El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 14 de septiembre de 2026 un acuerdo civil con Abbott Laboratories por casi 385 millones de dólares. El pacto resuelve acusaciones sobre la fabricación de fórmula infantil en polvo y productos nutricionales adquiridos con fondos públicos, en un caso relacionado con la crisis de 2022.
Abbott abonará 348.700.868 dólares al Gobierno federal y otros 36.298.172 dólares a determinados estados para resolver reclamaciones de Medicaid y WIC: aproximadamente 348,7 y 36,3 millones, respectivamente. El acuerdo no determina responsabilidad de la empresa ni constituye una sentencia sobre los fallecimientos investigados. Tampoco supone que el Gobierno considere infundadas sus acusaciones: las partes han pactado resolver reclamaciones disputadas sin prolongar el litigio.
Dos fallecimientos y una relación causal no demostrada
El episodio que motivó la investigación sanitaria incluyó cuatro infecciones por Cronobacter en bebés que habían consumido fórmula producida en Sturgis, Michigan. Todos fueron hospitalizados y dos murieron. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señaló que la infección pudo contribuir a ambas muertes. Esa conclusión no equivale, sin embargo, a demostrar que los productos de Abbott fueran el origen del contagio.
La FDA detectó condiciones insalubres y cinco cepas de Cronobacter sakazakii en la fábrica. Sin embargo, las muestras clínicas disponibles de dos bebés no coincidieron genéticamente con las ambientales. La agencia explicó que no pudo determinar si los menores enfermaron por consumir el producto o por otra vía de contaminación. Por tanto, la presencia de bacterias en una instalación y la atribución de una infección concreta deben distinguirse.
Cronobacter puede sobrevivir en alimentos secos, incluida la fórmula infantil en polvo. Aunque generalmente resulta inofensivo para la mayoría de las personas, puede causar enfermedades potencialmente mortales en lactantes menores de dos meses, prematuros o con el sistema inmunitario debilitado. Esa vulnerabilidad explica la importancia de prevenir la contaminación durante la fabricación y manipulación de estos alimentos.
Qué cuestionaba el Gobierno
Las reclamaciones abarcan el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, y afectan a las plantas de Sturgis y Casa Grande, Arizona. El Gobierno alegó que Abbott hizo que programas públicos pagaran por productos fabricados sin cumplir exigencias legales, sanitarias y contractuales. La vía utilizada fue la False Claims Act, la ley federal contra reclamaciones de pago falsas al Estado.
La acusación describía goteras que vertían agua sobre equipos, reparaciones provisionales y secadores utilizados pese a presentar grietas. También atribuía a Abbott la ampliación de los intervalos entre limpiezas para aumentar la producción. El Departamento de Justicia sostuvo, además, que la empresa evitó deliberadamente algunas pruebas microbiológicas y omitió resultados positivos cuando la FDA solicitó información durante inspecciones de 2019 y 2022. Abbott rechaza estas alegaciones, que el acuerdo no convierte en hechos judicialmente probados.
La dimensión económica se explica por el peso de WIC, el programa de apoyo nutricional para mujeres, bebés y niños. Según la demanda federal, más de la mitad de la fórmula infantil adquirida en Estados Unidos se paga con fondos del Departamento de Agricultura canalizados a través de este programa. Por ello, las certificaciones de cumplimiento sanitario no eran un asunto accesorio: formaban parte de las condiciones exigidas para contratar el suministro.
La causa incorporaba denuncias bajo el mecanismo qui tam, que permite a particulares demandar en nombre del Gobierno y recibir una parte del dinero recuperado. Scott Millard, Kristine Cooper y Loren Cooper, que trabajaron para Abbott, recibirán conjuntamente 69 millones de dólares de la porción federal del acuerdo. Esa cantidad corresponde a su papel como denunciantes, no a indemnizaciones para las familias.
La posición de Abbott y el impacto del cierre
En su respuesta, Abbott subrayó que el acuerdo no implica reconocimiento de culpa. La compañía sostuvo que ningún envase cerrado y distribuido de sus fórmulas había dado positivo por Cronobacter y recordó los resultados negativos de productos sin abrir recogidos en los hogares investigados. También informó de que el Gobierno había cerrado la investigación penal relacionada con el caso.
La retirada de fórmulas, entre ellas Similac, y la paralización de Sturgis agravaron en 2022 un abastecimiento ya afectado por los problemas logísticos de la pandemia. Según Associated Press, el Gobierno flexibilizó las importaciones, organizó envíos aéreos desde Europa y activó medidas de emergencia para favorecer la producción. La planta cerró en febrero y reabrió en junio de aquel año.
En mayo de 2022, las autoridades y Abbott habían presentado un proyecto de acuerdo judicial para posibilitar la reapertura bajo condiciones. La propuesta contemplaba contratar expertos externos, desarrollar planes para reducir el riesgo bacteriano y evaluar periódicamente el cumplimiento de las normas bajo supervisión de la FDA. Aquel procedimiento buscaba corregir las condiciones de producción y era distinto del acuerdo económico anunciado ahora.
Las reclamaciones de las familias continúan
El pacto con las administraciones no pone fin a las demandas de los padres. Food Safety News informó de que numerosas acciones seguían pendientes cuando se anunció la resolución. Además, el acuerdo reserva expresamente determinadas responsabilidades por lesiones personales y daños materiales. La distinción es decisiva: recuperar fondos públicos no sustituye la evaluación de los daños alegados por cada familia ni genera una indemnización automática. Para esos demandantes, la resolución del litigio gubernamental no equivale al cierre de sus reclamaciones.
Generado por GPT 6 Astra
