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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Narcotráfico en México, cuando mata «La Familia»
Aquella tarde de finales de enero, el hijo de La Tuta no tuvo suerte con los gallos de pelea. En medio de un palenque abarrotado, el muchacho perdía una y otra vez hasta que se quedó sin un peso. Excitado, decidió ir a por más. Alguien camuflado entre el público hizo una llamada perdida y los agentes federales lo esperaron a la salida. En su camioneta no hallaron armas ni drogas, pero sí un papel, una lista con nombres de políticos, jueces, fiscales, policías… Y, junto a cada nombre, una cantidad.
Ya han pasado casi seis meses desde aquella detención. Es miércoles 10 de junio y anochece sobre la ciudad de México. En la pared del despacho de un jefe de investigadores de la Policía Federal hay un mural con textos, gráficos y una fotografía en la que aparecen las cabezas cortadas de cinco hombres jóvenes esparcidas por una pista de baile. Junto a los rastros de sangre, un cartel que avisa: «La Familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente. Esto es: Justicia Divina». En la mesa del agente federal está la lista de políticos, jueces y policías corruptos incautada al hijo del narcotraficante apodado La Tuta. También hay un libro, encuadernado a modo de breviario, en cuyas pastas se puede leer: «El más Loco. Pensamientos. 5ª Edición. Michoacán. México. 2008».
Esos tres elementos -la violencia extrema, la corrupción de las autoridades y una increíble presencia mística- configuran el poder de La Familia. Un poder que asusta porque, a diferencia del resto de los carteles, su objetivo va más allá del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Quieren más. Lo quieren todo…
-Sí -admite un alto mando antidrogas-, desde luego no se trata de un cartel más dedicado al narcotráfico. La Familia aspira a sustituir al Estado.
Y basta una visita rápida a la ciudad de Morelia -la capital de Michoacán- para percatarse de que lo está consiguiendo. Las administraciones locales apenas pueden recaudar impuestos, pero, en cambio, ya son muy pocas las gasolineras, las tiendas de comestibles, los productores de aguacate y hasta los organizadores de conciertos que no pagan religiosamente su diezmo para que la mafia los proteja. No hace falta decir que los sicarios de La Familia controlan directamente los prostíbulos, las máquinas tragaperras, la piratería, la venta de armas y, por supuesto, el tráfico de drogas. Según los datos de la policía, el cartel opera en 87 de los 113 municipios de Michoacán -la cuna del presidente Felipe Calderón- y sus tentáculos hace tiempo que dejaron de ser locales. La DEA -la policía antinarcóticos norteamericana- ha detectado ramificaciones de La Familia en 16 de sus Estados. La organización utiliza para ello a los emigrantes. Y tiene dónde escoger: Michoacán es el segundo Estado mexicano que más mano de obra exporta a Estados Unidos. Hay pueblos donde ya sólo quedan los ancianos. Pero también ellos tienen su parte en el negocio. La Familia los utiliza como rehenes: «Dile a tu hijo que te estamos protegiendo, pero que si él no colabora con nosotros, tú lo vas a pasar mal».
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– El horror de las cárceles mexicanas
La culebra está viva (Colombia)
El narcotráfico es uno de los mayores desafíos para el Estado, pues muta y se adapta a los cambios mucho más rápido que las instituciones.
Tras el colapso de las ‘pirámides’ y la intervención de DMG, el presidente Uribe dijo en una de sus numerosas intervenciones que “podríamos estar en presencia de un coletazo del narcotráfico, de un coletazo de la guerrilla, de un coletazo del paramilitarismo, tratando de ‘lavar’ dineros por la vía de engañar a los colombianos”. Con todo respeto, creo que se equivoca y que, como el Gobierno en pleno, no vio, no oyó y no entendió el fenómeno.
Si nos atenemos a la definición del DRAE —el diccionario de la lengua madre—, del término “coletazo, en sentido figurado significa “última manifestación de una actividad próxima a extinguirse”. Lo de DMG no creo que sea, ni mucho menos, un coletazo del narcotráfico. Es solo una de las cabezas de una hidra cuyas dimensiones parecen escapársele al Gobierno.
No hay que llamarse a engaños, el narcotráfico —la más notoria manifestación del crimen organizado— se ha enquistado en la sociedad más de lo que estamos dispuestos a admitir. Incluso, como lo señala el investigador Juan Carlos Garzón en su libro Mafia & Co. (Planeta, 2008) hasta “ha llegado a negociar directamente con las instituciones”. De ahí la validez de la pregunta que formuló el decano de Economía de la Tadeo, Salomón Kalmanovitz, en su columna en El Espectador: “¿Hasta qué punto está capturado el Estado colombiano por el crimen organizado?”
Me atrevería a decir que hasta el tuétano, sobre todo en los niveles local y regional. Basta pensar en la tenebrosa parapolítica y en escandalosos casos como los del ex fiscal de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, el empresario Juan Felipe Sierra y el general Pedreros, para solo mencionar uno de los más recientes, para darse cuenta de que la policéfala culebra del narcotráfico está vivita y coleando.
DMG, un sofisticado sistema de lavado de activos mediante la captación ilegal de dinero del público, es solo una de sus manifestaciones. Y aunque su objetivo inicial parecían ser sectores no integrados a sistemas regulados por el Estado, para quienes invertir en la organización era una forma de inserción económica, también acabaron involucrados políticos en el oscuro negocio —cosa rara— e incluso, directa o indirectamente, profesionales estrato 16 y prestigiosos abogados y asesores financieros que ahora pretenden desmontarse por las orejas con argumentos que no se creen ni ellos mismos.
El crimen organizado diversifica actividades y crea conexiones con la legalidad. Paga asesores para blindar empresas con fachada legal (según Mafia & Co., hasta mediados de 2007 estaban identificadas 8.000 empresas de apariencia sospechosa y a la ‘Lista Clinton’ había vinculadas cerca de 600 empresas y más de mil personas). Busca influir en el Congreso y financiar campañas con miras a los contratos; soborna a miembros de los organismos de control y de seguridad del Estado para frenar investigaciones, obtener información, arreglar sentencias; tiende lazos hacia el Ejecutivo para garantizar el tráfico de influencias…
DMG parece haber seguido el modelo de la parapolítica. “Tenemos 10 ganadores (se refiere a alcaldes y gobernadores), esto es mejor que haber montado mil empresas”, le dice Murcia a su mano derecha William Suárez, en una conversación revelada por La W. Y hasta donó el transporte de las firmas del referendo.
La lección que deja esta crisis que mostró cómo millones no ven la línea que separa lo legal de lo ilegal, debería servir para que los bancos reflexionen sobre cómo acercarse a la gente y mejorar su imagen de sanguijuela. Y sobre todo para que el Gobierno se pellizque, pues el narcotráfico lejos de ser un fenómeno marginal es uno de los mayores desafíos, pues muta y se transforma y se adapta a los cambios con mucha mayor rapidez que las instituciones. La capacidad de respuesta y la comprensión del fenómeno por parte del Estado se han quedado más que cortos.
P.D. ¡A machar el viernes por la liberación de los secuestrados! Y solidaridad con el director de Semana Alejandro Santos, a quien el controvertido magistrado Alfredo Escobar Araújo quiere ver en la cárcel.
Fuente: Cambio (Colombia)
