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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
La unidad de menores víctimas de abusos sexuales tiene 45 casos abiertos en Cádiz
El encubrimiento de la familia y la sensación de que puede tratarse de una situación normal hacen que muchos casos de abuso sexual en menores escapen a la justicia. Hasta los cinco o seis años de edad, y siempre y cuando no haya dolor físico, el niño ni siquiera llega a ser consciente. De los seis a los nueve generan una sensación de inseguridad, de desagrado, y toman conciencia de que lo que ocurre es algo secreto. A partir de esta edad puede aparecer daño psicológico al comprender que algo no anda bien.
Las conclusiones son de la psicóloga Celia Nevado, coordinadora del equipo de atención a menores víctimas de abusos sexuales de la provincia, que comenzó a funcionar a finales de año. Este dispositivo está gestionado por la Fundación Márgenes y Vínculos con financiación de la Junta. En ese tiempo los profesionales se han hecho cargo de un total de 45 casos en la provincia que aún permanecen abiertos. La mayoría de ellos tienen como víctima a niñas de entre seis y ocho años de media que se enfrentan a un proceso lento con riesgo de secuelas.
Proceso
Nevado aseguró que «la mayoría de los menores que lo terminan contando son conscientes de que pasa algo raro y es entonces cuando entra en la espiral». De esta forma definió todos los pasos que tienen que recorrer los afectados desde que se constata el abuso hasta que se llega a juicio. Se trata de recordar una y otra vez cómo han ocurrido los hechos y pasar por reconocimientos médicos y psicológicos que «generan una sensación de miedo e inseguridad en los pequeños», insistió la especialista.
Para que se abra un proceso con un menor que puede derivar en una denuncia no es necesario que haya habido violencia física o violación. Se considera abuso a contactos y tocamientos para satisfacer los deseos sexuales del agresor. Eso sí, para iniciar el trámite debe constatar el delito un profesional que puede ser un médico, profesor, agente de policía o especialista.
En los últimos años se ha producido un aumento de las denuncias, pero «eso no quiere decir que haya más casos sino que son más visibles». En ello ha influido el aumento de los dispositivos de protección como los teléfonos de atención al menor de la Junta, que «llegan a colapsarse», según admitió ayer la directora general de Infancia y Familia de la Junta, Carmen Belinchón, que asistió a la presentación de programas de tratamiento y evaluación de menores víctimas de violencia sexual en Cádiz.
Más visibles
«Hemos visto una mayor implicación de la sociedad para denunciar cuando hay sospecha de un delito de este tipo», insistió la responsable andaluza. El abuso sexual es otra forma más de maltrato infantil y sólo en 2008 supuso el 8,2% de las denuncias por este motivo, según datos del informe anual del Observatorio de la Infancia en Andalucía, publicados recientemente.
Belinchón insistió en que en todo el proceso hay que «proteger la intimidad del menor a toda costa e intentar reparar el daño». «Tenemos que tener en cuenta que trabajamos con niños y que la realidad para ellos es muy diferente», señaló. En este sentido, aseguró que se pueden tardar hasta ocho meses en que un niño consiga contar algo, pero también hay otras vías como los dibujos o determinadas reacciones ante estímulos que pueden evidenciar el delito, por lo que instó a padres, familiares y educadores a «estar atentos a cualquier comportamiento extraño que pueda llevar a sospecha».
El equipo de prevención de abusos sexuales a menores es una más de las herramientas con las que cuenta la Junta para detectar situaciones de riesgo. Para ello se ha apoyado en la Fundación Márgenes y Vínculos, que ya gestiona los casos de acogidas temporales y atención a menores con problemas. Su presidente es Francisco Mena, que rescató ayer datos de un informe de ámbito nacional según los cuales, un 23% de las niñas y un 16% de los niños han sido víctimas de abusos, aunque sólo una mínima parte salen a la luz.
Mena aseguró que el 60% de los casos se producen en el entorno familiar, porque «el agresor puede hacerse con la confianza del pequeño y pedirle que no cuente nada». De la misma forma, consideró que si la sospecha está suficientemente fundamentada, «lo mejor es denunciar». Una vez se constata el hecho, se pone en marcha todo el dispositivo jurídico asistencial. Se trata de un proceso duro en el que el sufrimiento del menor es inevitable, por lo que solicitó «una simplificación del mismo para evitar la victimización de los denunciantes».
En la provincia se presentaron en 2008 un total de 185 denuncias por malos tratos a niños, lo que supone un 14,5% de todas las que se registraron en Andalucía. Las más frecuentes son por negligencias o abandonos y por agresiones físicas. En la mayoría de los casos los menores están expuestos a más de un tipo de maltrato.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
La asistencia a menores víctimas de abusos puede dejarles también secuelas
Los menores víctimas de abusos sexuales sufren perjuicios derivados de someterse al sistema jurídico-asistencial que pueden llegar a dejarles secuelas psicológicas tan graves como las derivadas de los propios abusos.
Este efecto del sistema sobre los menores se conoce como victimización secundaria y para intentar paliarlo la directora de Infancia y Familia de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Belinchón, ha presentado hoy en Cádiz un corto dirigido a los diferentes profesionales que atienden a los menores en esta situación.
Cuando un niño denuncia que ha sufrido abusos sexuales debe contarlo a médicos, psicólogos, asistentes sociales, policía y magistrados en un proceso que a veces dura años y «los abusos que el menor ha sufrido como niño cobran para él una importancia de adulto», ha explicado Belinchón.
«Algunas intervenciones ya se hacen de otro modo, pero es necesario que trabajemos desde la sensatez y la realidad», ha enfatizado Belinchón, porque el sometimiento de los menores a este protocolo los hace sentirse culpables -que ellos han cometido algún mal- y los hastía de tal forma que los convierte en una doble víctima.
La directora de Infancia y Familia ha admitido que «en estos momentos es posible que el protocolo tenga que ser objeto de una adaptación a una nueva realidad, pero sigue siendo una herramienta útil y demuestra que funciona en innumerables casos».
El corto presentado hoy, en el que se narra cómo el proceso al que se somete una niña de 8 años para denunciar los abusos de su tío la insensibilizan y es el propio proceso el que la hace sufrir, será una herramienta de trabajo «para reflexionar, rectificar y subsanar esta victimización secundaria», ha resaltado Belinchón.
Francisco Mena, presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, que ha realizado el corto, ha explicado que la situación que se narra «es habitual porque el 60% de los abusos se producen en el seno de la propia familia a niñas de entre los 6 y 8 años».
Mena ha pedido a las administraciones que «identifiquen este problema porque si un menor que comete un delito tiene un sistema específico para ser atendido, un menor víctima de abusos sexuales también debería tener una intervención especial adaptada a él».
Fuente Soitu.es
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Los criminólogos no creen en la pena de muerte
Un 88% de los criminólogos de Estados Unidos rechaza la pena de muerte porque no creen que su aplicación sirva para reducir el número de asesinatos, asegura un estudio divulgado por la revista Journal of Criminal Law and Criminology.
La investigación se da a conocer en unos momentos en que varios de los 35 Estados donde todavía se aplica la pena de muerte estudian la posibilidad de derogarla.
Según Michael Radelet, del Departamento de Sociología de la Universidad de Colorado y autor del estudio, casi todos los criminólogos de EE.UU. creen que la derogación de la pena de muerte no incidiría en el nivel de criminalidad, ya sea a favor o en contra.
Sin embargo, ha admitido que existe una creciente tendencia hacia su abolición tanto por la percepción actual sobre el castigo como por el coste de las ejecuciones, la posible injusticia en su aplicación y el hecho de que no es consuelo para los familiares de las víctimas. El alto coste se deriva de la complejidad de proceso, que alarga los trámites durante años.
Grupos de defensa de los derechos humanos consideran que el castigo es una barbarie y realizan manifestaciones de protesta frente a los penales donde se aplica la pena de muerte, especialmente en Texas, un Estado que ha ejecutado a más de una tercera parte de todos los condenados en el país.
A ese ambiente de protesta contribuyen las denuncias de que se aplica de forma racista en mayor medida a criminales negros o hispanos a quienes no se les presta ayuda legal competente especialmente en los Estados del Sur.
Justificaciones del castigo
El restablecimiento de la pena de muerte en el país ocurrió en un momento en que más del 80% de la población era partidaria del castigo, porque se creía que reduciría los homicidios.
«La base del apoyo era la disuasión. Se pensaba que mientras existiera la pena de muerte habría quienes no se atreverían a cometer un crimen», ha señalado Radelet en una entrevista telefónica con EFE. «Ahora, la idea es retribución, que el condenado sufra tanto como sus víctimas», ha agregado.
Según el sociólogo, el creciente ambiente contrario a la pena de muerte se ve alimentado por el hecho de que en este país más de un 40% de los asesinatos no se resuelven nunca.
«El dinero que se gasta en la aplicación de la pena de muerte tendría que asignarse a la búsqueda y castigo de los criminales», ha indicado. Para ellos debería aplicarse la condena a cadena perpetua sin posibilidad de recibir la libertad bajo palabra, una condena que se aplica cada vez más en el país.
Aun cuando la mayoría de los estadounidenses (alrededor de un 60%) continúa respaldando la aplicación de la pena de muerte, es «inevitable» que se derogue. «No será en los próximos años, pero sí en las próximas décadas», ha pronosticado.
El pasado mes de marzo, el gobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson, prohibió las ejecuciones porque, según dijo, no quería vivir con la duda de que el castigo pudiera recaer sobre un inocente.
Hace sólo una semana, el Fiscal General de California, John Van de Kamp, planteó la derogación de la pena de muerte, porque, con ello, el Estado ahorraría mil millones de dólares en cinco años a un Estado al borde de la bancarrota.
El castigo fue restablecido por el Tribunal Supremo en 1976 y, desde entonces, han sido ejecutados 1.168 asesinos, según cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte
Fuente: rtve.es
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– Origen del rechazo a la pena de muerte
– El gran dilema: Pena de muerte o prisión perpetua o penas máximas
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