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La Justicia no protege la vida de quienes aportan pruebas que incriminan a los Uribe de Colombia

Noticias criminología. La Justicia no protege la vida de quienes aportan pruebas que incriminan a los Uribe de Colombia. Marisol Collazos Soto

Durante el período 1993-1997 en Yamural (departamento de Antioquía, Colombia) tuvo sede una banda paramilitar conocida popularmente comoLos Doce Apóstoles, cuya base era la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe.

Miembros de ese grupo, según los testimonios de que dispone la Fiscalía, asesinaron a un mínimo de 30 personas.

Hace ya cuatro años, en 2010, el ex oficial de la policía (con grado de mayor) Juan Carlos Menesesdeclaró ante un grupo de letrados y del nobel Pérez Esquivel que Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano, fue el creador y el líder de Los Doce Apóstoles.

Muy probablemente, el testimonio y las pruebas de que dispone Meneses constituyen la más relevante aportación para probar los nexos personales que existían entre quien fue presidente del país y las bandas paramilitares, cuyo objetivo central no era tanto combatir contra las FARC como someter a los trabajadores del rural, eliminar físicamente a sus dirigentes, destruir los sindicatos y, en definitiva, proteger los intereses de los latifundistas prescindiendo de normas y leyes.

Las dificultades y los asesinatos que «adornan» la instrucción del caso Yamural reflejan, entre otras singularidades, lo poco que ha avanzado la Justicia en Colombia y el largo camino que les queda por recorrer a quienes apuestan por acabar con una guerra civil que a criterio de la mayoría de historiadores y analistas se inició en 1953, ¡hace ya más de 60 años!, a raíz del golpe de Estado que aupó a la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla.

Si Meneses es asesinado, ya se sabe

quienes serán «corresponsables» por desidia

Meneses ha advertido públicamente a través de Las dos orillas que teme ser la octava víctima de los mafiosos y políticos que tratan de dinamitar esta y otras investigaciones judiciales.

La actitud de la Justicia es incomprensible

Resulta difícilmente comprensible que las autoridades incumplan la obligación de proteger la vida de quien a fecha de hoy es el testigo más valioso para esclarecer la puesta en marcha y las acciones de una de las principales bandas de paramilitares que operaron en Antioquia, departamento del que fue nombrado gobernador Álvaro Uribe Vélez en 1995

El traslado de Meneses a La Picota, con el consiguiente riesgo de que sus enemigos ejecuten las amenazas de muerte ya vertidas, es todavía más incomprensible si se tienen en cuenta que a estas alturas nadie ignora, la Fiscalía tampoco, que el año pasado se frustró el intento de los Uribe de alcanzar un acuerdo con Meneses para que este no declarara.

Juan Carlos Meneses, cuyas acusaciones han evitado publicar numerosos medios colombianos, no solo habla, sino que además es, de momento, el único testigo que aporta pruebas de lo que dice; de modo que no brindarle la protección adecuada no solo resulta extraño, sino que además alimenta racionales y lógicas sospechas.

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