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El DNI nació durante la era del franquismo, por decreto de presidencia del 2 de marzo de 1944 como una forma, muy propia en una dictadura, de controlar a la población, para que fuera el único método válido de identificación de los ciudadanos ante la autoridad. Francisco Franco, quizás por su ímpetu de dejar claro que nadie escapa al control de la dictadura, poseía el DNI número 1. A la Familia Real se le asignó del 10 al 99. Así, el Rey Don Juan Carlos tiene el número 10 y la Reina Doña Sofía el 11. A la Infanta Doña Elena le corresponde el 12, pero el 13 quedó anulado por pura superstición y por eso al Príncipe Don Felipe le correspondió el 15 y a la Infanta Doña Cristina el 14. Franco reservó para Carmen Polo y Carmen Franco el 2 y 3 respectivamente, y bloqueó del 4 al 9. Por último, las hermanas Leonor y Sofía tienen el 16 y 17. Es curioso, pero existen más de 100.000 DNI duplicados.

La Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992, conocida como la Ley “Corcuera”, determina que el DNI tendrá, por sí sólo, suficiente valor para la acreditación de la identidad de las personas y que es obligatorio a partir de los 14 años. Un decreto de 1976 establecía además la obligación de llevarlo permanentemente consigo y a exhibirlo cuando fueren debidamente requeridas para ello por la Autoridad o sus Agentes. Este Decreto fue modificado para anular la obligación de portar el DNI, siendo finalmente derogado en 2005. Por lo tanto con la legislación actual, nadie puede ser denunciado por no llevar el DNI ya que no es obligatorio llevarlo permanentemente.

Información completa en: El blog de Carris

Tags: DNI

En el 2007 se produjo la reforma del Código Penal que permitió el ingreso en prisión de todos aquellos conductores que atentaran contra la Seguridad Vial de forma grave. Sin embargo, a finales de este año, el Gobierno dará marcha atrás y priorizará la decomisión del vehículo sobre la prisión que según en propias palabras del fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, es “lo último que el fiscal desea siempre”.

Así, con la nueva legislación, se podrá buscar una vía alternativa a la prisión, combinando la confiscación del vehículo con penas de trabajos, multas o la privación del derecho a conducir. Tres han sido los casos presentados en los que parece más fácil aplicar este cambio en el Código Penal: conducción con exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o sin permiso.

Bartolomé Vargas explicaba que “el porcentaje de reincidencia es tan grande que pensamos también en abordarlo con la respuesta del decomiso. Si a la tercera o cuarta vez se lo condena por conducir embriagado, comiso. A la quinta, comiso”. De esta forma, con la venta de los vehículos se podrán pagar indemnizaciones, programas de reinserción y concienciación.

Información completa en:  CIRCULA SEGURO

Tags: cárcel, decomiso, tráfico, vehículo

¡El ser humano sorprende y mucho¡,  máxime  cuando  se tiene esa extraordinaria capacidad que poseemos para enfrentarnos a las cuestiones más difíciles y resolverlas.   Más aún cuando  existe   disposición  para enfrentarse  a cuestiones   difíciles  a resolver,   bajo la precariedad de  medios   técnicos  y  con la pretensión de  desafiar   un sinnumero de probabilidades que echen por tierra  un conjunto de medidas de seguridad técnicamente diseñadas  para prevenir el delito.

La pregunta es ¿que hace que esa  “viveza”  se ponga a prueba?   Los hechos que describe la prensa referentes a cómo los narcotraficantes colombianos, tratan de recuperar el negocio perdido a manos de los mexicanos;  narran  un sinnumero de situaciones que pareciera  que la realidad supera la ficción,  constatan como van surgiendo navíos más y más sofisticados para alcanzar furtivamente las costas de los Estados Unidos de Norteamérica.

En la mentalidad de  quien infringe la ley existe el perfil  de   “sobrevalorar el valor,  inteligencia,  la capacidad, la astucia,  para  realizar las propias metas”  que no se traduce en otra cosa que en resolver los  propios intereses,   lo más inmediato,  sin esfuerzos a largo plazo, por tanto   no importa el modo o los medios para conseguir el fin material.

La bitácora la  Pizarra de Yuri, describe y  documenta  con material fotográfico, como los carteles colombianos  tratan de recuperar el negocio perdido.
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Tags: submarinos

En “The Economist” de esta semana aparece un artículo titulado “Too many laws, too many prisoners” (demasiadas leyes, demasiados presos) acerca del actual panorama de las cárceles en Estados Unidos de Norteamérica y las causas que han llevado a ello. Los problemas de la medicina actual se reproducen en las cárceles y las leyes de forma curiosamente similar.

El sistema actual de leyes y castigos en EE.UU. tiene tres problemas, según los autores del artículo:

1- Mete a mucha gente en la cárcel por demasiado tiempo.

2- Criminaliza actos que no deberían ser criminalizados.

3. Es impredecible.
Sobre el primer aspecto, se calcula que hasta un 1% de la población adulta de los EE.UU. está en este momento con problemas judiciales que tienen a la cárcel de por medio (hasta 12 veces más que en Japón, por ejemplo) y las condenas han ido alargándose progresivamente, en respuesta de los políticos a las demandas de una seguridad creciente por parte del electorado.

Sobre el segundo punto, relata el ejemplo de un cuasi-jubilado aficionado al cultivo de orquídeas que por el mal etiquetado de unas especies traídas de Latinoamérica tuvo que afrontar una condena mayor de 5 años…

Y sobre el tercer aspecto, es un sistema con tantos “ángulos muertos” en él, que su aplicación se ve sometida a una variabilidad difícilmente predecible y afrontable…

¿Y la medicina?

Pues bien, en una sociedad que se caracteriza por su judicialización y su medicalización, podemos ver algunos puntos en común…

1. Cada vez más personas tienen la etiqueta de “enfermos” y esas etiquetas en muchas ocasiones permanecen de por vida, por ejemplo, la fibromialgia, la menopausia, la disfunción eréctil, la prehipertensión, la prediabetes,…

2. Se etiqueta como “enfermos” y se medicalizan a pacientes y situaciones que deberían quedar fuera del escenario de la salud/enfermedad: los problemas laborales, los ciclos anímicos diagnosticados de depresión, los niños inquietos rápidamente medicados contra su “hiperactividad”, la gente sin enfermedades que se hace un “chequeíto” en el cual le sale una alteración que les condena a revisiones anuales de por vida sin que esto vaya a repercutir en su salud más que para hacerles sentir enfermos, los varones septuagenarios calvos, las mujeres “con poco calcio en los huesos”,…

3. La medicalización de la vida actual, hace que los resultados que de la medicina “superflua” se puedan esperar sean IMPREDECIBLES. Ante problemas que no deberían ser médicamente tratados y ante pruebas diagnósticas que no deberían ser realizadas, no podemos esperar más que consecuencias impredecibles como respuesta a unos resultados igualmente poco adivinables…

Fuente:  Médico crítico

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

Tags: cárceles, EE.UU., salud

La informática forense estudia los casos en los cuales es necesario analizar las causas que generan un delito informático o un incidente de seguridad, con el objetivo de averiguar cómo fue realizado el crimen, datos del suceso, reconstrucción cronológica de tiempo, identificación de técnicas del ataque, los recursos comprometidos, las personas implicadas, los daños ocasionados y, finalmente, identificar los actores protagónicos del incidente.

El poder que tienen las herramientas de la informática forense para obtener información almacenada en medios digitales es sorprendente, por lo que gracias a esta ciencia, nada queda oculto en los dispositivos modernos. Incluso, la información que ha sido alterada, eliminada o modificada, mediante técnicas de la informática forense, hoy en día se plantea la viabilidad de recuperar la información y reconstruir las evidencias digitales necesarias para identificar un ataque informático o un incidente de seguridad.

Para Robin Salcedo, consultor de seguridad de la empresa Digiware, la creciente demanda de especialistas en el tema es innegable, y su campo de acción se ha ampliado a investigaciones en todo tipo de aparatos, como celulares, PDA, Blackberry, memorias USB, computadores de mano e incluso reproductores portátiles de música, entre otros dispositivos informáticos. Básicamente a cualquier dispositivo con capacidad de almacenar diversos tipos de información.

La informática forense también ha cobrado mayor notoriedad en los últimos años. Según Salcedo, esto se debe a los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, el crecimiento de ataques informáticos en las diferentes organizaciones, la globalidad digital y la expansión informática de las organizaciones y sociedades. Se hizo evidente la necesidad de fortalecer la seguridad de los sistemas de información y específicamente la recuperación de datos y la investigación de ataques informáticos como respuestas a incidentes de seguridad.

“Toda esta información necesita ser ordenada, clasificada, para luego ser analizada y verificada. Es necesario para los investigadores forense, implementar metodologías que permitan comprobar que la investigación sea sistemática, concisa, clara y que en la medida posible no existan modificaciones o alteraciones sobre la veracidad de las evidencias digitales; esto permitirá en la mejor medida tomar acciones legales en contra del responsable“, sostiene el especialista en cómputo forense, quien además destaca que en la actualidad en gran cantidad de países los resultados digitales son totalmente válidos como pruebas de juicio y determinan culpables e inocentes. “Es ahí donde esta ciencia exacta obtiene su mayor importancia“, subraya.

Tags: Informática forense

Los delincuentes sexuales adolescentes a menudo son estereotipados y tratados como socialmente inepto, pero una nueva investigación desmiente esta imagen, encontrando que es más probable que se caracterizan por intereses sexuales atípicos – tales como el deseo de los niños pre-púberes, sexo coercitivo con compañeros y adultos, y exponer sus genitales a extraños.  Los delincuentes sexuales adolescentes también tienen más probabilidades de tener un historial de abuso sexual sufrido por ellos mismos, estar  expuestos a la violencia sexual en sus familias, y la exposición temprana a experiencias con el sexo o la pornografía.

“Si usted entró a un grupo típico de tratamiento para delincuentes sexuales  adolescentes, usted podría considerar una gran cantidad de habilidades sociales, como la forma de acercarse a una chica, cómo lidiar con los conflictos y entender la comunicación no verbal”, dijo Michael C. Seto , PhD, autor principal del estudio.  “Nuestra investigación sugiere que el entrenamiento de habilidades sociales no es lo que los jóvenes delincuentes sexuales más necesitan para ser rehabilitados. Discutiendo la sexualidad – la exposición temprana al sexo o a la pornografía, las fantasías sexuales, y la excitación sexual – es probable que nos acercarnos a la comprensión de por qué el se cometieron delitos y prevenir que otros similares se cometan de nuevo. ”

Seto, de Royal Ottawa Health Care Group, and Martin Lalumiere, PhD, de la University of Lethbridge in Alberta, Canada, realizaron un meta-análisis de 59 estudios independientes comparando un total de 3855 delincuentes sexuales masculinos adolescentes con 13393 varones adolescentes no delincuentes sexuales enlas edades de entre 12 y 18 años. Their research is published in the July issue of Psychological Bulletin , published by the American Psychological Association. Su investigación se publica en la edición de julio de Psychological Bulletin, publicado por la Asociación Psicológica Americana.

La incompetencia social es generalmente vista como una característica típica de los adolescentes delincuentes sexuales – una creencia que influye en los programas de tratamiento que hacen hincapié en la enseñanza de habilidades sociales apropiadas. Sin embargo, Seto y el estudio de  Lalumière no encontraron diferencias significativas entre los delincuentes sexuales de los adolescentes y adolescentes infractores no relacionados con el sexo,en términos de la competencia social o las habilidades sociales. Esto indica que la incompetencia social no ayuda a explicar por qué algunos adolescentes cometen un delito sexual en lugar de otros tipos de delitos, y pone en entredicho el papel destacado que la formación de habilidades sociales juega a menudo en programas de rehabilitación, dijeron. Otros factores que se citan con frecuencia como explicaciones para delitos sexuales, pero que no contaron con apoyo en el estudio fueron los problemas familiares, incluyendo las relaciones entre padres e hijos, actitudes y creencias sobre las mujeres o  cometer delitos sexuales, y si la persona ha tenido experiencias sexuales convencionales.

Los investigadores encontraron que los intereses sexuales atípicas parecía ser una motivación importante para algunos adolescentes que cometen delitos sexuales.  Los delincuentes sexuales adolescentes resultaron ser más propensos a tener intereses sexuales atípicos que otros adolescentes infractores.  Seto sugiere que los debates de sexualidad deben ocurrir con más frecuencia y más abiertamente con el fin de facilitar la identificación de aquellos que están en riesgo de convertirse en delincuentes sexuales y acilitar su tratamiento. Este cambio puede empezar con más investigación sobre la sexualidad y los delincuentes sexuales.

“Los investigadores en el campo de delincuentes sexuales adolescentes se han centrado en la historia de abuso sexual (más de la mitad de los estudios revisados informaron datos de esta variable), pero han prestado relativamente poca atención a otros aspectos de la sexualidad, centrándose en cambio en los factores no sexuales (por ejemplo, los padres el apego infantil, déficit de habilidades sociales, la psicopatología) “, escribieron los autores.  “Nuestros resultados sugieren prometedoras direcciones para la investigación sobre las funciones de la exposición a la violencia sexual, la exposición al sexo o a la pornografía en general y los intereses sexuales atípicos”.

Si bien las habilidades sociales no son un determinante importante de los adolescentes infractores sexuales, el aislamiento social es un factor importante.Seto y Lalumière encontraron que los adolescentes delincuentes sexuales tenían más sentimientos de aislamiento social que los adolescentes delincuentes no sexuales.

“Me atrevo a conjeturar que los sentimientos de aislamiento social de los delincuentes sexuales adolescentes surgen como resultado de las normas sociales y el estigma que los hacen difícil hablar sobre la historia d el abuso sexual o necesidades o fantasías sexuales que están fuera de lo que se considera normal”, dijo Seto.  “Si los adolescentes piensan que no se puede hablar de lo que están pensando o sintiendo, entonces no pueden buscar ayuda y orientación. Fomentar un diálogo más abierto sobre la sexualidad entre los jóvenes y sus padres, maestros y trabajadores de la salud podría ser un elemento clave en la prevención de  que los adolescentes cometan delitos sexuales. ”

A pesar de que Seto y Lalumière hicieron  hincapié en que la mayoría de los adolescentes que son víctimas de abusos sexuales no se conviertan en delincuentes sexuales, el estudio volvió a confirmar que existe cierta relación entre una historia de abuso sexual y delincuente sexual. Los datos sugieren que el abuso sexual se asocia con la probabilidad de que alguien va a cometer un delito sexual por primera vez, pero no predecir quién tiene más probabilidades de reincidencia sexual una vez identificados. Esto sugiere que las actividades de prevención del abuso infantil, además de la importante función de proteger a los niños contra el abuso, en los adolescentes pueden ayudar a prevenir delitos sexuales.

Fuente:  EurekAlert!

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Tags: abusos sexuales, menores, niños, sexo

Los insectos y otros artrópodos han aportado datos clave en la investigación de más de 150 casos a la Policía Nacional, una información “útil” en asesinatos, abandono y maltrato de menores y ancianos, así como adulteración de drogas o trayectoria de vehículos sospechosos, según ha informado la institución este domingo.

Así, dípteros y coleópteros son testigos mudos en la escena de un crimen y fieles confidentes en las investigaciones policiales. Concretamente, la Policía Nacional es pionera en poseer un laboratorio de Entomología Forense que estudia y analiza los insectos y otros artrópodos que acuden a colonizar un cadáver en casos de homicidios y asesinatos.

Entre estos insectos, la familia de la ‘Calliphorida’ es la primera en llegar a la escena del crimen y su evolución aporta datos esenciales en la investigación. El laboratorio de Entomología de la Comisaría General de Policía Científica, creado hace diez años, es el único que existe actualmente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas.

De hecho, analiza unos 30 casos anualmente y durante esta década ha emitido más de 150 informes periciales claves para la resolución de delitos. Los primeros pasos de la entomología forense se remontan a un manual de medicina chino del siglo XIII. Sus aplicaciones iniciales fueron para fijar el momento de la muerte e incluso el lugar de la comisión del delito gracias al estudio de la fauna cadavérica y sus ciclos vitales.

De esta forma, los especialistas en este área de la Policía Científica examinan los insectos para obtener información esencial en otros tipos de delitos como el narcotráfico, para determinar rutas o ubicación de laboratorios clandestinos; los movimientos de criminales como secuestradores o terroristas, analizando los bichos adheridos a sus vehículos que apuntan a un posible itinerario; en casos de maltrato o abandono de menores y ancianos, al detectar insectos que se presentan en organismos vivos en casos de miasis; o para determinar el consumo de drogas o sustancias tóxicas en personas fallecidas.

Noticia completa en:   lainformacion.com

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Tags: entomología, insectos, policía científica, Policía Nacional

Las víctimas de la violencia doméstica sufren significativamente más altos costos de salud que otras mujeres durante tres años después del fin de los abusso.

El abuso de las víctimas genera un costo promedio de atención de salud de más de 1200 dólares por encima del de las mujeres no maltratadas durante los primeros dos años después de cesar los abusos y  alrededor de $ 400 por encima de otros en el tercer año.

“Las mujeres pueden seguir sufriendo las consecuencias físicas y emocionales, incluso años después de cesar los abusos, y eso se refleja en los costes de atención médica”, dijo Amy Bonomi, co-autor del estudio y profesor asociado de desarrollo humano y la ciencia de la familia de Ohio State University.

El estudio fue dirigido por Paul Fishman del Grupo de Investigación en Salud del Instituto, en Seattle.  El estudio aparece en línea en el Journal of General Internal Medicine y se publicará en una edición impresa futura.

El estudio es el primero en observar cómo los costos de atención de salud de las mujeres maltratadas con el transcurso del tiempo después del fin de los abusos.  Este estudio examinó los costos durante los años de abuso y luego durante cada año hasta 10 años después.

Los resultados sugieren que los actos de abuso doméstico en costos de atención de salud son semejantes que las condiciones de enfermedades crónicas, dijo Bonomi.

“El impacto prolongado de abuso en los costes de atención de salud es consistente con lo que encontramos con personas que dejan de fumar o abusar del alcohol o las drogas – los costes no retornan a la normalidad durante años”, dijo.

En el estudio participaron 2026 pacientes mujeres de Group Health Cooperative, un sistema de salud en el noroeste del Pacífico.  Todas las mujeres en el estudio dieron su consentimiento a los investigadores para acceso confidencial a su historial médico.

Las mujeres del estudio fueron encuestadas por teléfono sobre si habían experimentado algún maltrato físico, sexual o psicológico por sus parejas, incluidos esposos y novios, desde la edad de 18 años.  Las mujeres que indicaron cualquier abuso se les preguntóen  qué año comenzó acada tipo de abuso y cuabdo terminó.

En total, 859 mujeres reportaron algún tipo de abuso en su vida  adulta y 1167 no reportaron abusos.

Los investigadores analizaron los costes de la atención a la salud de la mujer a través de “Group Health” desde 1992 hasta 2002.  Con el fin de asegurarse de que era el abuso lo que estaba manejando las diferencias de costes entre las mujeres maltratadas y no maltratadas-, el estudio tuvo en cuenta una amplia variedad de factores que también pueden estar relacionados, incluyendo la edad de la mujer, la etnia, la educación y los ingresos, estado civil y situación laboral, entre otras influencias.

De las que reportaron abuso, aproximadamente una cuarta parte dijo que el abuso era “extremadamente grave”, mientras que alrededor del 39 por ciento dijo que su abuso no era “grave” o “ligeramente severo”.

En general, los costes de atención médica de las mujeres maltratadas  fueron $ 585 más por año que las mujeres no maltratadas durante el periodo de abuso. Después de que el abuso concluyó, los costos de salud fueron 1231 dólares superiores en el primer año, $ 1204 en el segundo año y $ 444 en el tercer año. En el cuarto año después del abuso, los gastos de salud son similares a los de otras mujeres.

Bonomi dijo que los investigadores no tienen datos para explicar por qué los costos de atención en salud son más elevados durante los primeros dos años después del fin de los abusos de lo que eran durante los años de abuso. Sin embargo, cree que tiene una posible explicación.

“Las mujeres no pueden acceder a los servicios de salud que deberían recibir  al mismo tiempo que están con una pareja abusiva. Pueden temer represalias, sobre todo si están en una relación de control.”

Además, las mujeres pueden ser más propensas a buscar servicios de salud mental para ayudarles a afrontar los problemas una vez que están libres de la relación abusiva.

En todo caso, Bonomi dijo que el estudio puede subestimar los costes adicionales de salud de atención a cargo de las víctimas de abuso doméstico. Algunas de las víctimas que participan en el estudio podrían no haber admitido a ser maltratados, por lo que no se incluyeron entre las víctimas de abuso.

Asimismo, el estudio contabiliza todo tipo de abusos – a partir de graves abusos físicos y sexuales a controlar el comportamiento que podría considerarse como maltrato psicológico.

“Nuestros resultados son conservadores, es probable que los costes de atención de la salud de muchas mujeres maltratadas sean más altos que lo que indica el informe”, dijo Bonomi.

Bonomi dijo que los resultados muestran que los esfuerzos de prevención de abusos puede realmente salvar a la industria del cuidado de la salud importantes cantidades de dinero.

“Las víctimas de abuso necesitan más recursos de atención de salud durante años después de que su abuso termine. Si podemos prevenir la violencia doméstica, no sólo estamos ayudando a las mujeres afectadas, también estamos ahorrando dinero a nuestro sistema de salud.”

Fuente: EurekAlert

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- Asignatura Victimologia.  Licenciatura en Crimonolgía. UMU

Tags: costes sanitarios, maltratadas

La invisibilidad, aceptada socialmente, es el peor problema al que se enfrenta la violencia contra los niños y adolescentes, así como en el trabajo infantil, según ha declarado la representante especial de Naciones Unidas, Marta Santos Pais, en el Congreso Internacional que se celebró en Toledo.

Bajo el título general de ‘Un cambio real para un problema global’, en Congreso que organiza ‘Proyecto Solidario’ con motivo de haberse celebrado 12 de junio el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Marta Santos ha convenido que debe rechazarse de plano que se considere “normal” en la mayor parte de los países “la violencia”.

Ha señalado que, precisamente, esa “invisibilidad” hace imposible que, por un lado, haya estadísticas sobre su impacto real y, además, que no se vean “los efectos negativos en el desarrollo del niño” para aprender y recibir una educación “de calidad” que le ayude a vivir y relacionarse “con adultos y amigos”.

El estudio de la ONU, centrado particularmente en la familia, escuela, comunidad y el trabajo, se ha realizado para “llamar la atención sobre esta situación”, que ha catalogado de “dramática”, y que los países adopten medidas concretas, ha razonado.

Así, ha referido como puntos clave para evitar la violencia, la directa intervención de los Gobiernos y la implantación de una ley que ofrezca un “mensaje claro de que no se permite ningún tipo de violencia contra la niñez”, incluidas “las que parecen pequeñas”, caso de la humillación y castigo físico en la familia y su entorno.

“El conocimiento de la ley y su utilización es el indicador de su suceso y de su contribución a un cambio social”, ha reconocido.

Una tercera recomendación es tener un mejor conocimiento sobre cómo entienden la violencia los afectados para, así, “entender el impacto que supone la privación económica y social”.

Por su parte, el Comisionado y autor del estudio, publicado en 2006 y actualizado en el 2007, el brasileño Paulo Pinheiro, ha sido tajante en su valoración: “la mayor violencia se da en la casa, porque hay un muro de silencio y hay una tradición como si los niños fueran propiedad de los padres”, ha sostenido.

“Los derechos humanos llegan a la puerta de la casa porque luego mandan los padres”, algo que, según ha observado, se debe desterrar para hacer realidad el “espíritu” de la Convención de Derechos del Niño “que prohíbe todo tipo de violencia”.

Ha opinado que la originalidad del estudio reside en “escuchar a los niños y adolescentes” y que el tener una ley que responda con claridad a la violencia “ayuda” muchísimo.

Ha lamentado, no obstante, que sólo esté regulada legalmente la prohibición total en 26 países, entre ellos Venezuela, Costa Rica y Uruguay en América del Sur y de habla inglesa sólo en Nueva Zelanda, tachando de “muy malo” que exista en muy pocos países europeos.

El Congreso, iniciado ayer, tiene entre sus participantes a niños de distintos países, como Perú y Bolivia, y las diversas ponencias, debates y grupos de trabajo se desarrollarán hasta el jueves, que se presentarán las propuestas, para el viernes tener lugar la clausura oficial en Madrid, donde se conocerán las conclusiones finales.

Fuente:  adn.es

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Enlaces de interés:

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Tags: menores, niños, trabajo infantil

Cuatro años después del destape de la parapolítica, los procesos dan un vuelco y ocho ex congresistas condenados tendrán ahora que responder por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo llegó la Corte a esta decisión?

Muchos parapolíticos creyeron que purgar  una pena de cinco a nueve años por concierto para delinquir por sus nexos con los paramilitares sería el único crimen por el que tendrían que responder ante la justicia.

Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar a ocho parapolíticos por crímenes de lesa humanidad abre un nuevo episodio del escándalo de las alianzas entre políticos y las Auc.

La Sala Penal abrió investigación preliminar contra Jorge de Jesús Castro Pacheco, Dieb Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento.

Según estadísticas de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre la ‘parapolítica’, dentro de estos procesos se abrieron investigaciones a 107 parlamentarios y ex parlamentarios, entre los que hay 33 presos por orden de la Corte  Suprema de Justicia; 15 han sido condenados hasta el momento, en tanto que se siguen indagaciones a 420 políticos locales, como alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, entre otros.

Esta no es la primera vez que la Corte Suprema establece que la justicia debe investigar a políticos por crímenes de lesa humanidad (masacres, desplazamientos, robos de tierras, desaparición) que cometieron los paramilitares.

El primer paso en este sentido se dio cuando el ex presidente de la Corte, Augusto Ibáñez sugirió en noviembre pasado “aplicar al proceso de Justicia y Paz un estándar internacional a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. También hay que adoptar una postura sobre los aparatos de guerra siguiendo estos estándares. La postura además insta el gobierno para que en el concepto sociológico e histórico se convoque una comisión de la verdad” (Ver artículo: Corte Suprema pide creación de Comisión para la Verdad paramilitar).

En la providencia, el concepto de “aparato militar” incluye ex paramilitares pero también a todo aquél que por acción, complicidad u omisión colaboraron con las autodefensas, y en esta categoría también entrarían los políticos, militares, funcionarios y empresarios que colaboraron con grupos armados.

Así la decisión abrió la vía para que los ‘parapolíticos’ no sólo sean juzgados por concierto para delinquir sino también por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada e incluso narcotráfico, entre otros crímenes.

“Si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito”, sostuvo en ese momento Ibáñez.

La primera jurisprudencia sobre este tipo de proceso fue la que sentó la condena de Salvador  Arana, ex gobernador de Sucre, a 40 años de cárcel por el asesinato de Edualdo Díaz, ex alcalde de El Roble (Ver sentencia contra Salvador Arana).

El ex gobernador fue condenado porque se demostró que se alió con paramilitares para asesinar a Díaz, después de que éste denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Uribe, que recibió amenazas de ‘paras’. Díaz aseguraba que Arana y los ‘paras’ estaban defraudando el erario en Sucre.

En ese momento la Corte estableció que además del concierto para delinquir, Arana también había sido responsable de los crímenes que cometieron los paramilitares siendo él gobernador.

Nuevamente, en la sentencia contra Álvaro ‘El Gordo’ García, ex Senador, condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo  y del homicidio de una maestra de escuela que era testigo electoral en 1997, así la Corte estableció que el político de Sucre no solo fue responsable del delito de concierto para delinquir (Ver sentencia contra ‘El Gordo’ García).

Por eso no fue extraño que la Corte, en la sentencia contra Álvaro Araújo Castro, ordenara a la Fiscalía que reabriera el caso por el secuestro del político cesarense Víctor Ochoa Daza, cometido por paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ el 13 de enero de 2002. Para el Alto Tribunal el secuestro del Ochoa Daza, Araújo presuntamente logró beneficiarse políticamente (Ver sentencia contra Álvaro Araújo).

En la sentencia queda claro que la Corte además de condenar a Araújo por concierto para delinquir, también dijo que el ex congresista “hacía parte de estructura criminal” por lo cual también “debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal”

Ahora, la última decisión que tomó la Corte de abrir una investigación contra los parapolíticos fue la condena Jorge Castro Pacheco en mayo de 2010 quien está pagando siete años de prisión por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ (Ver sentencia contra Castro Pacheco).

En esa sentencia la Alta Corte ratifica el hecho de que Castro Pacheco hacía parte de la organización criminal y como tal, abrió espacios para que los ‘paras’ pudieran aplicar su estrategia de tomarse todas las instancias de poder.

Por eso la Corte concluye que Castro Pacheco también debe responder por los crímenes de los ‘paras’ y ordena compulsar copias para que se investigue a  Castro Pacheco junto a Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento porque se beneficiaron de pactos políticos con ‘Jorge 40’.

Artículo completo en:  Semana.com (Colombia)

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Tags: crímenes, paramilitares, políticos