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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Evidencias de ADN (DNA) sirven para revocar condenas
Cerca de 700 presos de Connecticut (EE.UU.), muchos de ellos cumplen largas condenas por asesinato o asalto sexual, están recibiendo cartas de un equipo de abogados defensores, fiscales y expertos forenses, ofreciéndoles la oportunidad de ver si hay alguna evidencia de ADN que podrían exonerarles del delito.
El Estado, mediante una subvención de 1.5 millones de dólares del Departamento de Justicia de EE.UU., pasará los próximos 18 meses revisando los casos de condena.
«Todos en la cárcel siempre dicen que son inocentes y, como hemos visto en Connecticut, algunos de ellos realmente son, y esta será una oportunidad para ver algunos casos más antiguos con la nueva tecnología», dijo el fiscal de New Haven, James Clark, que es el supervisor del equipo.
Siete personas están trabajando a tiempo completo en lo que algunos están denominando «Operación inocencia». Además de Clark, los otros son: Karen Goodrow, director ejecutivo del «Proyecto Inocencia» de Connecticut, un abogado e investigador de su oficina, un inspector del Estado, un analista de ADN y un criminólogo de la policía científica estatal.El grupo envió las solicitudes a cerca de 700 presos que fueron condenados por cualquiera de los tres crímenes: asesinato, homicidio o asalto sexual – antes del año 2000, cuando las pruebas de ADN era inexistentes, o en sus inicios. Los reclusos serán entrevistados por Goodrow y su equipo. Si el equipo considera que un asunto tiene potencial, Clark determinará si la prueba de ADN está disponible para verificación y luego enviarla al laboratorio estatal.
Clark dijo que los contactos preliminares con las oficinas de los secretarios judiciales sugieren que hay algunas pruebas disponibles en los casos de más antigüedad.
«Habrá algunos casos en que no se disponga de pruebas o de que no habrá pruebas biológicas para probar porque no había ningún motivo para reunirlas entonces», dijo Clark. «Será la suerte, de que algunos tienen elementos de ADN comprobables y otros no.»
No todos los reclusos desean participar, dijo Clark. Uno de los requisitos del programa es que el ADN de los reclusos se introducirá automáticamente en la base de datos nacional, una vez que se ha recolectado.
Clark dijo que los 700 reclusos se dividen aproximadamente mitad y mitad entre los que fueron condenados por un jurado o que se declararon culpables y nunca fueron a juicio. El equipo espera concentrarse primero en los casos que fueron a juicio, alrededor de 100 de esos casos son de la oficina de Clark de New Haven.
El hecho de que Clark fue fiscal en muchos de los casos y esto ha suscitado cierta preocupación entre los abogados de la defensa sobre la voluntad de Clark para abrir realmente los casos. Los críticos señalan los esfuerzos de Clark para bloquear un nuevo juicio para Ronald Taylor y George Gould.
Gould y Taylor fueron condenados en el 4 de julio de 1993, por el asesinato del propietario de la Bodega Vega, Eugenio De León en New Haven. De León recibió un tiro en la cabeza, las manos atadas con un cable eléctrico blanco, su cuerpo se desplomó sobre un montón de cajas de cereveza Budweiser en un pequeño refrigerador en la parte trasera de su tienda. Clark obtuvo la condena basada en el testimonio de dos mujeres: Doreen Stiles y Mary Boyd.
A petición de habeas de un nuevo juicio presentada por Gould y Taylor demostró que el ADN encontrado en el cable eléctrico no pertenece a ninguno de los dos.
Gerald O’Donnell, uno de los antiguos inspectores de Clark, que volvió a investigar el caso después de que se retirara, pide a las mujeres renunciar a su testimonio en el juicio. O’Donnell llevó sus conclusiones a Clark y el Fiscal del Estado de New Haven, Michael Dearington, pero el caso nunca fue reabierta por esa oficina.
Clark dijo que no haría comentarios sobre el Taylor y el caso de Gould, ya que está a punto de ir ante un juez. Dijo, sin embargo, que las pruebas de ADN en el caso no están claras. «El cable del que estamos hablando se encuentra en un área pública, no se protege de nadie», dijo Clark, «así que podría ser el ADN de cualquier persona de un oficial de policía a un secretario de la corte o un abogado en él.»
Los abogados de Gould y Taylor se dedicaron los últimos seis meses a la presentación de pruebas ante un juez de Corte Superior en Rockville. Se deben presentar escritos al juez Stanley T. Fuger Jr., quien tiene 120 días para emitir una decisión sobre si los dos homicidas obtienen un nuevo juicio. Mientras que las nuevas pruebas presentadas en su caso son prometedoras, las probabilidades están en contra de Taylor y Gould.
«Tienes más posibilidades de acertar la lotería», dijo el abogado de Gould, Joseph Visone. «Los jueces son reacios a anular las condenas a menos que haya pruebas concluyentes».
Hay 1101 peticiones de hábeas pendientes en los tribunales estatales, casi todas ellas en la Corte Superior en Rockville. El poder judicial no tiene registros sobre cuántos de esas actuaciones efectivamente dan lugar a nuevos juicios, pero los abogados involucrados hablan de muy pocos casos de éxito.
Así, un caso en el que un preso fue puesto en libertad tras los exámenes de ADN llama la atención. Hace dos meses, James Bain de Florida (EE.UU.) fue liberado después de pasar 35 años en prisión por la violación de un niño de 9 años. Bain fue la 245 ª persona liberada a nivel nacional después de que las pruebas de ADN demostraran que no cometió ninún crimen. El «Connecticut Innocence Project» ha liberado a tres hombres que estaban cumpliendo largas penas de prisión sobre la base de pruebas de ADN. Su éxito es una de las razones de por qué Connecticut es uno de 14 estados que tiene dinero de la subvención del Instituto Nacional de Justicia, un organismo del Departamento de Justiciade los EE.UU.. En los últimos dos años, el instituto ha otorgado $ 17.6 millones a los estados para después estas pruebas de ADN.
James Tillman era el preso de Connecticut excarcelado por primera vez, en 2006, después de haber sido declarado culpable de una violación en Hartford y trabajó 18 años. Más tarde fue compensado con $ 5 millones en la legislatura estatal.
Miguel Romano fue liberado en 2009 después de cumplir 20 años por un asesinato en 1988 de su novia de 17 años, Carmen López, en Hartford, cuando las pruebas de ADN señalaron a otro hombre, Pedro Miranda. El ADN de Miranda había sido almacenado en la base de datos del Estado como consecuencia de condenas por otros delitos graves. Fue acusado de matar a López y otras dos chicas adolescentes de Hartford en la década de 1980.
En agosto pasado, Kenneth Ireland fue puesto en libertad después de cumplir 21 años de 50 años de condena de prisión por matar a Barbara Pelkey en Wallingford en 1986. Las pruebas de ADN mostraron que la evidencia biológica descubierta en el cuerpo de Pelkey no pertenecía a Ireland.
Fuente: Courant.com
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Cadena perpetua: ignorancia e irrealidad
Las últimas semanas se ha encendido, en nuestra sociedad, un debate tan irracional como absurdo: la cadena perpetua. La chispa ha saltado con algún delito espeluznante. La gasolina la han aportado políticos demagogos y osados (al estilo de la añosa Esperanza Aguirre) en su búsqueda del voto casposo.
Finalmente, una cobertura mediática insana y oportunista, así como la ignorancia (quiero creer que bienintencionada) de los “padres espectáculo” han alimentado esta hoguera de sinrazón.
En realidad, este debate sobre “el endurecimiento de las penas mediante la cadena perpetua” es un árbol torcido que hunde sus raíces en el desconocimiento de la criminología y la legislación en vigor.
De hecho, la implantación de la cadena perpetua en España implicaría una rebaja sustancial de las penas privativas de libertad.
Así, nuestro Código penal vigente establece en su artículo 76 que el límite máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad podrá llegar… ¡hasta los cuarenta años!
Por otra parte, mientras una cadena perpetua permitiría excarcelar a un recluso a los quince años de cumplimiento, el artículo 78 de nuestro Código determinaría, en el mismo supuesto, que el régimen abierto o la libertad condicional no pudiera alcanzarse hasta que se hubiera cumplido más de treinta años de privación de libertad…
… Pero, ¡Dios mío! ¿Por qué los políticos charlatanes, los “padres espectáculo” y algunos “todólogos” no se molestan en leer la ley antes de opinar sobre su reforma?
Y olvidamos una cuestión de especial trascendencia: el endurecimiento de las penas no implica la disminución de la delincuencia.
Por ello, el combate al crimen precisa de medidas mucho más profundas. Poco pueden conseguir las penas duras frente a legiones de jóvenes que son carne de fracaso escolar, frente a hombres y mujeres cuyo futuro es un empleo mal retribuido y precario… Obviamente, atajar las causas reales de la delincuencia no interesa a la derecha política, mediática y económica.
Dejando de lado los conflictos psicológicos (psicopatías, esquizofrenias, etc.), la ciencia criminológica enseña que el crimen se origina por causas tan conocidas con la estigmatización social derivada de la pertenencia a otras etnias o a niveles económicos muy bajos, desigualdades sociales, consumo de drogas o alcohol…
A esto habría que añadir la influencia de los medios de comunicación que estimulen la violencia, el desprecio al débil y la obtención de bienes materiales por cualquier medio.
En esta línea, la Directiva de la ONU para la prevención de la delincuencia juvenil (resolución 45 / 112 de 14 de diciembre de 1990) recomienda en el capítulo IV, inciso B, punto 21: “Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia… las características culturales, los valores sociales del país, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los Derechos Humanos y libertades fundamentales”.
Desgraciadamente, en España se han sustituido los valores por la moralina que expende la derecha en cápsulas gazmoñas de sexualidad medieval y conceptos etéreos, vacíos (familia, patria, etc.). A esto han añadido inyecciones de demagogia y agitación de las bajas pasiones con el pretexto de alarmantes delitos.
Sin embargo, los valores fundamentales que cimientan una sociedad son reales. Hablo de inculcar la solidaridad, el respeto a las minorías y a los desprotegidos, la honradez, el espíritu de superación, la grandeza de los Derechos Humanos…
¿Significaría todo eso acabar con la delincuencia? Por supuesto que no. Pero combinar esos valores con una política social justa y un uso no irracional ni ignorante de las leyes disminuiría notablemente los delitos.
Lamentablemente, a nuestra derecha no le interesan los valores reales, la igualdad social y el conocimiento de la ley.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
Blog de Gustavo Vidal Manzanares
Fuente: elplural.com
Bajo licencia Creative Commons
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– España, más severa en cumplimiento de penas
Una Plataforma de juristas dice que ya hay «cadena perpetua» en España y se aplica más a otros delitos que al terrorismo
Una Plataforma de juristas, entre los que se encuentran la juez Manuela Carmena y el fiscal del Tribunal Supremo Félix Pantoja, sostiene que la «cadena perpetua» ya existe en España y se aplica más a otro tipo de delitos que al terrorismo. Algo que consideran «manifiestamente injusto y desproporcionado» porque sostienen que hay «autores de delitos sin sangre que tienen condenas de cadena perpetua efectiva».
Según la Plataforma ‘Otro derecho penal es posible’, que se opone «abiertamente» a la posibilidad de implantar la cadena perpetua por «atentar contra el valor constitucional de la dignidad humana», esta «realidad ya existe en nuestro ordenamiento jurídico».
En este sentido, recuerdan que en las cárceles españolas hay 345 personas –sin contar los condenados por terrorismo– que cumplen condenas superiores a los 30 años. Según exponen, las condenas tienen unos límites máximos: la triple de la pena mayor, 20, 25, 30 o 40 años.
Sin embargo, creen que habitualmente se comete un error, incluso por parte de profesionales del Derecho, porque para que se establezcan esos límites, los delitos se tienen que haber podido enjuiciar en un único proceso. Pero, precisan que si una persona delinque después de que con anterioridad haya sido sentenciada por otro delito «las penas se suman y no se limitan temporalmente, teniendo que cumplir todas las penas, aunque supere los límites anteriormente reseñados».
En este punto, exponen que, contrariamente a lo que la opinión pública piensa, no son los delitos de terrorismo los que más frecuentemente carecen de límite de cumplimiento de condena. Sino otro tipo de delitos. Así, recuerdan que suele suceder que cuando se detiene a los terroristas se les juzga «en un sólo procedimiento por todos los delitos», mientras que otras personas que, por delinquir en momentos sucesivos son juzgadas en procedimientos no acumulables «por diversas razones procesales», son castigados «por vía de hecho a penas de prisión perpetuas».
En opinión de esta plataforma «la situación es «manifiestamente injusta y desproporcionada, sobre todo si se considera que autores de delitos sin sangre tienen condenas de cadena perpetua efectivas».
Este tipo de condenas superiores a los 30 años significan, según la citada Plataforma, que «en la mayoría de los casos» los condenados no terminarán de cumplir sus condenas mientras dure su vida. Y, a pesar de reconocer el «respeto que merece toda persona que transita por el dolor», creen que el Estado no debe amparar los «deseos de venganza» porque estos «no brotan de lo mejor del ser humano».
Fuente: EuropaPress
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– La web de Maco048. Noticias: cadena perpetua
Arabia Saudí revisa su legislación sobre pena de muerte
El Consejo de la Shura de Arabia Saudí aprobó una enmienda a la Ley de Procedimiento Penal sobre la pena de muerte.
La nueva norma aprobada por el Parlamento establece que la pena máxima será por votación unánime de los magistrados y no una mayoría, como exige la ley.
Por otra parte, la enmienda establece que la pena de muerte, corte de la mano o castigos similares, no pueden ser ejecutados sin la aprobación – por unanimidad – del Tribunal Supremo.
El cambio ha encontrado amplio apoyo en el Consejo de la Shura, donde 92 de los 150 miembros tienen una opinión favorable.
Arabia Saudí sigue una interpretación estricta de la ley islámica, y prescribe la pena de muerte por asesinato, violación, robo a mano armada, tráfico de drogas, brujería, adulterio, sodomía, homosexualidad, robo a mano armada en las carreteras, sabotaje, apostasía (renuncia al Islam).
Al menos 102 personas fueron ejecutadas en 2008 en Arabia Saudí.
Fuente: GAYNEWS24
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Colombia: vídeos para contar historias ignoradas por los medios de comunicación o para dar puntos de vista impopulares
Organizaciones colombianas de distintos tipo han encontrado una manera de reflexionar sobre sus opiniones acerca de la delincuencia, la violencia y los conflictos armados, donde es difícil distinguir entre «buenos» y los delincuentes.
En el primer vídeo, madres y familiares marcharon en señal de protesta en contra de la impunidad de las fuerzas armadas en la muerte de sus hijos en lo que se conoce como casos de «falsos positivos». En el más reciente de estos casos, parece que los jóvenes fueron atraídos por militares con promesas de trabajo en las zonas rurales, donde fueron muertos por los soldados muertos en acción de cumplimiento. Sin embargo, los 17 soldados acusados de crímenes fueron absueltos por períodos de tiempo de los procedimientos.
El segundo grupo en cuestión es la comunidad indígena Nasa que, debido a su canal de YouTube tiene la oportunidad de contar su versión de una historia habitualmente ignorada por los medios de comunicación. En este caso, minas, granadas y otras armas se quedan en la reserva indígena, ubicada en el centro de la zona en disputa entre los grupos armados, legales e ilegales. El Servicio de Seguridad de las comunidades indígenas deben «barrer» la zona con frecuencia.. En el vídeo, la NASA pidió a los militares para detener la difusión de las minas y, al menos, limpiar la zona de las municiones sin estallar donde los miembros de la comunidad acaban caminando.
El tercer vídeo es la grabación de la entrevista realizada por un periódico de barrio a la policía para un balance de las actividades al final del año. En la entrevista, titulado «Ojo a la mano!» El agente citó un ejemplo de ello. Los miembros de una banda criminal, que vivía en un apartamento situado en un complejo residencial de alto nivel, para sorpresa de los vecinos, hacían contrabando de armas en bolsas como las de transporte de raquetas de tenis. Pero lo que sorprende más al agente de policía: que si ven chicos que viven solos y manejan gran cantidad de dinero, pasar el tiempo en comer y llevarse a casa chicas atractivas, pueden pertenecer a una organización mafiosa.
Miniatura Foto tomada de: http://www.flickr.com/photos/mwichary/ (con licencia CC BY 2,0)
original del artículo Juliana Rincón Parra
Fuente: GloblaVoices
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Cómo ejecutar a un ser humano
De que se Trata:
Polémico Documental de la BBC sobre la Pena de Muerte, después de una larga lista de procedimientos torpes e injustos, numerosos grupos de presión alrededor del planeta reclaman un método más humano, pero ¿existe realmente este método? les presentamos un sobrecogedor documental en el que Michael Portillo intentará responder a esta pregunta examinando las formas más habituales utilizadas para acabar con la vida de las personas condenadas a muerte.
Conoceremos la crueldad de las máquinas y las técnicas empleadas e investigaremos procesos en los que las ejecuciones funcionaron terriblemente mal, desde Reino Unido a Estados Unidos, realizaremos un recorrido en el que nos encontraremos con los expertos en el negocio de la muerte como toxicólogos, médicos o los propios verdugos, encontraremos un método barato e infalible con el que la víctima muere experimentando euforia, y veremos cómo esta idea enoja seriamente a aquellos que apoyan la pena de muerte ya que la víctima no sufre.
Fuente: No lo sabía
Sin derechos reservados
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El encierro de los menores en el siglo XXI
Durante el año 2009 se han sucedido las denuncias a los centros de internamiento de menores, algo que plantea varias cuestiones sobre el tratamiento que otorga la sociedad española a uno de los grupos sociales más vulnerables. Si en febrero de este año fue el Defensor del Pueblo quien realizó un informe en el que se sacaban a la luz los abusos que sufren los menores en muchos de estos centros, en diciembre ha sido Amnistía Internacional (AI) la que ha confirmado esas torturas del siglo XXI. En el centro del debate la cuestión de la privatización de la protección social de los menores.
Las leyes que desde comienzos de esta década regulan las diferentes intervenciones respecto a los menores desprotegidos o a los menores infractores dejan en manos de las empresas privadas -léase ONGs- la gestión de la mayoría de los centros (provisión de los recursos materiales, gestión de los recursos humanos y responsabilidad de la vida de los menores mientras están por algún motivo bajo su tutela). La adjudicación de estos centros se lleva a cabo a través de subastas al mejor postor, en muchos casos, al que menos cobra por la prestación de servicio. Las direcciones de estas empresas de gestión de lo social se encuentran ante la compleja tarea de tener que garantizar la seguridad para que los menores no se escapen del centro, al tiempo que tratan de inculcar un buen comportamiento en el interior del mismo. Además procuran que la labor educativa que se les encomienda pueda ser presentada (representada) en las mejores condiciones a las instituciones que les procuran las subvenciones.
De esta forma, podemos encontrar que las diferentes empresas que dirigen estos centros desarrollan “métodos” terapéuticos, de reinserción, de intervención social, educativa, o como quiera llamárseles, que inciden siempre en un mismo objetivo: controlar la conducta de los menores mientras residen en los centros.
En cualquiera de estos centros podemos encontrar un grueso de jóvenes que provienen de los mismos barrios deprimidos, de familias con bajos recursos sociales, económicos y culturales. Estos menores internados son calificados como conflictivos sociales, o por otra parte, como menores infractores porque están cumpliendo alguna medida judicial por haber cometido algún delito. Por otro lado, hay en estos centros algunos menores de familias de las clases medias que en su mayoría han cometido algún delito grave o muy grave. Los menores de estas familias llamadas eufemísticamente “normalizadas” -los cuales han cometido alguna infracción no muy grave- son etiquetados como “no conflictivos”, lo que les exime de entrar en estos centros, beneficiándose de otras medidas centradas en su hogar.
Para llevar a buen término las misiones que les encargan a estos centros, lo primero es hacer creer a los menores, a los padres, a los educadores, y a la sociedad, que los problemas son de los menores, que son problemas de comportamiento, y nunca reconocer las causas sociales de esos problemas, porque sino, estos centros y esos métodos no tendrían razón de ser. Esta psicologización de los problemas sociales, es decir, la adjudicación de características psicológicas a los problemas de los menores, no hace sino crear estructuras que yerran en su intento de solución individual de los problemas sociales.
Autores: Miguel Ángel Alzamora y Andrés Pedreño
Artículo completo en: Foro Ciudadano
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Cinco países mantienen la pena de muerte para los homosexuales
Ser homosexual está castigado con la pena de muerte -al menos en teoría- en Mauritania, Arabia Saudí, Sudán, Irán y Yemen. Y también en el norte islamista de Nigeria y Somalia. Esta es la conclusión más tenebrosa del último mapa sobre los derechos de lesbianas y gays en el mundo que ha hecho la federación internacional ILGA. En el trabajo, elaborado a partir de las legislaciones, no se observan variaciones con respecto al año pasado. Además, otros 72 países criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A esta cifra habría que añadir las regiones, entidades o estados autónomos que lo hacen. El último, denunciado esta semana por Amnistía Internacional, el de Aceh en Indonesia, donde tener relaciones homosexuales puede suponer recibir 100 latigazos.
Fuente: Actualidad.. Noticias …
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«con estas penas es rentable ser corrupto», fiscal de medio ambiente
Ródenas Molina, fiscal delegado de Medio Ambiente y Turismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y director de las I Jornadas de Delincuencia Medioambiental de Canarias, expuso en conversación con este periódico las paradojas del vigente Código Penal: «Está más castigado un hurto en un supermercado, el particular que coge una caja de alimentos por valor superior a los 400 euros, que un tráfico de influencias. Por el primer delito se puede imponer 18 meses de prisión, y por el segundo, sólo un año».
El fiscal puso otro ejemplo: «Se castiga más un tirón, al sujeto que le arranca la cadena de oro a un particular, que un cohecho, es decir, exigir una comisión para autorizar una obra. El robo con violencia está castigado con penas de dos a cinco años, y el cohecho, con penas de uno a cuatro años».
En opinión de Ródenas, la reflexión que suscitan estas comparativas es que «hoy por hoy, con la legislación vigente, es rentable ser corrupto».
El fiscal de Medio Ambiente se mostró partidario de reformar el Código Penal para aumentar las penas privativas de libertad previstas para los delitos relacionado con la corrupción: «hay que aumentarlas», dijo, «porque si no da una sensación de impunidad que nos hace creer que ser corrupto es rentable, y es verdad, si usted se plantea la técnica de cálculo de costes, se preguntará, ¿qué utilidad personal me dan a mí los beneficios de la corrupción y cuáles son mis costes jurídicos? Estos últimos son escasos, porque la sanción es baja, y además, primero me tienen que investigar, segundo llevar a juicio y tercero condenar».
«Si encima la condena luego es baja» expuso, «porque las penas creo que están desproporcionadas a la baja con las de otros tipos de delitos, pues claro, puede ser rentable ser corrupto».
El fiscal también lamentó que en la judicatura no se siga el modelo de la Fiscalía y haya jueces especializados o al menos liberados del reparto cotidiano cuando se ocupan de casos en los que se investigan complicadas tramas de corrupción.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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. Los conductores temerarios tendrán pena de cárcel desde hoy
Colombia libera a militares imputados por asesinatos
La puesta en libertad de 17 militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, a la que se esperaba que siguiera ayer la de otros 20, debido a que sus crímenes han prescrito gracias a las numerosas maniobras dilatorias en los procesos ha causado conmoción en Colombia.
La liberación de los sospechosos, cuyos abogados defensores son aportados por el propio Ministerio de Defensa, es vista como una muestra de impunidad para crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas inocentes que fueron asesinadas por militares y presentadas luego como «guerrilleros muertos en combate». Son los llamados «falsos positivos». Hay más de 1.200 casos y unos 400 militares involucrados.
En los chiringuitos de Soacha, un municipio pobre próximo a Bogotá, varios desconocidos, civiles o militares camuflados, fueron embaucando a lo largo de 2008 a jóvenes desempleados unos 30 casos se han investigado hasta ahora, ofreciéndoles empleos con ingresos fijos en lejanas haciendas. El transporte estaba incluido. Uno a uno fueron apareciendo muertos en regiones lejanas, como Norte de Santander, a veces con una pistola en la mano, en ocasiones vistiendo uniformes de la guerrilla.
Ante la falta de noticias de sus hijos, algunas madres iniciaron indagaciones, con la ayuda de defensores de Derechos Humanos. Se establecieron coincidencias entre algunos supuestos muertos en combate y enterrados como NN (No Nominados, es decir, sin identificar) y la identidad de jóvenes que salieron de su pueblo para un día aparecer muertos como supuestos guerrilleros abatidos muy lejos de su casa, en «heroicas acciones» del Batallón Santander o de la Brigada Móvil 15.
La Inspección del Ejército y los organismos oficiales de Derechos Humanos empezaron a sospechar. La confesión de algunos militares de bajo rango destapó la trama: altos jefes de unidades militares, necesitados de «resultados en el nivel estratégico» (enemigos muertos), y aconsejados por los servicios de inteligencia, decidieron importar jóvenes desde los municipios del cinturón de miseria de la capital bogotana.
«El objetivo era dar muerte a hombres que cometieron el error de creer en un trabajo que no era otro que ser víctima dentro de un supuesto combate», afirman las conclusiones del fiscal del caso Soacha.
Luego llegaban las recompensas, los ascensos y las felicitaciones, como la que recibió el Batallón Santander en Enero de 2008 por la Operación Soberanía, hoy reducida a un proceso ignominioso por el asesinato de 11 jóvenes inermes.
A las unidades militares de Colombia se las ha venido calificando y ascendiendo en los últimos años según los muertos en combate. El cómputo de cuerpos para medir resultados se ha revelado como una práctica habitual en este desdichado país. A cualquier precio.
Fuente: Público.es
Bajo licencia Creative Commons
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¡Dios, a la cárcel!
Ha llegado a mi conocimiento un estudio realizado en 1997 por el Departamento Federal de Prisiones de los Estados Unidos, entre 93.112 convictos, de los que más del 80 por 100 respondieron a los cuestionarios, y este el resultado de
sus creencias religiosas:
En Estados Unidos, la población atea se extiende, según los estudios sean más conservadores o más atrevidos, entre el 8 y el 16 por ciento. Mientras, en prisión, no llega al 0,21 por ciento. Repito la frase del físico premio Nobel Steven Weinberg, “La religión es un insulto para la dignidad humana. Con o sin ella, habría buena gente haciendo cosas buenas, y gente malvada haciendo cosas malas, pero para que la buena gente haga cosas malas hace falta religión.” Que cada cual saque sus propias conclusiones de este estudio, que podrá ver más completo AQUÍ.
Fuente: Misterios al descubierto
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– Los países ateos son más pacíficos
– Ateos de Colombia se confiesan 16 personalidades del país
Países que han abolido la pena de muerte desde el año 1976
1976: Portugal abolió la pena de muerte para todos los delitos.
1978: Dinamarca abolió la pena de muerte para todos los delitos.
1979: Luxemburgo, Nicaragua y Noruega abolieron la pena de muerte para todos los delitos. Brasil,Fiji y Perú abolieron la pena de muerte para los delitos comunes.
1981: Francia y Cabo Verde abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
1982: Holanda abolió la pena de muerte para todos los delitos.
1983: Chipre y El Salvador abolieron la pena de muerte para los delitos comunes.
1984: Argentina abolió la pena de muerte para los delitos comunes.
1985: Australia abolió la pena de muerte para todos los delitos.
1987: Haití, Liechtenstein y la República Democrática Alemana (1) abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
1989: Camboya, Nueva Zelanda, Rumanía y Eslovenia (2) abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
1990: Andorra, Croacia (2), la República Federativa Checa y Eslovaca (3), Hungría, Irlanda,Mozambique, Namibia y Santo Tomé y Príncipe abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
1992: Angola, Paraguay y Suiza abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
1993:Guinea-Bissau,Hong Kong (4) y Seychelles abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
1994: Italia abolió la pena de muerte para todos los delitos.
1995: Yibuti, Mauricio, Moldavia y España abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
1996: Bélgica abolió la pena de muerte para todos los delitos.
1997: Georgia, Nepal, Polonia y Sudáfrica abolieron la pena de muerte para todos los delitos. Bolivia abolió la pena de muerte para los delitos comunes.
1998: Azerbaiyán, Bulgaria, Canadá, Estonia, Lituania y Reino Unido abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
1999: Timor Oriental, Turkmenistán y Ucrania abolieron la pena de muerte para todos los delitos. Letonia (5) abolió la pena de muerte para los delitos comunes.
2000: Albania (6) abolió la pena de muerte para los delitos comunes. Costa de Marfil y Malta abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
2001: Bosnia y Herzegovina abolió la pena de muerte para todos los delitos (7). Chile abolió la pena de muerte para los delitos comunes.
2002: Chipre y Yugoslavia (ahora dos Estados, Serbia y Montenegro (9)) abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
2003: Armenia abolió la pena de muerte para todos los delitos.
2004: Bután, Grecia (8), Samoa, Senegal y Turquía abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
2005: Liberia (9) y México abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
2006; Filipinas abolió la pena de muerte para todos los delitos.
2007: Albania (6), Islas Cook, Kirguizistán y Ruanda abolieron la pena de muerte para todos los delitos. Kazajistán abolió la pena de muerte para los delitos comunes.
2008: Uzbekistán y Argentina abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
2009: Burundi y Togo abolieron la pena de muerte para todos los delitos.
Notas:
(1) En 1990, la República Democrática Alemana se unificó con la República Federal Alemana, donde la pena de muerte se había abolido en 1949.
(2) Eslovenia y Croacia abolieron la pena de muerte cuando eran aún repúblicas de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Las dos repúblicas obtuvieron su independencia en 1991.
(3) En 1993, la República Federativa Checa y Eslovaca se dividió en dos Estados, la República Checa y la República Eslovaca.
(4) En 1997, Hong Kong fue devuelto a la soberanía china como región administrativa especial. Amnistía Internacional tiene entendido que la región administrativa sigue siendo abolicionista.
(5) En 1999, el parlamento letón aprobó la ratificación del Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con lo que quedó abolida la pena de muerte para delitos cometidos en tiempos de paz.
(6) En 2000, Albania ratificó el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con lo que quedó abolida la pena de muerte para delitos cometidos en tiempos de paz. En 2007, ratificó el Protocolo nº 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con lo que quedó abolida la pena de muerte para todos los delitos.
(7) En 2001, Bosnia y Herzegovina ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con lo que quedó abolida la pena de muerte para todos los delitos.
(8) En 2005, Liberia ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con lo que quedó abolida la pena de muerte para todos los delitos.
(9) Montenegro ya había abolido la pena de muerte en 2002, cuando formaba parte de la Unión de Estados de Serbia y Montenegro. El 28 de junio de 2006 se convirtió en un Estado miembro independiente de Naciones Unidas. El 6 de junio de 2006 entró en vigor su ratificación del Protocolo nº 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con lo que quedó abolida la pena de muerte para todos los delitos.
Fuente: Informe anual 2009 Amnistía Internacional
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Enlaces relacionados:
– Contra la pena de muerte a menores
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– Origen del rechazo a la pena de muerte
– Juristas descartan la posibilidad de instaurar la cadena perpetua en España
– La pena de muerte no refleja la idea de justicia, sino la de venganza
– La pena de muerte nunca resulta disuasoria ni evita más crímenes
Blasfemar es un derecho, no un delito: ¡apoya a los ateos irlandeses!
Con el nuevo año, ha entrado en vigor en Irlanda una ley antiblasfemia que castiga con una multa de hasta 25000 euros a quien publique o difunda una expresión «manifiestamente abusiva o insultante relacionada con algo tenido por sagrado por cualquier religión, que indigne intencionadamente a un sustancioso numero de seguidores de esa religión». Los legisladores irlandeses han extendido así la protección legal a los seres imaginarios de todos los credos, cuando hasta ahora estaba limitada a los del panteón cristiano. Cuando la ley irlandesa castiga la blasfemia hacia «cualquier religión», eso pone a todas al mismo nivel, sean el islam o el raëlianismo. La verdad es que da lo mismo que el Ser Supremo sea el Yahvé tronante del Antiguo Testamento que decide acabar por ahogamiento con toda la vida en la Tierra porque el ser humano se porta mal, los pendencieros y juerguistas dioses de la Grecia clásica o La Fuerza que lo impregna todo en el Universo de George Lucas. Los principios de cualquier credo, tomados literalmente, son ridículos desde la razón, y es únicamente la costumbre la que hace que algunos de nuestros paisanos vean con distintos ojos la transustanciación y el vudú.
Como han dicho los Ateos Irlandeses, «esta nueva ley es a la vez absurda y peligrosa. Es una tontería, porque las leyes religiosas medievales no tienen sitio en una república laica moderna, donde el derecho penal debe proteger a las personas y no las ideas. Y es peligrosa porque incentiva la indignación religiosa y porque los países islámicos, liderados por Pakistán, están utilizando ya la existencia de esta norma irlandesa para promover nuevas leyes sobre la blasfemia en la ONU. Creemos en la regla de oro: que tenemos derecho a ser tratados con justicia y que tenemos la responsabilidad de tratar a los demás con justicia.
Artículo completo en: Magonia
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Enlaces relacionados:
– La conferencia episcopal católica española tacha de blasfemo al bus ateo
La vergüenza nacional: la ‘presunta’ corrupción del ‘pelotazo’ en la Región de Murcia (PP)
1. Francisco Marqués (PP). Exconsejero y ex delfín del presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y director general de HEFAME: Prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales
2. José Martínez Andreo (PP). Alcalde de Totanta. Pasó por la prisión de Sangonera. Prevaricación y tráfico de influencias.
3. Juan Escudero (PSOE). Ex alcalde de Los Alcázares. Delitos urbanísticos.
4. Manuel M. Sánchez (PP). Alcalde de Archena. Delitos urbanísticos.
5. Antonio Tamayo (PP). Alcalde de Cieza. Delitos urbanísticos, contrataciones ilegales.
6. Francisco Blaya (PP). Alcalde de Mazarrón. Malversación de fondos públicos, cohecho.
7. José Luis López (PP). Alcalde de Villanueva. Delitos urbanísticos y medioambientales.
8. José Bolarín (PP). Alcalde de Ulea. Delito urbanístico, tráfico de influencias.
9. P. Antonio Sánchez (PP). Alcalde de Puerto Lumbreras. Varias querellas por delitos urbanísticos.
10. José Hernández (PP). Ex alcalde de San Javier. Delitos urbanísticos.
11. Paco Salinas. Alcalde de Ojós. Pederastia.
12. Matías Carrillo (PP). Alcalde de Fortuna. Compra de votos.
13. Daniel García (PP). Alcalde de Torre Pacheco. Delitos urbanísticos.
14. Mª Antonia Conesa (PP). Alcaldesa de Fuente Álamo. Dellitos urbanísticos.
14. Juan Ramírez (PP). Alcalde de Águilas. Delitos urbanísticos.
15. Juan Morales (PP). Exalcalde de Totana y diputado regional. Delitos urbanísticos, cobro ilegal de comisiones.
Cobro ilegal comisiones
16. Leandro Pérez (PP). Ex concejal de Mula. Delitos urbanísticos.
17. Joaquín Peñalver (PP). Funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Delitos urbanísticos.
18. Antonio Alvarado (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
19. Marco Ortuño Soto (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
20. José María Ródenas (PP). Ex subdirector general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel. Delitos Urbanísticos.
21. Encarna Muñoz (PP). Ex directra general de Medio Natural del gobierno de Valcárcel. Deliltos urbanísticos.
22. Manuel Alfonso Guerrero (PP). Ex director general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel y gerente de Urbanismo de Lorca. Delitos urbanísticos.
23. Lázaro Mellado (PP). Alcalde de Alcantarilla. Delito medioambiental.
24. Gregorio Guerrero (PP). Concejal de Fortuna. Delitos urbanísticos.
25. José Martínez (PP). Alcalde de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
26. Pedro Martínez (PP). Concejal de Urbanismo de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
Fuente: LA RAYA SIN FRONTERAS [LRSF]
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Enlace recomendado:
– Los Genoveses
Enlaces de interés:
La mutilación genital femenina como manifestación de la violencia de género (vídeo)
La ablación es un sangriento ritual de iniciación que sufren, según la Asociación de Mujeres Antimutilación, dos millones de niñas y adolescentes al año.
Esta tradición consiste en la extirpación total o parcial del clítoris y los genitales externos, y su efecto principal es la pérdida total de sensibilidad. Además, causa un verdadero trauma psicológico y es fuente de infecciones que, en muchas ocasiones, pueden ser mortales.
En el departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED se realiza, desde el año 2007, una investigación que estudia la mutilación genital femenina en España desde un punto de vista jurídico y criminológico.
Fuente: Blog UNED tve2
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Enlaces relacionados:
Uganda prohíbe la ablación de clítoris
El parlamento de Uganda secundó de manera absoluta una ley que prohíbe taxativamente la ablación genital femenina y pena con hasta 10 años de cárcel a los que la practiquen, en caso de que el desenlace sea la muerte de la niña la pena sería de cadena perpetua. «La mayoría de ciudadanos de Uganda encontramos esta practica horrible, pero debido a que es una arraigada costumbre ancestral ha costado mucho sacar adelante esta ley» ha indicado Fred Opolot, portavoz del gobierno del país.
Noticia completa en: CNN (en inglés)
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Enlaces de interés:
– Ablación de clítoris Wikipedia
– ¡Hasta la coronilla del simplismo y de la violencia de género!
– Derecho Penal II. Delitos relativos a la manipulación genética. Criminología. UMU
Endurecimiento de los castigos penales en España
El profesor de Criminología de la Universidad de Barcelona Santiago Redondo presentó hoy en Santiago de Compostela el libro ‘In-tolerancia cero’, con el que busca denunciar el «desbocado» endurecimiento de los castigos penales que, según dijo, es fruto de una sociedad que demanda «un incremento terrible» de sanciones «para todo».
Redondo denunció la «inflación normativa» que tiene lugar debido a la «creencia ingenua» de que crear más leyes «puede arreglar los problemas». Así, el autor destacó «el control desbordado» que da lugar a una vida «menos libre» en la que la seguridad se usa como excusa para «controlar».
Además, definió a la actual sociedad española como «penalmente reaccionaria» ya que, según dijo, no existe ningún estudio que confirme «esa teoría de que son mejores 30 años que 20 de cárcel». También alertó sobre «el paso atrás» que suponen la pena de muerte o la cadena perpetua.
Junto a esto, Redondo señaló que el libro intenta «quitar hierro» ante algunas cosas que se presentan como «terribles» e incidió en que no es una obra científica, sino un «ensayo distendido».
Por su parte, el catedrático de Psicología Social de la USC Jorge Sobral resaltó la importancia de que la sociedad conozca que los delincuentes pueden ser tratados psicológicamente con «más éxito de lo que se cree» y abogó por el papel de rehabilitación. «No se trata del tiempo que una persona esté en la cárcel, sino de lo que hace en ella», sentenció Sobral.
ESPECTÁCULO MEDIÁTICO
«Populismo punitivo», de esta manera definió Sobral la «espiral diabólica» que se crea cuando se oyen voces que denuncian que las «leyes son blandas». Subrayó que la «opinión publicada» –a la que diferenció de la opinión pública– demanda más dureza cuando se produce un crimen puntual, y puso a modo de ejemplo que más del 90 por ciento de los agresores sexuales no son reincidentes, «pero con eso no se venden periódicos». Además, criticó duramente el papel de algunos medios que contribuyen a crear «un país espectáculo».
Finalmente, tanto Sobral como Redondo subrayaron que «esa vorágine poco crítica» da lugar a que no exista una reflexión en la sociedad sobre las consecuencias, por ejemplo, económicas. Así, recordaron que España lidera la tasa de población penitenciaria por cada 100.000 habitantes en la Unión Europea, y recordaron el gasto innecesario que se produce con muchos de estos reclusos, que «padecen castigos ineficaces».
Fuente: ep
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Enlaces relacionados:
– El gran dilema: pena de muerte o prsión perpetua … Marisol Collazos
Los abogados penalistas de la UE crean su comunidad virtual
La iniciativa, en la que están cooperando cinco países (Francia, Italia, Rumanía, Hungría y España) a través de sus consejos de abogados, cuenta con el apoyo de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea y la financiación de 550.000 euros del programa Criminal Justice 2007. «Es el proyecto más importante que jamás ha financiado la CE en esta rama», asegura José Luis Ruiz, gerente de RedAbogacía, la infraestructura tecnológica del Consejo General de la Abogacía Española, que está liderando este desarrollo.
Esta comunidad virtual permitirá evitar las prácticas habituales, pero poco seguras, utilizadas hasta ahora por la mayoría de abogados penalistas cuando trabajan con otros colegas de otros países, que básicamente consisten en enviar la información precisa por agencias de mensajería, «o arriesgarse, digitalizar los documentos y mandarlos por correo electrónico convencional, con todos los riesgos que ello supone, porque hoy en día todos los nodos de comunicación están analizando tráfico», según advierte Ruiz.
Precisamente el desarrollo tecnológico de PenalNet es obra de la empresa española Panel Sistemas. Su gerente de Operaciones, Marcos Checa, explica que este nuevo sistema de mensajería tiene garantías totales de seguridad porque utiliza en sus procesos distintos tipos de certificados digitales y procesos de firma electrónica, tanto en cliente como en servidor. «Además, la plataforma envía al emisor un acuse de recibo y lectura de sus mensajes, e incluso le avisa al móvil o envía un email cuando recibe un nuevo mensaje», continúa Checa, que aclara que este sistema encripta los mensajes para no permitir ningún tipo de manipulación o modificación de la documentación. «Son comunicaciones inviolables, salvo por una petición judicial. La firma digital verifica además la autoría de los mensajes enviados y recibidos para que no pueda haber repudio ni en origen ni en destino».
Noticia completa en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Enlaces relacionados:
– Asignatura Derecho Penal I. Licenciatura en Criminología. UMU
– Asignatura Derecho Penal II. Licenciatura en Criminología. UMU
– El test del disparate. Derecho Penal
– Noticias Derecho. La web de Maco048
Otros enlaces de interés:
Según un jurista «controlar» el móvil o el monedero de la mujer es violencia sexista
El catedrático de Filosofía Jurídica y Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, Manuel Calvo, ha asegurado hoy en Palma que «controlar» las llamadas o los mensajes, o inspeccionar el bolso o el monedero de una mujer, son casos de violencia sexista.
Calvo ha clasificado este tipo de actuaciones como «violencia opaca» porque no sale a la luz, con ocasión de la celebración del II Congreso Estatal sobre la Defensa de los Menores en las Crisis de Pareja.
El coordinador de laboratorio de Sociología Jurídica de la universidad zaragozana ha dicho que en muchas ámbitos sociales y culturales se justifica la violencia contra la mujer.
Agresiones a niños
En la ponencia que ha ofrecido se ha referido sobre todo a la violencia -de carácter psicológico o físico- que sufren los niños y que suele ser «invisible», de manera especial en el ámbito familiar.
Frases como «no es violencia, es disciplina» o «me pegó porque me lo merecía» deben considerarse como violencia contra los menores, ha advertido Calvo, que ha lamentado que estas agresiones psíquicas o físicas son consideradas «no graves», e incluso en ocasiones ni son percibidas por los servicios sociales.
Es más, tampoco son perseguidas por los órganos judiciales porque estas situaciones no son reconocidas como violencia, ha denunciado este profesor.
Muchas veces, los propios menores no son conscientes de padecer este tipo de agresiones. Como ejemplo, un estudio de campo realizado por Calvo en un colegio de Zaragoza desvela que, cuando se les pidió a alumnos de sexto de Primaria que dibujaran escenas violentas, siempre pintaban imágenes de guerra o de adultos con pistolas.
Según un informe de la ONU presentado ante la Asamblea General, en el mundo hay cerca de 135 millones de niños que son testigos de violencia doméstica, que mayoritariamente es causada por el padre y, en menor medida, por la madre.
Otro tipo de violencia «poco visible» es cuando los progenitores no garantizan a los menores su mínimo bienestar o cuando viven situaciones de desamparo.
En otro informe de un experto de la ONU citado por Calvo se llega a declarar que la familia es el ámbito «más peligroso» para la mujer y los niños en cuanto a agresiones se refiere.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
El Código Penal se endurece para la corrupción y los delitos sexuales
El Gobierno ha aprobado hoy un proyecto de reforma del Código Penal que tipifica por primera vez la corrupción entre particulares y eleva las penas para los delincuentes sexuales, para quienes se prevé «un largo periodo» de libertad vigilada tras cumplir condena, medida también aplicable a los terroristas.
El nuevo Código Penal es, en lo esencial, el mismo que aprobó hace ahora un año el Consejo de Ministros cuando el titular de Justicia era Mariano Fernández Bermejo.
Así lo ha anunciado, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha añadido que la reforma responde a la intención del Gobierno de ser «implacable en la lucha contra la corrupción» y dar respuesta al debate social sobre el tratamiento a los delincuentes sexuales y la protección de los menores.
Nuevos delitos
El proyecto de ley aprobado hoy introduce además el delito de piratería «para dar respuesta a actos ilícitos contra la navegación marítima y aérea» como el que está sufriendo el atunero español Alakrana, secuestrado por piratas somalíes en el Índico, aunque no será aplicable ni a este caso ni a todos los que se produzcan antes de que entre en vigor de la reforma.
Otros delitos tipificados en el nuevo texto son la captación de menores para espectáculos pornográficos; las labores de captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo; el acoso laboral e inmobiliario, los sobornos y fraudes en el deporte, los ataques informáticos y el tráfico ilegal de órganos.
También, por primera vez se prevé una sanción penal para el cliente de la prostitución cuando la relación sexual se practique con menores o con personas que no puedan decidir por sí mismas.
Los ‘manteros’ podrán no ir a la cárcel
El nuevo Código Penal incluirá la posibilidad de que los vendedores de CDs piratas o manteros, que ahora son castigados con una multa y una pena de prisión de 6 meses a dos años, eviten la cárcel. Así, la pena se reducirá a una multa o a trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo a las circunstancias personales del mantero y cuando la distribución sea al por menor y la ganancia económica baja.
Medio ambiente
Con la entrada en vigor de la reforma, el traslado ilegal de residuos, la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa y la destrucción de grave alteración del hábitat por la caza o la pesca de especies amenazadas se considerarán delito.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
