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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Modalidades más frecuentes de fraude en seguros
Día a día algunas personas naturales -e incluso bandas organizadas- inventan diferentes e ingeniosas modalidades que buscan obtener beneficios económicos de manera ilícita.
El Instituto Nacional de Investigación, Lucha y Prevención del Fraude (Inif) reporta en un informe que, según la Policía Nacional, en Colombia se robaron 4.579 carros durante el 2006, o sea casi 13 autos diarios.
Según cifras internacionales divulgadas por la Federación de Aseguradores de Colombia, Fasecolda, un 12,5 por ciento de la cifra de autos reportados como robados correspondeía a reclamaciones fraudulentas.
De esa forma, se calcula que las compañías aseguradoras perdieron en el país unos 72 mil millones de pesos por ese concepto el año pasado, de 581 mil millones de pesos pagados a los clientes por siniestros de sus autos.
Es así como las compañías invierten parte de sus primas de seguros en la contratación de personal especializado y realizan una inversión tecnológica que les permite la detección oportuna y efectiva de este tipo de delitos y, adicionalmente, hacen que se promuevan proyectos de ley para endurecer las penas.
A continuación se explican algunas de las principales modalidades que son comñunmente detectadas y que han permitido judicializar a los clientes que han querido ‘pasarse de vivos’.
El autorrobo
Existen varias modalidades de autorrobo, entre las que se pueden destacar las siguientes:
La entrega: así se denomina la modalidad en la cual se asegura un vehículo para venderlo a grupos ilegales o a la delincuencia común; posteriormente se reporta como robado a la compañía para cobrar la indemnización.
Hurtos parciales: ocurren cuando el asegurado se autorroba elementos que hacen parte del vehículo, como llantas, computadores y consolas, o accesorios como radios, plantas de sonido, etc. Por otra parte, algunas reclamaciones señalan daños preexistentes en el vehículo como si hubieran ocurrido a raíz del hurto; por ejemplo, reclamar que un rin aparece desbalanceado, un daño de la consola o a cualquier dispostivo del carro.
Autorrobo de partes: otra variante es cuando ocurre un siniestro real. Tras el accidente, el asegurado desvalija el vehículo y reporta el hurto de componentes del mismo, con la excusa de que cuando regresó a su vehículo lo encontró desvalijado. Esto generalmente ocurre con siniestros que se presentan en carreteras por fuera de la ciudad y en vehículos de servicio pesado y de servicio público.
Uso en ‘zonas rojas’ y pago de ‘vacunas’: también se presentan casos en que grupos armados urbanos compran un veículo legalmente, lo aseguran y posterior a eso lo trasladan a zonas de su influencia, conocidas como ‘zonas rojas’, para hacer uso del mismo. Posteriormente reportan el hurto a la compañíaa para hacer el cobro de la indemnización.
Una variante de la modalidad anterior es pagar vacunas por extorsiones a grupos armados ilegales a través de los vehículos asegurados para posteriormente reportar un supuesto hurto a la compañía de seguros. De esa forma, quien paga por el rescate de un secuestro o una ‘vacuna’ no pierde tanto, pues gran parte de ese dinero se traslada al asegurador.
Más información en www.motor.com.co
Venta de perfumes
Foto capturada en el rastrillo de la Aldehuela en Salamanca capital el domingo 15 de abril de 2007. El rastrillo de la Aldehuela es un rastro de tamaño medio-grande que se organiza todos los domingos en el recinto ferial de la Aldehuela en Salamanca. Los carteles de los perfumes robados a 5 Euros estaban colgados en uno de los puestos del rastro.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Jeringas llenas de cianuro son la nueva arma de bandas delincuenciales para retrasar investigaciones
72 horas después de que Darío García, dirigente conservador de Risaralda, fue asesinado con este método, la Policía dijo que no fue un hecho aislado o provocado por una persona con problemas mentales.
García murió en una clínica de Pereira. Y mientras algunos de sus familiares trataban de encontrar explicaciones sobre lo sucedido, las autoridades comenzaron a barajar hipótesis sobre las causas del asesinato.
De acuerdo con las primeras pesquisas, los investigadores pudieron saber que el uso de jeringas cargadas con venenos o agresiones con sustancias letales son un nuevo modus operandi aplicado por bandas delincuenciales para frenar a las autoridades y retrasar sus investigaciones.
«No podemos hablar de que haya una banda dedicada al uso exclusivo de jeringas, solo que sería un método que se ha vuelto alternativa de los asesinos para no dejar rastro», explicó una fuente policial que pidió reserva de su nombre.
Los uniformados han podido saber que el crimen de García no fue por razones poíticas. Al parecer, todo había ocurrido como una represalia a un problema económico.
Y aunque en Risaralda no se habían reportado asesinatos con jeringas o venenos, según lo informó el director de Medicina Legal, Jhon Botero, en Cali ya han sido cuatro las íctimas de esta modalidad delictiva.
Entre el 25 de febrero y el 5 de octubre del 2006 fueron atacadas tres mujeres, entre ellas Sonia Rivera, a quien le inyectaron materia fecal para robarle el celular.
Ella permaneció hospitalizada durante dos meses porque los tejidos blandos de su cuello fueron severamente dañados. Después salió de la ciudad por amenazas. Dos días después fue agredida Sonia Rincón con otra aguja, pero no presentó dolencias.
La tercera víctima fue Ana María Gámez, una joven de 21 años. A ellas se sumño Ángela María Vera, a quien también le inyectaron heces y debe someterse a controles. De los primeros tres casos se sindicó a Jonhatan Londoño Perlaza, alias ‘diyemón’, quien fue dejado en en libertad por vencimiento de términos y sin que se hubiera podido establecer si era el cabecilla de alguna organización ilegal.
La última de las mujeres víctimas de esta nueva modalidad delincuencial en Cali fue una menor de 17 años, identificada como Jenifer Luligo. Ella murió luego de que un hombre le arrojó un Ácido que le produjo lesiones en sus ojos y complicaciones pulmonares. Y aunque la familia niega amenazas, se investiga si el crimen tuvo como causa un conflicto personal.
«Estos métodos no son usados por baratos o por ser fácil es, sino para no dejar pistas de las actividades ilícitas de los atacantes», dijo la fuente.
Fuente: El Tiempo. Colombia
Vídeo sobre los derechos de autor
¿Quién sabe si algún día será la cruda realidad?
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La ICAR, una religión sin salida
La Iglesia española no ve inconveniente en el ingreso en la fe de bebés sin uso de razón, pero pone trabas a quienes exigen no ser considerados católicos La Agencia de Protección de Datos da la razón parcialmente a los apóstatas
ENTRAR es fácil; salir, no tanto. No hablamos de un laberinto o de un centro comercial, ni siquiera de un contrato de telefonía móvil, sino de la Iglesia católica. La institución no tiene inconveniente en que el bautismo se administre a bebés incapaces de dar su consentimiento; en cambio, exige numerosos requisitos para dejar constancia de que uno no es católico.
Apostatar es, según el Diccionario de la Real Academia, «negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo». En los últimos años, en España ha aparecido un cada vez más visible movimiento apóstata: junto a los actos colectivos de abandono de la confesión en la calle, Internet se ha convertido en un foro en el que muchos ateos, agnósticos o ex creyentes buscan ayuda para culminar su separación de la Iglesia católica. Algunas organizaciones de gays y lesbianas, molestas por la actitud del episcopado hacia la homosexualidad, se han sumado de forma entusiasta a este movimiento.
La propia institución eclesiástica no tiene una política definida para responder a los apóstatas. Aunque todas las diócesis coinciden en negarse a borrar la partida de bautismo de un individuo, algunas si asumen la petición del interesado de anotar, junto a su asiento en el libro de bautismo, que no desea ser católico. En otras, en cambio, ponen todo tipo de trabas: por ejemplo, los arzobispados de Madrid y Valencia han recurrido en los tribunales las resoluciones de la Agencia Nacional de Protección de Datos que amparan el derecho de los apóstatas.
Prueba de que no hay una posición clara respecto a este asunto es la respuesta del Arzobispado de Granada al requerimiento de IDEAL. El vicario general, Juan Rodíguez Segura, aseguró que la diócesis de Granada no pone ningún impedimento a la apostasía; como ejemplo, recordó ue la última solicitud se presentó un lunes y a finales de semana ya estaba anotado, en el libro de bautismo de la apóstata, su condición de no católica. «Seguimos exactamente la directiva interna de la Conferencia Episcopal Española (CEE)», dijo el vicario. Y esa normativa «confidencial», afirmó, fue enviada a todos los obispados de España el 7 de noviembre de 2005 por el vicesecretario para asuntos generales del episcopado, quien podría aclarar su contenido. Sin embargo, el gabinete de Comunicación de la CEE dijo a IDEAL que tal normativa no existe y «cada obispado actúa de forma autónoma».
«Una decisión pensada»
Hace unas semanas, el secretario general de la CEE, Juan Antonio Marínez Camino, justificaba las dificultades para darse de baja en los libros de bautismo en que la Iglesia debe «garantizar» que tan «dramática decisión» es una «opción libre, pensada y con conocimiento de causa. Apostatar es una decisión seria, ya que significa dejar de ser católico, con todo lo que eso significa».
«También bautizarse es una decisión seria, ya que significa comenzar a ser católico, con todo lo que eso significa -replica Albert Villanova, creador de la web apostasia.es-. Por tanto, las exigencias para el bautismo deberían ser anÃáogas a las de la apostasía».
El movimiento apóstata exige a la Iglesia que unifique los criterios para apostatar de acuerdo a la ley, mediante un procedimiento «claro, rápido y gratuito para desasociarse», como señala el periodista, psicólogo y escritor José Rodríguez en su web (www-pepe-rodriguez.com). Villanova, además, reclama al Gobierno que regule este asunto para garantizar «el efectivo ejercicio del derecho a abandonar una determinada confesión religiosa, recogido en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa».
Procedimiento
Cuando la Iglesia, a través de la parroquia o el obispado correspondiente, no atiende la declaración de apostasía, el solicitante puede reclamar ante la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), competente en estos casos y que ya ha emitido decenas de resoluciones casi idénticas.
En todos los casos, la ANPD da la razón al reclamante en el sentido de que la parroquia y/o el obispado deben apuntar, en el acta de bautismo correspondiente, una anotación marginal en la que conste el «derecho de cancelación», es decir, que el interesado no desea figurar en ese listado ni pertenecer a esa organización. El efecto legal es que los datos relativos al apóstata quedan «bloqueados» y no pueden ser utilizados de ningún modo sin su permiso.
Sin embargo, la Agencia no obliga a la Iglesia a destruir la hoja del bautismo, al aceptar la pretensión eclesial de que los libros de bautismo registran «hechos históricos», pero no constituyen un «fichero» o «base de datos». También asume la tesis esgrimida por el episcopado frente a los apóstatas, según la cual «el asiento en el registro bautismal no es identificable con la pertenencia a la Iglesia católica».
Una afirmación, esta última, muy discutida por el movimiento apóstata. Pepe Rodíguez señala varios párrafos del catecismo en los que se establece que el bautismo es «la incorporación a la Iglesia» y recuerda que el Código de Derecho Canónico identifica las «obligaciones de los fieles» con las de «los bautizados».
En sus resoluciones, la ANPD cita un informe del año 2000 en el que la Dirección General de Asuntos religiosos del Ministerio de Justicia aseguraba que «la Iglesia católica no posee ficheros de sus miembros, ni relación alguna de ellos». Pero también recuerda que la ley establece que «los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado», lo que, en estos casos, significa registrar su condición de apóstata.
En todo caso, varios apóstatas han recurrido también ante la Audiencia Nacional para que les reconozca su derecho a ser borrados de todo registro de la Iglesia. Quizá las sentencias clarifiquen un procedimiento que hoy por hoy sigue siendo confuso. Y muy insatisfactorio para quienes no pueden salir de una organización en la que jamás entraron.
igallastegui@ideal.es
La imprenta que contrató el PP tenía sellos aduaneros falsificados
Marfeme, la imprenta que falsificó 1.000 solicitudes de voto por correo en Melilla por encargo del gerente del PP, Javier Lence -en una causa archivada por la juez en contra del criterio del fiscal-, ocultaba una intensa actividad ilegal que la investigación de la Guardia Civil vincula a la falsificación de tarjetas de identidad italianas, pasaportes y precintos aduaneros marroquíes y rótulos de caducidad de alimentos.
El 11 de enero, guardias civiles vigilaban el almacén de la imprenta Marfeme. Un magrebí salió de la nave con varias bolsas de basura y las arrojó a un contenedor. Los agentes recuperaron las bolsas, que despedían un olor pestilente. En su interior encontraron algunas pruebas de las actividades ilícitas que supuestamente se hacían en la imprenta y que dejaron reflejadas en un atestado:
– Precintos aduaneros marroquíes.
– Sellos aduaneros oficiales para adjuntar a pasaportes marroquíes.
– Un trozo de papel vegetal en el cual se encuentran impresos varios anagramas, entre los que destaca un sello con la leyenda Comune [ayuntamiento] di Albenga, de los utilizados para la tramitación oficial obligatoria de las tarjetas de residencia de extranjeros. Concretamente este sello serviría para la concesión de la carta de identidad italiana.
– Dos envases de cartón deteriorado perteneciente, en apariencia, a la marca de detergente Ariel.
La Guardia Civil tiró de aquel hilo y siguió investigando. La policía aduanera marroquí confirmó que los precintos y los sellos arrojados a la basura desde Marfeme eran falsos.
Otro hecho fortuito aceleró las pesquisas.
El 16 de febrero fue interceptado un vehículo Mercedes modelo 190D en la calle de García Cabrelles de Melilla. Su conductor, Adriano Menini, muestra una carta de identidad italiana que infunde a los agentes serias sospechas de falsedad. Lo llevan a la comandancia. Las gestiones con las autoridades italianas premian el olfato de los guardias civiles: el documento de identidad es falso. Menini está borrado oficialmente como residente del municipio italiano de Albenga y su última carta real de identidad italiana fue emitida en 1995.
Los investigadores dieron otro paso que resultó decisivo: analizaron la tarjeta falsa de Menini y los papeles de la basura de la imprenta. El cotejo resultó: la falsa tarjeta italiana de Menini tenía el mismo sello del ayuntamiento de Albenga que habían encontrado en los recortes de papel arrojados en bolsas de basura por el personal de la imprenta Marfeme.
El 17 de enero, la Guardia Civil montó un nuevo dispositivo de vigilancia en torno al almacén de la imprenta. A las 19.50, una furgoneta llegó al lugar y entró marcha atrás en el local. Su actividad de carga del material de la imprenta quedó oculto a miradas indiscretas. Varias personas se dedicaron a introducir cajas de cartón en el vehículo.
Los guardias identificaron a tres personajes: los dueños de la imprenta, José María y Jaime Cerezo Fernández, y el conductor de la furgoneta, Mohamed Benlamkadem. Los agentes lograron atisbar que estaban cargando cajas desmontadas de detergente Ariel, y que en el interior se apilaban decenas de paquetes de dicho producto. Calculan que el almacén podía ocultar hasta 15.000 paquetes. Los guardias civiles siguieron la pista de la furgoneta cuando abandonó la imprenta hasta su destino, un local propiedad del dueño del vehículo situado en la carretera del dique sur de Melilla.
En dicho establecimiento se vendía todo tipo de productos de alimentación y limpieza. Los agentes simularon ser meros particulares e intentaron comprar un paquete del falso Ariel. El dueño les dice que sólo lo vende en bloques de cuatro cartones, a un precio total de 14 euros. Los guardias acceden y compran el lote. Con el detergente tienen la prueba del supuesto delito.
El contenido y el cartón del paquete de Ariel son enviados para su análisis a la firma oficial fabricante del producto, Procter and Gamble España. La empresa ratifica a la Guardia Civil que continente y contenido son ajenos a su marca. Son falsos.
La investigación siguió con más escuchas. Y en una de ellas irrumpió el gerente del PP local, Javier Lence, con su encargo de impresos falsificados para solicitar el voto por correo.
Fuente: El Pais
El precio de cocaína en calles de E.U. ha bajado 36 por ciento en los últimos años
Más alcaloide circulando en las calles de ese país o una caída significativa en el consumo son las dos posibles explicaciones. Pero esto último es poco probable, según expertos.
La situación tiene encendidas las alertas en Washington: según cifras de la misma Casa Blanca, además de que el precio de la cocaína que se vende en ese país ha venido cayendo dramáticamente en los últimos cuatro años, la pureza del alcaloide se ha incrementado. Los dos indicadores son clave para evaluar la efectividad de la lucha contra las drogas, pues son un reflejo de la disponibilidad de narcóticos en el mercado estadounidense. Además, tienen implicaciones complicadas para la política de erradicación del Plan Colombia. Los cultivos y carteles colombianos siguen siendo los principales proveedores de cocaína en E.U. y lo que dicen las reglas del mercado es que a mayor disponibilidad, menor precio.Las nuevas estadísticas aparecieron en una carta que envió la Casa Blanca al senador Chuck Grassley y fueron reveladas por John Walsh, de la Oficina en Washington para América Latina (Wola). Se trata de un informe del Instituto para el Análisis de la Defensa (IDA), que se encarga de recopilar la información que utiliza la DEA. Los resultados, hasta ahora, no habían sido divulgados. Según el IDA, el precio en las calles de E.U. a octubre del 2006 -el último disponible- es de 135 dólares por gramo de cocaína totalmente pura. Esa misma cantidad valía 210 dólares en julio del 2003. Ahora, además, el alcaloide tiene mayor pureza. Se pasó de un promedio del 60 por ciento en el 2003 al 72 por ciento el año pasado. Según Walsh. la única explicación posible para este fenómeno, diferente a que el Plan Colombia no esté frenando la oferta, sería una disminución de la demanda en E.U.»Pero eso -asegura el analista de Wola- no ha sucedido. La demanda se estabilizó en el 2000 y desde entonces no existen estadísticas que demuestren que está cayendo».De hecho, en el último Sondeo Nacional para el uso de la Droga y la Salud, utilizado por la Casa Blanca para determinar el uso de cocaína entre consumidores ocasionales en la franja de adolescentes, la demanda se ha mantenido más o menos estable desde 1999.»Uno creería que si existen datos que demuestren la reducción en el consumo, la Casa Blanca ya los habría entregado. Pero no lo ha hecho», cuestiona Walsh. Investigadores de la Policía Nacional expertos en la lucha antidrogas dijeron que este fenómeno se puede presentar por dos razones: o la cocaína que en este momento está saliendo de Colombia es de mayor calidad o hay una mayor producción que las 700 toneladas anuales que, oficialmente, se estiman.»Hemos detectado por los decomisos que la mayoría de la droga que está yendo para Estados Unidos es la que los delincuentes llaman ‘escama de pescado’, cuya pureza es del 99 por ciento. Entonces, cuando llega allá la mezclan con otra droga de menos calidad y otras sustancias y de un kilo sacan tres», explicó un agente con 11 años de experiencia en la lucha antinarcóticos.La información se conoce en un momento determinante para el Plan Colombia: justo en el momento en el que el Congreso estadounidense -ahora controlado por demócratas- está evaluando el futuro de esa estrategia. Aparece también a pocos días del viaje del presidente Álvaro Uribe Vélez a Washington y cuando se está a la espera de las cifras oficiales sobre los cultivos de coca en Colombia para el año 2006, que, según conoció EL TIEMPO, disminuyeron en cerca de 10 por ciento.
20.000 dólares es el precio en Miami de un kilo de cocaína enviada desde Colombia. Si la droga es puesta en Canadá, el precio aumenta hasta cuatro veces.
Hace 2 años gramo llegó a los US$ 200 Las nuevas estadísticas ponen entredicho el victorioso anuncio que realizó el zar antidrogas John Walters en noviembre del 2005. Walters, utilizando datos suministrados por IDA, documentó un aumento en el precio de la coca, que bordeó los 200 dólares por gramo, y una disminución de su pureza (65 %) como prueba de que el Plan Colombia había comenzado a dar resultados. Pero casi de inmediato, según las cifras de IDA, el precio comenzó a caer sistemáticamente, hasta alcanzar el de octubre del 2006. Es el segundo más bajo que se registra en los últimos 5 años, según datos oficiales de E.U.SERGIO GÓMEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Detectives tras las trampas en el cole
«Un padre estaría dispuesto a hacer todo por la educación de sus hijos». Así opina José Miguel Iglesias, propietario de la agencia sevillana Rausa y Rausa Detectives, que en los últimos años ha encontrado una vía de negocio en los fraudes que algunos padres cometen para conseguir plaza en el colegio que quieren para su hijo. Iglesias ha visto de todo en lo que a tretas para escolarizar a los niños se refiere.
Para demostrar que otras familias mienten, los padres cuyos hijos no han podido entrar en el colegio deseado tienen un plazo de 10 días -que terminó ayer-, para recurrir ante el centro. A partir del 7 de mayo pueden presentar alegaciones por la vía administrativa ante la Junta de Andalucía. Ésta tendrá tres meses para responder. Pasado ese tiempo, y si el dictamen no es favorable, las familias pueden utilizar la vía judicial.
En Sevilla, como en otras ciudades andaluzas, la escolarización se ha convertido en una competición en la que las reglas no siempre se acatan. Los centros con más demanda que oferta se enfrentan cada año a más disputas y fraudes. «La filosofía es: si tiro de los que están arriba, consigo que mi niño entre», explica Iglesias.
En este periodo, cada vez más padres recurren a abogados y, si es necesario, contratan a detectives para demostrar si los datos aportados por los alumnos admitidos son ciertos o no. Diego Laffón es uno de los abogados sevillanos con más tablas en este campo: «He trabajado en colegios concertados de toda la provincia, pues es en este tipo de centros donde más casos se producen, sobre todo desde hace unos cinco años», explica. La causa, en su opinión, es que las plazas ofertadas en estas escuelas son insuficientes y que los centros ya no pueden ampliar a su criterio el número de alumnos: «Puedo llegar a ocuparme de una treintena de casos cada año», añade.
Uno de los nuevos problemas este año deriva de que el nuevo sistema de baremos de la Junta de Andalucía prima a los hijos de familias monoparentales: «No se concreta qué es. Se supone que un hijo de divorciados está en esta situación, así que la gente se acoge al divorcio para optar a más puntos», explica Laffón. Los colegios, según este abogado, deben exigir la sentencia firme de divorcio y el libro de familia. «Aún no hemos visto los expedientes, pero hay muchos casos de familias monoparentales y aún no sabemos por qué», apostilla.
K. B Pedregal es uno de los despachos de detectives que investiga estos fraudes en Sevilla. «Todos los años pasa. Sobre todo, en colegios de infantil y primaria y en guarderías públicas», comenta Benito, detective en esta agencia. Según explica, la dirección del centro colabora a veces en la investigación.
Manuela Martín es la propietaria de Manel Detectives, también en la capital andaluza: «Aportamos varias pruebas: se hacen fotografías, por ejemplo, si los padres dicen que viven en un sitio y no es así, o si dicen que están divorciados y cohabitan, o salen juntos todos los días; también hablamos con los vecinos, verificamos matrículas, escrituras, datos de registro de la propiedad; en definitiva, aportamos todo lo que pueda valer para demostrar el fraude», explica Martín, quien también acude a los juicios a testificar.
El precio de las investigaciones oscila entre los 500 y los 2.000 euros. «Un solo caso de este tipo podría costar unos 600 euros. Por eso, muchas veces, los padres se unen para afrontar los gastos en común», explica José Miguel Iglesias. La dedicación habitual a estas investigaciones no excede, según los investigadores, de una semana. «Yo he llegado a estar 39 horas sin dormir para seguir a alguien, pero he conseguido las pruebas», concluye Iglesias.
Fuente: El País PILAR CHOZA – Sevilla – 24/04/2007
Los 10 tipos de delitos más cometidos en internet
nternet, como cualquier otro espacio, esta a merced de delincuentes, por lo que debemos estar alerta y concientes de que podemos ser victimas de cualquier tipo de delito. Los siguiente números corresponden a los tipos de delitos más cometidos en internet en el año 2006, ordenado por su porcentaje:
Fraude de subasta – 44.9%
No entrega – 19%
Fraude con cheques – 4.9%
Fraude con trajeta de crédito/debito – 4.8%
Fraude por computadora – 2.8%
Fraude de confidencialidad – 2.2%
Fraude de instituciones finacieras – 1.6%
Robo de identidad – 1.6%
Fraude de inversión – 1.3%
Pornografía infantil – 1.0%
Como es notable la mayoría está relacionado con los sitios de compra y venta por internet, ya sea por fraude de subasta o por la no entrega de determinado producto.
Fuente: Physorg.com
La CAM anula más de 4000 tarjetas de crédito para evitar que los ladrones que las clonaron desvalijen más cuentas
La CAM anula más de 4.000 tarjetas de crédito para evitar que los ladrones que las clonaron desvalijen más cuentas
Decenas de afectados directos, que han visto mermados los ahorros de sus cuentas bancarias, y miles de damnificados indirectos, que se han quedado temporalmente sin tarjeta como medida preventiva. Con este panorama amanecieron varias oficinas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Murcia, cuyos trabajadores tuvieron que dar mil y una explicaciones a los clientes que allí se congregaban quejándose de lo mismo: ‘¿Oiga, que el cajero se ha tragado mi tarjeta!’.
Después de que un grupo de delincuentes, sobre quienes aún se desconoce su identidad y nacionalidad, se hiciese con un suculento botín al desvalijar las cuentas de varias decenas de clientes de la CAM -cuyas tarjetas habían conseguido duplicar de forma ilegal-, la caja ha tomado drásticas medidas para frenar los robos.
La primera medida preventiva ha sido anular más de 4.000 tarjetas bancarias frente a la posible clonación de la banda magnética de cientos de tarjetas por parte de los delincuentes, según fuentes contrastadas pero no oficiales de la CAM. Los portavoces de la caja declinaron la posibilidad de dar información al respecto por ser ‘de uso interno’.
Aún se desconoce el número exacto de afectados directos y, por ello, tanto en las oficinas donde estos ladrones informáticos ya habían colocado pequeños aparatos que permiten copiar la información contenida en la banda magnética de las tarjetas, como en otras tantas sucursales del barrio del Carmen -la zona donde hay mayor cantidad de afectados-, los clientes se encontraban con la sorpresa de que el cajero se tragaba su tarjeta. La CAM dio la orden de cancelar tarjetas, a través de los cajeros, en todos los casos en los que existiese la más mínima posibilidad de duplicación de la banda magnética.
Avalancha de temerosos
Las sucursales de la CAM de la calle Floridablanca y la de Torre de Romo, en el mismo barrio, recibieron ayer una auténtica avalancha de personas, hasta medio millar, a quienes el cajero se había tragado sus tarjetas y que solicitaban información sobre este hecho, ya que el escueto mensaje escrito a ordenador que pendía del dispensador de dinero dejaba bastantes lagunas.
Los clientes, extrañados, preguntaban cuáles eran las dificultades técnicas a las que se refería dicho mensaje, y conforme el lugar se iba llenando de propios y extraños, el rumor crecía: ‘Han duplicado tarjetas y están anulando las que pueden estar trucadas’.
Sólo en la sucursal del jardín de Floridablanca, frente a la iglesia de El Carmen, la cancelación de tarjetas llegó a media mañana a las 200 unidades, todas ellas dadas de baja por seguridad, y el número de estafados por los robos ascendía a unos 80. Al ser una de las oficinas más azotadas por la duplicación de bandas magnéticas, los augurios sobre el número de las anuladas preveía llegar a las mil al final de la jornada.
Lo cierto es que, aunque la Policía Nacional continúa tras la pista de los estafadores, nada se sabe de este grupo que hace unos días cometió el mismo delito en cajeros de la CAM en Alicante.
Pero los clientes pueden respirar tranquilos. La anulación de sus tarjetas será sólo por unos días. Podrán recuperarlas entrada la semana próxima, ‘sobre el martes o el miércoles’; momento en el que se habrán hecho ‘tarjetas totalmente nuevas. Además, la entidad ‘les devolverá el dinero sustraído en caso de haberse dado el robo en sus cuentas’, dijo la CAM.
Fuente: La Verdad
Una sentencia del Supremo censurada por un diario digital porque comentaba sobre senadora del PP
Este blog nace por la decisión de un pequeño grupo de amigos que manteía en un «portal web» de un importante grupo de comunicación otro blog: «Rioja Confidencial» .
El pasado Lunes 2 de Abril de 2007, el «portal web» que alojaba el blog decidió sin avisar eliminarlo por completo.
Dicho «portal web» es la ventana de Internet del único diario impreso de pago que se edita en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Cuando se preguntó via email por lo ocurrido la respuesta fue esta:
«Hemos borrado tu blog ya que era claramente ofensivo para la senadora Francisca Mendiola».
Haíamos publicado un arículo que no era mas que extractos una sentencia Judicial del Tribunal Supremo que anulaba la resolución de la Consejeía de Salud, Consumo y Bienestar Social de La Rioja, de fecha 5 de mayo de 1997, por la que se autorizaba la apertura de una tercera oficina de farmacia en Nájera, a Francisca Coloma Mendiola Olarte, senadora riojana del Partido Popular y Vicepresidenta de la Asamblea General de CAJA RIOJA.
También publicábamos un link a una noticia en la que se contaba que la familia de la senadora haía construido un chalé de forma ilegal y que haía una sentencia que obligaba a derribarlo.
A dia de hoy se puede consultar en el caché de google una copia del blog censurado.
En nuestra opinión, ni se atacaba ni se ofenía a la senadora por publicar una sentencia firme, que no puede ser recurrida, del Tribunal Supremo de Justicia. Con el cierre del blog sin previo aviso, y esa explicación nos estaban dando a entender que las decisiones de la justicia «ofenden».
Los intereses que se intentaban guardar o que llevaron a tal decisión no los sabemos, aunque no es dificil imaginarlos.
La respuesta que se nos dio no nos pareía convincente en absoluto, y mucho menos la decisión de cerrar el blog por completo en vez de «avisar» para que retirasemos el arículo: en dicho portal web, se han publicado blogs por ejemplo con fotograías pornográficas, y se han «censurado» por los propios autores previo aviso de los responsables del servicio, y se publican arículos como éstos:
¿Puede tener algo que ver que el director del «portal web» de comunicación haya sido jefe de Prensa de AlcaldÃa en el Ayuntamiento de Vitoria, en manos del PP, hasta hace poco? Son muchas las personas en la Rioja que piensan que el único diario escrito de pago, que edita también el portal web donde se alojaba el blog, está completamente al servicio de los intereses del partido politico que gobierna actualmente en La Rioja, el Partido Popular.
Y si bien es cierto que todos los medios de comunicación tienen su línea ideológica, algo normal y en absoluto criticable pues para eso existe la libertad de prensa, pensamos que esta tendencia en la mayoría de los medios riojanos, y sobre todo en el «decano» de la prensa no era antes tan acusada.
Queremos intentar desde aquí hacer una pequeña aportación, abrir el debate, para que a través de internet se ofrezcan y unan otros puntos de vista que puedan llegar a las y los riojanos.
Por los hechos relatados, que pueden parecer una anécdota, pero simbolizan y significan bastante, decidimos crear este blog. Porque creemos que es necesario un punto de vista informativo progresista no sumiso al poder en La Rioja, y creemos que los riojanos se lo merecen. Y esperamos que se haga posible con la unión de «pequeños» como nosotros.
Queremos también ofrecer y buscar un «punto de encuentro» para «internautas» que cuenten o analicen los hechos lo más objetivamente posible, dar voz a quien no la tiene, ofrecer distintos puntos de vista, y mostrar aquello que aunque para algunos intereses o interesados sea incómodo, para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas sea necesario conocer.
Todo ello sin la influencia de ningún partido poítico, asociación, empresa,o grupo. En resumen: pensamos que en La Rioja no sobran medios de comunicación, pero sí faltan. Y queremos debatir sobre ello. Quede claro que desde aqui no se pretende llamar a boicots, queremos ayudar a construir, no destruir.
El siguiente arículo será el censurado en el antiguo blog.
Fuente: Rioja Independiente
Mercadona pillada con las manos en la masa
En la discusión del artículo de Mercadona en la Wikipedia han cogido con las manos en la masa a, parece ser a todas luces a la empresa, por la ip de la conexión de Mercadona por un simple whois al servidor y otro al dominio de Mercadona (super-coincidencia).
El artículo, que fue “tocado” varias veces, fue manipulado donde hablaba de las sentencias favorables a la plantilla en materia de violaciones de derechos fundamentales, de mujeres embarazadas y derechos sindicales entre otros.
También manipularon lo referido al largo conflicto que mantiene con dos decenas de trabajadores inmigrantes desde hace un año.
Fuente: http://dext.wordpress.com/
Juana de Arco, sus restos un fraude
Para quienes han creído y venerado los restos que se atribuían a Juana de Arco, esta noticia es una jarro de agua fría. Las reliquias que conservaba el arzobispado de Tours (Francia) supuestamente de la famosa heroína, han resultado ser restos de una momia egipcia.
Desde que en el siglo XIX “se descubrieran” los restos carbonizados de Juana de Arco, se han venerado convirtiéndolos en un mito nacional, sin embargo, uno a uno caen irremediablemente todos los dogmas de fe a los que tienen acceso los científicos. Philippe Charlier, un médico forense que obtuvo el pasado año el permiso para poder estudiar las supuestas reliquias no esperaba que los restos pudieran pertenecer a una momia egipcia.
La historia de estos restos es muy curiosa y confiada, las supuestas reliquias se encontraron en el año 1867 dentro de una jarra de una farmacia de París. La conclusión que llevó a creer que los restos pertenecían a Juana de Arco era fruto de la inscripción que contenía dicha jarra, “Reliquias encontradas en la hoguera de Juana de Arco”, la verdad es que el trato no fue muy científico que digamos.
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Los casos de agresiones de hijos a padres se duplican en dos años
Es lo que más preocupa: las denuncias de maltrato familiar protagonizadas por menores que aún no han cumplido los 14 años. Han pasado de 54 en 2006 a 96 en 2007 en la provincia de Valencia. «Responde a los patrones de violencia que proyecta la sociedad. Tenemos que trabajar sobre ello todos muy seriamente», afirma la fiscal coordinadora de la Fiscalía de Menores de Valencia, Teresa Gisbert. Son casos extremos, pero la progresión ha sido clara: de seis asuntos en 2001, diez en 2002, 22 en 2003, 22 en 2004, 37 en 2005, y 54 en 2006 el pasado año se cerró con casi un centenar.
En otra de las categorías a las que se presta especial atención, el acoso escolar, los datos demuestran que la tesis que mantuvo la Fiscalía en los dos últimos años ante algunos episodios era correcta. «No es lo mismo acoso escolar que agresión entre menores en la escuela», afirma Gisbert. En 2006, hubo 67 asuntos. En 2007, menos, 56.
Otro de los dramas es el de las agresiones sexuales, 43 de ellas de menores de 14 años. Un ejemplo reciente: en un colegio, un alumno, en los lavabos, violó a una alumna. Doce meses de libertad vigilada pide la fiscal.
Las denuncias con menores como protagonistas han ido creciendo. En parte, porque las víctimas conocen que la fiscalía de menores es un agente capaz de abordar esas situaciones. Prueba de ello es que ha elaborado respuestas a hechos inesperados o no exactamente recogidos en la literalidad de leyes y protocolos. Junto a Sanidad y Bienestar Social, por ejemplo, Gisbert ha articulado un protocolo para realizar pruebas a extranjeros que llegan al centro de recepción y sobre los que existen dudas razonables de la edad que dicen tener.
Pero hay más. En episodios de violencia sobre la mujer entre menores, en los que se dictan medidas análogas a la orden de protección y de alejamiento. La pasada semana era juzgado un joven, ahora de 17 años pero con 16 cuando empezó el enfrentamiento, por hacerle la vida imposible a su ex novia, de la misma edad, que tuvo incluso que abandonar el trabajo y a su actual pareja. Otro asunto se ha quedado a medio camino al retirarse la denuncia: una joven de 17 años que vive con su pareja, con la que tiene un hijo, y la madre de él, denunció que él la había arrastrado de los pelos por toda la casa y la había golpeado. Una vez intervino la policía, a la que llamó la propia menor, y la fiscalía empezó su trabajo, ella se personó sola para retirar la denuncia. A los pocos días, lo hizo la suegra, que negó que su hijo fuera un agresor y que cargó sobre la chica una actitud de desprecio que molestó a su hijo pero que ya había desaparecido. En violencia sobre la mujer, la fiscalía de menores de Valencia trabajó en 2007 con 498 casos.
Y hay complejidades extraordinarias, como la investigación que dirigió Gisbert sobre una mafia que usaba a menores rumanos para robar en bares y cajeros. Reconoce que fue capital el trabajo de la brigada de menores de la policía nacional.
Han sido 11.489 los asuntos en 2007 en materia penal, 659 más que en 2006. Diez fiscales, un equipo técnico, una media de 40 casos diarios (hurtos, robos con violencia, agresiones entre menores o de menores a adultos), de entre 30 y 35 exploraciones de víctimas y testigos por día, inspecciones a centros, a casas de acogida, asistencia a juicios, ruedas de reconocimiento (tres el pasado viernes) se ocupan de más de un millar de casos al año, una cifra superior a la de muchos juzgados de adultos. Están, además, pendientes de la programación televisiva, a la red, y participan o proponen medidas extrajudiciales.
«Tenemos un ámbito muy amplio, como coordinadora, responsable además de la organización de los efectivos, doy respuesta, o la canalizo, a comisarías, centros de salud, colegios, asociaciones, educadores… Aquí llegan algunos de los peores casos, no retratan a todos los menores, pero nos alertan y nos obligan a responder eficazmente a esas situaciones. Y es necesaria la implicación de todos», explica Gisbert. «Aquí hacemos incluso de madre/padre», añade.
El pasado viernes, entre reconocimientos, visado de escritos, estadística y planificación de juicios y guardias, un menor, de 17 años, rumano, era conducido detenido a declarar. Desde mayo de 2007 hasta el pasado 7 de febrero, acumulaba 12 detenciones por robos de vehículos y en bares. Estuvo asistido por un abogado de oficio, tuvo intérprete, respondió al interrogatorio de una fiscal, y Gisbert actuó como madre/padre para velar aún más por sus derechos. Se acordó cautelarmente el internamiento en régimen semiabierto. Es un intento de ayudarle. En breve cumplirá 18 años. El siguiente delito le supondrá la cárcel.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Fuente; La Opinión de Murcia
¿Es peligroso disparar balas al aire?
Tal y como aprendimos en Cazadores de Mitos resulta que las balas tienen bastantes dificultades para viajar por el agua de modo que sumergiéndote a unos tres metros de profundidad estarías seguro si alguien te disparara. Una cuestión balística relacionada, tan irrelevante como curiosa, sería la que tradujo Maikelnai el otro día: ¿Es peligroso disparar balas al aire?. El resumen es que
Si disparas un arma de fuego al aire, la bala viajará hasta 1,6 km hacia lo alto (dependiendo del ángulo de disparo y de la potencia del arma). Una vez que alcanza su apogeo, la bala caerá. La resistencia al aire limita la velocidad, pero las balas se diseñan para ser altamente aerodinámicas, de modo que la velocidad es bastante letal si llega impactar contra una persona.
Tal y como dice el original de HowStuffWorks, en las áreas rurales la probabilidad de impacto sobre alguien es limitada por una mera cuestión probabilística, pero en las ciudades más pobladas el peligro aumenta notablemente – tal y como aprendimos también en un episodio de C.S.I. Ahora bien, ¿depende de algún otro factor la peligrosidad de esas balas errantes?
En Consultorio CPI: Balas al aire analizan con más detalle la situación, y también referencian los trabajos de Cazadores de Mitos al respecto (disparando balas al aire sobre cerdos muertos en nombre de la ciencia), tras lo cual concluyeron que el asunto depende sobre todo de si la bala sube totalmente en vertical o con cierto ángulo. El resumen es que cuanto más vertical, menos peligrosa, pero cuanto menor sea el ángulo respecto a la horizontal, más fuerza tendrá y más peligroso sería el impacto:
Si el disparo es totalmente vertical, la bala caerá a plomo tras subir y detenerse en el punto más alto de su trayectoria, cayendo a la mencionada velocidad de 160 km/h. Si te tiran una bala a la cabeza a 160 km/h, lo más probable es que te haga un buen chichón con brecha y conmoción incluidas, pero es muy poco probable que penetre el hueso (…) La energía que recibe cráneo con una bala de 5 gramos a 160 km/h es equivalente a la de un martillazo con un martillo de 500 gramos a 16 km/h (o 2,25 m/s). Un buen golpe, sin duda, pero no mortal de necesidad. Es posible que si la bala cae de punta te pueda hacer una mella en el hueso.
Pero si el tiro no es perfectamente vertical, si pegamos un tiro al aire con el fusil a 45º, la bala tendrá dos componentes de velocidad, la vertical y la horizontal. La velocidad vertical descenderá a 0 en el punto más alto de la parábola, como en el ejemplo anterior. pero la velocidad horizontal no se ve afectada por la gravedad, sólo por la resistencia del aire, y puede ser bastante alta cuando la bala llegue al suelo. Si la velocidad de salida de la bala es de 300 metros por segundo, en un tiro a 45º la componente horizontal será de más de 200 metros por segundo (720 km/h), y al llegar al suelo puede superar fácilmente los 500 km/h, suficiente para atravesar a una persona de parte a parte. Hay casos documentados de muertes por balas disparadas al aire, a varios cientos de metros del lugar del disparo. No hay casos documentados, sin embargo, de muertes por balas cuando la bala cae cerca del lugar del disparo (cuando la mayor parte de la velocidad de la bala era vertical).
Como decían en uno de los comentarios, «qué suerte que aquí celebramos las bodas tirando arroz a los novios y no disparando balas al aire como hacen en algunos países»…
Fuente: http://www.microsiervos.com/
Vía crucis del scam y perfil de su víctima
Los afectados por el SCAM, son internautas que han recibido un correo electrónico con una oferta de trabajo para, por ejemplo, “adentrase en un mundo empresarial y deberán gestionar sus propias operaciones. La tarea del Gestor de transferencias es procesar los pagos entre los clientes de nuestros asociados y nuestra empresa”. Esta empresa es falsa, y suele ofrecer en la web una imagen bastante creíble, apoyada en los logotipos de grandes empresas con prestigio como por ejemplo Amazon o Yahoo. Así, el internauta que decide optar al puesto, envía su currículum y espera ser seleccionado para integrarse en la plantilla como agente on-line. Las últimas modalidades aparecidas simulan incluso un periodo de selección con diferentes momentos de contacto con los candidatos y pruebas de “aptitud” que se realizan on-line para puestos de Asistente de Servicio de Consumidores (www.eu-vacancy.com), supuestamente gestionados bajo la dirección de autoridades de la Unión Europea.
La primera parada o estación de su via crucis, se da una vez que el internauta recibe la confirmación de que ha sido seleccionado para el puesto, empieza a recibir instrucciones para desempeñar su labor en la empresa. Habitualmente, le informan que han procedido a ingresar en su cuenta el primer encargo, dinero de los clientes que debe ser enviado, en cantidades inferiores a 3.000 euros a través de Western Union o Money Gram, a la persona que cuyos datos le indican. Todo ello, a cambio de un 10% de comisión. No es una tarea difícil, y parece integrar un sistema de agentes externos de empresas que se dedican a gestionar envíos de dinero al extranjero (similares a las que ellos mismo utilizan). La segunda parada o estación se produce para enviar el dinero.
La tercera parada o estación, se produce tras haber realizado tres o cuatro encargos (envíos de hasta 12.000 euros), el internauta normalmente recibe un aviso desde su banco por el bloqueo de su cuenta debido a sospechas de una actividad fraudulenta de transferencias, aunque en ocasiones, es directamente la policía quien le informa y empieza el verdadero calvario para estas personas, que ni siquiera saben por qué recaen sobre ellos las sospechas.
La cuarta parada o estación, es ante la policía, el internauta ha sido denunciado y debe prestar declaración sobre lo ocurrido: que le han contratado en una empresa aparentemente legal, y que desconoce la actividad que realizan al margen de las tareas para las que le contrataron. Este momento es el primero que vive como “imputado en un delito de estafa” aunque en muchas ocasiones, ni siquiera se lo dicen, ni le ofrecen la posibilidad de ser asistido por un abogado de oficio, y sólo, cuando le dicen que le tomarán una fotografía y las huellas dactilares, se hace consciente de que hay un problema serio. Es entonces cuando empieza a entender porqué los policías le trataron como si fuese de un delincuente, pero no un “mangante” cualquiera, sino uno de los gordos, un auténtico especialista en el blanqueo de capitales.
La quinta parada o estación, es con suerte su casa. El internauta, ya convertido en imputado como participante en una estafa (“mulero”), regresa para meditar sobre lo que le ocurre y a estudiar toda la información que sobre ello pueda encontrar en Internet. Pero no siempre es así, cada Comisaría y cada juzgado decide a la vista de las declaraciones y, en general, las noticias sobre detenciones de “muleros” y “colaboradores de phishing” son cada vez más frecuentes.
El imputado, pasa a ser detenido y “acomodado” en el calabozo de la Comisaría, para pasar inmediatamente (al día siguiente) a disposición judicial. En los casos más graves, se han dado forcejeos entre policías e imputado, traslados de calabozo en calabozo, y/o incluso prisión provisional incondicional, exigiendo para la puesta en libertad, fianzas de hasta 6.000 euros. La razón de estas extremas medidas de seguridad es que, los hechos planteados revisten caracteres de delito, y hay “motivos bastantes para estimar responsable de los mismos a la persona identificada” e “indicios racionales de la comisión de un delito”, pero en especial, porque “la alarma social generada, por hechos (…) que atacan las bases de nuestra sociedad (…), que si bien hasta la fecha, ha podido ser controlada como consecuencia de las medidas (se refiere a la prisión) adoptadas (…), es evidente que una vez se alcen (…) mostrarán con total virulencia la alarma social que tales hechos como el presente provocan en la conciencia social, lo que hace presumir que la no adopción de una medida que garantice el sometimiento a este procedimiento haría viable la elusión de la Justicia con lo que se quebrarían los fines del procedimiento penal, lo que aconseja la adopción de la referida medida”(…).
La sexta parada o estación, buscar un abogado que conozca estos temas.
La séptima y sucesivas paradas o estaciones de este via crucis se dan en el proceso penal y, o bien se terminan en un sobreseimiento en la fase de instrucción, por inexistencia de pruebas suficientes de la culpabilidad del imputado, o bien, al contrario acaban con su condena por un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años.
Pero ¿POR QUÉ? Esta es la pregunta que se hacen desde el primer momento todos lo que se ven involucrados en este particular via crucis, por qué les han detenido e imputado a ellos, si simplemente se han limitado a aceptar un puesto de trabajo y a realizar su cometido, es decir, recibir el dinero de una persona y enviarlo donde pide.
Esta pregunta esta más que justificada, porque hasta el inicio del proceso penal, las autoridades actúan como se ha descrito, tan sólo con la denuncia de alguien a quien le ha faltado dinero de su cuenta corriente.
Desde un primer momento, lo único que consta a la policía es que (en apariencia) el propio denunciante ha ordenado una transferencia, y que otra persona ha dispuesto de ese dinero. Ésta, como es su derecho, explica en su declaración que trabaja para una empresa, (aparentemente) dedicada a hacer envíos de dinero. En apariencia, todo indica que ha habido una disposición de dinero consentida, por tanto, no encaja entender que “mostrarán con total virulencia la alarma social que tales hechos como el presente provocan en la conciencia social”, pues Tanto Money Gram como Western Union serían un auténtico escándalo.
Pero sucede que, con la denuncia, el denunciante niega haber consentido la transferencia. Aquí, quien de verdad sabe si eso es verdad, es el banco y, si ha dado luz verde a una operación de transferencia, todo va a indicar que se ha comprobado que el titular de la cuenta es quien la ha pedido, y que por tanto no hay fraude o suplantación de identidad. Esta autenticación es una obligación del sistema de seguridad bancario, y lo es para generar confianza bastante en todo aquel que recibe una transferencia. Permitida la transferencia, comprobado pues que el ordenante consiente y la autoriza.
Sin embargo, visto lo visto, la simple denuncia es suficiente indicio de culpabilidad para quien aparezca como beneficiario de dicha transferencia, para que pueda ser esposado y detenido en su lugar de trabajo, interrogado y tratado como un peligroso delincuente, retenido en prisión en condiciones lamentables, puesto a disposición judicial y, finalmente condicionada su libertad al precio de 6.000 euros.
Esto es lo que realmente debe generar una virulenta alarma social, que un banco no autentique quien da las órdenes de disposición de dinero, y que además, las autoridades policiales y judiciales promuevan la presunción de culpabilidad previa de un ciudadano, sin contrastar indicios que aclaren si se está ante un estafador o ante un estafado.
En los casos de scam, viene sucediendo que uno de los engañados, es el que acaba detenido, y atravesando su particular via crucis desde el primer momento. Es alarmante que se proceda así sin existir el más mínimo indicio de que exista un peligro para la seguridad pública, sin tener en cuenta que existe una presunción de inocencia sumada a una duda razonable porque la declaración del denunciado le encuadra en lo dispuesto en el artículo 248.1 de Código Penal: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno” y, sin tener en cuenta que hay otro supuesto responsable junto a él que nadie menciona nunca, el banco objeto del phishing.
Fuente: Asociación de internautas
Investigan a INTERVIDA por el posible desvío del dinero para apadrinamientos
Una fiscal anticorrupción y dos oficiales de Policía del Grupo de Delitos Económicos (de la Brigada Central de Policía Judicial, y de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, respectivamente) se han trasladado a Lima (Perú) para participar en el interrogatorio a un grupo de directivos y altos empleados de la fundación en aquel país. El juzgado penal de Lima dirigirá el interrogatorio de los imputados en ejecución de la rogatoria internacional solicitada por la Fiscalía española. Los interrogatorios se iniciaran hoy y finalizaran el día 20.
Paralelamente, la autoridad judicial guatemalteca ha iniciado ya la toma de declaración a los directivos de Intervida en aquel país en cumplimiento de la misma rogatoria internacional.
Estas dos comisiones rogatorias internacionales son el colofón a más de cuatro años de sigilosa investigación por parte del Ministerio Público. Durante este tiempo, la Fiscalía ha acumulado una ingente cantidad de documentación fiscal, financiera y contable de la fundación. Así mismo, la junta directiva de la Fundación Intervida en España, que tiene su sede en Barcelona, ha prestado declaración como imputada ante la Fiscalía Anticorrupción.
En todo momento ha declarado que las actividades económicas de Intervida en países como Perú y Guatemala estaban directamente relacionadas con los programas de apadrinamiento de niños. El presidente de la Fundación y sus directivos niegan cualquier desvío de dinero para fines lucrativos y han mostrado su predisposición a colaborar en todo momento con la justicia.
60 millones desviados a empresas lucrativas
La Fiscalía, sin embargo ha ido acumulando indicios durante estos cuatro años que, según fuentes de la propia investigación, hacían necesaria y urgente la ejecución de las comisiones rogatorias para poder investigar, en aquellos países donde se encuentra buena parte de la actividad empresarial y bancaria de la fundación.
Según los datos que obran en poder de la Fiscalía, durante los ejercicios del 1999 al 2001 se habrían camuflado bajo el epígrafe de “gastos para apadrinamiento”, más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como ‘Asociación Solaris Perú’, ‘Edpyme Raiz’, ‘El Roure Construcciones’, ‘Argentia Inmobiliaria’, ‘Genéricos Farma-ahorro’ o ‘Enriquecidos Lácteos’. Los directivos de estas empresas son, a la vez, directivos de Intervida.
Intervida no registró en sus balances las empresas
Según la normativa que en España rige el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una Fundación Benéfica como Intervida pueda constituir empresas. Eso si, ha de registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte de el Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat. Estas empresas y su actividad no aparecen en esos balances contables en los que sólo se indica que el 94% de las aportaciones de los “padrinos” se dirigen a programas de atención a la infancia. Sin más especificación.
La fundación Intervida tiene su sede en Barcelona y gestiona decenas de millones de euros en calidad de donativos para el apadrinamiento de niños en el tercer mundo.
Intervida responde
La Fundación Intervida ha dicho hoy que no hay ninguna imputación contra sus responsables, y ha subrayado que las auditorías de sus cuentas dejan «absolutamente claro el destino» de todos sus fondos.
En una nota, la ONG añade que la Fiscalía «ha reconocido que no existe ninguna irregularidad contable en las cuentas de Intervida y solo está valorando si la utilización de empresas sociales por parte de la Fundación para el desarrollo de sus proyectos es la opción más adecuada para dedicar los fondos destinados a microcréditos, construcción de aulas o sistemas de agua potable».
Añade que la Fiscalía comenzó a comprobar el funcionamiento de las empresas sociales de Intervida a raíz de una denuncia realizada por un antiguo empleado de Intervida en Perú que fue despedido por prácticas deshonestas.
El empleado fue denunciado por Intervida por «administración desleal, estafa y falsedad en documento, cargos por los que fue condenado», y «la justicia peruana ha dictado orden requisitoria internacional contra él, a la vez que ha abierto un procedimiento de extradición, con el fin de ponerle a disposición de los tribunales peruanos y hacerle cumplir las condenas que le han sido impuestas».
Por otra parte, afirma que la ley permite que las fundaciones creen empresas -«una actividad habitual en el sector»-, que sean propiedad de las fundaciones, de modo que «cualquier beneficio que puedan obtener permite dedicar mayores fondos a los fines sociales». Según la Fundación Intervida, «las auditorías dejan absolutamente claro el destino dado a la totalidad de los fondos que Intervida envía a los países del Tercer Mundo».
En este contexto, puntualiza que en las cuentas de Intervida no existe ningún epígrafe denominado «Gastos de Apadrinamiento», «tal y como se ha difundido hoy en algunos medios».
Fuente: Cadena Ser
Cuando la moda es delinquir
Así como hace algunos años estuvieron de moda los trompos y los yoyos, hoy el juguete más codiciado es una serie de video juegos que muestran robos de carros y asesinatos, donde los muñecos electrónicos se reencauchan después de una balacera y se ganan puntos por robar, atracar y matar. Algunos de estos juegos diabólicos vienen incorporados en la súper maquina electrónica Xbox. El peor de todos, pero no el único, que se conoce por su nombre en inglés, es Grand Theft Auto (Gran Robo de Carros). Otros, como San Andreas, se adquieren pirateados en expendios que todos los niños y adolescentes conocen y a los que más y más padres desprevenidos son llevados por sus hijos de cabestro para que les compren los ‘chiviados’ juegos, cuyo contenido es una apología del delito. Como comprar de contrabando no es malo dentro de nuestros viciados códigos de ética, el padre sale feliz, pues adquirió el preciado juguete a una décima parte del valor real.
¿Cuántos padres y madres desconocedores de la electrónica moderna, pensando que sus hijos están haciendo tareas, se desentienden de ellos mientras que el niño está recibiendo mensajes subliminales de cómo convertirse en un antisocial? En estos días, en un prestigioso colegio suspendieron a tres niños por robarle $6.000 de la billetera a una niña y en otro se prohibió llevar celulares y calculadoras, pues el colegio no podía responder por ellos. Hace algunos años, estudiantes de último año de bachillerato de otro plantel educativo, igual de prestigioso, se robaron los exámenes del Icfes e, increíble pero cierto, sus padres, algunos pilares de la sociedad, hicieron cambiar al rector porque no los iba a dejar graduar.
En Estados Unidos, donde ya ha pasado que salen adolescentes de las salas de videojuegos a echarle bala a transeúntes o a compañeros de clase, los televisores tienen forma de excluir programas violentos y no aptos para menores. Igualmente, en el primer mundo, los videojuegos vienen con restricciones y ningún vendedor recomienda que se compren aquellos que no correspondan a la edad del niño o niña.
Aquí en Colombia, nos preguntamos cómo un Fernando Botero Zea, hijo del mejor pintor colombiano y una mecenas de la cultura, terminó sin saber la diferencia entre el bien y el mal. Se dice que los hijos son el reflejo de la familia, sin embargo, estudios sobre delincuencia muestran que hay muchos factores que marcan los valores del adulto joven, entre ellas la presión del grupo y la tolerancia de la sociedad. ¿Por qué Colombia es vendedora de coca y Ecuador no? ¿Será que acaso nuestro valores están trastocados y hay poca sanción social? Y así como la ex canciller se retiró a ayudar a sus parientes, en vez de alejarse de ellos, en otros casos se juzga socialmente por delitos no cometidos a familiares inocentes hasta el cuarto y quinto grado de consanguinidad, como si un abuelo o abuela en común uniera para siempre a todos los miembros de una extensa familia, tanto los buenos como los malos.
Fuente: ElPais.com.co
Un apretón con consecuencias penales
La Audiencia Provincial de Gerona ha rechazado un recurso de un hombre que fue condenado por un delito de faltas después de no poder acudir al juicio. Hasta ahí, todo normal. Lo inédito es que el reo alegó por escrito ante el tribunal haberse visto sorprendido por una inesperada diarrea. A pesar de que el recurrente explicó con todo lujo de detalles el apretón que le impidió sentarse en el banquillo, la Sección Tercera ha rechazado la petición por entender que una colitis, aunque embarazosa, no es motivo suficiente para no comparecer en una vista oral.
Los hechos se remontan a mayo de 2003. M. P. L. fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gerona a una pena de tres fines de semana de arresto por una falta de lesiones después de una riña.
El magistrado dictó sentencia a pesar de que M. P. L. no llegó a declarar contra su oponente porque no se encontraba en la sala.
Pero M. P. L. no se conformó con el fallo. Apenas conoció el contenido de la sentencia, él mismo presentó ante el tribunal un recurso de apelación ‘casero’, escrito a mano, con alguna falta de ortografía y sin ningún tipo de formalismo. En ese papel, que le fue aceptado por la administración de Justicia, el reo explicó sin rodeos lo ocurrido: «No estoy de acuerdo con la sentencia porque, de haberme presentado a la hora citada, la sentencia podría ser otra. El motivo por el cual llegué diez minutos tarde es que justo cuando decidí salir de casa para presentarme a la citación me entraron ganas de cagar y no podía aguantarme. Y por estos motivos presento recurso de apelación». A pesar de lo poco ortodoxo del escrito, la Audiencia Provincial lo acogió y lo trató como cualquier otro recurso, aunque la propia sala reconoció lo «singular» del caso.
Una deposición
El tribunal, en un principio, se muestra compresivo con los problemas gástricos de M. P. L. «Sin duda -dice la Sección de lo Penal- en la tesitura de escoger entre una y otra deposición, una por evacuación del vientre, otra por manifestación ante el juez como acusado, cualquier persona habría de optar por la primera por los graves apremios que supone el caso de no ser satisfecha esa necesidad fisiológica, siendo poco higiénica la presentación ante un tribunal en otras condiciones que no sean las de un completo descargo».
Sin embargo, alega el tribunal, «pese a lo expuesto no podemos acceder a lo que se nos solicita (que se anule la sentencia), porque la parte ni demuestra la existencia del sorpresivo apretón que refiere ni acredita que, cuando después de sofocar sus presurosas consecuencias, acudió inmediatamente al acto del juicio».
Al final, a la audiencia el asunto le huele mal: «Mucho nos tememos -explica la sentencia- que la que el recurrente llama causa de su inasistencia no sea sino una forma de burlarse de la administración de Justicia que le ha condenado».
A pesar de la mofa, el tribunal dice que «admitimos con sentido del humor» la broma, pero que otra cosa es que se pueda admitir una colitis como «motivo de apelación».
Eso sí, la guasa le sale gratis a M. P. L. El tribunal ni siquiera le impone costas por tramitar este escatológico recurso.
