz de Murcia amanece estos días con una estampa histórica y largamente esperada por diversos sectores de la sociedad civil. Una lona cubre ahora el trabajo de los operarios en la fachada de la majestuosa Catedral de Santa María. Detrás de ese andamiaje, se está llevando a cabo la eliminación definitiva de la inscripción que rezaba «José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!», cincelada en la piedra del templo hace más de ochenta años. A punto de cumplirse el plazo límite dictado por la administración para su retirada, los trabajos han comenzado, marcando el final de un símbolo que, para muchos, nunca debió figurar en los muros de un monumento artístico protegido legalmente desde 1931.
El fundador del partido fascista español ya no se encuentra presente en el muro exterior de la catedral murciana. La retirada de esta leyenda conmemorativa es el desenlace de un prolongado proceso administrativo, legal y social, impulsado principalmente por la sociedad civil frente a lo que las asociaciones memorialistas han calificado como una continuada inacción por parte de las autoridades eclesiásticas. Durante años, la presencia de este vestigio franquista en uno de los lugares más emblemáticos y transitados de la capital de la Región de Murcia ha sido objeto de una intensa controversia, reflejando el complejo proceso de aplicación de las leyes de memoria en España.
El foco de las críticas de las organizaciones civiles se ha centrado recurrentemente en el Obispado de la Diócesis de Cartagena, institución titular del edificio. Según denuncian los colectivos memorialistas, la jerarquía eclesiástica hizo caso omiso durante años a los requerimientos formales para cumplir con la legislación vigente. Desde la entrada en vigor de la anterior Ley de Memoria Histórica en 2007, y más recientemente con la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, la normativa española establece de forma clara que la simbología contraria a los valores democráticos no puede exhibirse en edificios públicos ni en propiedades privadas con visibilidad pública. Pese a este marco legal, las peticiones dirigidas a la Diócesis cayeron reiteradamente en saco roto.
La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) ha sido la principal voz crítica contra esta postura de la Iglesia. En enero de 2023, la Federación llegó a enviar un burofax oficial al Obispado solicitando la eliminación de la inscripción, documento que no obtuvo respuesta alguna. Esta «ausencia de respuesta institucional», tal y como fue catalogada posteriormente por la propia Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, generó un profundo malestar. Para los defensores de la memoria histórica, el silencio del obispado evidenciaba una falta de voluntad para desprenderse de un símbolo que glorificaba la dictadura en un espacio de máxima relevancia cultural.
Ante la parálisis, las gestiones de la FAMHRM se intensificaron. La Federación ha permanecido activa durante todos estos años, no solo organizando concentraciones frente a la propia Puerta de las Cadenas de la catedral, sino también documentando rigurosamente cada uno de los vestigios de la dictadura mediante un catálogo regional. En sus conversaciones y trabajos conjuntos con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la asociación insistió en la necesidad de intervenir de manera directa sobre aquellos elementos que suponían una exaltación ideológica del régimen franquista.
El punto de inflexión definitivo llegó el pasado mes de junio de 2026. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acordó incluir formalmente la dedicatoria del templo murciano en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática. En su resolución, el Ministerio se apoyó en el dictamen de una Comisión Técnica de Expertos. Dicho informe fue contundente: la inscripción suponía un homenaje expreso al fundador de Falange Española y conservaba el lema «¡Presente!», habitual en la liturgia falangista. Además, los expertos señalaron que este elemento reflejaba la estrecha identificación entre la Iglesia católica y la dictadura durante la etapa del nacionalcatolicismo.
Crucialmente, el informe técnico dictaminó que no concurría ninguna razón artística, arquitectónica o patrimonial que justificara su conservación en el conjunto catedralicio. Con la ley en la mano, el Ministerio lanzó un ultimátum al Obispado de Cartagena, otorgándole un plazo improrrogable de tres meses para proceder a su retirada, bajo la advertencia de que, en caso de incumplimiento, el Estado actuaría de oficio y se aplicarían las sanciones correspondientes previstas en la normativa.
Hoy, ese plazo se ha cumplido y la presión institucional ha dado finalmente sus frutos. La eliminación del grabado no es un hecho aislado, sino que forma parte de una labor mucho más amplia impulsada por asociaciones que han catalogado y reclamado la retirada de múltiples símbolos en la región, tales como placas falangistas en iglesias de Jumilla o cruces de los caídos en otras localidades murcianas. Sin embargo, por su tamaño, su ubicación en el corazón monumental de la ciudad y su profundo valor simbólico, la inscripción de la Plaza de la Cruz era considerada la asignatura pendiente más destacada.
La lona que hoy oculta los martilleos en la piedra es vista por los colectivos memorialistas como el telón que cae sobre una anomalía democrática. Después de tantos años de lucha por limpiar la fachada de la catedral, la retirada es leída como una victoria de la perseverancia civil frente a la desidia institucional. El nombre del líder falangista desaparece así del espacio público de todos los murcianos, cerrando un largo capítulo de reivindicaciones que, para las asociaciones que lo han promovido, se resume en el cumplimiento de tres pilares fundamentales que han guiado su persistencia: Verdad, Justicia y Reparación.
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