Una de las últimas decisiones de Manuel Fraga como presidente de la Xunta tras perder las elecciones de 2005 fue la aprobación del Plan Acuícola de Galicia. Blindaba así, ante la inminente llegada al Gobierno gallego de la coalición de socialistas y nacionalistas, el proyecto de Pescanova en Cabo Touriñán (Muxía, A Coruña): una piscifactoría de 357.000 metros cuadrados en un paraje virgen de la Costa da Morte incluido en la Red Natura.
Fue la culminación de muchos años de estrecha amistad entre el fallecido dirigente del Partido Popular y Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951), el hombre que preside Pescanova desde hace 33 años, un personaje hasta ahora incontestable que vive sus horas más bajas.
La revelación de que De Sousa se embolsó 31,5 millones de euros mediante la venta de acciones en los meses previos a la entrada en preconcurso de acreedores, con el consiguiente hundimiento de los títulos, ha sido el último episodio del súbito descrédito de quien sigue siendo uno de los principales hombres de confianza del PP entre la clase empresarial de Galicia, herencia de la colaboración entablada en tiempos de Fraga.
Pero el apoyo inquebrantable se resquebraja, insostenible ya ante las crecientes sospechas de los artificios contables que han puesto a la compañía al borde del colapso. Hace apenas un mes, Feijóo insistía en la necesidad de contar “con la Pescanova de siempre”. Con inusitada tibieza, y en ausencia de Feijóo, de viaje por México, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se limitó el lunes a exigir “claridad” a la empresa sobre su situación real.
Ariete contra los rivales del PP
Fernández de Sousa ha sido tradicionalmente un aliado del PP en la política gallega, cuando no un ariete contra sus adversarios. Desde que el bipartito suspendió la planta de Touriñán, emprendió una guerra sin cuartel que escenificó con la creación de una piscifactoría en Portugal, gracias al apoyo del Gobierno luso en forma de 43 millones de euros.
Con inusitado apoyo mediático –De Sousa es patrono de honor de la fundación de Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, el periódico más vendido en la comunidad autónoma–, Pescanova presentó esa planta como una deslocalización forzada por la supuesta obstinación del Gobierno bipartito contra su proyecto en Muxía, que convirtió en asunto de Estado durante los casi cuatro años de mandato de Emilio Pérez Touriño.
Si en Touriñán la estrategia fracasó, en otros proyectos la presión del presidente de la compañía tuvó más éxito. Un ejemplo paradigmático es el de otra piscifactoría, en Mougás, en el Ayuntamiento de Oia (Pontevedra), autorizada en 2000 por una Consellería de Fraga, la de Pesca, en contra del criterio de otra, la de Política Territorial, que dictó en 2005 una orden de derribo. Un juzgado de Tui imputó a los dirigentes de la compañía por presunta prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.
Pese a carecer de la preceptiva autorización autonómica, no ajustarse a la licencia municipal, exceder en casi un 70% la ocupación máxima de la parcela y triplicar la edificabilidad, en julio de 2009 la Xunta de Feijóo no solo legalizó la planta, sino que autorizó su ampliación.
Contra Vigo y su alcalde
El intercambio de apoyos con el Gobierno de Feijóo fue especialmente notorio durante el tortuoso proceso de fusión de las dos cajas de ahorros de Galicia, que culminó con la completa desaparición de ambas. Con Galicia dividida entre el norte partidario de la integración y el sur que se resistía, desde Vigo –pero con apoyo mayoritario de Caixa Galicia, con sede en A Coruña–, De Sousa partió una lanza en favor de la fusión, para acusar de paso al alcalde vigués, el socialista Abel Caballero, de situarse “al borde del delito” con su resistencia.
Por aquel entonces, Caixanova contaba con el 5% de las acciones de Pescanova frente al 20% de Caixa Galicia, la gran interesada en la confluencia de las cajas. Feijóo ganó aquel pulso, pero de la caída de las cajas y su posterior desinversión en la compañía proceden muchos de los problemas que ahora atribulan a su presidente.
El entendimiento de De Sousa con el Partido Popular se extendió a múltiples instituciones, no solo la autonómica. La afinidad con Rafael Louzán, presidente de la Diputación y del PP en Pontevedra, se resume en la Medalla de Oro que la institución provincial le concedió en 2007 en contra del criterio de la oposición.
En Vigo, el máximo responsable de Pescanova se ganó en 2004 el favor del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Julio Pedrosa, un histórico del PP local, para desarrollar un gran puerto deportivo en la falda del monte de A Guía que hizo desaparecer una playa. Sin permiso municipal de ningún tipo, ocupó un cortafuegos vecinal para el paso de camiones y paralizó durante años un paseo marítimo. Las obras dañaron el colector submarino que suministra de agua potable a la comarca de O Morrazo, cuya reparación corrió a cargo de la Xunta. Y sobre el relleno levantó sin permiso tres naves y un restaurante de lujo, construcciones sobre las que pesan sendas órdenes de demolición.
Pero si algún hito crucial existe en la colaboración entre De Sousa y el partido que ha gobernado Galicia 20 de los últimos 23 años, ese hay que situarlo en 1995, cuando la Xunta de Fraga firmó un contrato programa con Pescanova con una aportación 42 millones de euros de la época para blindar a la compañía del intento de compra por la multinacional angloholandesa Unilever. La empresa seguiría en Vigo, y al frente de ella, Manuel Fernández de Sousa, un buen amigo del partido.
