Este fin de semana se han celebrado en Madrid dos disparatados eventos que nos retrotraen al siglo XIX o incluso más atrás
El Foro Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales ha atraído a lo más granado del disparatado mundo del ocultismo: parapsicólogos, astrólogos, santeros, quirománticos o hipnotizadores, tarotistas, numerólogos y el resto de alucinados, charlatanes de feria y vendedores de humo, junto con por supuesto con todas las empresas que venden talismanes, amuletos y demás productos solo aptos para los más débiles mentales miembros de esta nuestra tan particular y supersticiosa especie de primates.
Y por si fuera poco también se ha celebrado una nueva edición de la Feria Esotérica de Atocha, en donde otra vez estafadores, timadores y demás ralea vende piedras, minerales, artesanía, agua y sus derivados, productos todos ellos que supuestamente tienen propiedades mágicas que nos pueden acercar al mundo del más allá y así conseguir curar todas las dolencias conocidas y desconocidas, encontrar el amor y obtener el respeto de nuestros compañeros de trabajo y vecinos y aprobar esa asignatura que se nos atraganta desde hace tres años, pero por supuesto todo a precio de oro ya que serán muy espirituales y alternativos pero por lo que parece el mundo inmaterial está muy necesitado de billetes y monedas, aunque yo no sé muy bien para qué.
En resumen, es descorazonador observar que siglos de progreso científico no han servido para nada y que el oscurantismo campa a sus anchas por Madrid.
Fuente: Diario de un ateo
El año pasado el Gobierno regional del PP en Madrid provocó cierto malestar al ‘vender’ temporalmente el nombre de la estación más emblemática del metro a una compañía telefónica, pasando a llamarse así Vodafone-Sol. Sin embargo la compañía privada [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] El Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso más y directamente regala el nombre de los espacios públicos a determinadas empresas.»
Fuente: Humor. El verde, el blanco, el negro…
El símil es facilón: La basura inunda Madrid y la política nacional. Pero la empresa concesionaria es el PP y su filial el Gobierno. Vivimos entre basura y presumiblemente cuando la de la limpieza viaria pase, la de la política permanecerá. Es terrible: nos hemos acostumbrado a todo tipo de fechorías y desmanes: permitimos que cacheen a los periodistas de la radiotelevisión valenciana y a las visitantes del Congreso de los Diputados; permitimos que cierren Fagor pero a los bancos les damos lo que les haga falta, sí, el perjuicio de cerrar un banco sería enorme pero las cantidades son ingentes en relación con la ridícula que haría falta para salvar Fagor; como quien no quiere la cosa, amplían a más de un año, que ya era una buena fechoría, los contratos sin indemnización alguna, basura pura; el número de multimillonarios españoles ha aumentado un 13% y el de pobres un 25; si las comunidades autónomas retiran la subvención a los colegios que segregan por sexo, raudo acude el Gobierno para anularlo y recuperen tales cantidades para no perjudicar al Opus Dei, propietarios de los colegios, basura ideológica y religiosa; cierran las televisiones autonómicas y despilfarradoras para privatizarlas en lugar de remozar la gestión y despolitizarlas, basura de la propaganda; TVE es una risa de manipulación, rompieron el acuerdo para el nombramiento del Director General, y ellos se lo guisan y se lo comen, aunque la audiencia se hunda: indultan a kamikazes contra el criterio del tribunal sentenciados y hasta del fiscal, basura turbia y sospechosa; desparraman las becas concedidas en pilas de suciedad retroactiva hasta que Europa les ordena recogerlas; lo pasan todo a la justicia que saben larga, y en ella dan explicaciones inverosímiles de recibís, sobresueldos, cohechos y donaciones, toda España sospecha que llevaban contabilidad paralela menos ellos; paradójicamente se pelean y mienten por las concesiones de los contratos de recogida de basura; maltratan la sanidad, la esquilman aunque la gente muera, y la privatizan y hacen que se resienta el gran logro del país; prefieren que Catalunya se encabrone antes que una mínima apertura de la Constitución, creando reforzadas independencias y Españas enemigas; ni remotamente piensan en modificar el incorporado a pachas con el otro socio artículo 135 de la Constitución, causa de nuestras penurias.
Todo es basura. Todo es un uso abusivo y antidemocrático del poder que le concedieron las urnas. No hay nada que hagan que no sea basura. La basura es el alimento espiritual de este Gobierno, con el que nos está envenenando a todos. Estos jardineros y barrenderos de la política-basura están en huelga permanente y son ellos mismos quienes se encargan de esparcirla y hacer que España hieda.
Croni, vuelva, por favor.
Fuente: Puntadas sin hilo
¿Por qué nunca es poseído un ateo por el demonio? ¿Será por la misma razón que un cura jamás abusa de hijos de ateos sino de católicos?
La semana pasada el Arzobispado de Madrid ha hecho pública su intención de formar a varios exorcistas ante la excesiva demanda de sacerdotes para casos de posesiones en la capital. [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], el arzobispo Rouco Varela habría nombrado ya a ocho exorcistas solo para la diócesis de Madrid.
El gran Miguel Ángel Aguilar le mandó a Rouco su irónico y genial “telegrama diario”: ‘’Eminencia Reverendísima, su decisión de formar un equipo inicial de ocho sacerdotes en la práctica de exorcismos prueba su sensibilidad y disposición para cubrir el peligroso vacío existente. Responde a la demanda creciente en la archidiócesis de Madrid, donde el Maligno ha visto en la crisis una oportunidad. El equipo de exorcistas actuará como los Tedax, técnicos en desactivación de explosivos. Otro servicio de élite que aporta la Iglesia para sumar a los bautismos, primeras comuniones, exequias y tantos más suministrados a precios muy inferiores a los del mercado’’.
Ampliar en: MISTERIOS AL DESCUBIERTO
Buena parte de las noticias de hoy tratan sobre las fuerzas de la oscuridad en que se especializan ciertos sacerdotes de la iglesia católica. Oh, y sobre demonios.
Fuente: esceptica
Cómo desmantelar la universidad pública en catorce pasos. De esta forma titula la coordinadora«La Uni en la calle», formada por cientos de profesores de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, el informe «Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español» encargado a una comisión de expertos por el Ministerio de Educación.
«La Uni en la calle», que saldrá este sábado 9 de marzo a la calle para impartir clases y reivindicar así «su labor como docentes e investigadores y para protestar contra los recortes en investigación, la subida de tasas y la privatización de la Universidad Pública», ha resumido el informe ordenado por el ministro José Ignacio Wert en catorce «objetivos indeseables»:
1 – El informe plantea un modelo privado de gestión universitaria olvidando que la Universidad ha de prestar un servicio público y que debe funcionar como un agente de cambio social: «Es un paso más en un camino de mercantilización y sujeción de la Universidad a los intereses y deseos del mercado iniciado ya hace algunos años desde diferentes instancias empresariales y sus políticas: empresas del Ibex-35, gobiernos centrales y autonómicos, Conferencia de Rectores, etc.».
2 – El informe diseña una contrarreforma institucional que favorece un régimen presidencialista, piramidal y externalizado, ajeno a cualquier procedimiento de control democrático: «Se parecerá al de una oligarquía en la que unos pocos tendrán todo el poder de mando; una pirámide plutocrática que dejaría las riendas de la Universidad en manos de una elite o una camarilla supuestamente tocada con la varita de la excelencia«.
3 – El informe facilita la politización del proyecto universitario y su manipulación en favor de intereses partidistas y mercantiles: «En el Consejo de la Universidad tendría presencia el Gobierno autonómico de turno, así como una parte de la sociedad civil. El riesgo de que este personal externo a la Universidad se elija entre afines a los círculos de poder es claramente elevado».
4 – El informe olvida que la injerencia externa en el sistema de gobierno de la Universidad lesiona gravemente derechos fundamentales, como el derecho a la autonomía universitaria, el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra y la libertad de producción científica: «La injerencia externa en el sistema de gobierno de la Universidad lesiona gravemente el derecho a la autonomía universitaria con el que la Constitución pretende garantizar el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra y la libertad de producción científica».
5 – El informe prioriza el criterio de obtención de beneficios económicos en la gestión universitaria, así como el endeudamiento de los estudiantes y el negocio de la Banca en la Universidad: «El Consejo de la Universidad fijará con total libertad las tasas por matrícula. Dada su composición, podemos imaginar que el criterio de la obtención de beneficios tendrá un papel relevante. Y aquí es donde adquieren su sentido las becas-préstamos a estudiantes, con las que se propicia su endeudamiento, se acentúa su vulnerabilidad, y, una vez más, se incrementa la presencia y el negocio de la Banca en la Universidad».
6 – El informe responde a una mentalidad tecnocrática y empresarial que estimula la competencia entre universidades y que hace depender el apoyo del Estado de la financiación del mercado: «En esta competencia entre universidades sólo serán financiadas las que cumplan sus objetivos, entre los que destacarán «la demanda efectiva de sus servicios docentes», la «empleabilidad» de sus estudiantes, la investigación orientada hacia los intereses de los financiadores privados, sus «resultados en I+D» y sus «productos de transferencia tecnológicaObviamente, en este mismo espíritu, «la captación exterior de fondos» será un criterio fundamental de «calidad y dinamismo».
7 – El informe infravalora la labor docente e identifica la excelencia con la lógica de la rentabilidad y la empleabilidad: «Se deduce de lo anterior que aquellas universidades dedicadas a impartir una docencia ciudada y de alta calidad, en especialidades que carezcan de amplia demanda -pues también se recomienda establecer un número mínimo de alumnos para la existencia de un título-, y sin relación con el mundo empresarial, dejarán de recibir recursos públicos».
8 – El informe distingue entre docentes e investigadores, jerarquiza al profesorado y perjudica a los estudiantes: «El Informe parte de una injustificable distinción entre profesores «investigadores» y «docentes», minusvalorando hasta extremos inadmisibles esta segunda faceta. En consecuencia, esa degradación de la docencia la sufrirán también los profesores «docentes», quienes formarán parte de una casta inferior a la de los profesores «investigadores», con menores recursos, complementos y estímulos económicos en su función».
9 – El informe pretende luchar contra la endogamia universitaria recurriendo a un sistema privatizada de contratación, con profesores elegidos a dedo y trabajando en precario: «Se pretende luchar contra la endogamia universitaria recurriendo a un sistema privatizado de contratación y a la «desfuncionarización» del personal académico. Un sistema de contratación que permite a los departamentos seleccionar su profesorado estableciendo sus propias reglas de contratación y soslayar así condiciones generales que han de presidir toda contratación pública».
10 – El informe favorece el clientelismo y la mediocridad, así como la impunidad en el ejercicio del poder dentro de la Universidad: «¿Es la dedocracia una buena medida para evitar la endogamia? Más que la endogamia, lo que evita el Informe son los posicionamientos críticos gracias al clientelismo y la mediocridad. La vía directa de contratación del personal docente por parte de los departamentos, sin ningún control ni evaluación externa colectiva , hace que sus integrantes queden completamente sometidos al poder y a las decisiones de sus autoridades, quienes tendrán capacidad para marcar la línea docente e investigadora de todos los que están bajo su poder».
11 – El informe dinamita equipos y grupos de investigación para favorecer una más que improbable carrera académica en solitario: «A la señalada dedocracia se añade que no se contratará a nadie que se haya formado en la Universidad, salvo que haya estado fuera 36 meses. Una exigencia que obstaculizará aún más la formación de equipos de investigación y grupos de trabajo que podían funcionar bien».
12 – El informe hace coincidir el número de habilidades con el de plazas por lo que, en un contexto de contracción como el actual se desincentiva el esfuerzo formativo, investigador y docente del profesorado: «Por lo que hace a los profesores habilitados, hay que señalar que el número de habilitados se hará coincidir con el de plazas, de modo que, si tales plazas no se convocan, el esfuerzo formativo, investigador y docente del profesorado caerá por completo en saco roto».
13 – El informe no presta atención al PAS ni al alumnado cuya responsabilidad es prácticamente anecdótica. Una muestra más del tufo antidemocrático y verticulista del informe: «La atención que el Informe presta a los estudiantes y al PAS, así como a sus órganos de representación, es prácticamente nula, con lo que su peso y representatividad queda muy reducido. ¿Se está pensando, quizá, en privatizar y externalizar sus servicios? ¿O, simplemente, esta es una muestra más del tufo antidemocrático y verticalista del Informe?»
14 – El informe presenta un modelo de Universidad inviable, desconectado de nuestro contexto cultural, social y educativo, y problemático desde el punto de vista constitucional: «Presenta un modelo de Universidad que en un contexto de crisis económica no es viable; que no conecta con nuestro contexto cultural, social y educativo; que plantea problemas de inconstitucionalidad (vulneración de la autonomís universitaria y la libertad de cátedra); y que ni siquiera puede presentarse como necesariamente envidiable».
Fuente: eldiario.es
La «mutua» se presenta como «la primera que paga multas de metro de forma colectiva» y nació en Barcelona el pasado enero. Sin embargo ayer, tras el anuncio de la subida de las tarifas en el transporte público de Madrid, comenzó a funcionar en la capital con la etiqueta#memetroMAD.
Se pide a los «mutualistas» un poco de responsabilidad y que intenten «recordar dónde solicitan el título de transporte a la salida de la estación o parada para intentar no malgastar el fondo común del colectivo».
Asimismo, recomiendan que junto a la tarjeta de socio la persona lleve 25€, por si le encuentran los inspectores sin billete porque si se paga la multa al instante ésta será de 50% de la cantidad total.
De momento la «Asociación Cultural sin ánimo de lucro», tal y como se definen ellos en su web (que paradójicamente ganó un premio de la Sala d’Art Jove de la Secretaria de Joventut de la Generalitat) lanza la informacion a los interesados a través de Twitter, Facebook y su página. Sin embargo, están trabajando en una aplicación móvil.
La aplicación advertirá, tal y como relataban desde la plataforma a [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], a tiempo real de dónde hay revisores y ayudará a localizar «billetes perdidos» por los usuarios multados para reclamar la sanción y anularla. Asimismo, como buena organización premiará «las buenas prácticas» y los que menos multas acaparen tendrán descuentos en su cuota o camisetas con las que poder lucir orgulloso que ellos, de vez en cuando, también sufren un «memetro».
Ampliar en: LaInformacion.com
El documental reconstruye los días previos al asalto al Banco Central el 23 de mayo de 1981 y las 37 horas que duró el encierro. El hilo argumental se basa en el testimonio del cerebro del asalto que cuenta por primera vez su versión ante una cámara. Sus declaraciones serán contrastadas con todas aquellas personas que vivieron de una forma u otra ese asalto. Son importantes las impresiones de policías y guardia civiles que participaron en el operativo. También de los mandos policiales encargados de interrogar a «El Rubio» y que dieron la orden de asalto y desalojo del Banco.
Pulsar sobre la imagen para acceder al documental.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han reconocido que, según las imágenes que se han difundido a través de las redes sociales, algunos agentes podrían haber cometido abusos al golpear a varias personas durante la marcha laica del pasado día 17 en las cercanías de la Puerta del Sol y durante la concentración que se convocó para el día siguiente precisamente en protesta por la actuación policial del día anterior.
Ambos sindicatos son partidarios de investigar lo ocurrido para determinar si fue así, y en ese caso depurar las responsabilidades correspondientes, aunque que creen que también hay que depurar las responsabilidades políticas pertinentes, ya que los agentes no estaban trabajando en condiciones de seguridad ni con un protocolo adecuado.
El SUP ha explicado, en un comunicado, que, ateniéndose únicamente a los vídeos difundidos, no considera «ajustadas a un protocolo de actuación racional, en supuestos como el que se encontraban, las actuaciones de algunos miembros de las UIPs, como la bofetada a una mujer, los golpes posteriores al joven que la acompañaba, el golpe y patadas en el suelo a un periodista, o los golpes a un joven con una bicicleta y una joven que iban caminando».
Ampliar información en: lasexta noticias
Detenciones ilegales, abuso de autoridad, agresiones y lesiones contra los ciudadanos, posibles casos tipificados de tortura, es decir, golpes a viandantes o a detenidos al ser esposados y trasladados a la comisaría o al furgón. Esta es la valoración y el análisis de un policía judicial que, a mi lado, repasa cada uno de los vídeos y testimonios que circulan por la red sobre las cargas policiales en Madrid durante la visita del Papa las noches del 17 al 19 de agosto.
Con objetividad fría, alejada de la flema y la opinión de quienes juzgamos lo que está ocurriendo con otros parámetros, sin que en él medie el miedo, por su profesión, que siente cualquier ciudadano al cruzarse con agentes armados en medio del tumulto, este oficial, responsable de operaciones nacionales de gran calado, analiza los videos sin pestañear. Con el único bisturí del Código Penal y los reglamentos que rigen su actuación y comportamiento, observa, escucha, se detiene en el detalle de cada secuencia. La conclusión es grave: hay signos evidentes de brutalidad policial. ¿Cuáles son y cómo están tipificados? ¿Qué podrían estar incumpliendo los policías según las imágenes?
Video de Patricia Horrillo, periodista, 2,10 minutos. El agente le quita el carné de prensa. ¿Por qué motivo? Pregunta ella. “Como te meta una hostia, sácame el DNI, ¡pero ya! ¡detenida! !póngale las esposas!” contesta de corrido. “Sería una detención ilegal. No le ha leído sus derechos ni le comunica en base a qué la detiene”. Finalmente la periodista fue retenida e identificada. Pero, ¿Puede un agente amenazar con “dar una hostia”? “No, es una falta recogida en el Código Penal”.
Video de la agresión a una adolescente y al fotógrafo Daniel Nuevo, 3.15 minutos. Una pareja sube por Atocha. La Policia cruza la acera, les rodea y uno suelta un puñetazo a la chica en la cara. “Puede haber un delito de lesiones si ha sufrido algún daño”. ¿Y si no? “Una falta, castigada con multa, dependiendo de la gravedad”.A continuación, golpean al fotógrafo en la nuca que cae inconsciente al suelo. “Lo más grave de ambos casos es la brutalidad policial, de tal calibre que podría ser considerado como tortura”. ¿Tortura? “Si se entiende que se está menoscabando la integridad moral de las personas, si. Está recogido en el artículo 174 y 175 del Código Penal”.
Video grabado en la calle Carretas. Dos chicas suben hacia Jacinto Benavente abandonando Sol. A paso rápido, sin darse la vuelta. Por la espalda, un agente echa a correr hacia ellas, las arrincona y carga. Su amiga intenta evitar los golpes. Gritan. Un chico, a pie, bicicleta en mano, aparta al agente. Sin oponer ninguna resistencia recibe uno, dos, tres, hasta cuatro porrazos. “Malos tratos y un claro uso indebido de la fuerza”.
Las ‘retenciones’ son habituales según testimonios de manifestantes y periodistas. Les trasladan a un coche policial y permanecen un buen rato hasta que les toman los datos. “Puede estar habiendo una extralimitación, un cruzar la línea entre la detención y la identificación. Dos conceptos que son muy claros: para que haya detención tiene que haber delito o falta. Y en la identificación, hay que buscar los medios necesarios sin emplear la fuerza”. ¿Quién está incumpliendo la ley? Una instrucción de Interior de 2007 y un decreto de la Generalitat de 2008 obliga a policías y agentes antidisturbios a ir visiblemente identificados. Las imágenes muestran cómo alguno se ha retirado la placa o se niega a identificarse.
Alguno de los ocho detenidos durante la marcha laica cuentan cómo, una vez en el furgón, han pegado con más saña a los chicos con perfil punk o cómo las chicas no pudieron lavarse en las 48 horas antes de ver la luz. En algún caso, el motivo para acabar con las esposas puestas ha sido llevar una pancarta. “Un rollo de papel, sin palo ni nada, les dijeron que podía ser utilizado como arma”, cuenta un testigo. En tres semanas seis periodistas han sido agredidos. Sin contar cuántos insultos y golpes se habrá llevado la noche sin grabar.
Si los periodistas, muchos de vacaciones, estamos al tanto de las marchas y cargas, si hay policías (como el que me acompaña a analizar los vídeos) que tienen clara la línea entre el orden y el abuso, la fuerza, imponer el miedo y un largo etcétera de posibles irregularidades… Alguien sabe, ¿Donde está la delegada de Gobierno, Dolores Carrión? ¿Por qué no sale nadie a explicar qué ha ocurrido? Y si los vídeos llevan días colgados ¿Cómo justifica las actuaciones el ministro José Blanco cual “hilillos de plastilina en sentido vertical” que decía Rajoy en pleno desastre del Prestige? La investigación, abierta por Interior, responde a la presión mediática, ciudadana y un gran número de militantes socialistas y cargos de Ferraz que han pedido en las redes depurar responsabilidades junto a la dimisión de Carrión. Sin la presión, ¿Habría reconocido el Gobierno “el uso indebido de la fuerza”? ¿Otra vez, los ciudadanos, haciendo su trabajo?
Fuente: Escolar.net
Fuente: Los Genoveses S.A.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció hoy que el próximo enero el Consejo de Gobierno aprobará un Decreto para modificar los procedimientos y criterios para el acceso a la Justicia Jurídica Gratuita para limitar su acceso a las personas que acrediten la insuficiencia de recursos.
La modificación estará encaminada a evitar la actual ligereza con la que se proporciona la Justicia Gratuita en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a la Ley de Extranjería y a los delitos relacionados con la Seguridad Vial.
La Comunidad de Madrid gasta 50 millones en este servicio.
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El fraude a los inmigrantes que acuden a tramitar documentos al Ministerio de Asuntos Exteriores y que llevó el lunes a este departamento a anunciar nuevas medidas para combatir los trapicheos a las puertas de sus sedes se ha extendido en el último año ante los edificios de diferentes administraciones, como comprobó ayer este diario en varios puntos de Madrid. Lo que empezó como un fenómeno aislado es hoy una estafa que se repite a diario en los aledaños de los ministerios de Educación o de Justicia, así como comisarías de Policía y consulados. Tras los ganchos que abordan a los inmigrantes en plena calle aparecen negocios como Obi Express o J. A. Express Legalizaciones en Cuatro Horas, que actúan como gestorías ilegales. «Se aprovechan del desconocimiento que tienen algunos extranjeros de las leyes», confirman fuentes de la Jefatura de Policía de Madrid. Para que haya una estafa, la ley detalla que tiene que haber engaño y ánimo de lucro, algo que se cumple en la mayoría de estos casos. La Policía insiste en que no actúa ante estas estafas por la falta de denuncias. «No podemos preparar un dispositivo y llevar agentes de paisano sólo en función de los rumores que nos lleguen», explican fuentes policiales. Público ya informó la semana pasada sobre la existencia de estos negocios ilegales. Ayer por la mañana, José Antonio, uno de los ganchos, buscaba clientes en la puerta del Consulado de República Dominicana. «Si me traes la documentación y 150 euros, lo mando por fax a un conocido que tengo en República Dominicana y te consigo el certificado de antecedentes penales en 10 días. Te ahorrarás muchas esperas», ofrecía. En el segundo piso del edificio, en la sede consular, el trámite cuesta apenas 20 euros por vía oficial y la entrega es inmediata. A las puertas del Consulado de Perú, el timo resulta más complicado, porque los funcionarios utilizan un sistema de cita previa nominal e individualizada, por el que las reservas de turno para tramitar papeles se dan exclusivamente a los titulares de los documentos. En la puerta, un captador peruano alternaba ayer su faena con la de repartidor de publicidad. Para contratar las tramitaciones legales o no acompañaba a sus compatriotas a un comercio cercano, donde la dependienta facilita contactos con «especialistas» y tickets de cita previa para el Consulado por dos euros. En la sede oficial son gratuitos. A las ocho de la mañana, antes de que la Comisaría de Policía de Latina abra sus puertas, el trapicheo de reservas es frecuente entre los cientos de extranjeros que hacen cola desde las cinco. El movimiento, no obstante, se ha reducido en los últimos meses. La Policía explica que el nuevo sistema de citación, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha frenado esta práctica. Las gestorías ilegales también ofrecen allí sus servicios. Al final de la jornada, los alrededores de la comisaría están repletos de sus panfletos publicitarios. Irregulares engañados Cuando estas organizaciones cometen un error en la tramitación de documentos, los clientes estafados no tienen derecho a ser compensados. Tampoco suelen denunciar el caso ante la Policía, por miedo, la mayoría de las veces. Muchos de ellos viven aún en situación irregular. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha anunciado que tomará medidas para evitar la proliferación de estafas. Este organismo pondrá en marcha el próximo lunes una «completa reforma» del sistema de cita previa. El nuevo método incluirá varias medidas antifraude, como la plena identificación y control de las gestorías que soliciten las citas. Además, limitará el acceso a los titulares de los documentos, representantes legales y gestores colegiados. Jhobanny Mercado, director de Obi Express, una de las gestorías ilegales que se verán afectadas por las nuevas medidas y que mueve más dinero, asumió ayer con resignación que Exteriores sólo vaya a permitir el acceso a los gestores colegiados. Mercado vive en situación irregular desde que llegó a España hace tres años y su compañía no está dada de alta en ningún registro ni tiene NIF. «Ellos que hagan lo que tengan que hacer. Yo no voy en contra de la ley, pero, si no me lo impiden, seguiré llevando los papeles», advirtió.
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La Fiscalía de Madrid denunció ayer en el juzgado presuntas irregularidades en el servicio de proteción telemática (las conocidas como pulseras antimaltrato) a las víctimas de violencia de género de la región, que gestiona, mediante concesión del gobierno de Esperanza Aguirre (PP), la empresa ERO&STAFF S.L.
Según denunció una trabajadora de la concesionaria a la Fiscalía, empleados de ERO&STAFF, sabedores de que algunos agresores estaban acercándose a sus víctimas incumpliendo la orden judicial que se lo prohibía, les dieron permiso para entrar en la zona de exclusión.
Además, no pusieron en conocimiento del juez el quebrantamiento de la orden, tal y como están obligados. Sin esta información, la autoridad judicial no puede tomar cartas en el asunto y estudiar si se deben imponer medidas más restrictivas a los agresores.
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