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Los incendios forestales de los últimos años en el sur de Europa, y especialmente en España, han reabierto un debate intenso: ¿se queman preferentemente los espacios protegidos? Estudios recientes han señalado que una parte desproporcionada de la superficie afectada se encuentra dentro de redes como Natura 2000 o parques naturales. Esta observación se ha traducido con frecuencia en un relato causal: la protección limita la gestión activa, permite la acumulación de biomasa (el “combustible”) y eleva el riesgo y la severidad del fuego. De ahí se deduce la necesidad de intervenir más en estos territorios. Sin embargo, un examen riguroso de los datos y de las metodologías revela que la realidad es más compleja y que la cadena causal no está tan clara como se presenta.
En 2022, una temporada extrema en el suroeste de Europa, la superficie quemada superó en algunas regiones decenas de veces la mediana histórica. Cerca de la mitad de esa área afectada por grandes incendios se situaba en espacios protegidos. Un trabajo posterior de 2025, que amplió el análisis a biomes templados y mediterráneos de Europa, California, Chile y Australia, encontró que en muchas zonas templadas las áreas protegidas ardían de forma desproporcionada y que la severidad del fuego era aproximadamente un 20 % mayor en el interior de las protegidas en ambientes mediterráneos. Diferencias en cargas de combustible y densidad de carreteras se señalaron como factores clave.
Datos más amplios de la red Natura 2000 refuerzan la percepción de vulnerabilidad. Entre 2015 y 2025, alrededor de 1,3 millones de hectáreas protegidas (casi el 2 % de la red europea) ardieron. Aunque Natura 2000 cubre solo el 18,6 % del territorio europeo, concentró cerca del 29 % de la superficie quemada. En España, Grecia o Portugal el porcentaje de áreas Natura afectadas es notable, y en algunos megaincendios (como el de Evros en Grecia en 2023) más del 60 % de lo quemado estaba protegido.
Estos números son relevantes y no deben ignorarse. Pero ¿demuestran que el estatus de protección cause mayor inflamabilidad? La respuesta es no, o al menos no de forma concluyente. Una asociación estadística no equivale a una cadena causal. Para afirmar que la protección favorece los incendios habría que controlar variables confusoras: tipo y estructura de vegetación, topografía, condiciones meteorológicas, probabilidad de ignición, accesibilidad real y, sobre todo, las prioridades y la capacidad de extinción.
Un estudio centrado en España (2008-2025) con más de 8.000 incendios de EFFIS muestra precisamente esto. Las áreas Natura 2000 concentraron el 38,6 % de la superficie quemada total y el 40,6 % de la forestal. La proporción de territorio quemado fue mayor dentro de la red (4,9 % frente al 3,5 % nacional). Sin embargo, esto se explica en gran medida por la composición del paisaje: las zonas Natura tienen un 80,9 % de suelo forestal frente al 54,4 % del conjunto de España. Cuando se analiza solo el suelo forestal, la proporción quemada dentro de Natura es ligeramente inferior a la media nacional (5,4 % frente a 5,9 %). Las tendencias de aumento de superficie quemada se observan tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.
Otros análisis de episodios extremos recientes tampoco encuentran evidencia robusta de afectación preferente una vez se controla mejor el contexto ecológico. Cuando se comparan sectores protegidos y no protegidos dentro de los mismos incendios y tipos de cubierta, las diferencias de severidad a menudo dejan de ser estadísticamente significativas.
Falta un factor crucial en la mayoría de estos estudios: las decisiones operativas de extinción. Cuando hay múltiples focos simultáneos, los medios se priorizan de forma comprensible hacia la defensa de vidas humanas, núcleos de población, viviendas e infraestructuras críticas. Los territorios naturales remotos, con menor densidad de carreteras y mayor dificultad de acceso o de intervención segura, pueden recibir menos recursos o más tarde. La densidad de carreteras es un proxy imperfecto de accesibilidad, pero no informa sobre el despliegue real de medios, tiempos de respuesta o estrategias tácticas. Una mayor superficie o severidad dentro de un espacio protegido puede reflejar, al menos en parte, diferencias en la intensidad de la lucha contra el fuego, no solo en la inflamabilidad intrínseca de la vegetación.
Además, no toda biomasa es “combustible indeseable”. Los matorrales, la madera muerta o determinadas estructuras forestales son hábitats, refugios de biodiversidad, almacenes de nutrientes y parte de procesos ecológicos. El fuego ha modelado durante milenios muchos ecosistemas mediterráneos; las especies están adaptadas a regímenes concretos de frecuencia, intensidad y estacionalidad, no al fuego en abstracto. Las forestaciones masivas del siglo XX, el abandono rural y el cambio climático (sequías más intensas, olas de calor) sí pueden generar incendios de características históricamente infrecuentes que superan la capacidad de recuperación de los ecosistemas. Pero equiparar toda vegetación a un “polvorín” que hay que limpiar sistemáticamente reduce la conservación a la selección de paisajes “seguros” o productivos.
Aquí surge la paradoja profunda: ¿qué naturaleza queremos conservar? Muchas áreas protegidas albergan ecosistemas seminaturales moldeados por usos tradicionales (pastoreo, siega, aprovechamientos de leña o quemas controladas). Proteger un territorio por su valor ecológico y, al mismo tiempo, proponer modificarlo masivamente para eliminar lo que puede arder plantea una contradicción. La gestión puede ser necesaria y legítima: cerca de poblaciones e infraestructuras es prioritario reducir riesgo; para especies o hábitats amenazados se requieren actuaciones específicas; para mantener procesos naturales quizá haya que aceptar cierto grado de perturbación. Pero no se debe presentar una política de intervención generalizada como “respaldada por los datos” cuando estos no establecen la causalidad ni contemplan alternativas.
Los datos recientes de temporadas extremas (2022, 2025 y los avances de 2026, con España concentrando una gran parte de la superficie quemada europea) confirman la gravedad del problema y la necesidad de adaptarse al nuevo régimen de incendios. La prevención y la gestión del paisaje son esenciales, y los recursos deben reequilibrarse (actualmente se destina mucho más a extinción que a prevención y gestión). Sin embargo, el camino no pasa por desmantelar o transformar sistemáticamente los espacios protegidos bajo la premisa de que “arden más porque están protegidos”. Pasa por mejorar los análisis (controlar confusores, incorporar datos de operaciones de extinción, distinguir tipologías de protección y de vegetación), por definir con claridad los objetivos de cada territorio (seguridad, biodiversidad, procesos ecológicos, paisajes culturales) y por diseñar intervenciones estratégicas, no uniformes.
En resumen, los espacios protegidos concentran a menudo una parte importante de lo quemado, en parte porque concentran bosque y porque suelen ser más remotos. Eso no demuestra automáticamente que el modelo de protección sea el culpable ni que la solución sea siempre “más gestión de combustible”. Entre observar una superficie quemada y concluir una política de intervención existe un largo recorrido causal que no se recorre con suposiciones. Solo con datos más sólidos, objetivos claros y honestidad intelectual podremos decidir qué gestión necesita —o si necesita alguna— la naturaleza que decimos querer proteger. El relato simplista puede ser atractivo en el debate público, pero la ciencia y la conservación exigen más.
Fuente: The Conversation
