Los delitos y faltas cometidos por menores en el ámbito familiar, esto es la comisión de lesiones o menoscabo psíquico a cualquiera de las personas con las que conviven -normalmente los progenitores- se incrementaron un 15,3 por ciento en el último ejercicio.
Vargas anunció la creación de un grupo de trabajo con fiscales de seguridad vial y criminólogos con el fin de «estudiar científicamente» la eficacia de las normas de tráfico y las razones que llevan a incumplirlas.
Así lo explicó Vargas en una rueda de prensa con motivo de su asistencia al VI Congreso Nacional de Criminología que se celebra en Santiago hasta mañana sobre el tema ‘Criminalidad y riesgo: predicción y prevención’.
«Desde ahora presto apoyo a la incipiente criminología del tráfico», dijo y añadió que con este grupo de trabajo se busca estudiar científicamente la eficacia de las normas, cómo perciben los conductores las normas; explicar y averiguar las razones últimas de la lesión de las normas y de los accidentes; el porqué una persona coge un vehículo embriagado y se vuelve violento en la vía; y conduce a 200 kilómetros por hora.
Vargas se comprometió así al «impulso de la criminología del tráfico» con el fin de «estudiar a la víctima». «No nos podemos conformar con un mero parte de lesiones unido al accidente», afirmó y abogó por conocer «qué pasa con la víctima antes del suceso, recién sucedido y después».
Dictamen pericial criminológico
En este sentido, apostó porque en ese impulso a la criminología del tráfico, como se pone en práctica en otros países, se cuente en determinados delitos «con un dictamen pericial criminológico».
«Suavizaría la relación víctima-testigo cuando se enfrenta en un juicio oral y jugará papel de comprensión en los motivos de la víctima», explicó el fiscal coordinador de Seguridad Vial.
Además, aseguró que este dictamen «puede ayudar a que el juez dé con la medida adecuada, detecte la peligrosidad real del conductor y tome las medidas oportunas, sobre todo con los multireincidentes», sostuvo.
«Aspiro a que los fiscales de seguridad vial lo impulsemos, lo instemos aquí, ya en este momento», dijo y añadió que primero «hay que pasar por un grupo previo de estudio». «La delincuencia del tráfico ocupa ya la mitad del total de la delincuencia española», subrayó.
Con esta iniciativa, según recalcó Vargas, pretenden «una mejora de las estadísticas judiciales de tráfico». «Queremos con estos conocimientos ver que contengan datos criminológicos, para que los jueces tengan más instrumentos para acertar y el legislador acierte también cuando toma las decisiones sobre seguridad vial», comentó.
Relación con el vehículo
Asimismo, lamentó que «nadie equipare un hurto con un delito grave de tráfico» y abogó por hacerlo y se considere «delincuencia común». «Para eso queda mucho por hacer», reconoció.
También dijo que es «importante» realizar un estudio de la relación del ser humano con el vehículo, si es «de poder o simbólico, una reafirmación del estatus y qué mundo proyecta en él». Dijo que «será muy útil para las respuestas judiciales», así como un estudio del mercado en relación a «cómo y por qué se motiva» al conductor.
Con todo, manifestó que la criminología «tiene una función de prevención» y diseña estrategias para evitar que se produzca el delito. «Puede ayudar a mejorar las respuestas», sentenció y valoró el «esfuerzo» realizado en Galicia por fiscales y Administración, de los que dijo que están «muy comprometidos en la aplicación de la ley y en prevención».
Fuente: Xornal.com
El profesor titular del Departamento de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, afirmó que en el maltrato infantil hay que lograr un «modelo de prevención a base de sensibilizar a los profesionales».
Ruiz realizó estas manifestaciones antes de la inauguración, por parte de la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, de la jornada sobre detección, notificación y registro de casos de maltrato infantil.
El profesor universitario apuntó que uno de los ámbitos donde más hay que incidir es en el educativo, puesto que «es donde el niño está mucho tiempo, y los educadores pueden detectar indicios de una problemática». Ante ello, manifestó que tiene que haber «mayor implicación» del área de la educación.
Ruiz criticó que hay «cierta interferencia» por parte de los equipos de dirección de los centros escolares, puesto que «no es agradable que aparezca un caso de maltrato». Señaló que los profesores detectan «situaciones que no tienen cauces y canales para notificar», existiendo por tanto «desconexión entre profesores y Servicios Sociales para atender esos casos o para notificarlos».
Unas situaciones que «pasan por el filtro de la dirección». Ante ello, indicó que «es ahí donde está el problema porque no hemos sensibilizado bien a los equipos directivos para que esos casos se tramiten de forma expeditiva y se intervenga lo antes posible».
El profesor recordó que en el caso de maltrato hay un protocolo nacional de actuación, que cada comunidad autónoma debe adaptar a sus propias características.
350 NOTIFICACIONES
Por su parte, Loza apuntó que el panorama del maltrato infantil en La Rioja «es muy similar al resto de Comunidades Autónomas». Recordó que, desde 2005, se han notificado 350 casos, de los que 200 fueron sospechas y 150 casos reales.
La consejera de Servicios Sociales afirmó que La Rioja apuesta por la notificación telemática que «permite mayor rapidez a la hora de intervenir y dar respuesta a los casos».
Fuente: europapress
La Fiscalía Superior de Andalucía ha alertado de los efectos «devastadores» que está teniendo el cada vez más frecuente fenómeno de la criminalidad inmobiliaria en las economías familiares. Durante la presentación de la memoria de actividades de 2008, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se refirió a esta nueva forma de criminalidad vinculada a la estafa que ha aflorado en el último año con una intensidad «preocupante» y que requiere de un «tratamiento policial y jurídico penal diferenciado».
Este fenómeno delictivo está ligado a la adquisición de viviendas, cuando se produce un abono parcial de grandes sumas de dinero por parte de particulares –las denominadas entradas para la compra de pisos–, sin que lleguen a recibir sus casas o, en el mejor de los casos, descubren una serie de irregularidades que acaban por conducirlos a los juzgados como único mecanismo para conseguir la satisfacción de sus derechos más elementales.
García Calderón aclaró que este tipo de situaciones no tienen por qué estar asociadas a la crisis económica sino que se integran en una nueva modalidad de estafa. No obstante, se mostró partidario de un tratamiento personalizado pues afectan a bienes de primera necesidad. En la memoria se apuesta por la necesidad de «promover investigaciones policiales que en la actualidad no tienen, puesto que la actuación jurisdiccional sólo tiene lugar tras la interposición de denuncias o querellas por los particulares afectados».
Injurias a cargos públicos. Como ya hiciera en la memoria de 2007, el Ministerio Fiscal llama la atención sobre los casos de injurias o calumnias vertidas sobre autoridades o funcionarios públicos a consecuencia de conductas o decisiones adoptadas en el ejercicio de sus cargos.
En estos casos, la acusación pública ha tenido que «proceder de oficio» contra quienes «con temerario desprecio de la verdad, evidente mala fe y dando toda la publicidad posible a su actividad», realizaron manifestaciones públicas o incluso emprendieron acciones legales contra aquellos que actuaban en cumplimiento de su deber.
Fuente: laopiniondegranada.es