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Según un informe realizado por la organización estadounidense sin ánimo de lucro California Common Sense, que analiza y compara los gastos del estado del fondo general de prisiones y de universidades entre 1981 y 2011, desde 1980 el gasto en educación superior en California se ha contraído en un 13%, mientras que el de prisiones y de programas correccionales se ha disparado un 436%.

Además, el informe sugiere que el 55% del aumento del presupuesto dedicado a los centros de detención se debe a que el estado está encarcelando a un número cada vez mayor de personas. De hecho, durante las últimas tres décadas, el número de reclusos en prisiones californianas ha aumentado ocho veces más rápido que la población en general.

La situación laboral de los empleados de la educación y de los de las prisiones también es muy diferente: mientras que el salario medio de las personas con puestos de trabajo en el sistema de enseñanza superior del estado se estancó o incluso disminuyó con respecto a la inflación, el sueldo de los funcionarios penitenciarios aumentó. Los datos del informe indican que en 1980 más de dos tercios del dinero gastado en educación secundaria provenían del gobierno estatal. Actualmente, sin embargo, esa cifra se ha reducido a una cuarta parte.

Como resultado, el sistema de educación superior depende cada vez más de las matrículas universitarias, lo cual ha dado lugar a numerosas y frecuentes protestas estudiantiles. Asimismo, los recortes presupuestarios han obligado a las universidades públicas de California a reducir la oferta de sus cursos, por lo que obtener una licenciatura en cuatro años no solo resulta más caro, sino también más difícil para muchos estudiantes.