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La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco en torno al alcalde de Murcia y sus presuntos secuaces

Noticias criminología.La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco en torno al alcalde de Murcia y sus presuntos secuaces. Marisol Collazos Soto

La Fiscalía Anticorrupción de Murcia asegura al juzgado que investiga el caso Umbra de corrupción urbanística en la expansión norte de esa ciudad que el ayuntamiento, del PP, no tomó ningún acuerdo sobre el convenio Nueva Condomina sin consultárselo antes a Jesús Samper, propietario del club de fútbol Real Murcia.

Estas afirmaciones se contienen en un escrito en el que el fiscal, Juan Pablo Lozano, pide que se desestime el recurso del exgerente municipal de Urbanismo Pedro Morillas, que ha reclamado que se anule la imputación que pesa sobre él.
El representante del ministerio público aprovecha su informe para asegurar que las «ilegalidades» cometidas con aquel convenio, que fue aprobado por el pleno municipal hace ahora más de 12 años, «no se subsanan por la evidente torpeza de la oposición», en alusión al grupo municipal socialista, que votó a favor.
El fiscal solo salva de esa acusación a la concejala de Izquierda Unida, que no se unió al acuerdo, y añade que «el conocimiento que tenía la alcaldía -asistente a numerosas reuniones y asesorada por los técnicos municipales- no es equiparable a los de los otros».
Lozano considera que Morillas debe seguir imputado en esta causa por ser uno de los que intervinieron en la preparación del convenio, junto con el entonces secretario general de la Gerencia de Urbanismo -ya fallecido- José Luis Valenzuela Lillo y Ana Vidal, ésta libre de imputación desde hace varios meses.
Comenta que los documentos intervenidos en los registros llevados a cabo durante la investigación han permitido acceder a papeles que demostrarían la participación de Morillas en los hechos.
Y para corroborar esa afirmación aporta archivos informáticos de este exgerente de Urbanismo y de Samper, «que acreditan cómo ya desde diciembre de 1999 se estaba gestando la edificabilidad residencial de los terrenos antes de la aprobación provisional del convenio en junio de 2000».
Igualmente incorpora a su escrito «borradores de convenio donde precisamente se estaba tratando de justificar la falta de exigencia del 10% de cesión de aprovechamiento, cuyos textos eran remitidos al propio Samper».
Según el fiscal, los documentos demuestran también «cómo la inicial intención de convocar un concurso público para la construcción del nuevo estadio de fútbol fue sustituida por el encargo directo al Club Real Murcia».
Tampoco se olvida de reiterar que el consistorio, al no exigir a Samper la entrega del 10 % del aprovechamiento -que consideró compensada con la construcción del estadio Nueva Condomina- causó un perjuicio a las arcas municipales que valora, «como mínimo, en 18 millones de euros, que nadie discute ni puede discutir».
Y señala, por otro lado, que «el expediente del convenio nunca tuvo que acceder al pleno municipal, por ser ilegal en sus aspectos fundamentales, además de ser competencia exclusiva del alcalde», Miguel Ángel Cámara, del PP.

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