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Huele a podrido

Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, publica hoy en [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] un interesante artículo sobre la relación entre la politización de las instituciones públicas y la corrupción. Les pongo unas líneas:

Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno
local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.

El problema de la politización de la gestión pública se ha ido agudizando con los sucesivos gobiernos de la Democracia. Por un lado las administraciones padecen la invasión de un número creciente de fontaneros, asesores y altos directivos cuyo futuro laboral depende de que no se pierdan las elecciones, y cuyas tareas y responsabilidades se entrelazan con las de funcionarios. Pero éstos también pueden ser bendecidos por la fortuna gracias a la proliferación de puestos que, pertenenciendo a la escala profesional, pueden ser provistos con criterios políticos por el procedimiento de libre designación. Esta arbitrariedad supone un riesgo añadido, ya que los funcionarios tienen, entre otras, la obligación de garantizar que la directrices políticas se ejecuten con rigor y dentro de la legalidad.

Jueces y parlamentos se han manifestado repetidamente en contra de esta perversión, ya sea a través de sentencias, o mediante la aprobación de disposiciones legales. Hace un par de años el Parlamento de Galicia modificó la Lei da Función Pública de Galicia para dar cumprimento ao obxectivo de redución dos postos que deben ser cubertos por libre designación. O sistema de libre designación debe estar debidamente xustificado, sen que haxa ningunha razón para que con carácter xeral se lles adxudique esta condición a todos os postos de traballo que superen determinado nivel de complemento de destino. Con esta medida poderase acadar unha función pública máis profesionalizada e seleccionada de xeito máis obxectivo, sen prexuízo, desde logo, da súa capacitación e preparación para o desempeño do posto.

Pero la tentación de rodearse de amigos, compañeros de partido o meros paniaguados cuya independencia queda sometida al favor debido es irresistible. Al poco de aprobarse esta norma el gobierno gallego convocaba [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] ; y estos días, uno de esos ayuntamientos medianos que menciona Víctor Lapuente anunciaba la convocatoria por similar procedimiento de dieciocho puestos de Jefe de Servicio y Departamento.

Así pues, la próxima vez que alguien nos venga con la milonga de la regeneración democrática habrá que acordarse de leer la letra pequeña.

Fuente: Una cuestión personal

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