La web de Maco048. Criminología

En una sentencia pionera, tras la denuncia de la Junta ante la negativa de los padres, antepone el derecho a la salud del resto de alumnos al derecho a la integridad física que alegan los progenitores contrarios a la vacuna.

Un juez de Granada ha tenido que ordenar la «vacunación forzosa» contra el sarampión de 35 alumnos de un colegio de la capital, cuyos padres mantenían desde hace dos meses una resistencia férrea a que sus hijos recibieran la dosis de inmunidad «por razones ideológicas», según fuentes de la Consejería de Salud.

Es la primera vez en España que un tribunal obliga a vacunar a unos niños en contra del criterio de sus padres. La sentencia superpone el derecho colectivo de la «salud pública» al de la integridad física de los niños, aceptando que en este caso concreto se dan los únicos atenuantes en los que puede relegarse un derecho fundamental protegido por la Constitución: «que exista un fin constitucionalmente legítimo», «que esté amparado en la ley» y que haya «razones de urgencia y necesidad».

Los colectivos y movimientos contrarios a la vacunación, la mayoría de las veces con argumentos imposibles de sostener por la evidencia científica, producen un grave perjuicio a la sociedad. Muchas veces son responsables, en parte, del descenso de las tasas de vacunación que desencadenan la aparición de brotes de enfermedades fácilmente prevenibles. En los últimos años, estamos asistiendo a la reaparición del sarampión, acompañado de sus complicaciones, no solo en España, sino en los países de nuestro entorno. En el año 2011 se produjeron más de 30.000 casos de sarampión en Europa, con 9 muertes en niños pequeños, que se podrían haber evitado si no hubiera descendido en los últimos años el número de personas vacunadas.