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La Colombia de Álvaro Uribe

Hay un país sudamericano donde están censados 32000 desaparecidos, más que la suma de todas las víctimas de todas las dictaduras del continente juntas. La mayor parte de esos muertos, que ahora aparecen en enormes fosas comunes, fueron asesinados por grupos paramilitares tolerados y muchas veces dirigidos desde el Gobierno (…) Hay en ese mismo país cerca de cuatro millones de desplazados y, de colofón, un puesto de honor para la historia: ese Estado puede presumir de que acumula el 60% de todos los sindicalistas asesinados en todo el mundo durante el año pasado.
A qué país se refiere el párrafo anterior, ¿será el Chile de Pinochet?, ¿la Argentina de Videla?, ¿la Cuba castrista?… No. Se trata de la Colombia de Álvaro Uribe.
Pero los medios de información convencionales jamás han tildado a Uribe de gorila, ni califican al Estado colombiano de régimen bananero… Pero Venezuela y Chávez, Ecuador y Correa o Bolivia y Morales sí son ejemplos de países de vergüenza y de presidentes bananeros…

Curioso… Y repugnante.

ENLACE al texto entrecomillado, en ESCOLAR·NET.

Fuente: Im-Pulso
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Enlace relacionado:
La web de Maco048. Noticias criminología: Colombia

Nueva generación de paramilitares en Colombia

Una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes en Colombia ha reemplazado a las organizaciones paramilitares de derecha que se desmovilizaron en 2006, afirma un centro de investigación en ese país.

El informe elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, encontró que estos nuevos grupos al margen de la ley han superado a los rebeldes de izquierda como los principales actores violentos.

Según el reporte, están presentes en 29 de los 32 departamentos de Colombia.

El estudio de Indepaz está basado en su propia investigación de campo, así como en datos tomados de las agencias del gobierno y de los medios.

La desmovilización del grupo paramilitar de derecha, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en 2006 es considerada como uno de los principales éxitos del otrora presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el pasado agosto.

Sin embargo, Indepaz asegura que más de diez nuevas organizaciones -que denomina narcoparamilitares- rápidamente llenaron el vacío dejado por las AUC en gran parte del territorio nacional.

Sin agenda política

Con nombres como las Águilas Negras y Rastrojos, éstos combinan el control de la producción y exportación de cocaína con violencia extrema, aunque sin una clara agenda política.

Indepaz estima que podrían llegar a tener hasta 13000 miembros.

Jeremy McDermott, de la BBC en Colombia, explica que el tráfico de cocaína sigue siendo el principal motor del conflicto armado en el país, financiando a los grupos armados ilegales con cientos de millones de dólares.

Las AUC fueron conformadas por terratenientes y capos de la droga para enfrentar a los grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

También estaban involucradas en el tráfico de drogas y perpetraron innumerables violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.

Más de 30000 paramilitares fueron desmovilizados y muchos de sus líderes extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico durante la presidencia de Uribe.

No obstante, el proceso legal de esta demovilización ha sido criticado por haber permitido a los culpables eludir el castigo por crímenes de lesa humanidad.

Fuente: BBC MUNDO

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Enlaces relacionados:

–  La web de Maco048. Noticias criminología: Colombia

–  Política de paz en Colombia

–  La web de Maco048. Noticias criminología: Terrorismo

Los parapolíticos y los crímenes de lesa humanidad

Cuatro años después del destape de la parapolítica, los procesos dan un vuelco y ocho ex congresistas condenados tendrán ahora que responder por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo llegó la Corte a esta decisión?

Muchos parapolíticos creyeron que purgar  una pena de cinco a nueve años por concierto para delinquir por sus nexos con los paramilitares sería el único crimen por el que tendrían que responder ante la justicia.

Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar a ocho parapolíticos por crímenes de lesa humanidad abre un nuevo episodio del escándalo de las alianzas entre políticos y las Auc.

La Sala Penal abrió investigación preliminar contra Jorge de Jesús Castro Pacheco, Dieb Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento.

Según estadísticas de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre la ‘parapolítica’, dentro de estos procesos se abrieron investigaciones a 107 parlamentarios y ex parlamentarios, entre los que hay 33 presos por orden de la Corte  Suprema de Justicia; 15 han sido condenados hasta el momento, en tanto que se siguen indagaciones a 420 políticos locales, como alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, entre otros.

Esta no es la primera vez que la Corte Suprema establece que la justicia debe investigar a políticos por crímenes de lesa humanidad (masacres, desplazamientos, robos de tierras, desaparición) que cometieron los paramilitares.

El primer paso en este sentido se dio cuando el ex presidente de la Corte, Augusto Ibáñez sugirió en noviembre pasado “aplicar al proceso de Justicia y Paz un estándar internacional a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. También hay que adoptar una postura sobre los aparatos de guerra siguiendo estos estándares. La postura además insta el gobierno para que en el concepto sociológico e histórico se convoque una comisión de la verdad” (Ver artículo: Corte Suprema pide creación de Comisión para la Verdad paramilitar).

En la providencia, el concepto de “aparato militar” incluye ex paramilitares pero también a todo aquél que por acción, complicidad u omisión colaboraron con las autodefensas, y en esta categoría también entrarían los políticos, militares, funcionarios y empresarios que colaboraron con grupos armados.

Así la decisión abrió la vía para que los ‘parapolíticos’ no sólo sean juzgados por concierto para delinquir sino también por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada e incluso narcotráfico, entre otros crímenes.

“Si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito”, sostuvo en ese momento Ibáñez.

La primera jurisprudencia sobre este tipo de proceso fue la que sentó la condena de Salvador  Arana, ex gobernador de Sucre, a 40 años de cárcel por el asesinato de Edualdo Díaz, ex alcalde de El Roble (Ver sentencia contra Salvador Arana).

El ex gobernador fue condenado porque se demostró que se alió con paramilitares para asesinar a Díaz, después de que éste denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Uribe, que recibió amenazas de ‘paras’. Díaz aseguraba que Arana y los ‘paras’ estaban defraudando el erario en Sucre.

En ese momento la Corte estableció que además del concierto para delinquir, Arana también había sido responsable de los crímenes que cometieron los paramilitares siendo él gobernador.

Nuevamente, en la sentencia contra Álvaro ‘El Gordo’ García, ex Senador, condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo  y del homicidio de una maestra de escuela que era testigo electoral en 1997, así la Corte estableció que el político de Sucre no solo fue responsable del delito de concierto para delinquir (Ver sentencia contra ‘El Gordo’ García).

Por eso no fue extraño que la Corte, en la sentencia contra Álvaro Araújo Castro, ordenara a la Fiscalía que reabriera el caso por el secuestro del político cesarense Víctor Ochoa Daza, cometido por paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ el 13 de enero de 2002. Para el Alto Tribunal el secuestro del Ochoa Daza, Araújo presuntamente logró beneficiarse políticamente (Ver sentencia contra Álvaro Araújo).

En la sentencia queda claro que la Corte además de condenar a Araújo por concierto para delinquir, también dijo que el ex congresista “hacía parte de estructura criminal” por lo cual también “debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal”

Ahora, la última decisión que tomó la Corte de abrir una investigación contra los parapolíticos fue la condena Jorge Castro Pacheco en mayo de 2010 quien está pagando siete años de prisión por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ (Ver sentencia contra Castro Pacheco).

En esa sentencia la Alta Corte ratifica el hecho de que Castro Pacheco hacía parte de la organización criminal y como tal, abrió espacios para que los ‘paras’ pudieran aplicar su estrategia de tomarse todas las instancias de poder.

Por eso la Corte concluye que Castro Pacheco también debe responder por los crímenes de los ‘paras’ y ordena compulsar copias para que se investigue a  Castro Pacheco junto a Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento porque se beneficiaron de pactos políticos con ‘Jorge 40’.

Artículo completo en:  Semana.com (Colombia)

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Enlaces sobre Colombia:

Calculan en 150000 los casos de ejecuciones extrajudiciales por los paramilitares en Colombia

La fiscalía “afirma que la exploración en 400 municipios bajo influjo paramilitar arroja 300000 denuncias referidas a 150000 ejecuciones extrajudiciales”, dijo el coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el sacerdote Javier Giraldo.

El religioso advirtió de que dicha cifra contrasta con los datos que arrojan las confesiones de los pocos paramilitares que han rendido versiones libres ante la entidad judicial.

Los ultraderechistas “se refieren a 30000 crímenes de ejecución extrajudicial”, señaló Giraldo durante una intervención ante el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, que se reúne en Bogotá.

El encuentro, que concluye este viernes, reúne desde el miércoles a unos 400 delegados de 27 países de África, América, Asia y Europa, convocados por una coalición de nueve ONGs de España, Guatemala y Colombia.

“La fiscalía afirmó recientemente haber exhumado 2828 cadáveres de 2.316 fosas, habiendo sido identificados y entregados a sus familiares 721 restos óseos”, dijo Giraldo.

El jesuita observó que, también de manera reciente, se ha denunciado que en la localidad de La Macarena (sur) existe “una sola fosa con más de 2.000 cadáveres sepultados clandestina e ilegalmente por el Ejército”.

La fiscalía, continuó, también “afirma haber abierto 50000 expedientes por desaparición forzada desde finales de los años ochenta, la mayoría de ellos inactivos”.

La época mencionada coincide con la reunión de los grupos paramilitares en la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disolvió a mediados de 2006 con el desarme de más de 31000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Además, la Fiscalía General ha informado de que investiga más de 2000 casos de víctimas de “falsos positivos”, como se conoce en Colombia el asesinato de civiles por militares que los presentan como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.

“No se puede afirmar, desgraciadamente, que la sociedad colombiana esté conmocionada por estas evidencias”, se lamentó Giraldo, quien criticó que los medios masivos de comunicación de su país asignen a estas informaciones un espacio “enormemente inferior” al que dedican a los deportes, la farándula o la delincuencia común.

El responsable del Banco de Datos del Cinep dijo que esto “no es desgraciadamente una novedad”.

También señaló que “desde hace muchos años los medios masivos dedican muchas horas a la semana a darles la palabra a las familias de los secuestrados por la guerrilla, cuyo número se calcula hoy, con cifras del mismo Gobierno (…), en 66 casos”, más no se le da la difusión correspondiente a los casos de ejecuciones extrajudiciales, dijo luego.

En estos mismos medios “no se dedica ningún espacio a las familias de los desaparecidos ni de los masacrados ni de los privados injustamente de su libertad”, enfatizó el sacerdote jesuita.

Fuente:   Yahoo NOTICIAS

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Aumentó la violencia contra los indígenas de Colombia

Según denunció el último informe presentado ayer por la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, hubo un aumento en los ataques contra las comunidades indígenas a lo largo y ancho de Colombia en 2009, caracterizado por homicidios, secuestros, abusos sexuales contra mujeres, reclutamiento de niños como soldados, persecuciones contra dirigentes y desplazamiento forzoso.

La organización culpó a las fuerzas armadas, grupos paramilitares y grupos guerrilleros por los abusos, mientras que apuntó a las autoridades colombianas denunciando su poco interés para investigar estos crímenes.

El conflicto armado interno en Colombia ha tenido en los pueblos originales un impacto profundo y destructivo. Según el informe presentado por Amnistía Internacional, en 2009 al menos 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas fueron víctimas de homicidios, a la vez que miles de ellos fueron desplazados internamente ese año. Estos datos se suman a los ya dados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual reveló que entre 2002 y 2009 más de 1400 aborígenes fueron asesinados, 90 secuestrados y 195 desaparecidos.

Las cifras son escalofriantes. Pero lo que más preocupa es que guerrilla, paramilitares y fuerzas de seguridad del gobierno colombiano forman parte de una tríada que amenaza con la destrucción de los pueblos nativos. “Los indígenas sufren cada vez más ataques en Colombia. Se les está matando y amenazando, se les está obligando a participar en el conflicto armado y se les está echando de sus tierras”, afirmó el investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional, Marcelo Pollack. “Ya es hora de que el gobierno de ese país asuma seriamente sus obligaciones y actúe de inmediato para proteger a los pueblos indígenas. Si no lo hacen, existe un riesgo real de que muchos de ellos desaparezcan”, aseguró Pollack.

Colombia cuenta con uno de los legados indígenas más diversos del mundo. De acuerdo con el censo de 2005, 1,4 millón de indígenas viven en ese país, lo que representa un 3,4 por ciento de su población total.

El informe de Amnistía Internacional reveló que la supervivencia de 32 comunidades indígenas está gravemente amenazada por las consecuencias del conflicto armado y la falta de apoyo estatal.

Varios grupos aborígenes viven en zonas de importancia estratégica para las partes en conflicto, en las que actúan la guerrilla de las FARC y el ELN, grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes, además de las fuerzas de seguridad colombianas. Así, las comunidades quedan atrapadas por los intereses en torno de su ocupación.

“El desplazamiento es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los indígenas. A menudo viven en zonas de intensa actividad militar y ricas en biodiversidad, minerales y petróleo, por lo que corren especial peligro de desplazamiento forzado”, relata el documento al tiempo que destacan las cifras de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según la cual los indígenas constituyen el 7 por ciento de los desplazados en este país.

Las etnias indígenas no sólo sufren del abandono de sus tierras. Comunidades enteras han sido confinadas al aislamiento debido a la presencia de minas terrestres colocadas por grupos armados en los alrededores, lo cual dificulta la provisión de alimentos y medicinas indispensables. Asimismo, los conflictos armados han afectado el acceso a las zonas de caza y pesca, lo que llevó a un aumento del índice de desnutrición entre los indígenas. La ocupación de sus escuelas por grupos de fuerza y su utilización como bases militares, impidiendo a las comunidades el acceso a la educación, también fue denunciado en el documento.

En tanto, el informe de Amnistía Internacional fue rápidamente desestimado por el gobierno colombiano. El documento parte erróneamente asegurando la existencia de un “‘conflicto armado interno’ y de paramilitares, minimizando el hecho de que los pueblos indígenas han sido despojados y asesinados por la guerrilla de las FARC y las bandas criminales emergentes”, aseguró el ministro del Interior, Fabio Valencia, a través de un comunicado. “No reconoce los logros de este gobierno con los pueblos indígenas de Colombia”, sintetizó el funcionario.

Los 40 años de conflicto armado en Colombia han afectado a millones de personas en todo el país, dejando un saldo de decenas de miles de muertos, torturados y víctimas de desaparición forzosa. La inmensa mayoría de las víctimas de estos abusos han sido civiles.

Fuente: elpolvorin

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Cultivo y procesado de cocaína en Colombia

Matthew Bristow pasó dos años documentando la industria de la cocaína en Colombia. En la primera parte de sus documentales entrevista a los campesinos y ve de cerca su batalla contra el gobierno determinado a eradicar los cultivos, su relación con la guerrilla y paramilitares, y muestra de manera sencilla como se fabrica la cocaína en Colombia que llega a Europa y de que esta hecha.

Pulsa aquí para acceder al vídeo

Fuente: guardian.com.uk
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Enlaces relacionados con Colombia:

Paramilitares colombianos desmovilizados confesaron unos 30500 asesinatos

Ex integrantes de grupos paramilitares colombianos confesaron haber cometido 30470 asesinatos, como parte del proceso de desmovilización, que les otorga beneficios judiciales si admiten sus crímenes, informó este martes a EFE la Fiscalía de este país.

En un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía se recogen estas confesiones desde el inicio de las gestiones de este órgano, en agosto de 2006, hasta el 31 de diciembre de 2009.

De acuerdo con el informe, difundido este martes por algunos medios colombianos, 4.112 ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconocieron su responsabilidad en esos más de 30000 asesinatos cometidos entre la década de los ochenta, momento en el que surgieron estos grupos, y el momento en que se desmovilizaron, a partir de 2003.

Además, el reporte indica que 2.520 personas, de las que al menos 2500 eran civiles, fueron víctimas de desaparición forzada por parte de estos grupos de extrema derecha antes del año 2005 y confirma la participación de los paramilitares en más de 1.000 masacres en contra de campesinos y dirigentes comunales.

La Fiscalía tiene la misión de comprobar que dichos delitos fueron cometidos realmente, y hasta diciembre de 2009 ha verificado la comisión por parte de ex paramilitares de 485 masacres, 11797 homicidios, 1412 desapariciones forzadas, 1093 reclutamientos de menores, 392 secuestros y 623 extorsiones.

La Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2003, es el marco jurídico por medio del cual el Estado colombiano otorga beneficios judiciales a los miembros de cualquier grupo armado ilegal que se desmovilicen, confiesen sus delitos y acepten reparar a sus víctimas.

Entre 2003 y 2006 más de 31000 paramilitares de las AUC se desmovilizaron tras llegar a un acuerdo con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe y, de éstos, unos 4000 están siendo procesados en el marco de Justicia y Paz.

Tras las capturas, extradiciones y entrega de las armas de algunos líderes paramilitares, quedaron los mandos medios, que, según las autoridades de ciudades como Medellín, son los responsables de los repuntes de violencia registrados en el último año.

Además, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch han denunciado recientemente que los nuevos grupos criminales surgidos en Colombia de la desmovilización de las AUC siguen cometiendo graves atrocidades y tienen presencia en gran parte del país.

Fuente:  UltimasNoticia.com.ve

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Noticias sobre Colombia:

“Sí, la violé. ¿Y? ¡Demándeme!” (Colombia)

La firma de inmunidad para los estadounidenses, por parte del Estado colombiano, es impunidad para los violadores… Uno de los violadores gringos le dijo a la madre de la niña violada: “Sí la violé. ¿Y? ¡Demándeme!… a nosotros no nos pueden hacer nada”… Ya van decenas de casos (conocidos) de niñas colombianas violadas por marines USA…en la impunidad.

La lucha de clases en Colombia está en el paroxismo más absoluto. Para preservar los privilegios de la oligarquía, y sobre todo el saqueo de los recursos que perpetran las multinacionales, el Estado colombiano ha implementado la guerra total contra la población: usando la Estrategia paramilitar y el Terrorismo de Estado, para desplazar a millones de personas, y acallar la reivindicación social. La última fase a la que asistimos horrorizados es la implantación de más bases USA en Colombia: 7 bases militares Usa más, que van a agredir aún más al pueblo colombiano, y a cimentar una posición geoestratégica en la región andino-amazónica.

La guerra en Colombia tiene un origen social y económico

Mujeres Colombianas rechazamos las bases de USA

Ante el saqueo y la correlativa represión por parte de las oligarquías, el Estado y las multinacionales, el pueblo colombiano ha resistido durante decenios. Las guerrillas nacieron por la necesidad del pueblo de salir del empobrecimiento, y ante la imposibilidad de reivindicar por la justicia social sin hacerse asesinar por el Estado o sus fuerzas Paramilitares (en los años 1940- 1960, los paramilitares masacraban campesinos para ensanchar los latifundios de la oligarquía, eran llamados los “pájaros”, y ya en aquella época trabajaban con la coordinación del ejército oficial de Colombia, y financiados por multinacionales, oligarcas, y con dinero público).

Durante decenios, el Estado colombiano, en vez de acceder a negociar una reforma agraria, y otros cambios estructurales en la sociedad (el reclamo de la guerrilla es reforma agraria y justicia social) ha preferido profundizar la guerra. Esta opción de profundizar la guerra ha sido una constante actitud de los diversos gobiernos de Colombia, siempre al servicio de los intereses de las multinacionales y la oligarquía, y bajo las directrices de Estados Unidos. La CIA, con formadores estadounidenses y del Mossad, ha implementado en Colombia la Estrategia paramilitar a gran escala. La herramienta paramilitar es utilizada por el Estado y el gran Capital privado para inyectar terror en la población, y paralizar así la reivindicación social, por ello usan métodos horrendos como el desmembramiento público de sus víctimas, para lograr aterrorizar a los supervivientes (1) y (2).

Ahora el gobierno de Colombia le ha dado la venia a USA para instalar 7 bases estadounidenses en Colombia. ¿Y qué más neocolonialismo que un gobierno que ha firmado con USA un tratado según el cual los nacionales de USA no podrán ser perseguidos ante el TPI (Tribunal penal internacional), por sus crímenes cometidos o a cometer en Colombia?

El Terrorismo de Estado en Colombia ha desplazado a más de 4 millones de personas mediante los militares y la Estrategia paramilitar. El Terrorismo de Estado en Colombia ha asesinado a todo un partido político: la Unión patriótica: más de 5000 militantes asesinados por el brazo paramilitar del Estado, o por sus cuerpos oficialmente asumidos. El terrorismo de Estado en Colombia ha encarcelado a más de 7.500 personas, criminalizando la reivindicación social. El Terrorismo de Estado en Colombia ha desaparecido a más de 50.000 personas. Se acaba de descubrir en Colombia la mayor fosa común de la historia reciente del continente, una fosa en la que el ejército colombiano ha estado enterrando personas desde el 2005 hasta hoy: ya se han contado 2000 cadáveres (3). Y es ese Estado Terrorista, quién llama a los marines para ayudarlo a luchar contra el “terrorismo”… es el mundo al revés. Neocolonialismo y Expolio. (4)

A continuación el video “Corriendo Bases”, de Botero y Telesur, que habla de las bases USA, a través de la trágica historia de las violaciones perpetradas por los marines USA en Colombia.http://www.youtube.com/watch?v=FXBw8LbRsT4

El video relata la historia de una niña violada por marines USA, que se la llevaron a la fuerza aérea de Melgar, en una camioneta con placas de la embajada de Estados Unidos: allí la violaron, filmaron un video, y la tiraron “como un perro”, testimonia su madre. La firma de inmunidad para los estadounidenses, por parte del Estado colombiano, es impunidad para los violadores… Uno de los violadores gringos le dijo a la madre de la niña violada:

“Sí la violé. ¿Y? ¡Demándeme!… a nosotros no nos pueden hacer nada”… Ya van decenas de casos (conocidos) de niñas colombianas violadas por marines USA…en la impunidad.


NOTAS:

(1) matar picando campesinos vivos: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3525024

(2) ‘H.H’ confiesa más de 3000 asesinatos; será extraditado para callar los nombres de autores intelectuales http://www.kaosenlared.net/noticia/paramilitar-confiesa-mas-3000-asesinatos-sera-extraditado-para-callar-

(3) http://www.lahaine.org/index.php?p=42954

(4) http://www.kaosenlared.net/noticia/democracia-colombia-bases-militares-usa-neocolonialismo-expolio

Fuente: la haine.org

Bajo licencia Creative Commons

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Violencia de nuevos paramilitares en Colombia

La violencia parece no tener fin en Colombia. En un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW), la organización denunció la existencia de “abusos graves y generalizados” perpetrados por nuevos grupos armados considerados los sucesores de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La ONG criticó asimismo la gestión del presidente Alvaro Uribe por “no haber abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema, fracasando en hacer un esfuerzo serio en romper los vínculos, denunciar y castigar”. Ante las críticas, el gobierno colombiano salió a controlar los daños inmediatamente, calificando al informe de “mentiroso y basado en especulaciones.”

“Entre 2003 y 2006 Colombia implementó un proceso de desmovilización de la violenta coalición armada AUC. Según el gobierno, el proceso fue exitoso y desde entonces han afirmado en varias oportunidades que ya no existen paramilitares en su país. Sin embargo poco después de la desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo Colombia que continuaron con la actividad delictiva, logrando un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en el país”, reza la introducción del informe presentado ayer en Bogotá “Herederos de los Paramilitares: La nueva Cara de la violencia en Colombia”.

Tras dos años de trabajo de campo, el informe de 126 páginas describe la brutal participación de estos nuevos grupos armados en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones y extorsión, generando un clima de constante amenaza en cada una de las comunidades bajo su influencia. Su presencia se extiende a prácticamente todo el país, habiéndose confirmado su actividad en 24 de los 32 departamentos colombianos.

“El gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo para proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes”, señaló de manera crítica el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. “Estas bandas son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos que operan bajo el mismo patrón. Casi todos sus líderes eran mandos medios de las AUC que no se desmovilizaron o cometieron fraude con ese proceso. Muchos fueron contratados para hacerse pasar por paramilitares y los verdaderos mantuvieron intactas sus estructuras”, indicó el responsable de la organización defensora de los derechos humanos.

Los nuevos grupos armados han logrado instalarse tanto en zonas rurales como en urbanas, destacándose el caso particular de Medellín, que sufrió un incremento del ciento por ciento en el número de homicidios durante el último año. De acuerdo con la policía nacional colombiana, el número de integrantes armados rondaría los 4000 miembros nucleados en ocho organizaciones diferentes. Sin embargo, HRW advirtió que algunas estimaciones llevarían esa cifra a los 10.000 integrantes. Estas bandas, con nombres como Aguilas Negras, Rastrojos o Los Paisas reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación, aseguró el dossier.

Información completa en:  Página12

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Colombia, el país más peligroso para los sindicalistas con 40 asesinatos en 2009

Ex paramilitares colombianos afirman que el Ejército ordenó matar a menores

Tres ex paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) admitieron este miércoles que un capitán del Ejército ordenó matar a dos menores de edad para eliminar a los testigos de la conocida como la matanza de San José de Apartadó.

El integrante del Frente Héroes de Tolová de las AUC Henry De Jesús Palomino ha admitido que la matanza fue perpetrada por un comando conjunto de paramilitares adscritos a la Brigada 17 del Ejército y un grupo de paramilitares. “Los paracos iban adelante y el Ejército iba atrás”, explicó, informó la emisora Radio Caracol.

“Iban 60 paracos y se cogieron a los tres civiles y se les obligó a decir dónde estaba la guerrilla, se trataban de ahogar para que hablaran y no querían decir nada, en últimas una muchacha dijo que ellos sí venían escoltados por la guerrilla. Las tres personas, civiles, fueron asesinadas allí mismo por el comandante JL, a machete”, explicó el ex paramilitar al prestar declaración ante la Fiscalía.

Palomino admitió que “sólo sobrevivieron dos niños como de 3 o 4 años” que “fueron cogidos por las autodefensas y entregados a los soldados”, tras matar a sus padres.

“Luego vino un comandante del Ejército, no recuerdo su nombre, y le entregó los dos niños a los ‘paracos’ y le dijo a un comandante de los paracos llamado ‘Pirulo’ que matara a los niños”, continuó. Los niños fueron asesinados por dos reclutas de las autodefensas, explicó.

El también ex integrante de las AUC Francisco Javier Galindo Martínez declaró a la Fiscalía hace ahora dos semanas que fue el capitán del Ejército Guillermo Gordillo como la persona que ordenó degollar a los menores de edad tras sobrevivir la matanza.

“Gordillo mandó ejecutar a los niños porque esos niños más tarde iban a causar problemas, nosotros estábamos aquí atrás cuando él dio la orden, nosotros escuchamos por radio, nosotros estábamos atrás en la tropa”, aseguró Galindo en su declaración.

La declaración de otro ex paramilitar, Rober Darío Muñoz, también dejan entrever la negativa del capitán a dejar con vida a los menores. “Incluso yo fui uno de los que les propuse que yo me hacía cargo de los niños, y que si querían me devolvía y al menos buscáramos una casa civil donde pudiéramos dejarlos o entregarlos al gobierno a una familia o algo. El señor del Ejército le dijo a otro comandante que no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando”, explicó.

10 MILITARES IMPUTADOS

Estos testimonios serán claves para que la Justicia colombiana determine si hay que condenar a un coronel y otros nueve efectivos del Ejército colombiano, imputados como responsables de la matanza de ocho personas perpetrada en el municipio del estado de Antioquia el 21 de febrero de 2005 y cuyo juicio comienza este miércoles.

Además del teniente coronel Orlando Espinoza Beltrán, están imputados por la matanza el mayor José Fernando Castaño López, los tenientes Alejandro Jaramillo Giraldo y Edgar García Estupiñán, así como los suboficiales Ángel María Padilla Petro, Zabarain Cruz Reina, Henry Agudelo, Guasamayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia y Darío José Brago Agámez.

Fuente:  europa press

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El alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas

Durante los últimos tres años, las investigaciones adelantadas en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han empezado a demostrar una nueva dimensión de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las estructuras paramilitares, que confirman los nexos del Estado colombiano y el paramilitarismo, tal y como se ha reiterado en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH- que ha declarado la responsabilidad del Estado Colombiano por violación a la Convención Americana . Estas recientes investigaciones visibilizan el alcance del paramilitarismo en la rama legislativa y como su accionar responde a una política sistemática y planificada desde los más altos niveles del Estado con el objetivo de consolidar un proyecto político y económico para los intereses de élites locales, nacionales y transnacionales.

El presente texto pretende dar cuenta del contexto y desarrollo de estas investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, además de la existencia de diferentes aspectos que los han afectado como la renuncia de los congresistas a su fuero como parlamentarios, las maniobras para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, la dilación de los procesos investigados por la Fiscalía General de la Nación, las amenazas en contra de los testigos de cargo, las extradiciones de los principales jefes paramilitares y los hostigamientos a la Corte Suprema de Justicia, entre otros aspectos. Igualmente, presenta un balance de condenas y absoluciones proferidas hasta la fecha de esta publicación. Por último, se incluyen como anexos los resultados de un seguimiento y recopilación de artículos de prensa de los procesos judiciales que se han desarrollado desde el mes de septiembre del año 2006 en contra de 133 congresistas y ex congresistas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.

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Anexo I
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Anexo II

En 2005 el alcance del paramilitarismo como proyecto nacional dentro de la legislatura comenzó a evidenciarse a partir de la afirmación realizada por el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien dijo que el 35 % de los miembros del Congreso eran ‘amigos’ [1], afirmación que después fue ratificada por el jefe paramilitar José Vicente Castaño Gil [2]. Luego, ante los medios de comunicación en 2008, Mancuso aseguró que más del 50 % del Congreso colombiano tenía nexos con el paramilitarismo [3]. Aunque no es objeto de este estudio, es importante recordar que estas alianzas entre funcionarios públicos y el paramilitarismo no se han limitado a miembros del congreso, sino también a otros servidores públicos locales [4]–funcionarios municipales y departamentales, alcaldes, concejales y diputados, que pertenecen a los mismos movimientos políticos de los congresistas investigados– hasta altos funcionarios del Gobierno actual [5] y la misma elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, como fue confirmado por los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y Salvatore Mancuso Gómez, alias “Santander Lozada”, entre otros [6].

Durante los últimos tres años al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo, lo que pone de presente el alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas [7]. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria [8], 50 actualmente están detenidos [9], 42 renunciaron a su fuero como congresista [10], 18 están en etapa de juicio [11], 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada [12] y siete fueron condenados [13]. Por ejemplo, casi la totalidad de los miembros del Partido Colombia Democrática en el Congreso, fundado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, según su página oficial [14], tiene investigaciones abiertas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo [15], o el hecho de que los presidentes y directivos de los principales partidos uribistas tienen presuntos nexos con la estructura paramilitar, como son Álvaro Araújo Castro de Alas Equipo Colombia, Mario Uribe Escobar de Colombia Democrática-, Luís Humberto Gómez Gallo del Partido Conservador, Luís Alberto Gil Castillo de Convergencia Ciudadana, Carlos Armando García Orjuela del Partido de la U y Dieb Nicolás Maloof Cuse de Colombia Viva [16].

En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en marzo de 2009, la Fundación Nuevo Arco Iris presentó una información confirmando que entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular habían sido tomados por la estructura paramilitar. “De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política”, aseguró León Valencia, director de Nuevo Arco Iris [17].

Además por lo menos 11 de los reemplazos de los congresistas investigados por sus nexos con paramilitarismo a su vez enfrentan procesos en su contra por sus propios presuntos nexos con estas mismas estructuras, lo cual evidencia que nunca desarticularon estos lazos entre el Congreso y el paramilitarismo y en cambio se han mantenido vigentes hasta el día de hoy [18]. Tampoco se han tomado las medidas necesarias para evitar que en las próximas elecciones legislativas familiares o aliados políticos de estos congresistas aspiren a curules y mantengan estas alianzas con organizaciones criminales. Según informó la Revista Cambio, el 13 de agosto de 2009, existen múltiples casos en este sentido, incluyendo Arlet Casado de López (esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales), Araceli Olivares de Morris (esposa del ex representante Erick Morris Taboada), Teresa García (hermana del ex senador Álvaro García Romero), Hernando De La Espriella Burgos (hermano del ex senador Miguel Alfonso De La Espriella Burgos), Francisco Jattin Corrales (hermano de la ex representante Zulema Jattin Corrales) y Raimundo Méndez Bechara (heredero político del ex senador Reginaldo Montes), entre otros [19].

Ver informe completo y anexos en:  Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

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El espeluznante testimonio del “paramilitar” colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), da cuenta de las atrocidades a que son sometidos hombres, mujeres y niños colombianos por ese engendro (el paramilitarismo)de la oligarquía “santanderiana” del que forma parte “El narcotraficante no 82” Álvaro Uribe Velez, socio de Manuel Rosales en los planes de magnicidio contra el p

El espeluznante testimonio del “paramilitar” colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), da cuenta de las atrocidades a que son sometidos hombres, mujeres y niños colombianos por ese engendro (el paramilitarismo)de la oligarquía “santanderiana” del que forma parte “El narcotraficante no 82” Álvaro Uribe Velez, socio de Manuel Rosales en los planes de magnicidio contra el presidente Chávez.

La narración es copia textual, tal y como aparece en la Web del “Partido Liberal. Colombiano”: www.partidoliberal.org.co

“Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), uno de los autores de la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, recibió este tipo de entrenamiento en el mismo lugar en el que le enseñaron a manejar armas y a fabricar bombas caseras.

Hoy, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, Villalba ha descrito detalladamente, durante largas indagatorias, cómo aplicó esta instrucción.

“A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia, donde quedaba el campo de entrenamiento”, dice en su relato a la Fiscalía. Allí, su jornada empezaba a las 5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de altos mandos, como ‘Doble cero’ (Carlos García, asesinado por ‘paras’ del Cacique Nutibara).

Villalba asegura que para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían durante las tomas de pueblos vecinos. “Eran personas de edad que las llevaban en camiones, vivas, amarradas”, describe.

Las víctimas llegaban a la finca en camiones carpados. Las bajaban del vehículo con las manos amarradas y las llevaban a un cuarto. Allí permanecían encerradas varios días, a la espera de que empezara el entrenamiento.

Luego venía “la instrucción de coraje”: repartían a la gente en cuatro o cinco grupos “y ahí la descuartizaban”, dice Villalba en la indagatoria. “El instructor le decía a uno: ‘Usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando’. Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo”.

De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran sacados en ropa interior. Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones:

“Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia”.

Villalba describe el proceso: “A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos”.

El entrenamiento lo exigían, según él, para “probar el coraje y aprender cómo desaparecer a la persona”.

Durante el mes y medio que Francisco Villalba dice que permaneció en el curso, vio tres veces las instrucciones de descuartizamiento.

“Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los alumnos se negó. Se paró ‘Doble cero’ y le dijo: ‘Venga, que yo sí soy capaz’. Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos”.

Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan que enterraron a más de 400 personas.

Fuente: Aporrea

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El espeluznante testimonio del “paramilitar” colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), da cuenta de las atrocidades a que son sometidos hombres, mujeres y niños colombianos por ese engendro (el paramilitarismo)de la oligarquía “santanderiana” del que forma parte “El narcotraficante no 82” Álvaro Uribe Velez, socio de Manuel Rosales en los planes de magnicidio contra el presidente Chávez.

La narración es copia textual, tal y como aparece en la Web del “Partido Liberal. Colombiano”: www.partidoliberal.org.co

“Francisco Enrique Villalba Hernández (alias ‘Cristian Barreto’), uno de los autores de la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, recibió este tipo de entrenamiento en el mismo lugar en el que le enseñaron a manejar armas y a fabricar bombas caseras.

Hoy, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, Villalba ha descrito detalladamente, durante largas indagatorias, cómo aplicó esta instrucción.

“A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia, donde quedaba el campo de entrenamiento”, dice en su relato a la Fiscalía. Allí, su jornada empezaba a las 5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de altos mandos, como ‘Doble cero’ (Carlos García, asesinado por ‘paras’ del Cacique Nutibara).

Villalba asegura que para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían durante las tomas de pueblos vecinos. “Eran personas de edad que las llevaban en camiones, vivas, amarradas”, describe.

Las víctimas llegaban a la finca en camiones carpados. Las bajaban del vehículo con las manos amarradas y las llevaban a un cuarto. Allí permanecían encerradas varios días, a la espera de que empezara el entrenamiento.

Luego venía “la instrucción de coraje”: repartían a la gente en cuatro o cinco grupos “y ahí la descuartizaban”, dice Villalba en la indagatoria. “El instructor le decía a uno: ‘Usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando’. Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo”.

De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran sacados en ropa interior. Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones:

“Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia”.

Villalba describe el proceso: “A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos”.

El entrenamiento lo exigían, según él, para “probar el coraje y aprender cómo desaparecer a la persona”.

Durante el mes y medio que Francisco Villalba dice que permaneció en el curso, vio tres veces las instrucciones de descuartizamiento.

“Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los alumnos se negó. Se paró ‘Doble cero’ y le dijo: ‘Venga, que yo sí soy capaz’. Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos”.

Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan que enterraron a más de 400 personas.

Fuente: Aporrea

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“Llegaron 500 paramilitares a la aldea, que se halla en territorio de la guerrilla. Mataron a muchachas, chicos, hombres y mujeres. No se nos permitió recogerlos y los perros se comieron los cadáveres. Ahorcaron a algunos niños y mutilaron sus órganos sexuales. Violaron a muchas mujeres”.

“Un grupo de hombres armados nos echó abajo la puerta de casa mientras dormíamos. Ataron a mi padre a una silla. Me abrieron de piernas y me ataron una pierna a un armario y otra a la cama. Nos violaron a mi hermana y a mí”.

Son dos de los brutales testimonios recogidos en un informe, publicado ayer, de la organización Intermón-Oxfam, que denuncia cómo todos los grupos armados del conflicto colombiano utilizan la violencia sexual como un arma de guerra con total impunidad.

“El Gobierno colombiano ha negado y silenciado este delito”, dijo la investigadora Paula San Pedro, autora del informe.
Persistente negación

“La persistente ocultación y negación de este delito por parte del Estado ha permitido perpetuar un entorno de impunidad en el que este tipo de delitos ni se investigan ni enjuician, ni se castigan a los responsables”, señala el informe.

El documento resalta cómo, lejos de ser esporádica, la violencia sexual es una práctica “sistemática y generalizada” que ha pasado a formar parte del conflicto armado.

San Pedro explicó cómo “las mujeres son un blanco en el conflicto y son violadas para causar el terror en las comunidades, provocar la huida de la población y conseguir objetivos estratégicos y militares”, uno de los factores que define en el derecho penal el uso de la violencia sexual como arma de guerra.

“Todos los grupos armados cometen estos abusos: paramilitares, Ejército y guerrilla”, señaló por su parte la directora de Estudios de la ONG, Irene Milleiro. Pero la falta de visibilidad y la impunidad han normalizado la práctica, condenando a miles de víctimas al olvido. La invisibilidad es tal, subraya Intermón, que no es posible decir cuántas mujeres han sufrido alguna modalidad de violencia sexual en cinco décadas de conflicto armado. No hay cifras oficiales al respecto.
Sólo 20 investigaciones

La periodista colombiana Jibeth Bedoya, que fue secuestrada y agredida sexualmente hace nueve años, citó estimaciones de varios estudios que cifran entre 12.000 y 14.000 el número de mujeres víctimas de violencia sexual en los últimos diez años en el marco del conflicto.

“Sólo hay 20 casos denunciados por las víctimas ante la Fiscalía. La desproporción es devastadora”, dijo Bedoya.

A falta de avances por parte de la justicia colombiana para juzgar las violaciones de guerra, pronto será posible recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI). Colombia firmó una moratoria de siete años cuando firmó el Estatuto de Roma que creó el tribunal. “Esa moratoria, no renovable, termina el próximo noviembre y a partir de ahí la CPI podrá investigar los crímenes de guerra que en adelante se comentan en Colombia”, señaló Milleiro.

“Tengo esperanza de que esto se mueva en la CPI”, agregó Bedoya, víctima ella misma de la impunidad. En 10 años de investigación de su agresión, ninguna persona ha sido llamada a declarar, ni siquiera como testigo.

Fuente: Público.es
Bajo licencia Creative Commons

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Los ojos de Jineth Bedoya se iluminan cuando narra sus vivencias como periodista. Ha cruzado fronteras oculta en un maletero, ha sobrevivido a bombardeos en la jungla, se ha colado en medio de un motín en una cárcel de alta seguridad. “En cada viaje descubro tanto drama y conozco a tanta gente linda… Es maravilloso contar historias únicas”, confiesa esta colombiana de 35 años sobre la mesa de un modesto restaurante de comercio justo en el centro de Madrid. Porque esta profesión es su pasión, tuvo que arrinconar el peor de sus recuerdos como reportera durante nueve años y cuatro meses. El tiempo que ha pasado desde el día que fue secuestrada, torturada y violada.

“La decisión de venir a Europa a contar mi caso ha sido una de las más difíciles de mi vida”, afirma cuando llegan los postres, después de relatar aventuras de vértigo. “Hace tres meses, recibí la visita de unos delegados de Intermón Oxfam que me invitaron a presentar su campaña contra la impunidad de los crímenes sexuales cometidos por los grupos armados en Colombia. Les contesté que no. No quería revivir aquello, estaba olvidado y nadie me lo mencionaba. Pero cuando se marcharon, pensé en las miles de campesinas que han sido violadas y que no denuncian a los culpables porque lo consideran algo deshonroso. Pensé que era el momento de hablar”.

En los noventa, Jineth cubría la información carcelaria en La Modelo de Bogotá, uno de los penales más peligrosos del mundo. Era la única mujer periodista que se adentraba por sus corredores y además de los frecuentes tiroteos y las corruptelas, quiso sacar a la luz el lado humano de aquel inframundo. Consiguió que su jefe le permitiera emitir una cuña en la radio en la que trabajaba por entonces. “Done un lápiz para que los presos aprendan a escribir”, pedía ella en antena. Esperaba reunir cien y recibió más de 6.000.

También creó el primer periódico escrito por los propios reclusos. Se llamaba Periódico Libre y se publicó durante tres años. En el consejo editorial se sentaban paramilitares, guerrilleros, violadores, ladrones y ella. “Poner orden era difícil y yo sabía que algunos estaban armados. Lograr que la primera edición saliera fue gratificante y para ellos, una experiencia única. Hacían las fotos, entrevistaban a sus compañeros”, recuerda. A estas alturas se ha olvidado por completo de su leche asada. “Conseguí ganarme su respeto. Era la única mujer con la que trataban. Me veían como la mamá, la hermana, la novia. En cierto modo idealizaban en mí lo que no podían tener”.

El 25 de mayo de 2000 a las 10.30 tenía una cita en una celda con un paramilitar. La drogaron y durante 16 horas abusaron de ella con la complicidad de los guardianes. “Me pusieron una nueve milímetros en la sien. Cuando a una la agreden sexualmente lo que desea es que la maten”. A pesar de que hay pruebas, la Fiscalía no ha imputado a los autores. En Colombia estos crímenes son vistos como delitos de segundo orden. “Por eso espero que esta campaña también ayude a resolver mi caso. ¿De qué me vale ser una periodista respetada si no obtengo justicia?”

En los días que guardó reposo le llegaron muchos mensajes de apoyo del Gobierno, de políticos y ONG. Al recordarlo, Jineth se echa a llorar. “Una de las cartas era un dibujo que habían hecho los presos, con un ramo de flores y la firma de todos”.

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

Terroristas de Colombia han de devolver 13000 niños que están en sus filas

De no hacerlo podrían enfrentar un proceso en la Corte Penal Internacional, advirtió el sábado el ex congresista Jimmy Chamorro.

Es en noviembre cuando vence la reserva que Colombia interpuso cuando aceptó en 2002 la competencia de la Corte Penal Internacional.

Esa reserva aplazaba la entrada en vigencia de la competencia de la CPI para conocer de crímenes de guerra cometidos en Colombia, como una forma de facilitar acuerdos en el marco de una posible negociación de paz.

Si los grupos armados colombianos, “a partir del primero de noviembre siguen reclutando menores y la justicia colombiana no los procesa, la CPI entrará a perseguirlos”, explicó Chamorro a periodistas.

Según cifras de Unicef, al menos 13000 menores hacen parte de las filas de los grupos armados, que en amplias zonas rurales de Colombia practican una norma según la cual cada familia debe entregar un hijo para contribuir a la guerra.

La mitad de los reclutamientos de menores son atribuidos a la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la principal organización armada ilegal del país.

Chamorro anunció que el lunes se iniciará una campaña con una marcha que recorrerá durante cerca de dos meses 24 de los 32 departamentos de Colombia, para promover que los grupos armados reintegren a los menores.

El Congresista dijo que ya hay organizaciones internacionales que han expresado su interés de llevar ante la CPI el caso de los niños colombianos integrados en los grupos armados.

Fuente: ELTIEMPO.com (Colombia)

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Los paramilitares de Colombia reconocen que asesinaron a más de 21000 personas

Los ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han reconocido ante la Fiscalía que asesinaron a 21.979 personas en Colombia en los últimos 22 años, así como el secuestro de 648 colombianos y 1.493 extorsiones.

Estos datos forman parte de un informe elaborado por la Unidad de Justicia y Paz que fue enviado hace dos semanas a varios funcionarios colombianos, informó este lunes la emisora local Caracol Radio que tuvo acceso a ese documento.

Los paramilitares desmovilizados también confesaron haber reclutado a 1.020 menores de edad y haber participado en la desaparición forzada de 1.776 personas. Asimismo, se comprometieron a confesar 368 episodios de desplazamientos masivos en varias poblaciones del país.

La Fiscalía, sin embargo, hasta el momento sólo ha logrado comprobar que estos rebeldes cometieron 5.808 asesinatos, 968 desapariciones forzadas, reclutaron a 380 menores, fueron responsables de 425 extorsiones y 132 secuestros.

Estas declaraciones fueron hechas por los ex paramilitares que en los últimos años se han entregado ante la justicia colombiana en el marco de la Ley Justicia y Paz que promete ciertos beneficios legales a los miembros de las AUC que se entreguen y confiesen los crímenes cometidos.

Por otra parte, el informe de la Unidad de Justicia y Paz indicó que la Fiscalía hasta el momento ha localizado 2.329 cadáveres exhumados de 1.906 fosas comunes. De ese grupo, 535 han sido entregados a sus familiares, mientras que unos 636 cuerpos no han podido ser identificados.

Noticia completa en:  EuropaPress

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Política de paz en Colombia (Marisol Collazos)

– Los menores hijos del conflicto… los desplazados (Marisol Collazos)

Para no ser víctima de un estafador, piense antes de actuar. Caso Fiscalía de Colombia

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