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víctimas

Los hombres también pueden ser víctimas

Muchos de los que investigan la violencia que se ejerce en las parejas tratan de abrirnos los ojos sobre la existencia de realidades diferentes al prototipo hombre-agresor/mujer-víctima. El alcance de estas propuestas políticamente incorrectas es pequeño y muchas veces se ven acalladas por las demandas de determinados grupos sociales a quienes conviene mantener oculta esta problemática.

Sabemos que es menos frecuente y en ocasiones menos grave, pero no por ello deja de existir y la negación de su existencia implica ignorar a las víctimas de estos fenómenos violentos a los que la sociedad no quiere prestar atención ni ayuda.
La violencia en la pareja, no es cuestión de género, o al menos, el género (y por extensión la violencia de género) no es único y no puede equivaler a que el hombre sea el agresor y la mujer la víctima. Víctimas y verdugos pueden ser de ambos sexos y este tipo de violencia se da también en relaciones homosexuales.
Políticas y reformas legales como las recientemente desarrolladas no hacen sino contribuir a mantener desigualdades sociales, entiendo que en un intento por devolver a la mujer lo que en siglos anteriores se le había robado.
Los problemas no se solucionan cerrando los ojos frente a ellos. De momento os dejo estos dos textos sobre el tema, disponibles en madriddiario.es, que demuestran cómo algunas víctimas son menospreciadas por la “justicia” y cómo la ansiada igualdad se ha convertido en desigualdad e ignorancia.

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Enlaces relacionados:

La violencia de género sólo es del hombre sobre la mujer

Víctimas especialmente vulnerables. La mujer maltratada, Apuntes Criminología. UMU

Víctimas y delitos

Acusan de intrusismo a los detectives que protegen a víctimas de malos tratos

Los detectives privados llevan a cabo funciones de protección de mujeres víctimas de la violencia de género que corresponden a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo que cometen un «claro intrusismo profesional», según Ana Isabel Pérez Machío, del Instituto Vasco de Criminología.

Pérez Machío, que participa en el curso «Investigación privada y violencia doméstica» de los cursos de verano de San Sebastián, ha explicado que a raíz de la Ley orgánica 1/2004 de prevención y protección de las víctimas de violencia de género se propuso una mayor intervención en la adopción de medidas de seguridad para las víctimas a través de la figura del detective privado.

Según la ley de seguridad privada, éstos están «únicamente» habilitados para la investigación de delitos privados, pero las lesiones, coacciones y las amenazas entre otros son «delitos públicos».

La Asociación Española de Detectives Privados (AEDP) planteó en el año 2003 la inclusión de un precepto en la Ley 1/2004 para que se regule la figura del «detective de oficio», iniciativa que parte de un informe de CGPJ del año 2001 para introducir la figura del «agente controlador», en la que proponían a policías judiciales preparados para controlar el cumplimiento de las medidas de alejamiento impuestas en las sentencias.

Pérez Machío asegura que la AEDP hace una interpretación «teleológica» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proponer que los detectives sean estos agentes controladores.

Sin embargo, esta legitimación no es posible por la interpretación errónea que hace la AEDP de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por las funciones que se les atribuye a los detectives privados en su propia normativa, la ley 23/1992 de Seguridad privada, según Pérez Machío.

De esta manera se está encargando la protección de estas víctimas a profesionales que no tienen licencia para llevar armas -a no ser que sean particulares- ni obligación de estar instruidos en defensa personal, por lo que lo único que pueden hacer para no incurrir en una infracción es avisar a las fuerzas de seguridad del Estado, como cualquier particular.

Explica la profesora que hay que «evitar extralimitarse» en las competencias asignadas por ley como forma de lavar la cara a una profesión que no tiene una «consideración social positiva».

Fuente: adn.es

Bajo licencia Creative Commons

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Enlaces de interés:

Concepto de víctima. Licenciatura Criminologia. UMU

La violencia de género sólo es del hombre sobre la mujer

Apuntes Derecho Penal I. Licenciatura Criminología. UMU

Apuntes Derecho Penal II. Licenciatura Criminología. UMU

Justicia (en Andalucía) asistió a más de 1700 víctimas de delitos el año pasado

El Servicio de Asistencia a las Víctimas de delitos de Andalucía (SAVA) atendió en Sevilla el pasado año a 1.776 personas, de las cuales el 87,6% fueron mujeres, según los datos facilitados por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta.

Sevilla fue con Málaga y Granada las provincias donde el SAVA prestó un mayor número de asistencias, ya que en estas últimas fueron asistidas 1.879 y 1.828 víctimas, respectivamente. A nivel andaluz, los nueve dispositivos que funcionan en la comunidad autónoma -uno en cada capital de provincia y el noveno en la localidad de Algeciras- atendieron a 11.851 personas y realizaron 119.866 actuaciones en los ámbitos jurídico, psicológico y social.

En cuanto al perfil de las personas que reciben atención por parte de los psicólogos, juristas y trabajadores sociales que integran el SAVA, destaca el hecho de que el 87,6% de los usuarios fueron mujeres. La franja de edad comprendida entre los 30 y 44 años es la que incluye el mayor número de usuarias, que alcanzó el 37,7%. Además, las estadísticas facilitadas por la Junta ponen de manifiesto otro dato relevante: el 47,7% de las víctimas recibieron asistencia tras haber sufrido un delito relacionado con la violencia de género.

Por lo que se refiere a la situación laboral de las víctimas, el porcentaje de personas desempleadas alcanza el 38,9%, lo que supera al 32,5% de los casos, que son personas que se encuentran trabajando. Los agresores son, en el 43% de los casos, la pareja de la víctima.

De acuerdo con los datos extraídos de la memoria anual del SAVA correspondiente a 2008, el perfil del usuario de este servicio es el siguiente: la víctima es una mujer, soltera, que tiene entre 30 y 40 años, un nivel de estudios primarios, está desempleada, y ha sido agredida por su pareja. La memoria refleja además otro dato importante en relación con la persona asistida en el SAVA, por cuanto acude solicitando el asesoramiento profesional tras haber sufrido malos tratos, padece un fenómeno de victimización continuada y presenta denuncia en relación con los delitos de los que ha sido objeto. El SAVA fue creado por la Junta en 1998 como un servicio público, universal y gratuito, que pretende dar una respuesta integral -en la vertiente jurídica, psicológica y social- a los problemas que surgen en toda persona víctima de un delito que solicite voluntariamente ser atendida. La finalidad del servicio es proteger a la víctima, en la medida de lo posible, de su paso por las distintas instrucciones con las que entre en contacto, de forma que la mecánica policial, médica y judicial no suponga un perjuicio adicional al que conlleva el delito en sí mismo.

De otro lado y según las estadísticas de la Consejería de Justicia, en los últimos nueve años han sido asesinadas en Andalucía 121 mujeres, 17 de ellas en Sevilla. El año más conflictivo fue 2004, cuando fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas 19 mujeres en Andalucía -cuatro de ellas en Sevilla-. Ese año fue cuando se promulgó la ley orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que, entre otros aspectos, creó los juzgados específicos para luchar contra este tipo de violencia conyugal.

Al año siguiente de la entrada en vigor de la norma se redujo considerablemente el número de víctimas, se pasó a nueve asesinatos en 2005, aunque en 2006 el número de muertes en Andalucía volvió a dispararse hasta los 18 crímenes, de los cuales tres se cometieron en la provincia de Sevilla. Durante 2007 y 2008 el número de asesinatos se situó en ocho y nueve, respectivamente.

En esta estadística destaca especialmente el hecho de que el año pasado hubo tres provincias andaluzas (Sevilla, Jaén y Huelva) en las que no se registró ninguna víctima a causa de la también denominada violencia machista. Esta situación no se registraba desde 2005, cuando no hubo asesinatos de mujeres en otras tres provincias: Cádiz, Huelva y Jaén.

En Andalucía hay actualmente 18 juzgados de Violencia sobre la Mujer -cinco de ellos en Málaga y cuatro en Sevilla, las provincias donde se registra el mayor número de casos-, aunque hay órganos compatibles de Violencia sobre la Mujer en todos los partidos judiciales de la comunidad autónoma.

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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Enlaces de interés:

Noticias criminología

Apuntes Victimologia. Licenciatura Criminología. UMU

Víctimas y delitos

La victimología es y ha sido una de las materias más importantes del Derecho Penal y la Criminología, pero si ya lo era, y lo ha sido, desde el punto de vista teórico, la actualidad que se plasma en dependencias policiales y juzgados y salas de vistas está haciendo que se incremente el interés por la posición de una de las materias más importantes, sino la que más, del Derecho Penal. Es por ello, por lo que en otras ocasiones ya hemos escrito en estas mismas páginas sobre distintos problemas que surgen y han surgido en la práctica diaria sobre las víctimas en el proceso penal. Pero el devenir de los acontecimientos y el incremento de las víctimas que están sintiendo verdadero «miedo» a, no ya a presentar una denuncia, sino a seguir adelante con la denuncia que ya han presentado por la especial violencia de sus agresores, hace que tengamos que hacer una seria reflexión sobre qué medidas se pueden adoptar por la Administración para que esta exigencia que le trasladamos a las víctimas de que acuden a dependencias policiales a denunciar los delitos que contra ellas se cometen tenga luego un reflejo en las medidas de protección o asistencia que a estas se le deben. Sobre todo si algunas de ellas se reflejan en normas legales que luego no se cumplen.
Así las cosas, seguimos opinando que si queremos que realmente las víctimas colaboren con el sistema, es el sistema el que debe asegurarles a aquellas que el camino de la denuncia es mejor que el camino del silencio. Se nos llena la boca en muchas ocasiones trasladando a la sociedad que la «no denuncia» perjudica a quienes son víctimas ocultas del delito, pero luego no somos capaces de articular verdaderos mecanismos que hagan realmente creíbles las ofertas que les trasladamos. Cierto es que la situación actual es muy diferente a la de hace 15 ó 20 años, ya que se han aprobado reformas legales por todos conocidas que han elevado el nivel de posición de las víctimas, pero cierto y verdad es que también se ha elevado la gravedad de la criminalidad organizada y no organizada o individual a un ritmo mayor que la propia sociedad puede poner en marcha mecanismos que vayan en paralelo a este incremento de la gravedad de los delitos que se cometen.
No podemos negar que mecanismos tales como la orden de protección en la violencia de género, los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, el uso de la videoconferencia en los juicios penales, reformas procesales penales en materia de declaración de menores víctimas, prueba preconstituida con determinados testigos, el sistema de juicio rápidos, etcétera, han supuesto interesantes mejoras procesales que han mejorado la posición de las víctimas en la Administración de Justicia, pero el incremento, no de las cifras estadísticas, pero sí de la gravedad de los delitos que se cometen hace que nos tengamos que replantear qué medidas debemos poner en marcha para recuperar la confianza de las víctimas y hacernos creíbles en el traslado del mensaje de: ¡Denuncia y no te calles!
La solución pasaría por abrir el debate sobre la necesidad de articular una verdadera ley integral de la víctima en el proceso penal que englobada dentro de la normativa procesal penal otorgue a las víctimas una posición cualificada y distinta a la del «estatus» que ahora tiene como mero testigo, cuando la víctima del delito es algo más que un testigo y muy distinto al que conoce de un delito porque lo presenció o tiene razón de él como testigo de referencia, pero las víctimas son las que lo han sufrido y si saben de él es porque lo han padecido en primera persona, no por referencias o por su percepción visual. En estos términos se hace preciso una apuesta por conseguir varias medidas, dirigidas en primer lugar a articular una verdadera reforma legal que, como decimos, otorgue a la víctima la importancia que tiene en el proceso penal y como verdadero instrumento para que los realmente responsables del delito merezcan el reproche penal de la justicia tras el reconocimiento de los hechos por las víctimas e identificación de los autores, cómplices y encubridores, en su caso. Además, en correspondencia con ello la protocolización de la presencia de la víctima desde que denuncia en dependencias policiales hasta que declara en el juicio, a fin de que se sistematice esta intervención de acuerdo con la realidad criminal que vivimos.
Según los datos del CGPJ, el año 2008 se va a cerrar con una cifra estimada de 6.570.159 denuncias de víctimas de distintos delitos, de las que un porcentaje elevado lo son por hechos de cierta gravedad. Hechos que antes no se cometían y que ahora se repiten con inusitada frecuencia y toman las páginas de los periódicos e imágenes de los medios de comunicación visual. Hechos graves cometidos por menores que antes tenían su autoría sólo en mayores de edad. Delincuencia y crimen organizado con operadores que reúnen una perfecta organización que consigue que las víctimas de los delitos no dejen de serlo nunca por el temor que se les traslada de las consecuencias de su declaración contra los responsables. Así, si queremos que denuncien y no se callen deberemos ser más convincentes con ellas… Y podemos serlo con más imaginación en reformas legales que se pueden acometer, porque no todas las soluciones son económicas. Las víctimas ponen trabas para venir a declarar y es comprensible. Ayudémoslas con propuestas de reforma que existen y otras que se deben aprobar y llevar a la práctica.

Autor: Vicente Magro

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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