Legislación – ¡Toca comer!

La guerra por los aditivos alimentarios en EE.UU.: ¿uniformidad federal o protección fragmentada?

En octubre de 2025, un grupo de gigantes de la industria alimentaria y asociaciones afines lanzó una robusta coalición llamada Americans for Ingredient Transparency (AFIT), cuyo objetivo es detener la creciente ola de prohibiciones estatales sobre ciertos aditivos alimentarios. Compañías como Nestlé, PepsiCo o Kraft Heinz están detrás de esta iniciativa que busca que el Congreso estadounidense establezca estándares federales uniformes en lugar de permitir que cada estado regule sus propios ingredientes alimentarios.usrtk+2

La fragmentación actual y sus problemas

En los últimos años, varios estados han aprobado leyes que restringen o prohíben el uso de determinados aditivos tóxicos o sintéticos en productos alimentarios y especialmente en alimentos escolares. Por ejemplo, California prohíbe el uso de cuatro colorantes sintéticos; Virginia Occidental ha prohibido varios colorantes y aditivos sintéticos; Texas exige etiquetas de advertencia para alimentos con ingredientes prohibidos en otros países.foodingredientsfirst+1

Este mosaico legal ha provocado lo que AFIT denomina “una maraña de regulaciones” que dificulta la producción y comercialización a nivel nacional y puede «confundir a los consumidores». Los miembros de la coalición sostienen que una regulación federal clara y científica sería preferible para simplificar y garantizar la seguridad alimentaria.usrtk+1

Críticas de grupos de defensa del consumidor

Organizaciones como el Center for Science in the Public Interest (CSPI) y Consumer Reports han criticado duramente a AFIT, denunciando que la coalición no busca la transparencia real, sino que pretende socavar las leyes estatales más estrictas que protegen a los consumidores de ingredientes dañinos.food-safety+1

Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports, afirma que esta campaña es un intento de la industria por “esconder ingredientes tóxicos y evitar rendir cuentas”. Además, cuestiona la sinceridad de las promesas voluntarias de las grandes empresas para eliminar colorantes sintéticos, que según ellos suelen ser demasiado vagas o reversibles.usrtk

El papel político y regulatorio

El lanzamiento de AFIT coincide con esfuerzos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la FDA bajo el liderazgo del secretario Robert F. Kennedy Jr., quien promueve la campaña “Make America Healthy Again” (MAHA) para restringir ultra-procesados y aditivos químicos nocivos. Sin embargo, aunque el gobierno federal presiona por cambios, no se han formalizado reglas estrictas ni prohibiciones legales obligatorias, lo que ha creado un escenario complejo.usrtk

Senador Roger Marshall, respaldado por AFIT, trabaja en una reforma del proceso GRAS (“Generally Recognized As Safe”), que define qué ingredientes pueden considerarse seguros en la regulación federal, con la intención de limitar la capacidad de los estados para imponer regulaciones más estrictas.foodingredientsfirst+1

Tecnología y transparencia para el consumidor

AFIT propone también reformar el etiquetado alimentario con normativas que exijan un sello uniforme y códigos QR que permitan al consumidor acceder inmediatamente a la información más detallada sobre los ingredientes. Esto podría ayudar a evitar la confusión generada por etiquetas dispares y fomentar elecciones más conscientes.

Sin embargo, la confianza en el etiquetado depende de una regulación estricta y verificable, un punto donde los críticos dudan de la voluntad real de la industria para cumplir.foodingredientsfirst+1

Impacto económico y mercado

El sistema fragmentado genera costes y dificultades para los productores que comercializan en varios estados, afectando la competitividad especialmente de pequeñas y medianas empresas. Organismos agrícolas y asociaciones de productores también apoyan la creación de reglas nacionales para definir claras bases de seguridad, en particular para ingredientes cultivados o procesados en EE.UU..usrtk

Conclusión: equilibrio entre salud pública y simplificación normativa

La guerra de los aditivos alimentarios es un reflejo del choque entre intereses corporativos y demandas sociales por una alimentación más sana y transparente. La iniciativa AFIT otorga a la industria una voz poderosa en la mesa legislativa para homologar reglas, pero sus críticas evidencian la preocupación de que esto pueda debilitar las protecciones vigentes y poner en riesgo la salud.

El desafío para el Congreso estadounidense será encontrar un equilibrio que mantenga un sistema unificado sin sacrificar la seguridad alimentaria ni el derecho de los estados a implementar medidas más rigurosas si las consideran necesarias.food-safety+2

Con la atención pública puesta en el impacto de los ultra- procesados en la salud, la definición de estándares nacionales de aditivos será un campo decisivo para el futuro de la regulación alimentaria.

El peligroso impulso de debilitar la seguridad alimentaria: el proyecto de ley SHAM GRAS

En un giro alarmante para la salud pública, la reciente propuesta del SHAM GRAS Act (siglas en inglés, que en español podrían traducirse como «Ley para la Debilitación de la Regulación de los Aromatizantes y Sustancias en los alimentos») busca reducir la vigilancia y seguridad en el uso de ingredientes químicos en los alimentos que consumimos a diario. Respaldada por algunos de los gigantes de la industria de alimentos ultraprocesados, esta ley representa un paso atrás en la protección de la salud del consumidor y un incremento en el riesgo de exposición a sustancias potencialmente dañinas.arxiv

¿Qué pretende el SHAM GRAS?

El proyecto, presentado en el Congreso de Estados Unidos, propone facilitar la aprobación, uso y divulgación de aditivos y flavorizantes químicos en productos alimenticios, incluso aquellos con perfiles de seguridad cuestionables. La legislación busca eliminar o disminuir requisitos de pruebas de toxicidad, limitar la supervisión de agencias sanitarias y dejar en manos del sector privado la regulación de los ingredientes químicos utilizados en la producción alimentaria.

Este cambio legal está motivado por agencias de lobby que argumentan que una regulación más laxa permitirá reducir costos, incrementar la innovación y favorecer la competitividad del sector alimentario. Sin embargo, críticos advierten que se trata de un ataque directo a la salud pública y a los derechos de los consumidores, que podrían verse expuestos a sustancias no completamente evaluadas y potencialmente peligrosas.arxiv

La alianza de poderosos

Durante la semana pasada, se reveló que un grupo de grandes corporaciones de alimentos y bebidas, incluyendo marcas como Nestlé, Coca-Cola, General Mills, Hormel y PepsiCo, han unido fuerzas en una coalición de presión para impulsar esta ley. La estrategia es clara: presionar a legisladores para que eliminen o diluyan regulaciones existentes, recurriendo a argumentos económicos y de innovación, sin considerar los riesgos para la salud de millones de consumidores también en Estados Unidos y en el mundo.

Estos gigantes de la industria, que han invertido millones en campañas de lobby y relaciones públicas, argumentan que una regulación más flexible permitirá la introducción de nuevos sabores y productos, así como la reducción de costos de producción. Pero detrás de estos discursos, se oculta una realidad preocupante: el aumento del uso de ingredientes químicos que podrían estar vinculados a problemas de salud como alergias, alteraciones hormonales, enfermedades neurodegenerativas y cáncer.

La respuesta de la comunidad científica y organismos internacionales

La comunidad científica, organizaciones de salud pública y defensoras de los derechos del consumidor están en alerta máxima. Organizaciones como la Asociación de Médicos y Científicos por la Seguridad Alimentaria advierten que reducir los controles y pruebas para ingredientes en alimentos es un riesgo ético y sanitario titánico. Además, expertos en toxicología señalan que muchos de estos ingredientes, aprobados en el pasado en condiciones menos estrictas, hoy en día podrían estar relacionados con problemas de salud a largo plazo, que aún no logramos comprender completamente.

Los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), han reiterado la importancia de mantener altos estándares en la evaluación de ingredientes, y alertan que reducir estas normas puede abrir la puerta a una crisis sanitaria silenciada en las próximas décadas.

La historia y los riesgos ocultos

Históricamente, la liberalización de la regulación alimentaria en beneficio de industrias ha estado acompañada por aumento de casos de enfermedades relacionadas con ingredientes químicos no evaluados cuidadosamente. Desde el uso de colorantes artificiales vinculados a hiperactividad en niños, hasta ingredientes que imitan hormonas en animales y productos procesados, el riesgo para la salud es tangible y documentado.

La legislación que propone el SHAM GRAS puede marcar un patrón de retroceso que, si no se detiene, podría afectar también a países en otras regiones, en un momento en que la conciencia sanitaria y el control de riesgos en la alimentación deberían fortalecerse, no debilitarse.

Conclusión

El avance de la ciencia y la evidencia acumulada muestran que los ingredientes químicos en los alimentos deben ser regulados con rigurosidad. La tentación de reducir la protección en nombre del beneficio económico o de la innovación tecnológica puede tener un costo altísimo para la salud de las generaciones presentes y futuras.

La movilización social y el compromiso de los organismos internacionales son fundamentales para evitar que el SHAM GRAS conlleve una regresión en los derechos del consumidor y la seguridad alimentaria. La salud pública no puede ser una moneda de cambio en las agendas políticas o económicas. La verdad es clara: proteger la salud y los derechos de las personas debe prevalecer sobre intereses comerciales y lobby.

Fuentes:

Food Safety News
Opiniones de organizaciones de salud y análisis de expertos en toxicología y alimentación.

https://arxiv.org/pdf/2502.08640.pdf

Europa refuerza la lucha contra el desperdicio: entra en vigor la nueva Directiva Marco sobre Residuos

La Directiva (UE) 2025/1892, que revisa la Directiva Marco sobre Residuos, ha entrado oficialmente en vigor, marcando un hito en la política ambiental de la Unión Europea. La norma representa un paso decisivo para combatir el desperdicio de alimentos y textiles, dos sectores con alto impacto ecológico, y refuerza el compromiso europeo con la economía circular y la sostenibilidad industrial.boe+4

Un cambio estructural en la política de residuos

El texto introduce objetivos concretos y obligatorios para los Estados miembros:

Reducir el desperdicio de alimentos en un 10 % en la transformación y fabricación y en un 30 % per cápita en el comercio minorista, la restauración y los hogares antes de 2030.
Implantar sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para el sector textil y del calzado, de modo que los fabricantes e importadores financien la recogida, clasificación, reciclaje y eliminación de los productos al final de su vida útil.financialfood+1

Estas medidas buscan eliminar la fragmentación regulatoria entre países europeos y garantizar que los residuos se traten con idénticos estándares ambientales en todo el territorio de la Unión.

Textiles: hacia el fin de la “moda rápida”

La ropa, los complementos y el calzado representan 12,6 millones de toneladas de residuos textiles anuales en la UE, de las cuales apenas una quinta parte se recicla o reutiliza. La nueva Directiva obliga a los Estados miembros a establecer sistemas específicos de recogida selectiva y a tratar todos los textiles usados recogidos como residuos, asegurando su clasificación antes de ser exportados o reciclados.

Las empresas deberán diseñar productos más duraderos, reparables y reciclables, desterrando los modelos de fast fashion que fomentan el consumo desechable. Además, las tasas del régimen de RAP se vincularán a parámetros de ecodiseño, premiando a los fabricantes que apuesten por materiales reciclables y procesos sostenibles.catedraeconomiacircular-us+1

Alimentos: un compromiso contra el despilfarro

La norma también intensifica la lucha contra el desperdicio alimentario, que afecta a todos los eslabones de la cadena: desde la producción hasta el consumo final. La UE estima que se desperdician 57 millones de toneladas de alimentos cada año, con un coste económico y ambiental altísimo.

Los Estados miembros deberán revisar sus programas nacionales de prevención, incluir indicadores más precisos de seguimiento y rendir cuentas ante la Comisión Europea, que realizará una evaluación intermedia en 2027 para medir los progresos. La reducción del desperdicio alimentario es ya un pilar central del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular.euskadi+2

Innovación, economía circular y sostenibilidad

La Directiva revisada no se limita a fijar obligaciones: también impulsa la innovación tecnológica y la competitividad sostenible. Promueve modelos de negocio circulares, donde los residuos se transforman en recursos, fomenta la inversión en reciclaje avanzado y apoya la cooperación entre sectores estratégicos como la moda, la alimentación, la bioeconomía y la digitalización industrial.

Al fomentar la reutilización y el reciclaje, la UE espera no solo reducir las emisiones de CO₂ y el uso de recursos naturales, sino también crear nuevos empleos verdes y cadenas de valor locales, consolidando su liderazgo global en políticas medioambientales.

Una hoja de ruta hacia 2030

Los Estados miembros deberán transponer las disposiciones de la Directiva antes del 17 de junio de 2027, y adaptar su legislación interna a los nuevos estándares. En países como España, se prevé la actualización de la Ley 1/2025 y del Real Decreto sobre productos textiles, para armonizarlos con las exigencias europeas.garrigues

Según el Parlamento Europeo, este marco renovado “refuerza la visión de una Europa que produce y consume dentro de los límites planetarios”, equilibrando competitividad económica con responsabilidad ecológica.

Conclusión

La entrada en vigor de la Directiva Marco de Residuos revisada marca un punto de inflexión en la transición ecológica de la Unión Europea. Su enfoque integral sobre el desperdicio de alimentos y textiles no solo redefine la gestión de residuos, sino que sienta las bases de una economía donde cada producto tenga una segunda vida.

Europa avanza hacia un modelo industrial más responsable, eficiente y sostenible, en el que reducir, reutilizar y reciclar dejarán de ser consignas y se convertirán en la norma.

Sacudida en los CDC: despidos masivos ponen en duda la prioridad de la seguridad alimentaria en EE. UU.

A inicios de octubre de 2025, una ola de despidos sacudió los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, dejando a más de mil empleados fuera de la institución. Entre ellos se encontraban especialistas en seguridad alimentaria, epidemiólogos y personal técnico clave para la supervisión de brotes y el control de enfermedades transmitidas por alimentos.

Según el Centro para la Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota, la decisión representa “una señal preocupante” de que la salud pública ha dejado de ser una prioridad central dentro de la actual Administración.

Un golpe inesperado a la infraestructura sanitaria

Los despidos afectaron a distintas divisiones del CDC, incluidas áreas vinculadas con la vigilancia epidemiológica, la seguridad alimentaria y la respuesta ante emergencias sanitarias. Algunos de los empleados despedidos han sido posteriormente recontratados en condiciones laborales distintas o con funciones reducidas, lo que ha generado confusión y malestar dentro del organismo.

Fuentes internas citadas por medios estadounidenses señalan que la reestructuración se presentó como una medida de “optimización de recursos”, aunque sin una explicación clara sobre los criterios aplicados ni sobre el impacto a largo plazo en las operaciones críticas del organismo.

Mientras tanto, asociaciones de salud pública y exdirectivos de la entidad han expresado su preocupación por la pérdida de experiencia acumulada y por el deterioro de la moral interna de los equipos técnicos, precisamente en un contexto global en el que las amenazas sanitarias emergentes requieren coordinación y rapidez de respuesta.

La preocupación del sector alimentario

Varios expertos recordaron que la seguridad alimentaria depende de la continua vigilancia de los CDC, que rastrean brotes de salmonella, listeria o E. coli y coordinan medidas de control junto con la FDA y los departamentos de salud estatales. La salida de personal experimentado podría retrasar las investigaciones y reducir la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias.

El CIDRAP advirtió que la disminución del personal especializado “debilita la primera línea de defensa en la protección de los consumidores”. En un comunicado, la institución subrayó que el sistema de salud pública estadounidense necesita estabilidad y apoyo político sostenido para garantizar la seguridad del suministro alimentario y prevenir enfermedades que cada año afectan a millones de personas.

Reacciones políticas y administrativas

La Administración de la Casa Blanca ha defendido la medida como parte de un plan más amplio de “modernización y eficiencia gubernamental”, orientado —según voceros oficiales— a reducir costos y eliminar duplicidades burocráticas. Sin embargo, críticos afirman que la política de despidos en organismos científicos revela una falta de compromiso con la salud pública y la investigación aplicada.

Analistas recuerdan además los recortes anteriores en áreas sensibles como control de pandemias, cooperación internacional en salud y programas de prevención de enfermedades crónicas, tendencias que, según ellos, consolidan un cambio de prioridades hacia la desregulación y la reducción del gasto público.

Un organismo en reconstrucción

En las semanas posteriores a los despidos, varios de los puestos comenzaron a cubrirse con contrataciones temporales y outsourcing de servicios. Fuentes del propio CDC han indicado que, pese a los esfuerzos de reestructuración, las tareas de seguimiento de brotes alimentarios podrían experimentar retrasos significativos durante los próximos meses.

En el plano interno, también se teme que la falta de comunicación y de planificación afecte la confianza de los trabajadores que permanecen en la agencia. “Cuando no sabes si tu equipo seguirá existiendo la próxima semana, es difícil enfocarse en la ciencia”, declaró un investigador bajo condición de anonimato.

El peso simbólico de los CDC

Durante décadas, los CDC han representado la autoridad mundial en materia de vigilancia epidemiológica y respuesta sanitaria. Las críticas a su debilitamiento no son solo institucionales, sino simbólicas: señalan la erosión de una de las estructuras públicas más respetadas del sistema estadounidense de salud.

El caso ha reabierto un debate más amplio sobre el papel del Estado en la protección de la salud colectiva, la transparencia en las decisiones administrativas y la necesidad de un financiamiento sostenible para los organismos científicos y regulatorios.

En medio de la polémica, el mensaje del CIDRAP resuena con fuerza: la salud pública —y con ella la seguridad alimentaria— es un bien común que requiere visión a largo plazo, no ajustes coyunturales. Si los despidos en los CDC representan un precedente, el futuro de la política sanitaria estadounidense podría entrar en una etapa de incertidumbre que trasciende sus fronteras.

El Parlamento Europeo aprueba nuevas normas para reducir el desperdicio de alimentos

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a un ambicioso paquete legislativo destinado a reducir de forma significativa el desperdicio de alimentos en la Unión Europea. La medida, que forma parte del Pacto Verde Europeo y de la estrategia “De la granja a la mesa”, busca responder a un problema tanto ético como ambiental: cada año, cerca de 59 millones de toneladas de alimentos se tiran en la UE, lo que equivale a unos 131 kilos por persona.

Objetivos concretos para 2030

El texto aprobado fija metas obligatorias para los Estados miembros con horizonte en 2030:

Reducir en al menos un 30% el desperdicio per cápita a nivel minorista y de consumo (hogares, restaurantes, comedores colectivos y comercios).
Disminuir en un 10% el desperdicio en las fases de producción y procesamiento, es decir, durante la cosecha, el transporte y la transformación alimentaria.

Estos objetivos se alinean con los compromisos internacionales de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con la necesidad de transitar hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

Un problema con múltiples impactos

El desperdicio de alimentos no es solo un asunto de despilfarro económico —se calcula que representa un coste de 132.000 millones de euros anuales en la Unión—, sino también un factor ambiental clave. Los alimentos desperdiciados suponen el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la cadena alimentaria europea y presionan innecesariamente los recursos naturales: agua, suelo y energía.

Además, en un continente donde aún persisten bolsas de inseguridad alimentaria y millones de personas dependen de bancos de alimentos, el derroche adquiere una dimensión moral difícil de justificar.

Medidas de aplicación

Las nuevas normas no se limitan a fijar objetivos, también establecen mecanismos para alcanzarlos:

Sistemas de medición y reporte homogéneos en todos los Estados miembros para conocer con precisión las cifras reales de desperdicio.
Promoción de donaciones de alimentos a organizaciones sociales, con incentivos y eliminación de trabas legales.
Revisión de etiquetados, en especial del uso de las fechas “consumir preferentemente antes de”, que suelen generar confusión en los consumidores.
Fomento de la economía circular, impulsando la valorización de excedentes que no puedan destinarse al consumo humano, por ejemplo, para piensos animales o biogás.

Reacciones en Bruselas

La normativa ha sido recibida con amplio respaldo político, aunque no exenta de advertencias. Eurodiputados y organizaciones ecologistas celebraron la obligatoriedad de objetivos claros, recordando que hasta ahora la reducción del desperdicio quedaba en gran parte en manos de la voluntariedad de los Estados.

Las patronales de la industria alimentaria, por su parte, subrayaron que los plazos de adaptación exigirán inversión en tecnología, infraestructuras de conservación y rediseño de cadenas logísticas. No obstante, reconocieron que la medida puede generar ahorros a medio plazo y mejorar la eficiencia de todo el sector.

El consumidor, pieza clave

Los legisladores insisten en que gran parte del éxito dependerá de la conciencia ciudadana. Se estima que más de un 40% del desperdicio procede de los hogares: sobras mal gestionadas, planificación de compra deficiente o almacenaje inadecuado. Por ello, se prevén campañas de información para fomentar prácticas sencillas como planificar menús, aprovechar sobras, almacenar adecuadamente frutas y verduras o interpretar bien las etiquetas de caducidad.

Camino hacia un sistema alimentario sostenible

La aprobación de estas normas coloca a la Unión Europea en primera línea de la lucha global contra el desperdicio de alimentos. Con un horizonte claro para 2030, Bruselas apuesta por un cambio estructural que no solo reducirá emisiones y mejorará la seguridad hídrica y energética, sino que también pretende introducir mayor equilibrio ético en la relación entre producción y consumo de alimentos.

El desafío ahora será transformar un mandato político en cambios concretos en los campos, las fábricas, las tiendas y los hogares. La reducción del desperdicio alimentario no será inmediata, pero el paso dado por el Parlamento Europeo representa un giro decisivo en un tema que ya no puede esperar.

Las multas por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria solo suman 2,3 millones en casi tres años

En vísperas de cumplirse tres años desde que el Ministerio de Agricultura comenzó a hacer públicos los expedientes firmes por infracciones de la Ley de la Cadena Alimentaria, el balance económico es modesto: en dos años y nueve meses, la AICA ha aprobado casi 380 sanciones que suman algo más de 2,34 millones de euros. La multa media apenas supera los 6.200 euros y el “promedio diario” ronda los 2.300 euros, cifras que alimentan la sensación de falta de disuasión en el sector primario. (eldiario.es)

Calidad Pascual, entre las sanciones más altas del periodo

En el último listado trimestral publicado por la AICA figura la matriz de Leche Pascual, Calidad Pascual, con una sanción de 79.200 euros, una de las mayores entre las firmes divulgadas en este tiempo. Según la publicación de sanciones, la tipificación fue “no formalizar por escrito los contratos alimentarios”, una irregularidad que la propia AICA viene vigilando desde la reforma de la ley. (elespanol.com, eldiario.es)

El grueso de los incumplimientos: pagos tardíos y contratos mal hechos

El motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago: 30 días para productos frescos y 60 días para el resto. Le siguen, a bastante distancia, la ausencia de precio en los contratos y la falta de formalización por escrito. (eldiario.es, europapress.es)
La venta a pérdidas —el gran tótem que la reforma de 2021 quería desterrar— apenas aparece en los listados: hay casos puntuales como la cadena Dealz (39.600 €) o el mayorista Fertofrans (132.000 €), ambos excepciones en un mar de expedientes por pagos e irregularidades contractuales. (eldiario.es)

¿Sanciones disuasorias? El debate que no cesa

Organizaciones agrarias y productores comparten el objetivo de una cadena más justa, pero critican que la combinación de importes modestos y plazos largos (hasta que una sanción es firme) diluye el efecto ejemplarizante. El Congreso llegó a debatir reforzar la AICA con más “músculo” inspector y capacidades similares a las de la Agencia Tributaria; sin embargo, la propuesta decayó y el campo reclama más controles y multas más contundentes. (eldiario.es)

Quiénes reciben los castigos más altos

Aunque predominan las pymes de frutas, vino y aceite, también aparecen grandes marcas y distribuidores. Dia figura con un expediente de 100.000 euros por “resistencia u obstrucción” a la actuación administrativa, y el mayor castigo individual publicado hasta ahora corresponde a Limones Lázaro El Lurdo (138.006 €) por no formalizar por escrito los contratos. Ambos casos ilustran que los importes pueden escalar, pero son la excepción y no la regla. (eldiario.es, agrodigital.com, cincodias.elpais.com)

Qué exige la Ley desde 2021

La reforma de 2021 obligó a formalizar por escrito los contratos por encima de 1.000 euros, a detallar los elementos mínimos —incluido el precio o el mecanismo de formación del precio— y a registrar los contratos con productores primarios desde el 30 de junio de 2023. El Ministerio subraya que, además, se intensificaron los controles y crecieron las sanciones en 2023, aunque la mayor parte siguen vinculadas a los plazos de pago. (europapress.es, mapa.gob.es, aica.gob.es)

Un problema de fondo: la cultura de cumplimiento

El balance de 2,3 millones en casi tres años sugiere que la aplicación práctica aún cojea. Parte del problema es estructural (complejidad de la cadena, negociación asimétrica), y parte cultural: contratos incompletos, precios poco claros o pactos de palabra que la ley ya no tolera. La AICA insiste en la necesidad de cambiar hábitos, inscribir y documentar bien las operaciones y, por supuesto, pagar a tiempo. Sin ese giro, el impacto de la ley seguirá midiéndose más en boletines trimestrales que en una mejora real del reparto del valor. (aica.gob.es)

Metodología y notas

Las cifras agregadas (2,34 millones; ~380 sanciones; importes medios) proceden del análisis de los listados públicos de la AICA recopilados por elDiario.es para el periodo de dos años y nueve meses desde que se empezaron a publicar los expedientes firmes. (eldiario.es)
El caso de Calidad Pascual (79.200 €) se contrasta con la nota de Invertia/El Español, que cita la tipificación exacta del expediente (“no formalizar por escrito los contratos alimentarios”) en la publicación oficial de sanciones. (elespanol.com)

En resumen: la Ley de la Cadena ha elevado el listón formal —contratos escritos, precio claro y pagos en plazo—, pero los números delatan que el castigo económico aplicado hasta ahora no basta para enderezar del todo las malas prácticas. Mientras no se refuercen la inspección y los importes, seguirá habiendo quien vea en la multa un coste asumible más que una señal roja. (mapa.gob.es)

En Chile marcan con etiquetas los alimentos poco saludables

Desde el 27 de junio, todos los alimentos procesados que se vendan en Chile y tengan un alto contenido de sodio, azúcares, grasas saturadas o calorías, deben indicarlo con uno o más sellos en la cara frontal de su envoltorio.

La entrada en vigencia de la Ley de Alimentos busca mejorar la salud de la población y reducir las elevadas tasas de sobrepeso y obesidad, que llegan a 67 por ciento entre los adultos y 50 por ciento entre los escolares.

Los sellos de color negro advierten en letras blancas “ALTO EN” y el elemento presente en exceso. Estos “permiten distinguir con solo una mirada aquellos alimentos menos saludables y preferir los sin sellos o con menos sellos”, aconseja el Ministerio de Salud (Minsal).

Hoy, en los supermercados abundan los productos con uno o más sellos. Según la Asociación de Supermercados de Chile, la normativa llevó a etiquetar más de 10.000 productos, incluso varios que antes se promocionaban como saludables.

Pero la ley también logró que la industria alimentaria reduzca la cantidad de ingredientes críticos para esquivar uno o más sellos negros, especialmente en alimentos para niños.

Fuente: Alimentos poco saludables. Chile.

Representantes del sector agroalimentario exigen a la UE una política coherente y con base científica

Toca Comer. Representantes del sector agroalimentario exigen a la UE una política coherente y con base científica . Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana La plataforma ALIMENTOS CONCIENCIA celebró el pasado martes un desayuno de trabajo en el que representantes del sector agroalimentario han exigido a la Unión Europea (UE) una política coherente y con base en evidencias científicas. Productores agrícolas y ganaderos y responsables del comercio de materias primas han mostrado su preocupación por la peculiar situación regulatoria que viven los organismos modificados genéticamente (OMGs) en la UE.

Los miembros de la plataforma rechazaron tajantemente la iniciativa presentada por la Comisión el pasado mes de abril que permitiría a los Estados miembros la adopción de normas nacionales para restringir o prohibir por razones no científicas el uso de OMGs. Una propuesta demagógica, irresponsable e incoherente de la Comisión Europea, ya que va contra el impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico que la UE ha marcado entre sus prioridades en la Estrategia 2020.

La plataforma ALIMENTOS CONCIENCIA resaltó la incongruencia de esta propuesta y advierte de los graves efectos que podría tener en un mundo globalizado que cada vez necesita producir más alimentos. Durante el desayuno de trabajo, el estadounidense Wayne Parrott, Profesor del Departamento de Cultivos y Ciencias del Suelo de la Universidad de Georgia, recordó que aunque la gente crea que los alimentos que consumimos hoy han existido toda la vida, no es así.

En su exposición citó declaraciones del propio Darwin quien reconoció que el hombre ha alterado tanto las hortalizas que sólo un experto en botánica podría reconocer las variedades silvestres de las que proceden. “Todos los cultivos han sido modificados genéticamente. La modificación genética es una práctica muy antigua, y la ingeniería genética es tan sólo una subcategoría de estas modificaciones”, destacó el experto.

En su exposición, Wayne Parrott resaltó que pese al debate existente en la UE en torno a la biotecnología agraria, la realidad es que los transgénicos forman parte de nuestras vidas desde hace muchos años y son aceptados socialmente. La gran mayoría de la ropa está elaborada con algodón transgénico, al igual que los billetes de toda la zona euro. Otro buen ejemplo es la insulina, obtenida a través de procesos biotecnológicos.

Fuente: fundación Antama

Detenida por vender ‘quemagrasas’ con pesticida como adelgazante

Toca Comer. Detenida por vender ‘quemagrasas’ con pesticida como adelgazante. Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana

Un producto quemagrasas puede haber provocado lesiones neurológicas a siete personas, entre ellas dos menores de 14 y 17 años, en Cataluña. Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes a la mujer que lo comercializaba en Castelló d’Empúries (Alt Empordà). Se trata de las pastillas para adelgazar Thermatrim, distribuidas desde México como complemento alimenticio natural, pero que en realidad contienen pesticida. Su distribución es ilegal tanto en España como en el resto de Europa.

Los afectados padecen el síndrome de Guillain Barre, un trastorno neurológico sin cura que daña parte de los nervios, generando debilidad muscular y parálisis.

Los consumidores presentaban sudoración e hipertensión importantes y, de forma esporádica, síncope y problemas sensibilidad en las manos y en los pies. La agencia de Salud Pública de Catalunya avisó a través de su web de la peligrosidad de esas pastillas, que se vendían como complemento alimentario de una dieta, con la función de quemar grasas. Paralelamente, el ente público envió una muestra a la Agencia Española de Medicamentos y Productores Sanitarios. Después de varios meses de análisis, descubrió que contenían un pesticida muy tóxico. Durante la investigación, los distribuidores, la empresa NAN Laboratorios, cambiaron el nombre comercial del producto que ahora se conoce como Herion-Pura Alegría.

Fuente: ElPaís

Hostelería y comercio pierden al año € 1600 millones en hurtos

Toca Comer. Hostelería y comercio pierden al año € 1600 millones en hurtos. Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana

Las asociaciones que integran el comercio, la fabricación y la hostelería han analizado hoy en rueda de prensa en Madrid el impacto de la Reforma del Código Penal en los hurtos comerciales. Un problema de importante dimensión económica y social contra el que luchan desde hace años, y en el que legalmente se habían sentido desprotegidos.

La Reforma del Código Penal elimine el concepto de falta para tratar los hurtos como delitos leves y que la multireincidencia, la rotura de los dispositivos de alarma y seguridad y la autoría de grupo criminal no organizado se consideren agravantes en este tipo de prácticas

Las organizaciones han destacado también los elevados costes que tiene para las empresas combatir este tipo de acciones. Y es que a los más de € 1.600 millones que anualmente se pierden a causa de los hurtos hay que sumar las inversiones para protegerse de los hurtos comerciales, la dedicación de recursos humanos a gestionarlos, etc…

Se trata de un problema que resta competitividad a las empresas y reduce, por tanto, su capacidad de crecer y crear empleo. Por ello, el director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo , ha destacado “el esfuerzo conjunto del sector para reducir este tipo de prácticas y el hecho de que, con la Reforma, todo el hurto comercial se considere un delito y no una falta como sucedía hasta ahora”.

Por su parte, el director general de AECOC ha manifestado también que “el pequeño comercio va a obtener importantes ventajas de esta medida porque a menudo son quienes tienen mayores dificultades para poder invertir en la prevención de este tipo de prácticas”

Nuevos valores de referencia dietéticos para la vitamina A

El Panel de Productos Dietéticos, Nutrición y Alergias de EFSA ha establecido nuevos valores dietéticos de referencia para la Vitamina A, estableciendo las siguientes Ingesta de Referencia para la Población (PRI):

Hombres: 750 µg retinol/día
Mujeres: 650 µg retinol/día.
Población infantil: desde 190 µg retinol/día en niños de 7-11 meses hasta 580 µg retinol/día en varones de 15 a 17 años.
Embarazo y Lactancia: 700 µg retinol/día y 1300 µg retinol/día, respectivamente.

Para establecer estos valores, el Panel ha considerado unos niveles de 20 µgramos de retinol por gramo de hígado como los apropiados para mantener una adecuada concentración de retinol en plasma, para prevenir los signos clínicos de deficiencia de esta vitamina y para proporcionar unas reservas adecuadas. Por tanto, este valor es el que ha sido utilizado como referencia para establecer los requerimientos medios para todos los grupos de edad.

Enlace al dictamen: Scientific Opinion on Dietary Reference Values for vitamin A

El Bisfenol A, en dosis bajas, no representa ningún riesgo para la salud según la EFSA

Toca Comer. El Bisfenol A, en dosis bajas, no representa ningún riesgo para la salud según la EFSA . Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana

La EFSA (autoridad europea de seguridad alimentaria) ha realizado una nueva evaluación completa sobre la exposición al Bisfenol A (BPA) y su posible toxicidad en la cual ha concluido que en los niveles actuales de exposición, el BPA no representa ningún riesgo para la salud de los consumidores de todos los grupos de edades (incluyendo bebés, niños, mujeres embarazadas y personas mayores).

La exposición por medio de la alimentación o por intermedio de otras fuentes o combinaciones (alimentación, cosmética y papel térmico) es considerablemente inferior a los niveles que pueden declararse peligrosos, pues son una dosis diaria tolerable.

Sin embargo la EFSA ha reducido significativamente el nivel de exposición del BPA sin riesgos de 50 microgramos por kilo de peso al día a 5 microgramos por kilo de peso al día.

El BPA es un componente químico que se utiliza en la fabricación de material que está en contacto con alimentos, tales como vajillas reutilizables de plástico o el cubrimiento de botellas de conserva o de latas. El BPA es empleado comúnmente en el papel térmico que se utiliza en los tiques de cajas. Los residuos de BPA pueden migrar a los alimentos y a las bebidas y ser ingeridos por el consumidor.

En otras fuentes de contacto del BPA como el papel térmico o los cosméticos, pueden ser absorbidos por la piel o a través de la inhalación.

Ampliar en: ClubDarwin.NET

Lata virtual para explicar nuevo etiquetado

La Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) ha creado una nueva herramienta que hace más fácil al consumidor entender la información que incluye una etiqueta de acuerdo con el nuevo Reglamento Comunitario 1169/2011 que se aplica a partir del 13 de diciembre de 2014. Mediante una “lata virtual” a la que se accede desde la web de la Asociación se informa de forma innovadora, gráfica, intuitiva.

Investigados fabricantes de turrón por pactar precios

Toca Comer. Investigados fabricantes de turrón por pactar precios. Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente sancionador contra seis empresas por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del turrón. Las empresas son las propietarias de las marcas Delaviuda, El Lobo, 1880, Xixona, Picó y Enrigue Garrigós.

Según informa la CNMC en una nota, la Comisión ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley, sobre todo aquellas consistentes en “la fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de otras condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español”.

Estas conductas se consideran una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas investigadas.

Europa es líder en trazabilidad alimentaria

Toca Comer. Europa es líder en trazabilidad alimentaria. Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana

Se han evaluado las regulaciones sobre trazabilidad alimentaria de varios países del mundo, si se lleva a cabo un programa obligatorio para conocer la procedencia de los alimentos y su viaje a través de los distintos eslabones de la cadena alimentaria, si se cuenta con medios informáticos y electrónicos para los controles oportunos, si se especifica en las etiquetas alimentarias el origen y la información es comprensible para los consumidores, si el sistema de trazabilidad afecta al producto nacional y al procedente de la importación, etc. En base a los resultados y a la puntuación obtenida, se ha configurado una clasificación mundial en el que se muestra quién trabajan más por una trazabilidad alimentaria concisa y transparente.

Europa es el líder en trazabilidad alimentaria, tanto los países que forman la Unión Europea como los países que componen la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), formada por Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia. Tras la evaluación realizada, las mayores puntuaciones en trazabilidad alimentaria son para los países europeos, sus reglamentos abordan una amplia gama de alimentos y productos de origen animal, ya sean nacionales o de importación, por lo que se considera que son líderes a nivel mundial en trazabilidad alimentaria.

En el otro extremo del ranking nos encontramos a países como China, su sistema y legislación sobre trazabilidad está en fase de desarrollo y una buena parte de los alimentos no están regulados. Hay que decir que China ha anunciado que realizará los cambios oportunos en su legislación de trazabilidad alimentaria. Tras el liderato de Europa y por encima de China, encontramos un bloque de países cuyas reglas de trazabilidad no son tan exigentes como las europeas, aunque se está trabajando para mejorar la situación.

En este bloque de países a los que se les ha otorgado una puntuación media está formado por Japón, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Japón es un país en el que la trazabilidad de alimentos cárnicos sólo se aplica al producto nacional. En lo que respecta a otros alimentos, como por ejemplo el arroz, el gobierno ha anunciado la introducción de nuevas normas que permitan a los consumidores conocer su procedencia, sin embargo, queda pendiente la cuestión de la trazabilidad de los alimentos que se importan. Canadá es un país que trabaja para mejorar la trazabilidad de alimentos cárnicos a través de la identificación obligatoria del ganado, sin embargo, no se han realizado esfuerzos para crear un sistema nacional de trazabilidad que abarque más productos alimentarios.

Estados Unidos puede mejorar en trazabilidad gracias a la nueva Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, que tiene como objetivo mejorar la trazabilidad alimentaria en los alimentos básicos, pero el desarrollo de esta normativa se encuentra en sus primeras etapas y queda mucho por hacer todavía. Aunque cuenta con un buen sistema de requisitos de identificación y etiquetado de los productos alimenticios envasados, es uno de los dos únicos grandes países productores de carne de vacuno que no cuenta con la correspondiente identificación o sistema de trazabilidad del ganado a nivel nacional.

Países como Brasil, Australia o Nueva Zelanda, tienen un buen sistema de identificación y trazabilidad del ganado que se produce a nivel nacional, sin embargo, necesitan desarrollar y aplicar requisitos más concisos a otros alimentos que producen y a los alimentos que importan. En muchos casos no existe el sistema que permita realizar un seguimiento desde el lugar en el que se produce un alimento y hasta que llega a la mesa del consumidor.

En este informe sobre qué países aplican mejor las reglas de seguimiento de los alimentos se ha excluido a Rusia, la razón es que hay poca información disponible que permita determinar los requisitos y normas de trazabilidad con los que trabajan y por tanto y de momento, se excluye.

Fuente: Alimentariaonline.com