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La alegría por las llaves es legítima; lo cuestionable es convertir una entrega pública en una escena de agradecimiento, después de casi dos décadas sin nuevas viviendas autonómicas en la capital.
El martes 29 de septiembre, en Lamas de Abade, 24 hogares recibieron las llaves de una vivienda pública en alquiler. Para quienes llevaban años buscando un techo asequible, aquello no era propaganda: era un cambio concreto y urgente. Precisamente por eso importa cómo se contó. La Xunta organizó una ceremonia con autoridades, escenario y cámaras; se llamó a las personas adjudicatarias y se anunciaron datos de sus viviendas ante el público. El problema no es que sonrieran o aceptaran las llaves, sino que una necesidad privada acabara convertida en escaparate institucional. Santiago no recibía una promoción pública autonómica desde 2007.
El último precedente fue en 2007. El parón no puede atribuirse íntegramente al PP, que llegó al Gobierno gallego en 2009; pero 17 de esos 19 años transcurrieron bajo ejecutivos populares, primero con Feijóo y después con Rueda. La ficha del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) sitúa la licitación del proyecto en enero de 2022, la de las obras en diciembre de 2023 y su adjudicación en julio de 2024. Distinguir la historia de esta promoción no diluye la responsabilidad: una entrega no compensa por sí sola casi dos décadas sin nuevas viviendas públicas autonómicas en la capital.
Estas 24 viviendas, de uno a tres dormitorios, se alquilan con rentas mensuales de entre 117,72 y 224 euros, tras los descuentos aplicados; la Xunta anunció que el cobro empezaría en diciembre. Nueve se adjudicaron a menores de 36 años y una está adaptada para personas con movilidad reducida. Los contratos tienen una vigencia inicial de siete años, prorrogable. Para las personas adjudicatarias, todo esto es material, no un símbolo: un alquiler más accesible y una estabilidad que no debe minimizarse. Criticar la puesta en escena no es despreciar las llaves.
Lo discutible es el marco moral que acompañó la entrega. Rueda recordó que las viviendas se pagan con impuestos de todos y pidió «que las cuidéis como si fuesen vuestras casas». Cuidar la casa es una obligación normal de cualquier inquilino; invocar el esfuerzo fiscal como advertencia previa sugiere, en cambio, que recibir una vivienda pública genera una deuda de gratitud. Las familias no reciben una dádiva personal del presidente: acceden, mediante reglas públicas, a un alquiler que deberán pagar y cuidar. También forman parte de ese «todos» al que apeló Rueda. La política pública no debería confundirse con la generosidad del gobernante.
La afirmación de que la vivienda pública debe ser digna porque lo son quienes la habitan quiso reivindicar su calidad, pero deja una pregunta incómoda: ¿por qué habría que certificar la dignidad de quien necesita un alquiler protegido? La aporofobia —el rechazo, temor o desprecio hacia las personas pobres— no significa aquí que Rueda odie a nadie. Sirve para examinar el riesgo de un relato que presenta a quienes necesitan apoyo como receptores dependientes, obligados a demostrar responsabilidad y agradecimiento, en vez de como ciudadanía que reclama respuesta a un problema estructural.
Las entidades sociales señalaron precisamente esa desigualdad. As Ninguéns y EAPN Galicia cuestionaron la exposición de las familias ante las cámaras y su posibilidad real de negarse a participar: aunque asistir no fuera jurídicamente obligatorio, existe una asimetría entre quien adjudica la vivienda y quien depende de esa decisión. Su crítica no se dirige a la alegría de las familias, sino a un formato que puede presentar un derecho como regalo y convertir la vulnerabilidad en material promocional. Cuando la pobreza solo aparece como una escena de agradecimiento, se refuerza el estereotipo de que quienes la sufren deben probar que merecen ayuda.
La magnitud de la demanda hace desproporcionado cualquier triunfalismo. Cadena SER situó en 1.663 las personas inscritas que tenían Santiago como municipio preferente; en Galicia, recogió 30.625 demandantes el 10 de septiembre, 16.787 de ellos interesados en el alquiler. Veinticuatro viviendas alivian 24 situaciones —y eso importa—, pero están muy lejos de resolver una necesidad de esa escala. La Xunta dice que tiene 4.000 viviendas en marcha y promete duplicar el parque público hasta 8.000 antes de acabar 2028. Hace falta especificar cuántas están en obras, cuántas solo en proyecto y cuándo recibirán sus llaves las familias.
El contraste con lo efectivamente entregado también merece seguimiento. Según el recuento de la SER al 29 de septiembre, en 2026 se habían entregado 98 viviendas públicas en Galicia, incluidas estas 24, frente a las 1.800 comprometidas para el año. El PP replica que construir tarda más que elaborar relatos; cierto, pero precisamente la espera obliga a medir la ejecución, no solo los anuncios. Y construir no basta para quien necesita una solución urgente, una vivienda de emergencia o una alternativa a la infravivienda: las organizaciones sociales señalan también la falta de avances en esas respuestas.
La disputa por la foto añadió otra capa. La alcaldesa Goretti Sanmartín y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, no fueron invitados. La Xunta sostuvo que ni el Ayuntamiento ni el Ejecutivo central habían financiado la promoción; Blanco defendió la participación estatal a través del Plan de Recuperación. El expediente del IGVS registra 4,49 millones de euros adjudicados para las obras, con 1,16 millones de fondos europeos. La precisión importa: los fondos europeos no equivalen automáticamente a una aportación estatal directa; sí muestran que la inversión pública tiene varias fuentes. La ceremonia acabó pareciendo una pugna por el mérito, no una celebración compartida de un servicio necesario.
Pedir que se cuide una casa no es, por sí mismo, paternalismo. Lo es —o se acerca— cuando esa petición, desde una tribuna y tras años sin nuevas entregas, parece recordar a las personas adjudicatarias que deben agradecer lo que la Administración tiene la responsabilidad de gestionar. La Xunta puede celebrar las llaves, pero debería hacerlo con respeto a la intimidad y con datos transparentes sobre plazos y demanda. Esos vecinos no son beneficiarios de la generosidad del PP: son ciudadanos con derechos y obligaciones. Las llaves abren 24 puertas; no cierran la cuenta pendiente de 19 años.
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