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Internet puede reducir un 30% los gastos de las administraciones públicas españolas

Las Administraciones Públicas españolas podrían reducir sus gastos entre un 27 y un 32 por ciento si utilizasen todo el potencial de Internet y las nuevas tecnologías, según un estudio que está preparando la fundación del PSOE, IDEAS, y que se dará a conocer después del verano.

Este dato lo adelantó hoy el director de IDEAS, Carlos Mulas, durante el acto ‘Gobierno abierto, transparencia y participación’, en el que se puso como ejemplo el proyecto del Gobierno vasco ‘Irekia’ que permite a los ciudadanos acceder a información, enviar propuestas y hacer trámites con la administración autonómica.

Mulas precisó que este ahorro de gastos, que oscilaría ligeramente en función del ritmo de aplicación de las nuevas tecnologías, se lograría principalmente informatizando procesos y, al mismo tiempo, coordinando las distintas administraciones –con iniciativas como el expediente sanitario único para toda España– y, por otro lado, usando Internet para mejorar la interacción con los ciudadanos, lo que agilizaría los procesos legislativos.

Por su parte, la secretaria de Innovación del PSOE, María González, subrayó que la puesta en marcha del gobierno electrónico «abierto» requiere una inversión económica pequeña pero «muy rentable en materia ciudadana y de eficiencia». A su juicio, hay que aprovechar la actual crisis para promover un «cambio de mentalidad» para hacer una administración «abierta» a la participación de los ciudadanos.

Además, los responsables socialistas destacaron que una administración transparente y que da acceso a la información pública «dinamiza» la economía porque allana el camino y da oportunidades de negocio a la empresa privada.

En la clausura del acto, el ex ministro y vicepresidente ejecutivo de IDEAS, Jesús Caldera, destacó el potencial de Internet para «controlar» a los gobiernos durante los más de 1.400 días que separan unas elecciones de otras y avisó además que, en un «contexto de crisis y de austeridad» como el actual, el control y la transparencia del gasto público cobran «especial relevancia» para los ciudadanos.

Para Caldera, el derecho a acceder a la información pública es «esencial» en las sociedades democráticas, y también para «luchar contra la corrupción» y lograr «eficiencia en los recursos económicos». «Necesitamos que los gobiernos de todo tipo sean más transparentes y que acepten y sean permeables a las demandas de los ciudadanos», añadió.

En este sentido, González confió en que el Gobierno apruebe de manera «inminente» su llamada Ley de Transparencia y en que ésta sea una «ley valiente» que dé amplio acceso a la información de todas las administraciones.

No obstante, la directora de Irekia, Nagore de los Ríos, subrayó que esta ley será un «apoyo» a las administraciones públicas, pero que su retraso «no es una disculpa» para que las administraciones no vayan avanzando en transparencia. Es más, advirtió de que, incluso cuando la ley esté lista, algunas administraciones «no lo van a estar».
«La ley es imprescindible, pero también hace falta voluntad y tejer complicidades», resumió González.

«Para el ‘gobierno abierto, el acceso a la información tendría que estar superado, hablamos de ir un paso más allá: partiendo de la información, lograr participación y colaboración», añadió.

Fuente: Yahoo Noticias

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Enlaces relacionados con internet:

–   Apuntes Informática Aplicada a la Gestión Pública. Capitulo 8, Internet

–   Actualidad informática: Internet

–   La web de Maco048. Noticias Criminología:  Internet

Los ciudadanos podrán usar software libre en sus trámites electrónicos con las Administraciones Públicas

Esta es una de las principales novedades que incluye este proyecto de Ley después de que la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso aprobase el dictamen de este proyecto, que pasa ahora al Senado. El dictamen contó con los votos favorables de todos los partidos excepto de CiU, que votó contra la parte relativa a las competencias autonómicas y se abstuvo en el resto, y del PP, que se opuso a algunos aspectos relacionados con los «estándares libres», por los que los ciudadanos podrán utilizar el programa que deseen para sus trámites telemáticos con la Administración.

La diputada socialista Lourdes Muñoz explicó a los medios que con el uso de estándares libres se pretende que no haya discriminación hacia el usuario que elija un software libre y así evitar los monopolios de las principales compañías informáticas. Por ello, las administraciones utilizarán estándares libres y, cuando no les sea posible, tendrán sistemas que los ciudadanos usen de forma generalizada, para evitar imponer al usuario un determinado programa.

La futura ley prevé también que las tres administraciones tendrán que garantizar la «interoperabilidad» entre los sistemas que manejen, de modo que las gestiones que se hagan en un ámbito sean comprensibles y válidas en otro. Para ello, explicó el director general de Modernización Administrativa, Juan Miguel Márquez, se creará un Esquema Nacional de Interoperabilidad. Además, la futura ley incluirá una definición del estándar abierto, algo que, en el conjunto de la legislación europea, sólo Francia ha hecho con anterioridad.

El diputado del PP José Ignacio Echániz, que se dijo a favor de los principales aspectos de la ley, mostró sin embargo sus reticencias a los estándares libres, por entender que el texto «olvida a las empresas» de este sector.

Otra de las novedades es la creación de la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica, que velará por el cumplimiento de los derechos que la ley reconoce a los ciudadanos.

Durante el debate de la comisión, la diputada Isaura Navarro, de IU, celebró que las enmiendas hagan que la ley quede «ampliamente mejorada», porque supone «una clarísima apuesta» por los estándares abiertos y el software libre. En el mismo sentido se pronunciaron Francisco Rodríguez, del BNG y Luis Ayllón, de ERC. El diputado de CiU Josep Maldonado explicó que su partido comparte el objetivo de la ley, pero considera que el texto «va más allá» porque la Administración General del Estado «vulnera» las competencias de las comunidades autónomas. Sin embargo, el ponente socialista Joan Carles Corcuera aseguró que el texto es «escrupuloso» con las atribuciones que en esta área tienen las comunidades y las corporaciones locales.

Fuente: EFECOM

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