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Andalucía

Retirado el concierto a un centro de menores de los Maristas por maltrato

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha ordenado cancelar el convenio de colaboración suscrito con el centro de protección de menores Champagnat de Huelva, gestionado por los Hermanos Maristas, después de conocer que los ocho residentes, de 12 a 14 años, eran sometidos a maltratos físicos por parte de sus educadores.

Estos centros disponen de pocas plazas porque su objetivo es que el entorno donde se convive sea lo más parecido a un hogar. Los chicos acudieron «por propia voluntad» al Servicio de Protección de Menores para denunciar la situación de maltrato que estaban sufriendo. Lo hicieron asesorados por dos educadores críticos con las prácticas aplicadas en el centro, como se recoge en el informe que los técnicos de ese servicio elevaron a la Fiscalía de Menores de Huelva, que también ha abierto una investigación. En ese informe se recoge que «existe una amplia coincidencia en las manifestaciones de los menores afirmando que varios de los educadores castigan físicamente a los menores propinándoles cachetes, bofetadas, que los tratan con gran brusquedad y con uso abusivo de la fuerza ocasionando daño e intimidación».

Ampliar información en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

Noticias Criminología. Maristas tratan mal a menores. Marisol Colazos Soto

Foto: Colegio La Merced, HH. Maristas. Murcia (fuente Panoramio)

Justicia (en Andalucía) asistió a más de 1700 víctimas de delitos el año pasado

El Servicio de Asistencia a las Víctimas de delitos de Andalucía (SAVA) atendió en Sevilla el pasado año a 1.776 personas, de las cuales el 87,6% fueron mujeres, según los datos facilitados por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta.

Sevilla fue con Málaga y Granada las provincias donde el SAVA prestó un mayor número de asistencias, ya que en estas últimas fueron asistidas 1.879 y 1.828 víctimas, respectivamente. A nivel andaluz, los nueve dispositivos que funcionan en la comunidad autónoma -uno en cada capital de provincia y el noveno en la localidad de Algeciras- atendieron a 11.851 personas y realizaron 119.866 actuaciones en los ámbitos jurídico, psicológico y social.

En cuanto al perfil de las personas que reciben atención por parte de los psicólogos, juristas y trabajadores sociales que integran el SAVA, destaca el hecho de que el 87,6% de los usuarios fueron mujeres. La franja de edad comprendida entre los 30 y 44 años es la que incluye el mayor número de usuarias, que alcanzó el 37,7%. Además, las estadísticas facilitadas por la Junta ponen de manifiesto otro dato relevante: el 47,7% de las víctimas recibieron asistencia tras haber sufrido un delito relacionado con la violencia de género.

Por lo que se refiere a la situación laboral de las víctimas, el porcentaje de personas desempleadas alcanza el 38,9%, lo que supera al 32,5% de los casos, que son personas que se encuentran trabajando. Los agresores son, en el 43% de los casos, la pareja de la víctima.

De acuerdo con los datos extraídos de la memoria anual del SAVA correspondiente a 2008, el perfil del usuario de este servicio es el siguiente: la víctima es una mujer, soltera, que tiene entre 30 y 40 años, un nivel de estudios primarios, está desempleada, y ha sido agredida por su pareja. La memoria refleja además otro dato importante en relación con la persona asistida en el SAVA, por cuanto acude solicitando el asesoramiento profesional tras haber sufrido malos tratos, padece un fenómeno de victimización continuada y presenta denuncia en relación con los delitos de los que ha sido objeto. El SAVA fue creado por la Junta en 1998 como un servicio público, universal y gratuito, que pretende dar una respuesta integral -en la vertiente jurídica, psicológica y social- a los problemas que surgen en toda persona víctima de un delito que solicite voluntariamente ser atendida. La finalidad del servicio es proteger a la víctima, en la medida de lo posible, de su paso por las distintas instrucciones con las que entre en contacto, de forma que la mecánica policial, médica y judicial no suponga un perjuicio adicional al que conlleva el delito en sí mismo.

De otro lado y según las estadísticas de la Consejería de Justicia, en los últimos nueve años han sido asesinadas en Andalucía 121 mujeres, 17 de ellas en Sevilla. El año más conflictivo fue 2004, cuando fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas 19 mujeres en Andalucía -cuatro de ellas en Sevilla-. Ese año fue cuando se promulgó la ley orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que, entre otros aspectos, creó los juzgados específicos para luchar contra este tipo de violencia conyugal.

Al año siguiente de la entrada en vigor de la norma se redujo considerablemente el número de víctimas, se pasó a nueve asesinatos en 2005, aunque en 2006 el número de muertes en Andalucía volvió a dispararse hasta los 18 crímenes, de los cuales tres se cometieron en la provincia de Sevilla. Durante 2007 y 2008 el número de asesinatos se situó en ocho y nueve, respectivamente.

En esta estadística destaca especialmente el hecho de que el año pasado hubo tres provincias andaluzas (Sevilla, Jaén y Huelva) en las que no se registró ninguna víctima a causa de la también denominada violencia machista. Esta situación no se registraba desde 2005, cuando no hubo asesinatos de mujeres en otras tres provincias: Cádiz, Huelva y Jaén.

En Andalucía hay actualmente 18 juzgados de Violencia sobre la Mujer -cinco de ellos en Málaga y cuatro en Sevilla, las provincias donde se registra el mayor número de casos-, aunque hay órganos compatibles de Violencia sobre la Mujer en todos los partidos judiciales de la comunidad autónoma.

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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Enlaces de interés:

Noticias criminología

Apuntes Victimologia. Licenciatura Criminología. UMU

Internet estará presente en el programa de prevención del maltrato

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Área Municipal de Familia, y la Fundación Márgenes y Vínculos han puesto en marcha el Programa de Prevención de Maltrato a la Infancia y la Adolescencia, que este verano cuenta con una nueva actividad de sensibilización en la playa cuyo lema es ‘Navegar mola más, si segur@ vas’.

En esta ocasión, la actividad consiste en plantear breves representaciones de situaciones cotidianas relacionadas con el uso de la Red de Internet que viven las familias desarrolladas dentro de un ordenador gigante a modo de teatro itinerante.

El objetivo de este proyecto es informar a los padres y madres sobre las fantásticas oportunidades que ofrece internet y denunciar los aspectos menos deseables que existen. Además otros fines son fomentar el buen uso de la red entre los pequeños, hablar con naturalidad y sinceridad sobre los contenidos inadecuados que los menores se pueden encontrar, dotar de herramientas de protección a los niños en el supuesto de que se encuentre en la red un contenido inapropiado e inculcar el respecto y la privacidad de las personas y viceversa.

Así, el desarrollo de esta actividad consiste en dos o tres paradas de un cortejo amenizado con música con objeto de movilizar a los asistentes a la playa. Una vez detenidos, el ordenador gigante abrirá su pantalla para dar lugar a las representaciones. Tras las escenificaciones, los monitores de la actividad harán lectura de un manifiesto a favor de los derechos de los niños y niñas. Finalmente, al término de cada parada del desfile, el personal voluntario de la actividad hará entrega de un regalo conmemorativo a las familias participantes.

Esta actividad que dio comienzo ayer en la Playa Victoria, también se desarrollará hoy por la mañana en la playa Santa María del Mar y mañana en la Caleta.

El objetivo es acercar las posibilidades de la Red a los padres y denunciar los aspectos menos deseables que existen para que sepan qué aspectos hay que controlar más.

Fuente:  andaluciainformacion.es

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Enlaces de interés:

Internet. Apuntes Informática Aplicada a la Gestión Pública

Apuntes Introducción a la Informática. Redes y comunicaciones

La Fiscalía de Andalucía alerta del aumento de la criminalidad inmobiliaria

La Fiscalía Superior de Andalucía ha alertado de los efectos «devastadores» que está teniendo el cada vez más frecuente fenómeno de la criminalidad inmobiliaria en las economías familiares. Durante la presentación de la memoria de actividades de 2008, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se refirió a esta nueva forma de criminalidad vinculada a la estafa que ha aflorado en el último año con una intensidad «preocupante» y que requiere de un «tratamiento policial y jurídico penal diferenciado».

Este fenómeno delictivo está ligado a la adquisición de viviendas, cuando se produce un abono parcial de grandes sumas de dinero por parte de particulares –las denominadas entradas para la compra de pisos–, sin que lleguen a recibir sus casas o, en el mejor de los casos, descubren una serie de irregularidades que acaban por conducirlos a los juzgados como único mecanismo para conseguir la satisfacción de sus derechos más elementales.

García Calderón aclaró que este tipo de situaciones no tienen por qué estar asociadas a la crisis económica sino que se integran en una nueva modalidad de estafa. No obstante, se mostró partidario de un tratamiento personalizado pues afectan a bienes de primera necesidad. En la memoria se apuesta por la necesidad de «promover investigaciones policiales que en la actualidad no tienen, puesto que la actuación jurisdiccional sólo tiene lugar tras la interposición de denuncias o querellas por los particulares afectados».
Injurias a cargos públicos. Como ya hiciera en la memoria de 2007, el Ministerio Fiscal llama la atención sobre los casos de injurias o calumnias vertidas sobre autoridades o funcionarios públicos a consecuencia de conductas o decisiones adoptadas en el ejercicio de sus cargos.

En estos casos, la acusación pública ha tenido que «proceder de oficio» contra quienes «con temerario desprecio de la verdad, evidente mala fe y dando toda la publicidad posible a su actividad», realizaron manifestaciones públicas o incluso emprendieron acciones legales contra aquellos que actuaban en cumplimiento de su deber.

Fuente:  laopiniondegranada.es

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