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La asistencia a menores víctimas de abusos puede dejarles también secuelas

Los menores víctimas de abusos sexuales sufren perjuicios derivados de someterse al sistema jurídico-asistencial que pueden llegar a dejarles secuelas psicológicas tan graves como las derivadas de los propios abusos.

Este efecto del sistema sobre los menores se conoce como victimización secundaria y para intentar paliarlo la directora de Infancia y Familia de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Belinchón, ha presentado hoy en Cádiz un corto dirigido a los diferentes profesionales que atienden a los menores en esta situación.

Cuando un niño denuncia que ha sufrido abusos sexuales debe contarlo a médicos, psicólogos, asistentes sociales, policía y magistrados en un proceso que a veces dura años y «los abusos que el menor ha sufrido como niño cobran para él una importancia de adulto», ha explicado Belinchón.

«Algunas intervenciones ya se hacen de otro modo, pero es necesario que trabajemos desde la sensatez y la realidad», ha enfatizado Belinchón, porque el sometimiento de los menores a este protocolo los hace sentirse culpables -que ellos han cometido algún mal- y los hastía de tal forma que los convierte en una doble víctima.

La directora de Infancia y Familia ha admitido que «en estos momentos es posible que el protocolo tenga que ser objeto de una adaptación a una nueva realidad, pero sigue siendo una herramienta útil y demuestra que funciona en innumerables casos».

El corto presentado hoy, en el que se narra cómo el proceso al que se somete una niña de 8 años para denunciar los abusos de su tío la insensibilizan y es el propio proceso el que la hace sufrir, será una herramienta de trabajo «para reflexionar, rectificar y subsanar esta victimización secundaria», ha resaltado Belinchón.

Francisco Mena, presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, que ha realizado el corto, ha explicado que la situación que se narra «es habitual porque el 60% de los abusos se producen en el seno de la propia familia a niñas de entre los 6 y 8 años».

Mena ha pedido a las administraciones que «identifiquen este problema porque si un menor que comete un delito tiene un sistema específico para ser atendido, un menor víctima de abusos sexuales también debería tener una intervención especial adaptada a él».

Fuente Soitu.es

Bajo licencia Creative Commons

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