En la cancelación de la suspensión del cultivo de maíz Bt MON810, el Consejo de Estado (la autoridad judicial administrativa más alta del país) ofrece una victoria moral para los investigadores que han denunciado el mal uso de los datos científicos por parte del gobierno francés en el 2008 y de nuevo en el 2012.
En un acuerdo político (hoy lamentado públicamente por el exprimer ministroFrançois Fillon) antes del debate nacional del 2007 sobre el medio ambiente, el gobierno deNicolas Sarkozy había concedido a los partidos ecologistas franceses la prohibición de los transgénicos, a cambio de su silencio sobre la energía nuclear.
Desde el 2008, este «acuerdo» ha privado a los agricultores franceses de la libertad de elegir (bajo la Ley del 25 de junio del 2008, aprobada por unanimidad) en el cultivo de variedades de maíz que combatan ciertas plagas de insectos sin el uso de pesticidas.
Además, la terminación por el INRA de su última prueba de campo de plantas transgénicas (álamo) el 13 de julio del 2013, indicó la imposibilidad de continuar la investigación en materia de transgénicos en Francia.
Instamos al gobierno de François Hollande a:
* No seguir a su predecesor en unaprohibición de los transgénicos en contra de la legislación francesa y europea y las autorizaciones europeas.
* Incluir los cultivos de campo en el objetivo gubernamental de «restauración de la capacidad de producción» del país.
* Fomentar la investigación en biotecnología vegetal para afrontar los retos económicos y ambientales de la agricultura y promover la bioproducción industrial.
* Crear las condiciones técnicas y sociales de convivencia entre cultivos convencionales y transgénicos y, en últimas, hacer cumplir la ley «transgénica» del 2008 que permite la libertad de elección de los agricultores.
* No repetir las prácticas del pasado de la manipulación de los científicos que participan en las prácticas de evaluación de riesgos. En particular, estamos pidiendo que el Alto Consejo de Biotecnologías sea rediseñado y, en particular, la disolución del «Comité Económico, Social y Ético», que nunca ha realizado su función, y cuya composición no se ajusta a los estatutos establecidos en la ley tras su implosión en enero del 2012.
* Abandonar el uso indebido de la evidencia científica para justificar la prohibición política de cultivo de transgénicos.
* Promover la información veraz y objetiva sobre la biotecnología vegetal y en otras áreas en las que reina la confusión.
