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El Gobierno acalla al PP de Madrid ante el juicio al homicida Carromero en Cuba

Noticias criminología. El Gobierno acalla al PP de Madrid ante el juicio al homicida Carromero en Cuba. Marisol Collazos Soto

Hace días que no se escucha ni se lee declaración alguna de miembros del PP de Madrid sobre la situación de Ángel Carromero, y hace ya poco más de un mes de su accidente en Cuba, cuando en el coche en el que él conducía murieron dos personalidades de la disidencia de la isla, Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Un entorno en contra

El círculo de Carromero en Madrid, su afiliación, sus contactos y sus tutores políticos (Pablo Casado -a su vez pupilo y asesor en FAES de José María Aznar- y Esperanza Aguirre) son todas cartas en su contra para el juicio. Además ha sido confirmado que financió (llevaba 4000 euros a Payá) y respaldó a la disidencia cubana en el momento del accidente. Lo ha dicho Jens Aron Modig, dirigente de la Juventud Cristiano Demócrata de Suecia (KDU) que viajaba con Carromero, Payá y Cepero cuando se salieron de la carretera, pero resultó herido leve y pudo salir del país en pocos días.

«Esto no es un paseo»

A Carromero no lo conocía nadie, como a tantos otros que, según se desprende de las declaraciones de sus propias filas, entran con la misma acreditación de Moragas para idéntica función. Por eso no tuvo problemas. El PP de Madrid decidió hace tiempo enviar a sus cachorros de misión opositora a Cuba amparándose en su anonimato, confirman fuentes conservadoras de este ámbito. «Pero esto no es un paseo, es una actividad en la que arriesgas y haces arriesgar mucho». Y ahora que gobierna el PP, «un auténtico despropósito» para la diplomacia española en el Ejecutivo.

De momento, la Fiscalía acusa a Carromero del homicidio imprudente de dos personas y pide tres años y medio de cárcel por cada muerte. Además, y en el peor de los casos, según opositores cubanos, el número dos de las NNGG del PP madrileño podría ser acusado de vulnerar el artículo 124 del Código Penal cubano, que condena a penas de hasta 20 años de cárcel por cooperación con la disidencia.

Este extremo es el que pesa sobre el Gobierno español y el que ha obligado al PP de Madrid -y a todo el partido, en general, que se limita a pagar la defensa de su dirigente- a mantener silencio y a pedirlo a sus contactos en la isla sobre la situación de Carromero y la posición del Gobierno castrista al respecto, para que dejen trabajar al Ejecutivo en la situación real del asunto. A la espera del juicio y la sentencia para Carromero, hasta el perfil de Twitter del vicesecretario general de NNGG ha sido borrado.

Ampliar en: Público.es

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