La adquisición de Monsanto por parte de Bayer en 2018 por 63.000 millones de dólares se ha convertido en uno de los capítulos más oscuros de la historia corporativa reciente. Lo que prometía ser la consolidación de un gigante agroquímico se transformó rápidamente en un laberinto legal sin precedentes, con más de 170.000 demandas acumuladas relacionadas con el herbicida Roundup y su ingrediente activo, el glifosato. Sin embargo, tras años de veredictos demoledores que arrasaron con el valor bursátil de la empresa alemana, un patrón emerge entre el caos: una estrategia jurídica metódica —basada en la preemption federal y la reducción de daños punitivos— está comenzando a demostrar ser la decisión acertada, aunque tardía, dentro de un océano de malas noticias judiciales.
El «mar de malas» decisiones al que hace referencia el contexto judicial es innegable. Entre 2018 y 2021, Bayer sufrió una serie de derrotas contundentes en tribunales estadounidenses que sacudieron sus cimientos financieros. El caso Johnson v. Monsanto resultó en un veredicto inicial de 289 millones de dólares —posteriormente reducido a 21 millones— por el linfoma no Hodgkin de un jardinero escolar californiano. Le siguió el caso Hardeman, con 80 millones de dólares, y el emblemático Pilliod, donde un jurado de California impuso una multa histórica de 2.000 millones de dólares a una pareja que alegaba haber desarrollado cáncer tras décadas de uso doméstico del herbicida. Estos fallos no solo representaban un costo económico potencial de decenas de miles de millones, sino que establecían un precedente jurídico peligroso: que la empresa había ocultado deliberadamente los riesgos cancerígenos de su producto estrella, contradiciendo la opinión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, que sostiene que el glifosato no es carcinógeno cuando se usa según las indicaciones.
Fue precisamente en este abismo donde Bayer tomó una decisión estratégica que, aunque controvertida, está demostrando ser la más acertada de su crisis: apostar decididamente por el argumento de la «preemption» federal y apelar agresivamente cada veredicto adverso. La preemption es un principio jurídico según el cual las regulaciones federales, en este caso las etiquetas aprobadas por la EPA, anulan las leyes estatales más estrictas. Bayer argumenta que, dado que la EPA no exige advertencias sobre cáncer en el etiquetado de Roundup —basándose en evaluaciones científicas que contrastan con la clasificación del glifosato como «probable carcinógeno» por parte de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC)—, no debería ser posible que jurados estatales impusieran responsabilidades por «fallas en la advertencia» que exceden lo requerido por la autoridad reguladora federal.
Esta estrategia comenzó a dar frutos significativos recientemente. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara en 2022 revisar el caso Hardeman, manteniendo el veredicto contra la empresa pero sin pronunciarse sobre la preemption, los tribunales de apelaciones inferiores han mostrado una mayor receptividad hacia los argumentos de Bayer. En 2023 y 2024, la empresa logró victorias cruciales en juicios posteriores donde jurados dictaminaron a su favor, contradiciendo la tendencia inicial de condenas automáticas. Más importante aún, varias cortes de apelación han reducido drásticamente los daños punitivos originales, aplicando el principio constitucional de que estas sanciones no deben ser «excesivas» en relación con los daños compensatorios. Lo que parecía una sangría jurídica interminable comenzó a mostrar signos de contención.
Paralelamente, Bayer ejecutó otra decisión acertada: el acuerdo masivo de 2020 por hasta 10.900 millones de dólares para resolver aproximadamente 100.000 demandas pendientes, combinado con la creación de un sistema de compensación independiente para futuros casos. Aunque costoso, este movimiento permitió a la empresa separar el trigo de la paja, distinguiendo entre demandantes con diagnósticos legítimos y una cadena de litigios potencialmente especulativos. Al hacerlo, Bayer logró estabilizar su cotización bursátil y recuperar algo de credibilidad ante los inversores, aunque el costo total de la adquisición de Monsanto ya supera los 20.000 millones de dólares en gastos legales y provisiones.
El contexto científico sigue siendo el campo de batalla subyacente. Mientras la IARC mantiene su clasificación de 2015, la EPA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la mayoría de agencias regulatorias nacionales sostienen que no existe evidencia concluyente de carcinogenicidad en humanos a días recomendadas. Esta disonancia regulatoria es precisamente el terreno donde la estrategia legal de Bayer cobra fuerza: si la ciencia es disputada y los reguladores competentes no exigen advertencias, ¿debe una empresa someterse a la jurisprudencia errática de jurados locales sin formación toxicológica?
Con todo, la «decisión acertada» no borra los errores previos. La debida diligencia previa a la compra de Monsanto fue claramente insuficiente, ignorando el tsunami legal que ya se vislumbraba con las primeras demandas presentadas antes de 2018. La arrogancia inicial de la dirección de Bayer, que minimizó los riesgos litigiosos, costó a los accionistas billones en valor de mercado. Sin embargo, la capacidad de la empresa para pivotar hacia una defensa jurídica basada en la coherencia regulatoria federal y la constitucionalidad de los daños punitivos representa un caso de estudio en gestión de crisis legales.
El legado de estos casos trasciende a Bayer. Establecen un precedente sobre hasta dónde pueden llegar las demandas por «falla en la advertencia» cuando entran en conflicto con regulaciones federales. Para la industria química y farmacéutica, la resolución final de estos litigios —que aún puede llevar años hasta agotar todas las apelaciones— definirá si el sistema legal estadounidense permitirá que la ciencia regulatoria prevalezca sobre el sensacionalismo judicial. En ese sentido, la apuesta de Bayer por la preemption no es solo una decisión empresarial acertada, sino una línea en la arena para el futuro de la regulación química global. En medio del naufragio legal, esa estrategia emerge como el único salvavidas sólido que la empresa ha encontrado.
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