La sanción por prácticas abusivas pone de nuevo en el foco a la cadena valenciana, mientras medios y políticos continúan su particular pacto de silencio con el imperio de Juan Roig
El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 30000 euros a Mercadona tras una denuncia presentada por la asociación de consumidores FACUA. Una noticia que, como tantas otras relacionadas con la mayor cadena de distribución española, ha pasado prácticamente de puntillas por los principales medios de comunicación del país. Y es que cuando se trata de Mercadona, el silencio parece ser la norma no escrita que rige el panorama informativo español.
Una sanción que pocos se atreven a titular
La multa, aunque significativa desde el punto de vista simbólico, representa una cantidad irrisoria para una empresa que factura más de 35000 millones de euros anuales. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es la cuantía de la sanción, sino la forma en que ha sido tratada informativamente. Mientras cualquier controversia relacionada con otras empresas del sector copa titulares y abre telediarios, las noticias negativas sobre Mercadona parecen atravesar un filtro invisible que las diluye hasta hacerlas casi imperceptibles.
FACUA, una de las pocas organizaciones que mantiene una vigilancia activa sobre las prácticas de las grandes corporaciones, lleva años denunciando irregularidades de todo tipo en la cadena presidida por Juan Roig. Desde publicidad engañosa hasta prácticas comerciales desleales, pasando por cuestiones laborales que han generado sentencias judiciales adversas. Sin embargo, estas informaciones rara vez alcanzan la difusión que merecerían por su relevancia para millones de consumidores.

El miedo al gigante valenciano
¿Qué explica este tratamiento diferenciado? La respuesta parece encontrarse en una combinación de factores que han convertido a Mercadona en una especie de territorio vedado para la crítica periodística. El poder económico de la compañía, traducido en millonarias inversiones publicitarias, actúa como un eficaz disuasor para medios de comunicación cada vez más dependientes de los ingresos comerciales.
Pero hay algo más profundo, un temor casi reverencial que trasciende lo puramente económico. Juan Roig ha construido durante décadas una imagen de empresario modélico, ejemplo del capitalismo con rostro humano, que los medios han comprado y amplificado sin apenas cuestionamiento. Cualquier información que contradiga este relato es automáticamente sospechosa, cuando no directamente silenciada.
El caso del camión durante la DANA: periodismo con el logo pixelado
Quizás ningún ejemplo ilustre mejor esta dinámica que lo ocurrido durante las trágicas inundaciones de la DANA. Las imágenes de un trabajador teniendo que ser rescatado de un camión de reparto mientras las aguas subían dieron la vuelta al país. El vehículo pertenecía a Mercadona, y el trabajador se encontraba realizando su ruta a pesar de haberse decretado alerta roja, una situación que plantea serias preguntas sobre las prioridades de una empresa que presume de cuidar a sus empleados.
Sin embargo, cuando estas imágenes aparecieron en televisiones y periódicos, algo llamativo ocurrió: el logotipo del camión aparecía pixelado o convenientemente encuadrado fuera de plano. Una decisión editorial que solo puede explicarse desde el miedo a las consecuencias de señalar directamente a la empresa responsable. ¿Alguien imagina el mismo tratamiento si el camión hubiera pertenecido a una pequeña empresa de transportes sin músculo financiero ni conexiones políticas?
Las conexiones que nadie quiere recordar
Y es que hablar de conexiones políticas cuando se menciona a Mercadona implica adentrarse en territorio especialmente incómodo. Conviene recordar que el nombre de Juan Roig apareció en los famosos papeles de Bárcenas, esa contabilidad B del Partido Popular que documentaba décadas de financiación irregular. El propio empresario tuvo que reconocer públicamente haber realizado aportaciones tanto al PP como a FAES, la fundación vinculada a José María Aznar.
FAES, para quien no esté familiarizado, funciona como un think tank conservador que permite canalizar donaciones empresariales hacia el ecosistema político de la derecha española. Un mecanismo similar al que ahora representa Disenso en el entorno de nuevas formaciones. Las empresas que realizan estas «donaciones» se benefician además de ventajas fiscales, en un sistema que muchos consideran una forma encubierta de financiación política que bordea los límites de la legalidad.
Estas conexiones, perfectamente documentadas y reconocidas por las propias partes implicadas, rara vez se mencionan cuando se habla de Mercadona en los medios convencionales. Es como si existiera un pacto tácito para mantener separados los negocios de la política, como si las donaciones a partidos y fundaciones no tuvieran ninguna relación con el trato privilegiado que recibe la compañía en múltiples ámbitos.
FACUA: la excepción que confirma la regla
En este contexto, organizaciones como FACUA adquieren un valor especial. Su trabajo de vigilancia y denuncia, realizado con recursos infinitamente menores que los de las corporaciones a las que se enfrenta, representa uno de los pocos contrapesos efectivos al poder de las grandes empresas. Que una denuncia suya haya derivado en una sanción del Ministerio de Consumo demuestra que, cuando se persevera, es posible lograr que los mecanismos de control funcionen.
Sin embargo, 30.000 euros de multa difícilmente modificarán las prácticas de una empresa de las dimensiones de Mercadona. Para que las sanciones tuvieran un efecto disuasorio real, deberían calcularse en proporción a la facturación de la compañía, como ya ocurre en otros países europeos. Mientras las multas sigan siendo calderilla para los gigantes corporativos, seguirán funcionando como un mero coste operativo asumible.
La necesidad de un periodismo sin complejos
Lo que esta noticia pone de manifiesto, más allá de la infracción concreta sancionada, es la urgente necesidad de un periodismo que no se arrodille ante el poder económico. Un periodismo que nombre a Mercadona cuando Mercadona sea la protagonista de una información, que no pixele logotipos ni evite señalar responsabilidades.
Porque cuando los medios de comunicación renuncian a su función de vigilancia del poder —y las grandes corporaciones son poder, tanto o más que los gobiernos—, quien pierde es la ciudadanía. Esos millones de consumidores que cada día llenan sus carros en los supermercados de Mercadona tienen derecho a conocer las prácticas de la empresa a la que entregan su dinero. Tienen derecho a saber que existen sanciones, denuncias, conexiones políticas y decisiones empresariales cuestionables.
Tienen derecho, en definitiva, a que alguien se atreva a pronunciar el nombre: Mercadona.
Generado por claude opus 4 5 20251101









