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El acusado de discriminar por raza o edad deberá probar su inocencia

«Extranjero, gordo, morenete. Parece Pancho Villa». «No, por gitana y fea». «Vive en Parla y es fea». «Sudamericano, color oscuro sin ser negro, café con leche, largo de café». «Barrios bajos». Un empleado de recursos humanos de la empresa Sánchez Romero (los que tienen los precios más caros de España) añadió frases como estas a las solicitudes de empleo de varios aspirantes a trabajar en la cadena de supermercados. Los expedientes aparecieron en la vía pública en junio de 2002. El Ministerio de Trabajo examinó el caso, y determinó que no se había producido discriminación por parte de la empresa porque el entrevistador ya había sido despedido.

La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que prepara el Gobierno, y que quiere llevar al Parlamento antes de fin de año, establecerá un sistema propio para sancionar conductas como esta. Algunas, especialmente las que tienen que ver con el empleo, ya pueden llevarse ante los tribunales en virtud de la legislación laboral, pero muchas veces es complicado hacer que prosperen. La norma facilitará también que se impongan sanciones a los particulares que discriminan, que se enfrentarán, al igual que las empresas y administraciones públicas, a multas de elevada cuantía que aún está fijando el Gobierno.

Uno de los puntos más novedosos que recogerá la ley es que será el demandado quien deba probar que actuó bien. Cuando alguien presente «indicios de discriminación o represalias» y pida que se sancione al presunto discriminador, será este el que tendrá que probar, aportando una «justificación objetiva y razonable» de su actuación, que lo que a priori parecía una discriminación era en realidad necesario. La ley creará una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato que tendrá que prestar asistencia a los discriminados y promover la mediación entre las partes en conflicto, entre otras atribuciones, para lograr que el daño sea reparado. Este órgano no tendrá capacidad para sancionar, de forma que si no se llega a una solución a través de la mediación, el ciudadano tendrá que presentar una denuncia y pedir se tramite un expediente sancionador si quiere exigir que se cumpla la ley.

Habrá tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves (una de estas últimas será, por ejemplo, el acoso discriminatorio), que acarrearán distintas sanciones. Estas se decidirán en función de unas cuantías máximas y mínimas ún por fijar.

Noticia completa en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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Enlaces de interés:

–  La discriminación de la mujer, ¿hasta cuándo la violencia?

–  Día Contra La Homofobia

–  Articulos y enlaces a blogs relacionados con la Criminologia

Los niños con nombres impopulares tienen más probabilidades de transgredir la ley

En Estados Unidos los niños con nombres comunes, como Michael y David son menos propensos a cometer crímenes que los llamados Ernest o Iván.

David E. Kalist y Daniel Y. Lee de la Universidad de Shippensburg, Pennsylvania  (EE.UU.) compararon los nombres de varones delincuentes menores de edad con los nombres de los menores varones en la población. Los investigadores construyeron un índice de popularidad de nombre (IPN) para cada nombre. Por ejemplo, el IPN para Michael es de 100, el nombre más frecuentemente citado durante el período.  El IPN para David es de 50, un nombre que se da de media con tanta frecuencia como Michael. El IPN es de aproximadamente 1 para nombres como Alec, Ernest, Ivan, Kareem, y Malcolm.

Los resultados muestran que, independientemente de su etnia, los menores con nombres impopulares son más propensos a involucrarse en actividades delictivas. Los nombres menos populares se asociaron con la delincuencia juvenil, entre blancos y negros.

The findings, announced today, are detailed in the journal Social Science Quarterly . Los resultados, anunciados hoy, se detallan en la revista Social Science Quarterly.

Mientras que los nombres no es probable que sean la causa del crimen, los investigadores sostienen que «están conectados a los factores que aumentan la tendencia a cometer un delito, como un ambiente de hogar desfavorecedor, la residencia en un municipio con bajo nivel socioeconómico, y las familias monoparentales.»

«Además, los adolescentes con nombres impopulares pueden ser más propensos a la delincuencia porque son tratados de manera diferente por sus compañeros, por lo que es más difícil para ellos formar relaciones», según un comunicado emitido por el editor de la revista. «Los menores con nombres impopulares también puede actuar porque, consciente o inconscientemente no les gusta su nombre.»

Los resultados podrían ayudar a los funcionarios a «identificar a los individuos con alto riesgo de cometer delitos, haciendo más específicos y eficaces los programas de intervención», concluyen los autores.

Fuente:  LIVE SCCIENCE

EN Andalucía, la ley de Derecho a la Vivienda debe estar aprobada el próximo mes de diciembre

La directora General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Carmen Belinchón, presentó ayer el cortometraje ‘Espiral’. Se trata de una reflexión sobre la victimización secundaria en menores que han sufrido abusos sexuales y un trabajo con el que se consolida el programa de Evaluación y
Tratamiento de Menores Víctimas de Abuso Sexual. «El corto servirá de herramienta a los profesionales que trabajan en la prevención y el tratamiento de los niños que han sido víctimas de abusos, suponiendo un paso más en el protocolo de atención de los menores».

Así, Belinchón aseguraba que «la sobreprotección de los padres es una caso de victimización secundaria para el menor que ha sufrido el abuso». De ahí que pida a las familias que «dejen trabajar a los profesionales, que detectan, previenen y tratan cada caso».

El programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Abuso Sexual cuenta en la actualidad con 18 menores, de los que 15 están en evaluación y tres en diagnóstico. El año pasado se atendieron a 534 menores con indicios de sufrir abusos y para atender la prevención, de los que 74 casos abordados fueron víctimas.

Ante los dos últimos casos de las menores de Baena y Huelva, víctimas de violaciones, recuerda que ya tienen a disposición los servicios de la Administración y que el tratamiento mediático ha de ser “más escrupuloso y delicado”, terminaba Belinchón.

Fuente:  andaluciainformacion.es

La fe y la ley

Bonita la ha armado Rí­z Gallardón oficiando una boda entre homosexuales de su partido! La jerarquí­a de la Iglesia Católica española se ha enfadado y le ha venido a recordar que los poí­ticos católicos no pueden hacer estas cosas aunque la ley lo permita. En el conflicto entre los deberes del cargo público -cumplir y hacer cumplir las leyes- y las creencias religiosas, debe primar, a jucio de los obispos católicos (y me atreverí­a a decir que de cualquier otra autoridad de cualquier otra religión), la obediencia a los mandatos de la doctrina religiosa.

Fuente: Ethica more cybernetica
Aceptando que los y las homosexuales tienen derecho a acostarse y casarse con quien les plazca y se los permita, lo que este caso pone de manifiesto es nuestra indefensión frente a las creencias religiosas de nuestros gobernantes. Si por encima de la autoridad de las leyes están sus creencias religiosas, a partir de ahora habría que exigirles a todos los candidatos y candidatas de todos los partidos que se presenten a cualquier cargo público, una declaración pública acerca de sus creencias sobre lo sagrado, porque los programas poí­ticos con los que se presentan -para no cumplirlos mayormente, dicho sea de paso- parece que no bastan.

Estando el Partido Popular tan poblado, según dicen, de miembros de sectas integristas católicas como los legionarios de Cristo, los kikos o el opus dei, no es de extrañar que sucedan estas cosas. Para los integristas de cualquier religión, y los hay en todas las religiones, la verdad única y suprema es la interpretación que ellos hacen de sus credos, interpretación que justifica, además, todas sus acciones por monstruosas que éstas sean (como la guerra santa o la destrucción del ‘infiel’). Nos da la impresión de que, para ellos, la polí­tica y el ejercicio de los cargos públicos son sólo medios para la imposición de sus creencias y el avance de sus causas religiosas.

Contrariamente a lo que nos haí­an anunciado los teéricos de las sociedades modernas, el mundo es cada vez menos laico y la religión no pertenece a la esfera de la vida privada. Por el contrario, cada vez más irrumpe con fuerza en la vida pública. Y ya que lo hace, que lo haga de forma expresa para que la ciudadaní­a sepa a qué atenerse. Los dirigentes máximos del Partido Popular parecen querer convertirse en la versión hispana del partido de dios. Cierto que hay militantes y votantes conservadores ajenos a estas posiciones, pero parece que están en minoí­a en su partido.

Como si no fuera suficiente el hecho de que paguemos con nuestros impuestos a una religión concreta, la católica, el mantenimiento de sus estructuras y de sus profesionales, como si de empleados del Estado se trataran, además tenemos que aguantar que la cúpula de esta iglesia vaya contra las leyes aprobadas en el Parlamento, y contra la misma Constitución de 1978, y trate de someter a los cargos públicos del Partido Popular a su autoridad, como si ésta estuviera por encima de su juramento político al aceptar el cargo público. ¿No se llama a esto teocracia?

En las elecciones que se avecinan, pedirá una declaración de fe antes de dar mi voto a nadie. Por si acaso resulta que son más fieles a una cúpula religiosa que a su programa poí­tico.


Luz verde a la selección genética de embriones con fin terapéutico

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sin los cambios introducidos durante la tramitación del proyecto en el Senado, por lo que se permitirá finalmente la selección genética de embriones con fines terapéuticos para curar hermanos enfermos.

La Ley fue apoyada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja excepto el PP, que vio cómo fueron rechazadas sus enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante la tramitación en el Senado. Asimismo, se aprobaron por unanimidad algunas enmiendas de la Cámara Alta presentadas por CiU, PNV y Entesa Catalana.

La nueva legislación sobre reproducción asistida facilita que parejas con problemas de fertilidad o mujeres solas puedan tener hijos biológicos, y regula la aplicación de técnicas de diagnóstico para la prevención de enfermedades y el incremento de la seguridad y las garantías que se ofrecen en estos procesos

Como novedades, se suprime la limitación de fecundar un máximo de tres ovocitos en cada ciclo reproductivo, dejando la decisión cuantitativa al criterio médico; se deja a voluntad de la decisión de la mujer o la pareja el destino de los preembriones sobrantes; y se amplía la posibilidad de utilizar el diagnóstico preimplantacional para evitar enfermedades hereditarias graves.

Igualmente, la normativa prohíbe la práctica de las «madres de alquiler» y la clonación de seres humanos con fines reproductivos. En cuanto a la aplicación de la clonación con fines terapéuticos, al no tratarse de una técnica de reproducción humana asistida sino de investigación, será regulada en la Ley de Investigación en Biomedicina.

Mediante el diagnóstico genético preimplantacional con fines terapéuticos para terceros, será posible llevar a cabo estas técnicas preimplantacionales, definiendo la compatibilidad de tejidos para poder, en el futuro, ayudar a un hermano. Para ello será necesaria la autorización de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que analizará caso por caso.

Por otro lado, crea un Registro de Actividad de los centros de reproducción asistida, con informaciones sobre tipología de técnicas y procedimientos, tasas de éxito, número de preembriones que conservan y otras cuestiones sobre la calidad de cada centro que deberán hacerse públicos al menos una vez al año, requisito indispensable para autorizarlos o mantener la acreditación.

Así, se contemplan sanciones si revelan la identidad de los donantes, en casos de mala práctica con técnicas de reproducción asistida y materiales biológicos, si lesionan los intereses de donantes o usuarios, o si transmiten a los descendientes enfermedades congénitas o hereditarias evitables.

Por último, la ley fija un régimen sancionador, con multas cuya gravedad varía según los riesgos para la salud de la madre o los preembriones a generar, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración sanitaria o social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.

RESPALDO CIENTIFICO FRENTE A ASPECTOS RELIGIOSOS.

La mayoría de los portavoces parlamentarios defendieron el espíritu de esta ley, argumentando que responde al interés general y cuenta con el respaldo científico, frente a otros aspectos filosóficos o religiosos.

Así, el diputado socialista Alberto Fidalgo explicó que la norma supone una respuesta a los problemas de fertilidad de muchas parejas, a las nuevas técnicas y a las demandas sociales, y dijo que «hará un poco más felices a mucha gente». A este respecto, aseguró que cuenta con un amplio respaldo social pese a la «soberbia» y «prepotencia» del PP que, a su juicio, «parece tener la verdad absoluta y ser el ojo de Dios».

Fidalgo respondía así a la diputada del PP Mercedes Roldós, quien defendió el texto aprobado en el Senado porque, en su opinión, limita y ofrece garantías de respeto a la salud y la ética, y pidió a los diputados del PSOE un «ejercicio de responsabilidad» para votar con libertad de conciencia, tal y como ocurrió en el Pleno de la Cámara Alta cuando algunos se ausentaron del hemiciclo a la hora de la votación, lo que permitió aprobar las enmiendas del PP.

Roldós subrayó que esperaba que dicha ausencia fuese por ese motivo y no por motivos «lúdico-deportivos», ya que la votación coincidió con los últimos minutos del partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones de fútbol entre Barcelona y Milán.

Asimismo, la diputada popular afirmó que la reforma impulsada por el Gobierno de la Ley de Reproducción Asistida no tienen ninguna justificación clínica ni es fruto de la demanda social, sino que responde, dijo, al programa electoral del PSOE para borrar todos los avances logrados por el PP.

Además, aseguró que los cambios introducidos en el Senado son acordes al resto de legislaciones europeas, ya que «defienden la salud de la mujer y la dignidad del embrión», y establece cautelas para evitar la posible especulación con la comercialización de células y tejidos. Igualmente, recalcó que no hay ni un solo paciente en el mundo que se haya curado con células madres embrionarias, por lo que pidió que se no creen expectativas a corto plazo sobre curación de enfermedades que puedan generar frustración en los pacientes.

CONTROL PUBLICO.

Por su parte, el portavoz de Sanidad de CiU, Jordi Xuclá. manifestó discrepancias con algunos puntos de la ley y la coincidiencia con otros. En este sentido, defendió algunas enmiendas introducidas en el Senado por su grupo, PNV y Entesa Catalana, con el fin de aumentar el control público sobre los embriones y acercarse al modelo británico.

En la misma línea se pronunció la diputada de PNV Margarita Uría, quien dijo que la ley es realista y acorde a lo necesario científicamente y a lo demandado por la sociedad, aunque señaló que es importante evitar el comercio de óvulos.

El resto de portavoces parlamentarios defendieron la norma. Rosa María Bonás (ERC) indicó que esta ley evitará el dolor de muchas familias que desean ser padres biológicos o que tienen niños enfermos, al abrir vías de solución para ser curados.

Asimismo, Luis Mardones (Coalición Canaria) insistió en que esta ley sigue una línea adecuada a la demanda social actual y supone un paso adelante hacia el progresismo y la racionalidad, manteniendo las limitaciones a la clonación humana pero apoyando la selección de embriones con fines terapéuticos, de una manera responsable y controlada y con todas las garantías científicas, lo que abre la esperanza a personas afectadas por patologías como el Alzheimer o la diabetes.

Carme García Suárez (IU-ICV) criticó al PP y CiU por moverse más por aspectos filosóficos o religiosos que científicos. «Han querido trasladar a la ley los argumentos de la Conferencia Episcopal Española –dijo– se resisten a aceptar que estamos en un Estado aconfesional y que se no pueden imponer criterios religiosos frente a los científicos o de interés general».

La diputada de IU-ICV aprovechó la ocasión para reivindicar ante la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, la legalización de la eutanasia pensando en el «bien común». «Todo esto es asumible al derecho a una muerte digna, que no tiene que ver con los cuidados paliativos, a quien voluntariamente lo quiera utilizar», añadió.

Fuente: diabetesjuvenil.com

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