En la denuncia aparece la noticia «Así entiende la Democracia el PP: “Acude SI o SI al acto de campaña…te recordamos que está ya el 2º Plan de Empleo”», así como varios ‘tweets’, pero sólo denuncian a Menéame.
Parte de la respuesta de Menéame se muestra seguidamente:
Por lo anteriormente expuesto,
En Menéame hay un debate acerca de la veracidad de los mensajes del PP –se da tanto en el envío que provocó la denuncia como en la noticia de la denuncia.
No corresponde a los representantes legales de Menéame investigar los hechos para decidir qué hacer con el envío; nosotros nos limitamos a mantener el lugar en marcha y trabajar en favor de la libertad de expresión en armonía con el resto de derechos fundamentales. En Menéame, las conversaciones de los usuarios y sus averiguaciones, –expresadas en votos y comentarios– indican la credibilidad de cualquier información. Fuera de Menéame son los periodistas y bloggers quienes tienen que investigar y defender la veracidad de lo que publican.
Ampliar en: menéame blog oficial
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Un año después de que fuera difundida la ¿noticia? de que el Gobierno de Venezuela facilitaba las relaciones FARC-ETA y auspiciaba el entrenamiento de guerrilleros y etarras en territorio venezolano [campaña antichavista made in Spain and Colombia que fue construida en base a un auto emitido por el juez Eloy Velasco, de la Audiciencia Nacional] resulta que todo ha sido poco menos que una desventurada confusión, un error…
Mejor dicho, todo ha sido fruto de una compleja maraña de suposiciones e interpretaciones torticeras, entre las que abundan las de origen político-partidario, aunque disfrazadas de rigurosa información periodística.
En ese sainete desinformativo también han jugado un papel fundamental dos factores:
* Las complicidades de las que se beneficiaba el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, especialista en poner en marcha todo tipo de intoxicaciones, y
* El empeño de demasiados medios y periodistas en criminalizar al Gobierno de Venezuela, utilizando incluso rumores, medias verdades y acusaciones sin pruebas.
El monumental enredo ha sido relatado con clarificador acierto por Adolfo Mena, cuyo texto ha reproducido REBELIÓN; ver: «Al juez Velasco se le cae la causa contra Remedios García y contra el Gobierno de Venezuela«.
Ocasión pintiparada para recordar que Raúl Reyes, el guerrillero de las FARC abatido en Ecuador en una operación del ejército colombiano, fue recibido por el presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana (PP), en el año 2000, recepción en la que también participó un representante del Gobierno colombiano.
[Por aquel entonces el presidente de Colombia era Andrés Pastrana, que intentaba alcanzar acuerdos con las FARC y las bandas paramilitares para poner fin a la guerra civil que se vive en el país desde hace casi medio siglo. Pero en el 2002 Pastrana fue relevado por Uribe, antiguo amigo de Pablo Escobar, que apostó por la violencia… Y el ejemplar Uribe se ganó el apoyo de todos los amigos de enlodar la vida política de Colombia, de Ecuador, de España, de Venezuela y de donde sea preciso]
Por cierto, amable lector o lectora, ¿cuántos medios han informado de que ese episodio novelesco-judicial ha quedado en nada?
La ¿noticia? del contubernio Venezuela-FARC-ETA saltó a primera plana y mereció decenas de páginas y cientos de minutos en radio y TV. Ahora, consumado el fiasco, el asunto apenas ha merecido un breve suelto en prensa y sendas cuñas radiofónica y televisiva…
En fin, otro éxito de los mass media.
«Para que el partido de la corrupción y la mentira (PP) no vuelva al Gobierno.» – Leo Bassi
Mi único deseo es que el Partido Popular no gane las próximas elecciones. Pienso que el PP no tiene ninguna solución para los graves problemas económicos de España porque es precisamente su modelo económico basado en el dinero fácil del ladrillo y los negocios turbios organizados entre amigos, lo que nos ha llevado a esta crisis. Además, por sus pactos con la derecha católica y sus ambigüedades a la hora de defender los principios de un estado laico, pensamos que una victoria electoral del Partido Popular podría perjudicar mucho al desarrollo cultural y económico del país, llevando España atrás en el tiempo. Desde el derecho al aborto, hasta el matrimonio gay y el reconocimiento de la libertad de elegir su orientación sexual es todo una visión moderna de la sociedad que peligra. Por último, su política de privatizaciones salvajes creará una sociedad donde la desigualdad entre clase social en el campo de la sanidad, la educación y muchos otros servicios sociales va a empeorar dramáticamente.
Por todas estas razones, pido la gente de buena voluntad de ayudarme a impedir la vuelta al poder de este partido.
– Historias de corrupción.
– Abusos de poder de todo tipo.
– Ejemplos de doble moralidad.
– Utilización de encargos políticos o empresas públicas para favorecer a amigos y parientes.
– Evasión fiscal.
– Violaciones del principio de separación entre el Estado y la Iglesia.
– Acumulación injustificada de bienes inmobiliarios y de riquezas en general.
– Comportamientos anti-éticos con subordinados.
Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Palma de Mallorca, Valladolid, Santander, Granada, Alicante, Canarias (y básicamente cualquier otro lugar con informaciones jugosas).
Los argumentos que me interesan son la Gürtel, TeleMadrid, PP de Valencia, Faes, etc.
PPLeaks no tiene apoyo de ningún partido político y estoy abierto a todas las corrientes ideológicas desde el momento que se respeta los principios de un estado de derecho, laico, democrático y que garantice todas las libertades individuales.
Quiero unirme a todas las personas sinceras que huyen de la hipocresía y la mentira. Busco gente honesta que no acepta vivir en una sociedad dominada por el cinismo del pode
Vivimos en un mundo dominado por los medios de comunicación y, por eso, quiero ser muy ingenioso a la hora de difundir las informaciones que me podéis proporcionar. Esto significa, de un lado, trabajar con los mejores periodistas del campo político que me ayudaran a difundir las noticias pero voy a utilizar, también, métodos no convencionales (Bassibus, eventos, aciones en TV) para ser lo más eficaz posible en influenciar la opinión publica. Caso por caso, estudiaré la mejor estrategia para divulgar lo que me podéis revelar y estoy abierto a cualquier consejo… ¡Podemos hacerlo juntos! La única cosa que importa es que el Partido Popular no vuelva al poder.
Mis acciones no están remuneradas por nadie y no puedo (y no quiero) ofrecer dinero para obtener informaciones. Las personas que colaboraran conmigo lo hacen por razones altruistas y nuestro único deseo es defender y fortalecer el laicismo en nuestra sociedad.
Acceso a la página PPLeaks
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Enlaces relacionados con el Partido Popular (PP)
Baltasar Garzón, con un pie en el banquillo. Mariano Fernández Bermejo, marcado por su dimisión como ministro de Justicia. El comisario Juan Antonio González, vilipendiado tras una acusación de soborno lanzada por el defensor de un procesado por soborno en elcaso Malaya. Las fiscales, acusadas en falso de estar siendo investigadas por el Supremo. El sastre de Camps, acusado en falso de falsificar facturas. Y el portavoz socialista en Valencia, Ángel Luna, acusado sin pruebas de recibir sobornos precisamente de un presunto financiador del PP.
Ese, y no es exhaustivo, constituye el recuento de daños que en los 20 meses del caso Gürtel ha logrado el PP infligir a todos aquellos que, de un modo u otro, se han atrevido a investigar sus conexiones con la red corrupta que dirigía Francisco Correa. La arrolladora maquinaria conservadora ha aplicado a rajatabla un viejo proverbio: la mejor defensa es un buen ataque.
Información completa en: Público.es
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Enlaces relacionados:
Caso Bono. Unos militantes del PP son identificados en unas fotografías en las que aparecen en actitud violenta en un intento de agresión al entonces ministro José Bono durante una manifestación. Los policías que les detienen para interrogarles son acusados y declarados culpables de detención ilegal por el juez Hidalgo. Finalmente el Supremo les absuelve, por entender que la detención estaba plenamente justificada por un intento de atentado a la autoridad.
[Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]. Un perito de la policía científica se inventa una extravagante conexión entre ETA y el 11M, que sus superiores corrigen por carecer de fundamento, basada en la coincidencia de la aparición de ácido bórico en un registro relacionado con la banda y en otro relacionado con un terrorista islamista. Esta sustancia se utiliza como insecticida para cucarachas y como desodorante, pero eso no impide que se de pábulo a múltiples teorías contra la investigación del atentado desde el Partido Popular y sus medios afines, y los altos cargos de la policía científica son acusados de falsedad. Finalmente la Audiencia de Madrid les absuelve y califica de irrelevante que pueda hallarse ácido bórico en casas diferentes dado que se trata de «una sustancia de uso doméstico».
Caso Leganés. El 11 de marzo de 2005 la Consejería de Sanidad destituye a Luis Montes, entonces jefe de Urgencias del Severo Ochoa, tras conocerse una denuncia anónima en la que se acusa a médicos del centro de haber causado la muerte a 400 pacientes por aplicarles sedaciones indebidas. El juez de instrucción archiva inicialmente la causa abierta contra Montes y otros siete médicos del hospital, si bien afirma que hubo mala práctica médica, aunque no se puede demostrar que ésta causara las muertes. Finalmente, tras casi tres años de calvario judicial, político y mediático, la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de apelación presentado por el ex jefe de Urgencias descartando totalmente la mala práctica.
Caso del PP de Villaviciosa de Odón. La entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, presenta una denuncia ante los órganos internos del partido tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se alteraba el equilibrio del partido de cara a las elecciones internas. La Cadena SER difunde esta información sobre las presuntas afiliaciones irregulares, y se centra exclusivamente en las 78 que según la denuncia interna eran personas que no habían seguido los trámites y de las cuales, muchas de ellas, estaban vinculadas con Bravo y Vázquez, empresarios relacionados con el «Tamayazo». El director de la cadena y el director de informativos son condenados como autores de un delito de «revelación de secretos» a un año y nueve meses de prisión, y a las penas accesorias de «inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas». Finalmente, estos días se ha concocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por los periodistas, anulando la condena al estimar que la lista de afiliados irregulares publicada no constituye un delito de revelación de secretos.
Suma y sigue. Para todas estas personas las acusaciones iniciales fueron muy serias y en todos los casos supusieron un linchamiento social y mediático de consecuencias irreparables. Cada una de estas sentencias absolutorias supone un triunfo de la razón frente a la ignominia, pero también cada una de ellas supone que antes se había cometido una injusticia que nos causó un poco más de daño como sociedad. Cada vez más polarizados, sin punto de encuentro posible: los tuyos y los míos; los buenos y los malos. Así nos va.
Fuente: El rey de la baraja
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Enlace relacionado:
El Tribunal Supremo (de España) ha vuelto a rechazar que la asignatura de Educación para la Ciudadanía suponga una vulneración de las libertades religiosas e ideológicas.
Este Tribunal ha hecho pública una sentencia en la que anula una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que había avalado el derecho de los padres a la objeción de conciencia para que sus hijos no cursen esta asignatura.
El fallo incide en que los padres no son titulares de un derecho específico a la objeción de conciencia en el ámbito educativo.
Reconoce también el Tribunal Supremo que esa circunstancia no autoriza a la administración educativa ni a los centros docentes a imponer o inculcar puntos de vista determinados sobre cuestiones morales.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había dictado una resolución en la que reconocía el derecho de los padres a objetar y a exonerar a sus hijos de cursar Educación para la Ciudadanía, sin que ésta circunstancia tuviera consecuencias negativas para el alumno.
Fuente: Público.es
Bajo licencia Creative Commons
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Enlaces recomendados:
– Preocupación en el Vaticano por la decisión del TS sobre Educación para la Ciudadanía
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció hoy que el próximo enero el Consejo de Gobierno aprobará un Decreto para modificar los procedimientos y criterios para el acceso a la Justicia Jurídica Gratuita para limitar su acceso a las personas que acrediten la insuficiencia de recursos.
La modificación estará encaminada a evitar la actual ligereza con la que se proporciona la Justicia Gratuita en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a la Ley de Extranjería y a los delitos relacionados con la Seguridad Vial.
La Comunidad de Madrid gasta 50 millones en este servicio.
Noticia completa en Público.es
Bajo licencia Creative Commons
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Enlace relacionado:
1. Francisco Marqués (PP). Exconsejero y ex delfín del presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y director general de HEFAME: Prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales
2. José Martínez Andreo (PP). Alcalde de Totanta. Pasó por la prisión de Sangonera. Prevaricación y tráfico de influencias.
3. Juan Escudero (PSOE). Ex alcalde de Los Alcázares. Delitos urbanísticos.
4. Manuel M. Sánchez (PP). Alcalde de Archena. Delitos urbanísticos.
5. Antonio Tamayo (PP). Alcalde de Cieza. Delitos urbanísticos, contrataciones ilegales.
6. Francisco Blaya (PP). Alcalde de Mazarrón. Malversación de fondos públicos, cohecho.
7. José Luis López (PP). Alcalde de Villanueva. Delitos urbanísticos y medioambientales.
8. José Bolarín (PP). Alcalde de Ulea. Delito urbanístico, tráfico de influencias.
9. P. Antonio Sánchez (PP). Alcalde de Puerto Lumbreras. Varias querellas por delitos urbanísticos.
10. José Hernández (PP). Ex alcalde de San Javier. Delitos urbanísticos.
11. Paco Salinas. Alcalde de Ojós. Pederastia.
12. Matías Carrillo (PP). Alcalde de Fortuna. Compra de votos.
13. Daniel García (PP). Alcalde de Torre Pacheco. Delitos urbanísticos.
14. Mª Antonia Conesa (PP). Alcaldesa de Fuente Álamo. Dellitos urbanísticos.
14. Juan Ramírez (PP). Alcalde de Águilas. Delitos urbanísticos.
15. Juan Morales (PP). Exalcalde de Totana y diputado regional. Delitos urbanísticos, cobro ilegal de comisiones.
Cobro ilegal comisiones
16. Leandro Pérez (PP). Ex concejal de Mula. Delitos urbanísticos.
17. Joaquín Peñalver (PP). Funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Delitos urbanísticos.
18. Antonio Alvarado (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
19. Marco Ortuño Soto (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
20. José María Ródenas (PP). Ex subdirector general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel. Delitos Urbanísticos.
21. Encarna Muñoz (PP). Ex directra general de Medio Natural del gobierno de Valcárcel. Deliltos urbanísticos.
22. Manuel Alfonso Guerrero (PP). Ex director general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel y gerente de Urbanismo de Lorca. Delitos urbanísticos.
23. Lázaro Mellado (PP). Alcalde de Alcantarilla. Delito medioambiental.
24. Gregorio Guerrero (PP). Concejal de Fortuna. Delitos urbanísticos.
25. José Martínez (PP). Alcalde de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
26. Pedro Martínez (PP). Concejal de Urbanismo de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
Fuente: LA RAYA SIN FRONTERAS [LRSF]
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Enlace recomendado:
– Los Genoveses
Enlaces de interés:
El Gobierno aprobará en dos meses, al hilo de la reforma del Código Penal, figuras penales para endurecer la lucha contra la corrupción, derivadas de un convenio penal del Consejo de Europa, que data de 1999 y que fue firmado por el Gobierno socialista en 2005. Entre las figuras penales que incorporará el Gobierno figuran el lobby ante la Administración y el cohecho entre particulares. También endurecerá la sanción en casos de delito de cohecho impropio como el que le fue imputado inicialmente al presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps. El convenio exige a las partes que establezcan sanciones y medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias que incluyan, cuando sean cometidas por personas físicas, sanciones privativas de libertad que puedan dar lugar a extradición.
El Código Penal español, actualmente no se ajusta plenamente a esta exigencia ya que algunas modalidades de cohecho no llevan aparejada pena de prisión sino únicamente de multa, o de inhabilitación especial o suspensión. Así sucede el supuesto del artículo 426, referente al cohecho, que se aplicó en el caso Camps, y que trata sobre autoridad o funcionario que admite dádiva ofrecida en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente. U otros casos como el 421 (autoridad o funcionario que se abstiene de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo).
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Enlaces de interés:
– La discutible exculpación de Camps (PP)
– Cospedal (PP), una detective de chirigota
– Veintiséis ayuntamientos murcianos mantiene en sus puestos a miembros del PP procesados
El PSOE se prepara para hacer frente a la ofensiva del PP sobre la supuesta existencia de escuchas ilegales a dirigentes populares ordenadas por el Gobierno. Para eso, la dirección socialista ha distribuido un argumentario entre los miembros de la Ejecutiva en el que se acusa directamente a Mariano Rajoy de cometer un delito de calumnias.
El texto del PSOE cita expresamente el artículo 205 del Código Penal, que asegura que «es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Y añade: «Eso es exactamente lo que el PP está haciendo durante este verano». Obviamente, los socialistas no tienen ninguna intención de llevar a Rajoy a los tribunales, como tampoco la dirección del PP prevé denunciar ante la justicia las supuestas escuchas ilegales.
La tesis del argumentario es la de equiparar las denuncias sin pruebas del PP con su estrategia sobre el 11-M en la anterior legislatura. En este caso, aseguran los socialistas, se trata de tapar sus responsabilidades en casos de corrupción, especialmente el caso Correa. «Para tapar un escándalo, fabricar un escándalo mayor. Ésta es la estrategia del PP: consiste en calumniar a otros para tapar las propias vergüenzas», sostiene el PSOE.
El paralelismo con el PP de la anterior legislatura lo argumentan asegurando que «lo que están haciendo ahora es la repetición de lo que hicieron con la famosa teoría de la conspiración del 11-M». «Entonces intentaron justificar el engaño masivo de la ciudadanía tras el 11-M, ahora ha sido el caso Gürtel y similares: grandes escándalos que afectan al PP y a sus dirigentes. Entonces se trataba de camuflar a toda costa la gran mentira del 11-M. Ahora se trata de camuflar a toda costa una trama corrupta dedicada a conseguir contratos millonarios de los gobiernos del PP a cambio de regalos y recompensas».
El objetivo del PP, según los socialistas, es «consolidar un espacio de impunidad política y jurídica para sí mismo y sus dirigentes. Lo que el PP está diciendo a los jueces, a los fiscales, a la policía, a los medios informativos es que dejen de hacer su trabajo. Es un plan de disuasión basado en la difamación, la calumnia y en la amenaza».
Noticia completa en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Enlaces relacionados:
– La discutible exculpación de Camps (PP)
– Cospedal (PP), una detective de chirigota
– Una enmienda de Pujalte (PP) excluyó a empresas como Afinsa y Fórum del control del Banco de España
Estaba claro que este año el culebrón del verano iba a ser el de los casos de corrupción que afectan al PP, pero lo que no nos podíamos imaginar era que la letra de la canción de Georgie Dann la pondrían los dirigentes de este partido con sus surrealistas acusaciones (sin pruebas) para desviar la atención del personal. Declaraciones cada vez más explosivas que se suceden ante la mirada atónita de los becarios que los medios de comunicación habían dejado de guardia durante el, al menos hasta ahora, tradicionalmente tranquilo periodo estival.
Pero los tiempos cambian y este verano, entre caña y caña, nos enteramos de que Maria Dolores de Cospedal, desde sus vacaciones en una casa monísima en Marbella, denuncia que en España vivimos en un estado policial y que el Gobierno encarcela y espía a los miembros del partido de la oposición. No parece ser la única porque, según Javier Arenas, todo el PP opina que nunca en los últimos 30 años de democracia habíamos vivido una época peor, y su partido se plantea denunciar esta supuesta agresión al PP ante las instituciones europeas. Entre tanto, Federico Trillo asegura disponer de pruebas de terribles delitos contra su formación, aunque de momento solo aporta una confusa explicación sobre una grabación de una llamada en la que un policía filtra a Camps el traspaso de su caso a un juez afín. Finalmente, Mariano Rajoy, que antes de irse de vacaciones ya nos había dejado en vilo alertándonos del riesgo que corren nuestros ahorros en el banco, ha insistido hoy desde un chiringuito gallego en el inminente peligro que corre nuestro estado de derecho.
Y mientras ellos apuntan desesperadamente hacia otro lado, las distintas tramas de corrupción en el PP ya han resultado en la imputación de varios de sus diputados europeos, nacionales y regionales, así como consejeros y directores generales en al menos 4 comunidades autónomas, mientras que la imputación de un presidente autonómico está pendiente de un recurso de la fiscalía ante el Supremo.
A estas alturas de la película se hace quizás necesario recordar que la investigación de la trama Correa se puso en marcha a raíz de las acusaciones de militantes del propio PP. Y que, puestos a hablar de espionaje, de momento de lo que hay pruebas y bien claras es del espionaje a cargos del PP por parte de funcionarios de la propia Comunidad de Madrid.
Fuente: El rey de la baraja
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María Dolores de Cospedal, Mis Albacete en su años mozos y actual Secretaria General de los genoveses originales y genuinos, quiere imitar lo peor de sus predecesores en el puesto, un tal Cascos , un tal Arenas y un tal Acebes. Le encanta sobreactuar y es además olvidadiza. Comparte casa y cama con un tipo que tiene la extraña virtud de ser de los pocos empresarios que no gana para sanciones por faltas graves con la CNMV. Es , diga lo que diga la olvidadiza de Cospedal, en su condición de Consejero, solidario y corresponsable de las irregularidades en Caja Castilla La Mancha.
Pero sobre todo es una detective frustrada y viperina. Se pasa el día y la noche haciendo declaraciones ,sin opción a que los periodistas la puedan hacer preguntas, sobre si la policía, los fiscales, los jueces y el pérfido gobierno de ZP escuchan e investigan de forma ilegal a dirigentes genoveses, incluido los pocos que no están imputados, implicados o son sospechosos de formar parte de la trama Gürtel. No aporta pruebas y ni siquiera lo tiene previsto. Además . tiene la locuaz Cospedal una agravante al ser Abogada del Estado ya que no puede alegar que desconoce las reglas más elementales del Estado de Derecho. Pero a nuestra Colombo de andar por casa todo le da igual con tal de ocupar su espacio para el insulto y la calumnia. Es lo que parece que es , mala gente.
Fuente: Los Genoveses S.A.
¿No es delito aceptar trajes de una trama corrupta si no se demuestra que la favoreció con adjudicaciones de contratos, como dictaminó el Tribunal Superior de Valencia por dos votos a uno? Destacados catedráticos de Derecho Penal consultados por La Voz, que representan la doctrina mayoritaria, discrepan claramente del auto que sobreseyó la causa contra Francisco Camps y no tienen dudas de que sí lo es y la investigación debe continuar. El Tribunal Supremo será ahora el que decida.
«Se trata de un auto que aplica la ley de modo manifiestamente incorrecto, tal y como advierte el voto particular», asegura Luis Arroyo Zapatero, director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. «No estoy de acuerdo con el auto, la investigación debería continuar», señala Juan Carlos Carbonell, de la Universidad de Valencia. «Basta con que haya indicios claros en esta fase procesal para continuar la investigación y aquí los hay incluso para que Camps sea condenado», afirma Carlos Martínez Buján, catedrático de la Universidad de A Coruña.
Están en total desacuerdo con la interpretación que ha hecho el TSJCV del artículo 426 del Código Penal que regula el cohecho impropio y castiga con multa a la autoridad o funcionario público que reciba regalos en consideración a su función. «Lo que la ley repudia es que se entregue la dádiva por ser cargo público y como tal pueda tener la capacidad abstracta o genérica de realizar los actos favorables, y el presidente de una comunidad es el máximo jefe de tal administración», sostiene Arroyo.
Según Carbonell, la sala «confunde cohecho propio e impropio cuando el Código Penal los distingue». El primer delito exige que haya una especie de compraventa, que se dé el regalo a cambio de algo, por ejemplo, la adjudicación de un contrato. «Lo que hay aquí es un deseo de agradar y de aprovechar la posición en que se encuentra la autoridad, que si acepta los regalos se sitúa fuera de los criterios de objetividad e imparcialidad», afirma. La relación de causalidad no tiene que ver necesariamente con las decisiones que adopte, sino con la función que desempeña. Pero añade que «Camps no toma las decisiones directamente, pero nombra a quien las toma y su posición e influencia son indudables». Los dos objetos de tutela en este delito son la imparcialidad y la objetividad en la Administración y la imagen que se transmite a los ciudadanos, que «ha sido dañada extraordinariamente».
Martínez Buján interpreta la fórmula «en consideración a su función» como una «competencia genérica sobre la resolución de los asuntos que atañen a quien da el regalo, no es preciso que lo resuelva directamente, basta con que se pueda interesar y es evidente que Camps puede hacerlo».
Enrique Orts, director del Instituto Universitario de Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, afirma que se castiga aceptar el regalo dado al cargo público por el hecho de serlo y que el cohecho impropio no exige que exista relación con la adopción de determinados hechos. «Basta con que se tenga la condición de funcionario o autoridad y que pueda influir directa o indirectamente en el futuro en asuntos de interés de quien ofrece la dádiva», afirma. Destaca que desde 1848 el Código Penal castiga estos hechos porque considera que el cargo que acepta un regalo «queda de alguna manera obligado con el donante, lo que puede poner en peligro su objetividad e imparcialidad».
Adán Nieto, profesor de Derecho Penal de Castilla-La Mancha y experto en corrupción, no tiene duda de que los regalos a Camps por una empresa contratista de la Generalitat «merman su imparcialidad». «La relación de causalidad no ha de buscarse, como hace el auto, con un caso concreto, sino con la posibilidad de que el cargo público beneficie en el futuro a la empresa», concluye. Se trata de «ir cebando al cargo para que en el futuro esté de su lado». Por eso, en el argot criminológico el cohecho pasivo se denomina «dar forraje».
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Para saber más del PP:
Marfeme, la imprenta que falsificó 1.000 solicitudes de voto por correo en Melilla por encargo del gerente del PP, Javier Lence -en una causa archivada por la juez en contra del criterio del fiscal-, ocultaba una intensa actividad ilegal que la investigación de la Guardia Civil vincula a la falsificación de tarjetas de identidad italianas, pasaportes y precintos aduaneros marroquíes y rótulos de caducidad de alimentos.
El 11 de enero, guardias civiles vigilaban el almacén de la imprenta Marfeme. Un magrebí salió de la nave con varias bolsas de basura y las arrojó a un contenedor. Los agentes recuperaron las bolsas, que despedían un olor pestilente. En su interior encontraron algunas pruebas de las actividades ilícitas que supuestamente se hacían en la imprenta y que dejaron reflejadas en un atestado:
– Precintos aduaneros marroquíes.
– Sellos aduaneros oficiales para adjuntar a pasaportes marroquíes.
– Un trozo de papel vegetal en el cual se encuentran impresos varios anagramas, entre los que destaca un sello con la leyenda Comune [ayuntamiento] di Albenga, de los utilizados para la tramitación oficial obligatoria de las tarjetas de residencia de extranjeros. Concretamente este sello serviría para la concesión de la carta de identidad italiana.
– Dos envases de cartón deteriorado perteneciente, en apariencia, a la marca de detergente Ariel.
La Guardia Civil tiró de aquel hilo y siguió investigando. La policía aduanera marroquí confirmó que los precintos y los sellos arrojados a la basura desde Marfeme eran falsos.
Otro hecho fortuito aceleró las pesquisas.
El 16 de febrero fue interceptado un vehículo Mercedes modelo 190D en la calle de García Cabrelles de Melilla. Su conductor, Adriano Menini, muestra una carta de identidad italiana que infunde a los agentes serias sospechas de falsedad. Lo llevan a la comandancia. Las gestiones con las autoridades italianas premian el olfato de los guardias civiles: el documento de identidad es falso. Menini está borrado oficialmente como residente del municipio italiano de Albenga y su última carta real de identidad italiana fue emitida en 1995.
Los investigadores dieron otro paso que resultó decisivo: analizaron la tarjeta falsa de Menini y los papeles de la basura de la imprenta. El cotejo resultó: la falsa tarjeta italiana de Menini tenía el mismo sello del ayuntamiento de Albenga que habían encontrado en los recortes de papel arrojados en bolsas de basura por el personal de la imprenta Marfeme.
El 17 de enero, la Guardia Civil montó un nuevo dispositivo de vigilancia en torno al almacén de la imprenta. A las 19.50, una furgoneta llegó al lugar y entró marcha atrás en el local. Su actividad de carga del material de la imprenta quedó oculto a miradas indiscretas. Varias personas se dedicaron a introducir cajas de cartón en el vehículo.
Los guardias identificaron a tres personajes: los dueños de la imprenta, José María y Jaime Cerezo Fernández, y el conductor de la furgoneta, Mohamed Benlamkadem. Los agentes lograron atisbar que estaban cargando cajas desmontadas de detergente Ariel, y que en el interior se apilaban decenas de paquetes de dicho producto. Calculan que el almacén podía ocultar hasta 15.000 paquetes. Los guardias civiles siguieron la pista de la furgoneta cuando abandonó la imprenta hasta su destino, un local propiedad del dueño del vehículo situado en la carretera del dique sur de Melilla.
En dicho establecimiento se vendía todo tipo de productos de alimentación y limpieza. Los agentes simularon ser meros particulares e intentaron comprar un paquete del falso Ariel. El dueño les dice que sólo lo vende en bloques de cuatro cartones, a un precio total de 14 euros. Los guardias acceden y compran el lote. Con el detergente tienen la prueba del supuesto delito.
El contenido y el cartón del paquete de Ariel son enviados para su análisis a la firma oficial fabricante del producto, Procter and Gamble España. La empresa ratifica a la Guardia Civil que continente y contenido son ajenos a su marca. Son falsos.
La investigación siguió con más escuchas. Y en una de ellas irrumpió el gerente del PP local, Javier Lence, con su encargo de impresos falsificados para solicitar el voto por correo.
Fuente: El Pais
Este blog nace por la decisión de un pequeño grupo de amigos que manteía en un «portal web» de un importante grupo de comunicación otro blog: «Rioja Confidencial» .
El pasado Lunes 2 de Abril de 2007, el «portal web» que alojaba el blog decidió sin avisar eliminarlo por completo.
Dicho «portal web» es la ventana de Internet del único diario impreso de pago que se edita en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Cuando se preguntó via email por lo ocurrido la respuesta fue esta:
«Hemos borrado tu blog ya que era claramente ofensivo para la senadora Francisca Mendiola».
Haíamos publicado un arículo que no era mas que extractos una sentencia Judicial del Tribunal Supremo que anulaba la resolución de la Consejeía de Salud, Consumo y Bienestar Social de La Rioja, de fecha 5 de mayo de 1997, por la que se autorizaba la apertura de una tercera oficina de farmacia en Nájera, a Francisca Coloma Mendiola Olarte, senadora riojana del Partido Popular y Vicepresidenta de la Asamblea General de CAJA RIOJA.
También publicábamos un link a una noticia en la que se contaba que la familia de la senadora haía construido un chalé de forma ilegal y que haía una sentencia que obligaba a derribarlo.
A dia de hoy se puede consultar en el caché de google una copia del blog censurado.
En nuestra opinión, ni se atacaba ni se ofenía a la senadora por publicar una sentencia firme, que no puede ser recurrida, del Tribunal Supremo de Justicia. Con el cierre del blog sin previo aviso, y esa explicación nos estaban dando a entender que las decisiones de la justicia «ofenden».
Los intereses que se intentaban guardar o que llevaron a tal decisión no los sabemos, aunque no es dificil imaginarlos.
La respuesta que se nos dio no nos pareía convincente en absoluto, y mucho menos la decisión de cerrar el blog por completo en vez de «avisar» para que retirasemos el arículo: en dicho portal web, se han publicado blogs por ejemplo con fotograías pornográficas, y se han «censurado» por los propios autores previo aviso de los responsables del servicio, y se publican arículos como éstos:
¿Puede tener algo que ver que el director del «portal web» de comunicación haya sido jefe de Prensa de AlcaldÃa en el Ayuntamiento de Vitoria, en manos del PP, hasta hace poco? Son muchas las personas en la Rioja que piensan que el único diario escrito de pago, que edita también el portal web donde se alojaba el blog, está completamente al servicio de los intereses del partido politico que gobierna actualmente en La Rioja, el Partido Popular.
Y si bien es cierto que todos los medios de comunicación tienen su línea ideológica, algo normal y en absoluto criticable pues para eso existe la libertad de prensa, pensamos que esta tendencia en la mayoría de los medios riojanos, y sobre todo en el «decano» de la prensa no era antes tan acusada.
Queremos intentar desde aquí hacer una pequeña aportación, abrir el debate, para que a través de internet se ofrezcan y unan otros puntos de vista que puedan llegar a las y los riojanos.
Por los hechos relatados, que pueden parecer una anécdota, pero simbolizan y significan bastante, decidimos crear este blog. Porque creemos que es necesario un punto de vista informativo progresista no sumiso al poder en La Rioja, y creemos que los riojanos se lo merecen. Y esperamos que se haga posible con la unión de «pequeños» como nosotros.
Queremos también ofrecer y buscar un «punto de encuentro» para «internautas» que cuenten o analicen los hechos lo más objetivamente posible, dar voz a quien no la tiene, ofrecer distintos puntos de vista, y mostrar aquello que aunque para algunos intereses o interesados sea incómodo, para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas sea necesario conocer.
Todo ello sin la influencia de ningún partido poítico, asociación, empresa,o grupo. En resumen: pensamos que en La Rioja no sobran medios de comunicación, pero sí faltan. Y queremos debatir sobre ello. Quede claro que desde aqui no se pretende llamar a boicots, queremos ayudar a construir, no destruir.
El siguiente arículo será el censurado en el antiguo blog.
Fuente: Rioja Independiente
Bonita la ha armado Ríz Gallardón oficiando una boda entre homosexuales de su partido! La jerarquía de la Iglesia Católica española se ha enfadado y le ha venido a recordar que los poíticos católicos no pueden hacer estas cosas aunque la ley lo permita. En el conflicto entre los deberes del cargo público -cumplir y hacer cumplir las leyes- y las creencias religiosas, debe primar, a jucio de los obispos católicos (y me atrevería a decir que de cualquier otra autoridad de cualquier otra religión), la obediencia a los mandatos de la doctrina religiosa.
Fuente: Ethica more cybernetica
Aceptando que los y las homosexuales tienen derecho a acostarse y casarse con quien les plazca y se los permita, lo que este caso pone de manifiesto es nuestra indefensión frente a las creencias religiosas de nuestros gobernantes. Si por encima de la autoridad de las leyes están sus creencias religiosas, a partir de ahora habría que exigirles a todos los candidatos y candidatas de todos los partidos que se presenten a cualquier cargo público, una declaración pública acerca de sus creencias sobre lo sagrado, porque los programas poíticos con los que se presentan -para no cumplirlos mayormente, dicho sea de paso- parece que no bastan.
Estando el Partido Popular tan poblado, según dicen, de miembros de sectas integristas católicas como los legionarios de Cristo, los kikos o el opus dei, no es de extrañar que sucedan estas cosas. Para los integristas de cualquier religión, y los hay en todas las religiones, la verdad única y suprema es la interpretación que ellos hacen de sus credos, interpretación que justifica, además, todas sus acciones por monstruosas que éstas sean (como la guerra santa o la destrucción del ‘infiel’). Nos da la impresión de que, para ellos, la política y el ejercicio de los cargos públicos son sólo medios para la imposición de sus creencias y el avance de sus causas religiosas.
Contrariamente a lo que nos haían anunciado los teéricos de las sociedades modernas, el mundo es cada vez menos laico y la religión no pertenece a la esfera de la vida privada. Por el contrario, cada vez más irrumpe con fuerza en la vida pública. Y ya que lo hace, que lo haga de forma expresa para que la ciudadanía sepa a qué atenerse. Los dirigentes máximos del Partido Popular parecen querer convertirse en la versión hispana del partido de dios. Cierto que hay militantes y votantes conservadores ajenos a estas posiciones, pero parece que están en minoía en su partido.
Como si no fuera suficiente el hecho de que paguemos con nuestros impuestos a una religión concreta, la católica, el mantenimiento de sus estructuras y de sus profesionales, como si de empleados del Estado se trataran, además tenemos que aguantar que la cúpula de esta iglesia vaya contra las leyes aprobadas en el Parlamento, y contra la misma Constitución de 1978, y trate de someter a los cargos públicos del Partido Popular a su autoridad, como si ésta estuviera por encima de su juramento polÃtico al aceptar el cargo público. ¿No se llama a esto teocracia?
En las elecciones que se avecinan, pedirá una declaración de fe antes de dar mi voto a nadie. Por si acaso resulta que son más fieles a una cúpula religiosa que a su programa poítico.
Para estar bien informado de las actuaciones del Partido Popular y sus miembros, puedes acceder a la siguiente página.
La Unión de Consumidores de España ha pedido hoy explicaciones al PP sobre por qué cuando gobernaba en 2003 excluyó a empresas como Afinsa y Fórum Filatélico del control financiero del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fue una enmienda presentada por el popular Vicente Martínez Pujalte la que posibilitó su exclusión.
El portavoz de la Unión de Consumidores de España, Dacio Alonso, presidente de esta asociación en Asturias, indicó hoy en Oviedo que el PP, con mayoría absoluta en el Congreso, «evitó a última» hora que empresas que vendían productos de bienes tangibles como sellos u obras de arte fueran incluidas en el Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva como entidades financieras. Recordó que una enmienda presentada en el Senado «en el último momento» por el parlamentario popular Vicente Martínez Pujalte posibilitó que su control lo ejercieran las oficinas de consumo de las comunidades autónomas, «donde estarían más a gusto, ya que sabían que no se las iba a controlar». «No digo que de ese hecho se deriven responsabilidades patrimoniales por parte del Estado, ya que no hay una ley que lo sustente, pero sí creo que hay una responsabilidad de naturaleza política», aseveró. Para el portavoz de la UCE, «el PP debe explicar a las 350000 familias que siendo responsable de esa Ley y cuando se conocía que estas empresas tenían una gran inseguridad jurídica, no provocó que fuesen consideradas instituciones financieras y su actividad productos financieros». Argumentó que una de las razones que podrían explicar el comportamiento del PP es que «conocía que la Agencia Tributaria había abierto expedientes a estas empresas por irregularidades en sus impuestos y que, por ello, no quiso incluirlas como entidades financieras para evitar que el Estado se hiciera cargo de cualquier responsabilidad». Aseguró que podría haber «una razón más preocupante» y apuntó que quizá «pudo haber habido una presión por parte de estas empresas en el Parlamento para que no se las considerase como entidades financieras».
Fuente: CadenaSer.es