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Víctimas y delitos

La victimología es y ha sido una de las materias más importantes del Derecho Penal y la Criminología, pero si ya lo era, y lo ha sido, desde el punto de vista teórico, la actualidad que se plasma en dependencias policiales y juzgados y salas de vistas está haciendo que se incremente el interés por la posición de una de las materias más importantes, sino la que más, del Derecho Penal. Es por ello, por lo que en otras ocasiones ya hemos escrito en estas mismas páginas sobre distintos problemas que surgen y han surgido en la práctica diaria sobre las víctimas en el proceso penal. Pero el devenir de los acontecimientos y el incremento de las víctimas que están sintiendo verdadero «miedo» a, no ya a presentar una denuncia, sino a seguir adelante con la denuncia que ya han presentado por la especial violencia de sus agresores, hace que tengamos que hacer una seria reflexión sobre qué medidas se pueden adoptar por la Administración para que esta exigencia que le trasladamos a las víctimas de que acuden a dependencias policiales a denunciar los delitos que contra ellas se cometen tenga luego un reflejo en las medidas de protección o asistencia que a estas se le deben. Sobre todo si algunas de ellas se reflejan en normas legales que luego no se cumplen.
Así las cosas, seguimos opinando que si queremos que realmente las víctimas colaboren con el sistema, es el sistema el que debe asegurarles a aquellas que el camino de la denuncia es mejor que el camino del silencio. Se nos llena la boca en muchas ocasiones trasladando a la sociedad que la «no denuncia» perjudica a quienes son víctimas ocultas del delito, pero luego no somos capaces de articular verdaderos mecanismos que hagan realmente creíbles las ofertas que les trasladamos. Cierto es que la situación actual es muy diferente a la de hace 15 ó 20 años, ya que se han aprobado reformas legales por todos conocidas que han elevado el nivel de posición de las víctimas, pero cierto y verdad es que también se ha elevado la gravedad de la criminalidad organizada y no organizada o individual a un ritmo mayor que la propia sociedad puede poner en marcha mecanismos que vayan en paralelo a este incremento de la gravedad de los delitos que se cometen.
No podemos negar que mecanismos tales como la orden de protección en la violencia de género, los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, el uso de la videoconferencia en los juicios penales, reformas procesales penales en materia de declaración de menores víctimas, prueba preconstituida con determinados testigos, el sistema de juicio rápidos, etcétera, han supuesto interesantes mejoras procesales que han mejorado la posición de las víctimas en la Administración de Justicia, pero el incremento, no de las cifras estadísticas, pero sí de la gravedad de los delitos que se cometen hace que nos tengamos que replantear qué medidas debemos poner en marcha para recuperar la confianza de las víctimas y hacernos creíbles en el traslado del mensaje de: ¡Denuncia y no te calles!
La solución pasaría por abrir el debate sobre la necesidad de articular una verdadera ley integral de la víctima en el proceso penal que englobada dentro de la normativa procesal penal otorgue a las víctimas una posición cualificada y distinta a la del «estatus» que ahora tiene como mero testigo, cuando la víctima del delito es algo más que un testigo y muy distinto al que conoce de un delito porque lo presenció o tiene razón de él como testigo de referencia, pero las víctimas son las que lo han sufrido y si saben de él es porque lo han padecido en primera persona, no por referencias o por su percepción visual. En estos términos se hace preciso una apuesta por conseguir varias medidas, dirigidas en primer lugar a articular una verdadera reforma legal que, como decimos, otorgue a la víctima la importancia que tiene en el proceso penal y como verdadero instrumento para que los realmente responsables del delito merezcan el reproche penal de la justicia tras el reconocimiento de los hechos por las víctimas e identificación de los autores, cómplices y encubridores, en su caso. Además, en correspondencia con ello la protocolización de la presencia de la víctima desde que denuncia en dependencias policiales hasta que declara en el juicio, a fin de que se sistematice esta intervención de acuerdo con la realidad criminal que vivimos.
Según los datos del CGPJ, el año 2008 se va a cerrar con una cifra estimada de 6.570.159 denuncias de víctimas de distintos delitos, de las que un porcentaje elevado lo son por hechos de cierta gravedad. Hechos que antes no se cometían y que ahora se repiten con inusitada frecuencia y toman las páginas de los periódicos e imágenes de los medios de comunicación visual. Hechos graves cometidos por menores que antes tenían su autoría sólo en mayores de edad. Delincuencia y crimen organizado con operadores que reúnen una perfecta organización que consigue que las víctimas de los delitos no dejen de serlo nunca por el temor que se les traslada de las consecuencias de su declaración contra los responsables. Así, si queremos que denuncien y no se callen deberemos ser más convincentes con ellas… Y podemos serlo con más imaginación en reformas legales que se pueden acometer, porque no todas las soluciones son económicas. Las víctimas ponen trabas para venir a declarar y es comprensible. Ayudémoslas con propuestas de reforma que existen y otras que se deben aprobar y llevar a la práctica.

Autor: Vicente Magro

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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